J.R. López Padrino
El pretorianismo se hace presente una vez más en Venezuela. El régimen ha dado un nuevo paso en su carrera desenfrenada por militarizar la sociedad y lograr un mayor control social de los venezolanos. En la Gaceta Oficial número 40.599, el iletrado de Maduro dictó el reglamento orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM), según el decreto Nº 1.605. Una de las funciones de la DGCM será la de investigar a elementos desestabilizadores, que atenten contra la Seguridad de la Nación y practicar las detenciones a que hubiere lugar como consecuencia de las investigaciones que tenga a su cargo. Ya conocemos el significado de desestabilizadores en la jerga bolivariana, se refieren: al disidente que no comulga con el proyecto cuartelario, al trabajador que lucha por sus conquistas laborales, al estudiante que protesta por la falta de presupuesto educativo, al ciudadano común que levante su voz ante la escasez, la inseguridad, la inflación, los bajos salarios. Además, la DGCM se encargará de descubrir, prevenir y cortar las actividades de inteligencia, contrainteligencia y subversivas, de los enemigos que actúan contra la Fuerza Armada Nacional. Esta nuevo paso represivo del régimen crea el entramado legal para una posible militarización de la justicia ordinaria como en los tiempos de la IV República.
Este nuevo adefesio represivo se aúna a la reciente resolución 8.610 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD), a la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (Lodofat) y al Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), todos ellos elementos importantes de la doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana, verdadero tesoro opresor que forma parte del legado del insepulto del cuartel de la montaña.
Esta sistemática militarización del país forma parte de una estrategia destinada a la construcción de una sociedad totalitaria, sin contradicciones, ni conflictos sociales, no porque los mismos hayan sido superados mediante cambios en las estructuras políticas y económicas reinantes en el país, sino por la implantación de un régimen autocrático, represivo y absolutista. La utopía socialfascista bolivariana se reduce a una sociedad con una sola voz, pero excluyente, con una sola voluntad basada en los intereses del grupete militar-civil que ostenta el poder. El fachochavismo en el fondo reivindica las desigualdades sociales, económicas y políticas propias del capitalismo de Estado, pero rechaza paradójicamente sus consecuencias naturales: los antagonismos y las luchas sociales.
El proceso de militarización de la vida y del tejido social del país vulneran todos los derechos y garantías individuales y sociales en aras de una pretendida seguridad nacional y en resguardo de un supuesto enemigo externo o interno (entiéndase disidencia política, trabajadores, estudiantes, campesinos, amas de casa, etc.,). Representa la ocupación de cargos de la Administración Pública, en la mayoría de los casos sin disponer de la formación académica necesaria. Es la institucionalización de la disciplina, y la obediencia con el fin de crear una sociedad cuartelaría, tutelada por la pestilente y ensangrentada bota militar. Una sociedad donde exista un orden social y político absolutamente armónico, sujeta a la voluntad de un ya fallecido mesías que después de muerto aún es capaz de guiar al país por un buen camino.
La militarización de la sociedad, el nuevo orden militar y los cambios en la doctrina militar del país están orientadas a consolidar un régimen antidemocrático que ejerza un profundo control social sobre la población, tarea fundamental de todo fascismo. Intenta, además "tutelar con las armas" el descontento y conflictividad laboral y social mediante la militarización de los supermercados (colas), de las empresas (Siderúrgica, PDVSA), y la detención de dirigentes populares, producto del fracaso de la ortodoxia neoliberal bolivariana maquillada con retórica revolucionaria. Acciones perversas destinadas a mitigar la protesta ciudadana mediante el miedo, la amenaza, la agresión, y la represión, todo ello en nombre de un supuesto socialismo militarizado con gas del bueno y perdigones.
Pero además, como parte de esta perversa política de militarización de la sociedad, el MPPD ha dispuesto la obligatoriedad de la instrucción militar en todos los niveles de educación, desde primaria hasta la Universidad. Se pretende adoctrinar políticamente a nuestros jóvenes con el "Nuevo Pensamiento Militar Venezolano". Esperpento doctrinario de inspiración fascista, destinado a mitificar al fallecido Comandante-eterno, así como fomentar los más miserables principios belicistas, de adulancia y de servilismo, como los que experimentaron los jóvenes en la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini.
El paradigma del militarismo socialfascista bolivariano es la construcción de un Estado totalitario unificado y centralizado que conlleve a la destrucción del tejido social, a la criminalización de la protesta social, la subordinación jerárquica absoluta del ciudadano, a la destrucción de instituciones de intermediación (sindicatos, movimientos sociales, asociaciones profesionales, partidos, etc.) y a la desaparición de las ideologías distintas al facho-bolivarianismo.
