Redacción (en base a información recogida de los Informes Anuales de Provea)
Hay quienes sostienen y promueven la idea que la reciente desaparición en Mérida del activista político-social Alcedo Mora es un caso más bien excepcional en la actuación de los aparatos armados del Estado venezolano en tiempos recientes, pues quieren suponer que las desapariciones por cuenta de los cuerpos represivos solo eran frecuentes antes de 1999, pero desde ese entonces y mal que bien se había logrado una reducción sustancial en tales hechos. Para evidenciar cómo esa suposición se ve desmentida por la realidad, desde El Libertario hemos preparado la siguiente recopilación en base a datos tomados de los Informes Anuales sobre la situación de derechos humanos en el país disponibles en www.derechos.org.ve, donde las 161 víctimas reportadas entre 1999 y 2013 demuestran que las desapariciones siguen siendo una práctica policial y parapolicial que se ha mantenido en la Venezuela "socialista y bolivariana" del siglo XXI.
Desapariciones forzadas [párrafos tomados del Informe Anual 2013, pp. 381-382]
Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ONU, 1992), como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”[26].
Durante el lapso se produjeron 14 casos de desapariciones forzadas, con un número total de 23 víctimas, de las cuales fue posible, mediante datos secundarios, la identificación de 18 de ellas. Dicha cifra constituye una disminución de 7% de las denuncias registradas en este patrón con relación al lapso anterior, cuando se registraron 15 casos. En este período se registraron denuncias de desapariciones practicadas sobre varias personas en un mismo hecho, lo que implicó un aumento real en el número de víctimas de 53%.
Destaca en el período que cubre el presente informe el caso de SUÁREZ, Lilia y FRANCO, Juber, una pareja de campesinos colombianos desplazados que residían en Rubio, estado Táchira, quienes desaparecieron el 08.06.2013, día cuando fueron vistos por última vez por sus vecinos. De acuerdo a lo relatado en una acción urgente divulgada por la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam)[27], el 06.06.2013 la pareja tuvo el último contacto telefónico con su familia, manifestando preocupación por haber sufrido un intento de asalto en su vivienda el 03.06.2013 por un grupo de hombres desconocidos, que huyeron tras la intervención de los vecinos. La denuncia por la desaparición fue interpuesta ante el CICPC, quedando notificado el Ministerio Público, sin que hasta la fecha de edición del presente informe existan resultados concretos que conduzcan a su paradero o a la determinación de responsabilidades en el caso.
Del período anterior persiste[28] el caso que documentara PROVEA en el que resultaron afectados los jóvenes DE ÁVILA, Oscarly; HERRERA, Yera; RIVAS, Jhon Alexander, y FIGUERA, Liberkey[29], quienes desaparecieron en Palo Verde, municipio Sucre del estado Miranda, el 13.05.2009, tras ser detenidos por presuntos funcionarios del CICPC. Nuevamente los familiares de las víctimas han denunciado el caso, esta vez ante el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic). Las autoridades no han dado con los responsables del caso ni registrado avances en la investigación después de casi cinco años de la desaparición.
Notas:
[26] OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS: Desapariciones forzadas o involuntarias. Nueva York, 2009.
[27] AIPAZCOMUN [en línea] <http://www.aipazcomun.org> Consulta del 03.02.2014.
[28] PROVEA: Informe Anual 2009-2010. Caracas 2010.
[29] PROVEA hizo público por primera vez este caso en 2010 y la mención en el presente período obedece al necesario seguimiento que requiere, considerando la ausencia de respuesta institucional en el mismo.
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Desapariciones forzadas [párrafos tomados del Informe Anual 2012, p. 342]
Durante el lapso se produjeron 15 desapariciones forzadas. Dicha cifra constituye 5,76% del total de violaciones a la libertad registradas en el período 2012 y un aumento de 33% de las denuncias en este patrón con relación al lapso anterior, cuando se registraron diez víctimas. Destaca la situación respecto a desapariciones en el estado Bolívar, donde entre 2000 y 2013 se han registrado cien desapariciones forzadas, todas documentadas por la Inspectoría General de Tribunales y remitidas por la Defensoría del Pueblo de ese estado[29] – información dada a conocer por intermedio de María Olga Nunes, representante de la Inspectoría de Tribunales, en julio de 2012[30].
Del mismo modo, entre los casos destacados en el período que cubre el presente informe se cuenta el de Joan GÓMEZ, quien según testigos fue presuntamente detenido en un operativo realizado por el CICPC y el SEBIN el 15.02.12 cuando se trasladaba a Las Acacias, municipio Libertador, Caracas, a reunirse con unos amigos, sin que volviera a saberse de él[31].
Notas:
[29] Este dato indicaría el mayor número de desapariciones forzadas de las cuales tengamos conocimiento en cualquier otro lugar del país.
[30] Correo del Caroní, 12.07.12, pág. B-1.
[31] Últimas Noticias, 21.02.12, pág. 25.
