Redacción
I.-
En el año 2008, el gobierno de Venezuela solicita una “pausa” ante la ONU con relación al proceso de certificación Kimberley (CPK), que busca bajar el contrabando de los llamados “diamantes de sangre” desde los países productores. Tales diamantes son minados por personas bajo condiciones infrahumanas y esclavizadoras. Resultaba evidente que este gobierno no tenía mayor deseo de entrar por el carril y declarar realmente cuanto era la producción anual del país, así como en qué forma eran minadas las piedras preciosas. Así, la resolución emanada de una cancillería entonces bajo el mando del actual presidente, dejaba la puerta franca al contrabando y la minería ilegal.
Se estima que en el mundo se minan cerca de 130 millones de quilates anuales de diamantes, con valor cercano a los 9 millardos de dólares. La mitad se extrae de África. El resto de otros pocos países donde hay yacimientos como Brasil, Surinam, EEUU, Canadá, Rusia, India y Venezuela. En este último se siguen explotando las piedras fuera las normas CPK. El pueblo diamantero por excelencia es Icabarú en el estado Bolívar, donde muchos niños son explotados a diario como trabajadores del sector. Las piedras pasan de seguidas a manos de comerciantes que en tiendas rústicas las pesan y tasan para dar inicio a la cadena del contrabando, bien conocida en la zona aunque nadie denuncie nada. Los diamantes cruzan la frontera hacia Brasil y Surinam, donde finalmente dejan de ser ilegales consiguiendo su certificación CPK. Este proceso obviamente requiere de una estructura jerárquica, incluyendo control y resguardo armado, pasando por transporte seguro tanto terrestre como aéreo, así cómo finalmente de comerciantes "reconocidos y respetados" en el ramo. Estos venden las piedras ya certificadas como brasileñas o surinamesas en mercados como los de Amberes en Bélgica, Tel Aviv en Israel o New York en Estados Unidos, dando desde luego sustanciales ganancias a todos los participantes del tráfico, desde aquel por cuyo escritorio pasó el caso en el año 2008 para tomar la mejor decisión para el bien común, hasta el que lleva y trae el portafolio en una avioneta privada.
II.-
En las costas de Paria y en el puerto de Güiria, Edo. Sucre, la droga no es el único negocio redondo, a pesar que el narcotráfico opera con “normalidad” hacia la cadena de islas caribeñas desde Trinidad y Tobago hasta el estado de Florida. La otra herida visible que lleva tiempo desangrando a la República Bolivariana de Venezuela es el contrabando de gasoil (diésel).
A un precio interno de 0.01 $/L. O bien lo que es igual a 0,048 bolívares. Es vendido en un punto en el mar límite con Trinidad conocido como "la estación de servicio" por 1 $/L. Una gandola o camión cisterna de 36.000 litros de Gasoil cuesta 1.728 Bs. puesta en el sitio. Cuando ese gasoil es contrabandeado por mar, el costo de venta por gandola es lógicamente de 36 mil dólares. Ahora si sacamos esa ganancia a dólar no oficial, a un precio de 250 bs. por dólar (cambio del dólar paralelo al momento actual), la ganancia es una revolución en los bolsillos de cualquiera. Un barco pesquero cargado de gasoil difícilmente podrá salir de un muelle sin permiso de la respectiva autoridad marítima y castrense, por lo que cabe suponer que existe el respectivo "peaje".
III.-
La minería del oro en Venezuela es un cáncer que viene desde la era "puntofijista" y ha hecho metástasis en la Quinta República, con consecuencias funestas como el desplazamiento forzoso de comunidades indígenas enteras, expulsados de sus ancestrales áreas de ocupación. Por tal situación, la zona se ve afectada por una violencia de la que poco se habla. Entre lo poco que se conoce, quizás el hecho más mencionado fue cuando un grupo de indígenas Pemones mantuvieron retenidos a 43 efectivos de la Fuerza Armada en el año 2013. Los indígenas acusaban a los militares de maltrato, aparte de señalarlos como comprometidos directamente en la explotación ilegal de oro. Por lo demás, en esa zona del sur del país no sólo se mueve la extracción no controlada del metal. La prostitución, la droga y los altos costos en servicios precarios y comida imponen allí condiciones de vida infrahumanas y peligrosas. Sin mencionar el brutal costo ambiental que tiene. Todo esto bajo el conciliador ojo del gobernador, un ex militar de cuyo enriquecimiento enorme nada se sabe oficialmente, pero algo se evidencia en su tren de vida y mucho se murmura en Ciudad Bolívar.
