María Esperanza Hermida
Para los trabajadores, trabajadoras, organizaciones sindicales y comunitarias en Venezuela, la militarización del trabajo y del sindicalismo, en el contexto de la persecución y criminalización de la lucha social, es una de las políticas del gobierno actual. Desde que asumió la Presidencia de la República en el año 2013, Nicolás Maduro ha creado estructuras operacionales para militarizar especialmente la actividad comunitaria y controlar las relaciones laborales. Un ejemplo es que las milicias obreras se incorporaron al proyecto del contrato marco. Sin embargo, no es el único.
Ya desde 2013 se había iniciado este proceso con la creación de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (Redi), mediante el Decreto N° 11 del 22 de abril de 2013 (G. O. N° 40.157). Posteriormente, el 20 de junio de ese año, la Resolución Nº 031 (G.O. Nº 40.193), definió sus Normas de Funcionamiento y después, al conformar las primeras 6 Redi (zona Central, Occidente, Los Llanos, Oriente, Guayana y la zona Marítima y Espacios Insulares), dijo el Presidente que estas unidades "Deben estar en las calles, en las comunidades, para hacer un Gobierno de calle, para garantizar que todos los planes y proyectos se cumplan con eficiencia".
El 10.12.13, el Presidente creó las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), adscribiéndolas a la circunscripción de las Redi (G.O. 40.312). Las definió como “espacio geográfico delimitado en los cuales el Ejecutivo Nacional efectuará la coordinación, planificación, ejecución y seguimiento de las Políticas Públicas Nacionales, así como, dar cumplimiento eficientemente a los requerimientos de la circunscripción territorial en correspondencia con las funciones establecidas para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana señaladas en las leyes, los reglamentos y otros instrumentos del ordenamiento jurídico vigente.”
Pero para la población y especialmente las organizaciones sindicales e indígenas, el despliegue militar sustentado en las operaciones de las Redi y Zodi lejos de representar alguna garantía para el desarrollo de políticas públicas eficientes, significa violación de derechos civiles, sociales y libertades democráticas. Así lo ha denunciado Marcela Máspero y Servando Carbone, Coordinadores de UNETE.
Un ejemplo de las secuelas negativas que deja la intromisión militar en los asuntos civiles, es su conducta violatoria de la libertad sindical. Así lo demuestra la retención arbitraria de José Bodas, sindicalista petrolero en agosto de 2013 y luego, su detención en febrero de 2014. Otra evidencia es la actuación militar en el conflicto laboral de SIDOR en 2014.
En cuanto a las comunidades indígenas venezolanas la historia reciente reseña varias situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, producto de la actuación de las FANB. Prueba de ello es el rechazo público de la organización Kuyujani a las prácticas militares del Redi, en el territorio ancestralmente propiedad ye’kwana y sanema de la cuenca del río Caura, estado Bolívar, y la denuncia de los atropellos sufridos por la población indígena por efecto de tal intromisión.
Resultan altamente preocupantes para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela, los anuncios que desde el comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se hacen frecuentemente y en especial a través de su cuenta en Twitter, @ceofanb, que brinda información sobre las actividades de coordinación desplegada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con los comandantes de las Redi y Zodi.
Los Redi y Zodi, y la actuación de sus funcionarios entre 2013, 2014 y 2015, evidentemente nada tienen que ver con la tensión diplomática que hoy se vive entre USA y Venezuela. Basta recordar las prácticas militares, particularmente de la GNB, durante las protestas por derechos civiles, económicos y sociales de 2013 y 2014. Su objetivo es reprimir la exigencia de derechos humanos, y en especial, reprimir derechos laborales y sindicales.
[Tomado de http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=114404&tipo=COL&idcolum=114.]
Para los trabajadores, trabajadoras, organizaciones sindicales y comunitarias en Venezuela, la militarización del trabajo y del sindicalismo, en el contexto de la persecución y criminalización de la lucha social, es una de las políticas del gobierno actual. Desde que asumió la Presidencia de la República en el año 2013, Nicolás Maduro ha creado estructuras operacionales para militarizar especialmente la actividad comunitaria y controlar las relaciones laborales. Un ejemplo es que las milicias obreras se incorporaron al proyecto del contrato marco. Sin embargo, no es el único.
Ya desde 2013 se había iniciado este proceso con la creación de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (Redi), mediante el Decreto N° 11 del 22 de abril de 2013 (G. O. N° 40.157). Posteriormente, el 20 de junio de ese año, la Resolución Nº 031 (G.O. Nº 40.193), definió sus Normas de Funcionamiento y después, al conformar las primeras 6 Redi (zona Central, Occidente, Los Llanos, Oriente, Guayana y la zona Marítima y Espacios Insulares), dijo el Presidente que estas unidades "Deben estar en las calles, en las comunidades, para hacer un Gobierno de calle, para garantizar que todos los planes y proyectos se cumplan con eficiencia".
El 10.12.13, el Presidente creó las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), adscribiéndolas a la circunscripción de las Redi (G.O. 40.312). Las definió como “espacio geográfico delimitado en los cuales el Ejecutivo Nacional efectuará la coordinación, planificación, ejecución y seguimiento de las Políticas Públicas Nacionales, así como, dar cumplimiento eficientemente a los requerimientos de la circunscripción territorial en correspondencia con las funciones establecidas para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana señaladas en las leyes, los reglamentos y otros instrumentos del ordenamiento jurídico vigente.”
Pero para la población y especialmente las organizaciones sindicales e indígenas, el despliegue militar sustentado en las operaciones de las Redi y Zodi lejos de representar alguna garantía para el desarrollo de políticas públicas eficientes, significa violación de derechos civiles, sociales y libertades democráticas. Así lo ha denunciado Marcela Máspero y Servando Carbone, Coordinadores de UNETE.
Un ejemplo de las secuelas negativas que deja la intromisión militar en los asuntos civiles, es su conducta violatoria de la libertad sindical. Así lo demuestra la retención arbitraria de José Bodas, sindicalista petrolero en agosto de 2013 y luego, su detención en febrero de 2014. Otra evidencia es la actuación militar en el conflicto laboral de SIDOR en 2014.
En cuanto a las comunidades indígenas venezolanas la historia reciente reseña varias situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, producto de la actuación de las FANB. Prueba de ello es el rechazo público de la organización Kuyujani a las prácticas militares del Redi, en el territorio ancestralmente propiedad ye’kwana y sanema de la cuenca del río Caura, estado Bolívar, y la denuncia de los atropellos sufridos por la población indígena por efecto de tal intromisión.
Resultan altamente preocupantes para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela, los anuncios que desde el comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se hacen frecuentemente y en especial a través de su cuenta en Twitter, @ceofanb, que brinda información sobre las actividades de coordinación desplegada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con los comandantes de las Redi y Zodi.
Los Redi y Zodi, y la actuación de sus funcionarios entre 2013, 2014 y 2015, evidentemente nada tienen que ver con la tensión diplomática que hoy se vive entre USA y Venezuela. Basta recordar las prácticas militares, particularmente de la GNB, durante las protestas por derechos civiles, económicos y sociales de 2013 y 2014. Su objetivo es reprimir la exigencia de derechos humanos, y en especial, reprimir derechos laborales y sindicales.
[Tomado de http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=114404&tipo=COL&idcolum=114.]
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