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Desapariciones reportadas en el Informe Anual de Provea entre 1999 y 2011 [datos tomados de los respectivos informes]
Año N° víctimas
1999 0
2000 4
2001 5
2002 4
2003 0
2004 11
2005 17
2006 15
2007 7
2008 3
2009 8
2010 39
2011 10
Hay quienes sostienen y promueven la idea que la reciente desaparición en Mérida del activista político-social Alcedo Mora es un caso más bien excepcional en la actuación de los aparatos armados del Estado venezolano en tiempos recientes, pues quieren suponer que las desapariciones por cuenta de los cuerpos represivos solo eran frecuentes antes de 1999, pero desde ese entonces y mal que bien se había logrado una reducción sustancial en tales hechos. Para evidenciar cómo esa suposición se ve desmentida por la realidad, desde El Libertario hemos preparado la siguiente recopilación en base a datos tomados de los Informes Anuales sobre la situación de derechos humanos en el país disponibles en www.derechos.org.ve, donde las 161 víctimas reportadas entre 1999 y 2013 demuestran que las desapariciones siguen siendo una práctica policial y parapolicial que se ha mantenido en la Venezuela "socialista y bolivariana" del siglo XXI.
Desapariciones forzadas [párrafos tomados del Informe Anual 2013, pp. 381-382]
Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ONU, 1992), como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”[26].
Durante el lapso se produjeron 14 casos de desapariciones forzadas, con un número total de 23 víctimas, de las cuales fue posible, mediante datos secundarios, la identificación de 18 de ellas. Dicha cifra constituye una disminución de 7% de las denuncias registradas en este patrón con relación al lapso anterior, cuando se registraron 15 casos. En este período se registraron denuncias de desapariciones practicadas sobre varias personas en un mismo hecho, lo que implicó un aumento real en el número de víctimas de 53%.
Destaca en el período que cubre el presente informe el caso de SUÁREZ, Lilia y FRANCO, Juber, una pareja de campesinos colombianos desplazados que residían en Rubio, estado Táchira, quienes desaparecieron el 08.06.2013, día cuando fueron vistos por última vez por sus vecinos. De acuerdo a lo relatado en una acción urgente divulgada por la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam)[27], el 06.06.2013 la pareja tuvo el último contacto telefónico con su familia, manifestando preocupación por haber sufrido un intento de asalto en su vivienda el 03.06.2013 por un grupo de hombres desconocidos, que huyeron tras la intervención de los vecinos. La denuncia por la desaparición fue interpuesta ante el CICPC, quedando notificado el Ministerio Público, sin que hasta la fecha de edición del presente informe existan resultados concretos que conduzcan a su paradero o a la determinación de responsabilidades en el caso.
Del período anterior persiste[28] el caso que documentara PROVEA en el que resultaron afectados los jóvenes DE ÁVILA, Oscarly; HERRERA, Yera; RIVAS, Jhon Alexander, y FIGUERA, Liberkey[29], quienes desaparecieron en Palo Verde, municipio Sucre del estado Miranda, el 13.05.2009, tras ser detenidos por presuntos funcionarios del CICPC. Nuevamente los familiares de las víctimas han denunciado el caso, esta vez ante el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic). Las autoridades no han dado con los responsables del caso ni registrado avances en la investigación después de casi cinco años de la desaparición.
Notas:
[26] OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS: Desapariciones forzadas o involuntarias. Nueva York, 2009.
[27] AIPAZCOMUN [en línea] <http://www.aipazcomun.org> Consulta del 03.02.2014.
[28] PROVEA: Informe Anual 2009-2010. Caracas 2010.
[29] PROVEA hizo público por primera vez este caso en 2010 y la mención en el presente período obedece al necesario seguimiento que requiere, considerando la ausencia de respuesta institucional en el mismo.
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Desapariciones forzadas [párrafos tomados del Informe Anual 2012, p. 342]
Durante el lapso se produjeron 15 desapariciones forzadas. Dicha cifra constituye 5,76% del total de violaciones a la libertad registradas en el período 2012 y un aumento de 33% de las denuncias en este patrón con relación al lapso anterior, cuando se registraron diez víctimas. Destaca la situación respecto a desapariciones en el estado Bolívar, donde entre 2000 y 2013 se han registrado cien desapariciones forzadas, todas documentadas por la Inspectoría General de Tribunales y remitidas por la Defensoría del Pueblo de ese estado[29] – información dada a conocer por intermedio de María Olga Nunes, representante de la Inspectoría de Tribunales, en julio de 2012[30].
Del mismo modo, entre los casos destacados en el período que cubre el presente informe se cuenta el de Joan GÓMEZ, quien según testigos fue presuntamente detenido en un operativo realizado por el CICPC y el SEBIN el 15.02.12 cuando se trasladaba a Las Acacias, municipio Libertador, Caracas, a reunirse con unos amigos, sin que volviera a saberse de él[31].
Notas:
[29] Este dato indicaría el mayor número de desapariciones forzadas de las cuales tengamos conocimiento en cualquier otro lugar del país.
[30] Correo del Caroní, 12.07.12, pág. B-1.
[31] Últimas Noticias, 21.02.12, pág. 25.
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Desapariciones reportadas en el Informe Anual de Provea entre 1999 y 2011 [datos tomados de los respectivos informes]
Año N° víctimas
1999 0
2000 4
2001 5
2002 4
2003 0
2004 11
2005 17
2006 15
2007 7
2008 3
2009 8
2010 39
2011 10
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