IV.-
Actualmente hay una modesta campaña (en la que desde acá participamos) exigiendo derogar un decreto del gobierno para la explotación de carbón en la sierra de Perijá en el Edo. Zulia. De ejecutarse dicho plan en conjunto con empresas transnacionales, se estarían desplazando forzosamente a comunidades indígenas, destruyendo un valioso ecosistema y poniendo en riesgo el suministro de agua para Maracaibo y áreas cercanas. El costo actual del carbón es de 76 dólares la tonelada. Tengamos en cuenta que el carbón es un mineral altamente contaminante. No sólo en en su quema, también en su extracción. De nuevo, el Estado venezolano demuestra que no le tiene miedo a las consecuencias económicas, ecológicas y políticas con sus iniciativas menos felices. Al Estado le da igual tomar una decisión descabellada o simplemente ignorar sus consecuencias, ya que solo se interesa por recibir lo más pronto posible algunos millones de dólares más para seguir en su fiesta de despilfarro.
El modelo económico de Venezuela no es el capitalista, ni tampoco el socialista. Es el extractivista. El Estado y el Capital solo han sabido extraer recursos y materia prima desde la Colonia hasta nuestros días. Y como es lo único que saben hacer, es lo único que se les ocurre como alternativa cuando enfrentan dificultades. Por ello, solo cabe esperar que pondrán todo de su parte para que ese decreto de explotación del carbón de Perijá se ejecuté, pese a las consecuencias ecológicas y sociales.
[Versión propia en base a datos tomados de un texto accesible en http://www.panfletonegro.com/v/2015/04/15/las-venas-abiertas-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/.]
I.-
En el año 2008, el gobierno de Venezuela solicita una “pausa” ante la ONU con relación al proceso de certificación Kimberley (CPK), que busca bajar el contrabando de los llamados “diamantes de sangre” desde los países productores. Tales diamantes son minados por personas bajo condiciones infrahumanas y esclavizadoras. Resultaba evidente que este gobierno no tenía mayor deseo de entrar por el carril y declarar realmente cuanto era la producción anual del país, así como en qué forma eran minadas las piedras preciosas. Así, la resolución emanada de una cancillería entonces bajo el mando del actual presidente, dejaba la puerta franca al contrabando y la minería ilegal.
Se estima que en el mundo se minan cerca de 130 millones de quilates anuales de diamantes, con valor cercano a los 9 millardos de dólares. La mitad se extrae de África. El resto de otros pocos países donde hay yacimientos como Brasil, Surinam, EEUU, Canadá, Rusia, India y Venezuela. En este último se siguen explotando las piedras fuera las normas CPK. El pueblo diamantero por excelencia es Icabarú en el estado Bolívar, donde muchos niños son explotados a diario como trabajadores del sector. Las piedras pasan de seguidas a manos de comerciantes que en tiendas rústicas las pesan y tasan para dar inicio a la cadena del contrabando, bien conocida en la zona aunque nadie denuncie nada. Los diamantes cruzan la frontera hacia Brasil y Surinam, donde finalmente dejan de ser ilegales consiguiendo su certificación CPK. Este proceso obviamente requiere de una estructura jerárquica, incluyendo control y resguardo armado, pasando por transporte seguro tanto terrestre como aéreo, así cómo finalmente de comerciantes "reconocidos y respetados" en el ramo. Estos venden las piedras ya certificadas como brasileñas o surinamesas en mercados como los de Amberes en Bélgica, Tel Aviv en Israel o New York en Estados Unidos, dando desde luego sustanciales ganancias a todos los participantes del tráfico, desde aquel por cuyo escritorio pasó el caso en el año 2008 para tomar la mejor decisión para el bien común, hasta el que lleva y trae el portafolio en una avioneta privada.