El pretorianismo se hace presente una vez más en Venezuela. El régimen ha dado un nuevo paso en su carrera desenfrenada por militarizar la sociedad y lograr un mayor control social de los venezolanos. En la Gaceta Oficial número 40.599, el iletrado de Maduro dictó el reglamento orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM), según el decreto Nº 1.605. Una de las funciones de la DGCM será la de investigar a elementos desestabilizadores, que atenten contra la Seguridad de la Nación y practicar las detenciones a que hubiere lugar como consecuencia de las investigaciones que tenga a su cargo. Ya conocemos el significado de desestabilizadores en la jerga bolivariana, se refieren: al disidente que no comulga con el proyecto cuartelario, al trabajador que lucha por sus conquistas laborales, al estudiante que protesta por la falta de presupuesto educativo, al ciudadano común que levante su voz ante la escasez, la inseguridad, la inflación, los bajos salarios. Además, la DGCM se encargará de descubrir, prevenir y cortar las actividades de inteligencia, contrainteligencia y subversivas, de los enemigos que actúan contra la Fuerza Armada Nacional. Esta nuevo paso represivo del régimen crea el entramado legal para una posible militarización de la justicia ordinaria como en los tiempos de la IV República.
Este nuevo adefesio represivo se aúna a la reciente resolución 8.610 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD), a la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (Lodofat) y al Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), todos ellos elementos importantes de la doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana, verdadero tesoro opresor que forma parte del legado del insepulto del cuartel de la montaña.
Esta sistemática militarización del país forma parte de una estrategia destinada a la construcción de una sociedad totalitaria, sin contradicciones, ni conflictos sociales, no porque los mismos hayan sido superados mediante cambios en las estructuras políticas y económicas reinantes en el país, sino por la implantación de un régimen autocrático, represivo y absolutista. La utopía socialfascista bolivariana se reduce a una sociedad con una sola voz, pero excluyente, con una sola voluntad basada en los intereses del grupete militar-civil que ostenta el poder. El fachochavismo en el fondo reivindica las desigualdades sociales, económicas y políticas propias del capitalismo de Estado, pero rechaza paradójicamente sus consecuencias naturales: los antagonismos y las luchas sociales.
El proceso de militarización de la vida y del tejido social del país vulneran todos los derechos y garantías individuales y sociales en aras de una pretendida seguridad nacional y en resguardo de un supuesto enemigo externo o interno (entiéndase disidencia política, trabajadores, estudiantes, campesinos, amas de casa, etc.,). Representa la ocupación de cargos de la Administración Pública, en la mayoría de los casos sin disponer de la formación académica necesaria. Es la institucionalización de la disciplina, y la obediencia con el fin de crear una sociedad cuartelaría, tutelada por la pestilente y ensangrentada bota militar. Una sociedad donde exista un orden social y político absolutamente armónico, sujeta a la voluntad de un ya fallecido mesías que después de muerto aún es capaz de guiar al país por un buen camino.
La militarización de la sociedad, el nuevo orden militar y los cambios en la doctrina militar del país están orientadas a consolidar un régimen antidemocrático que ejerza un profundo control social sobre la población, tarea fundamental de todo fascismo. Intenta, además "tutelar con las armas" el descontento y conflictividad laboral y social mediante la militarización de los supermercados (colas), de las empresas (Siderúrgica, PDVSA), y la detención de dirigentes populares, producto del fracaso de la ortodoxia neoliberal bolivariana maquillada con retórica revolucionaria. Acciones perversas destinadas a mitigar la protesta ciudadana mediante el miedo, la amenaza, la agresión, y la represión, todo ello en nombre de un supuesto socialismo militarizado con gas del bueno y perdigones.
Pero además, como parte de esta perversa política de militarización de la sociedad, el MPPD ha dispuesto la obligatoriedad de la instrucción militar en todos los niveles de educación, desde primaria hasta la Universidad. Se pretende adoctrinar políticamente a nuestros jóvenes con el "Nuevo Pensamiento Militar Venezolano". Esperpento doctrinario de inspiración fascista, destinado a mitificar al fallecido Comandante-eterno, así como fomentar los más miserables principios belicistas, de adulancia y de servilismo, como los que experimentaron los jóvenes en la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini.
El paradigma del militarismo socialfascista bolivariano es la construcción de un Estado totalitario unificado y centralizado que conlleve a la destrucción del tejido social, a la criminalización de la protesta social, la subordinación jerárquica absoluta del ciudadano, a la destrucción de instituciones de intermediación (sindicatos, movimientos sociales, asociaciones profesionales, partidos, etc.) y a la desaparición de las ideologías distintas al facho-bolivarianismo.
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