II.-
En las costas de Paria y en el puerto de Güiria, Edo. Sucre, la droga no es el único negocio redondo, a pesar que el narcotráfico opera con “normalidad” hacia la cadena de islas caribeñas desde Trinidad y Tobago hasta el estado de Florida. La otra herida visible que lleva tiempo desangrando a la República Bolivariana de Venezuela es el contrabando de gasoil (diésel).
A un precio interno de 0.01 $/L. O bien lo que es igual a 0,048 bolívares. Es vendido en un punto en el mar límite con Trinidad conocido como "la estación de servicio" por 1 $/L. Una gandola o camión cisterna de 36.000 litros de Gasoil cuesta 1.728 Bs. puesta en el sitio. Cuando ese gasoil es contrabandeado por mar, el costo de venta por gandola es lógicamente de 36 mil dólares. Ahora si sacamos esa ganancia a dólar no oficial, a un precio de 250 bs. por dólar (cambio del dólar paralelo al momento actual), la ganancia es una revolución en los bolsillos de cualquiera. Un barco pesquero cargado de gasoil difícilmente podrá salir de un muelle sin permiso de la respectiva autoridad marítima y castrense, por lo que cabe suponer que existe el respectivo "peaje".
III.-
La minería del oro en Venezuela es un cáncer que viene desde la era "puntofijista" y ha hecho metástasis en la Quinta República, con consecuencias funestas como el desplazamiento forzoso de comunidades indígenas enteras, expulsados de sus ancestrales áreas de ocupación. Por tal situación, la zona se ve afectada por una violencia de la que poco se habla. Entre lo poco que se conoce, quizás el hecho más mencionado fue cuando un grupo de indígenas Pemones mantuvieron retenidos a 43 efectivos de la Fuerza Armada en el año 2013. Los indígenas acusaban a los militares de maltrato, aparte de señalarlos como comprometidos directamente en la explotación ilegal de oro. Por lo demás, en esa zona del sur del país no sólo se mueve la extracción no controlada del metal. La prostitución, la droga y los altos costos en servicios precarios y comida imponen allí condiciones de vida infrahumanas y peligrosas. Sin mencionar el brutal costo ambiental que tiene. Todo esto bajo el conciliador ojo del gobernador, un ex militar de cuyo enriquecimiento enorme nada se sabe oficialmente, pero algo se evidencia en su tren de vida y mucho se murmura en Ciudad Bolívar.
IV.-
Actualmente hay una modesta campaña (en la que desde acá participamos) exigiendo derogar un decreto del gobierno para la explotación de carbón en la sierra de Perijá en el Edo. Zulia. De ejecutarse dicho plan en conjunto con empresas transnacionales, se estarían desplazando forzosamente a comunidades indígenas, destruyendo un valioso ecosistema y poniendo en riesgo el suministro de agua para Maracaibo y áreas cercanas. El costo actual del carbón es de 76 dólares la tonelada. Tengamos en cuenta que el carbón es un mineral altamente contaminante. No sólo en en su quema, también en su extracción. De nuevo, el Estado venezolano demuestra que no le tiene miedo a las consecuencias económicas, ecológicas y políticas con sus iniciativas menos felices. Al Estado le da igual tomar una decisión descabellada o simplemente ignorar sus consecuencias, ya que solo se interesa por recibir lo más pronto posible algunos millones de dólares más para seguir en su fiesta de despilfarro.
El modelo económico de Venezuela no es el capitalista, ni tampoco el socialista. Es el extractivista. El Estado y el Capital solo han sabido extraer recursos y materia prima desde la Colonia hasta nuestros días. Y como es lo único que saben hacer, es lo único que se les ocurre como alternativa cuando enfrentan dificultades. Por ello, solo cabe esperar que pondrán todo de su parte para que ese decreto de explotación del carbón de Perijá se ejecuté, pese a las consecuencias ecológicas y sociales.
[Versión propia en base a datos tomados de un texto accesible en http://www.panfletonegro.com/v/2015/04/15/las-venas-abiertas-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/.]
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa el debate, la confrontación de ideas y el disenso. Pero si tu comentario es sólo para descalificaciones sin argumentos, o mentiras falaces, no será publicado. Hay muchos sitios del gobierno venezolano donde gustosa y rápidamente publican ese tipo de comunicaciones.