Amalio Belmonte (Secretario de la Universidad Central de Venezuela)
La pretensión oficialista de controlar de manera antidemocrática y con interés estrictamente político, los procedimientos de ingreso a las Universidades evade el problema sustancial: la grave crisis del Sistema Educativo Nacional.
El Ministro para la Educación Universitaria, la Ciencia y la Tecnología (MPPUCYT) Prof. Manuel A. Fernández M. insiste en reiterar la decisión de la eliminación de las Pruebas Internas para el ingreso organizadas por las Universidades, porque son el mejor testimonio del fracaso de las políticas educativas oficiales en los niveles básicos y medio.
Es importante mencionar que el carácter selectivo del ingreso a la educación universitaria se oficializó durante el año 1973, y su creación obedeció a los altos niveles de demanda que no se correspondían con la capacidad para absorber al conjunto de aspirantes, situación que se mantiene a pesar del discurso oficialista de inclusión social.
El ingreso a las Universidades Nacionales está condicionado por el requisito más democrático que existe: la capacidad intelectual, la disciplina en los estudios y el rendimiento académico. No se exige a los aspirantes adscripciones de carácter ideológico o apoyo a modelos políticos determinados, en contraste evidente con las políticas de exclusión y selectividad política que el Gobierno utiliza para quienes requieren servicios, recursos y apoyo del Estado.
La Exclusión Temprana es el factor más antidemocrático y discriminador que existe en la educación venezolana y es responsabilidad absoluta del gobierno. Se produce en la educación media y básica, donde se generan los factores de deserción, altos niveles de repitencia y ausentismo, junto a uno de los mayores problemas del Sistema Educativo Nacional: niños y jóvenes entre 3 y 17 años que nunca han recibido escolaridad, cuya cifra de 1.276.746, es un mentís rotundo a las supuestas políticas de democratización de la educación oficial.
El nuevo argumento oficialista, expuesto por el Ministro, sostiene que debe ser una decisión política y no técnico-académica, hace referencia a lo moral, político, mezclando un conjunto de elementos difusos que ratifican la ausencia de programas o alternativas coherentes para responder a un problema de gran complejidad que debería ser tratado con el mayor rigor académico.
Lo que se aprueba en la sesión del CNU del 16 de diciembre 2014 evidencia lo señalado, cuando en las cuatro variables consideradas por el oficialismo se reducen de manera importante el peso de las condiciones académicas de los aspirantes al colocar en solo un 50% el promedio de notas del 1º al 4to año de la educación media, y asignar un 30% a las condiciones socio-económicas, 15% a la territorialidad y un 5% a la” participación con énfasis en lo comunitario”, todo ello difuso y sin explicación alguna, con un acusado desinterés por los aspectos científicos–académicos ineludibles para cualquier programa o instrumento de selección.
El Ejecutivo Nacional utiliza el discurso de la inequidad para cuestionar a las Universidades y evadir las causas reales del problema que demuestran la ineficiencia y la incapacidad de garantizar una educación primaria y media de calidad, es decir, bajan la proporción del promedio de notas e incorporan las condiciones socio-económicas. Así convienen en que para sus voceros hay una relación directa entre condiciones socio-económicas baja y promedios bajos. Sin embargo, se han dedicado durante 15 años a la atención de la población más vulnerable del país y los resultados son los mismos o peores: se han reforzado las causales de exclusión temprana.
Es importante recordar que en el año 2010 los Secretarios y los Vicerrectores Académicos presentaron un documento conjunto al Ejecutivo Nacional, donde alertaron sobre la exoneración de materias que son esenciales para ingresar a la universidad y para garantizar su prosecución y egreso como profesionales de calidad para el país.
Esta situación privaba a un número importante de los estudiantes pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población de oportunidades para proseguir estudios. Ello demuestra que las políticas educativas del gobierno no han sido suficientes para elevar el nivel académico de los sectores que dice proteger, a quienes se les quiere vender la idea de que sus limitaciones son provocadas por las Universidades y les ofrecen una supuesta oportunidad, que se traduce en una oferta engañosa de ingreso a la educación universitaria.
Evidenciamos el carácter democrático de las Evaluaciones Diagnósticas con las que privilegiamos el conocimiento, en tanto que se les ofrece una oportunidad a los aspirantes que no pueden ingresar por los criterios Opsu.
La OPSU hace la selección por las calificaciones del bachillerato que no cambian, por lo tanto, un estudiante de bajas calificaciones, nunca será admitido para ingresar a la Universidad por OPSU y nosotros le estamos dando la oportunidad de formarse, de estudiar, de nivelarse para que pueda presentar la evaluación que les permita reconocer sus conocimientos, aptitudes, vocación, disciplina en los estudios y rendimiento académico.
Por mucho que cambie el Sistema Nacional de Ingreso, siempre tomará en cuenta las calificaciones. Algo más académico lo representan las evaluaciones diagnósticas por áreas de conocimientos para el ingreso que desde el año 2011 realizamos anualmente, lo que ha servido para que la Universidad los examine y a la vez ir afinando el instrumento. Lo otro es que las evaluaciones diagnostican la conducta de entrada de los estudiantes, por allí nos enteramos que los estudiantes no cursan física, química, ni matemática en bachillerato. Si se reforma el sistema educativo nacional debemos tomar en cuenta los que las pruebas han aportado a este proceso. No han creado un sistema que supere lo que hemos hecho, ampliando oportunidades sin renunciar a la calidad en la formación de los estudiantes.
Por otro lado, la UCV ha dedicado esfuerzos y recursos para ofrecer a sectores de bajos ingresos socio-económicos programas de formación para el ingreso dirigido a las carreras. El Programa Samuel Robinson es emblemático, y junto a este, el Programa que ofrece la Facultad de Humanidades y Educación PRODES y el Programa Antonio José de Sucre de la Facultad de Ingeniería que funciona en el Núcleo Cagua, con estas iniciativas atendemos la problemática de la deficiente formación que recibe los jóvenes del país en la educación media y es una contribución de la UCV a la política educativa nacional que al gobierno le cuesta reconocer.
Finalmente, destaco que siguen siendo las Universidades Autónomas las de mayor demanda para los aspirantes a ingresar al sistema de educación universitaria. La UCV recibe un promedio anual de 40 mil bachilleres que participan en las Evaluaciones Diagnósticas por Áreas de Conocimiento. En el supuesto que contáramos con todo el presupuesto requerido, el personal docente necesario y los recursos de formación, esta Universidad no puede recibir tan alta demanda cada año. Aún así y a pesar de los severos problemas presupuestarios y la pérdida del valor social de la docencia universitaria, hemos mantenido el cupo anual porque si nos ajustamos a las condiciones objetivas, reales de las Escuelas y Facultades, estaríamos obligados a disminuirlas de manera importante.
Sin embargo, es un gran esfuerzo de la Universidad porque luchamos por no bajar la calidad de la formación. Eso ha sido una política institucional, es decir, las Facultades toman en cuenta el número de docentes, la capacidad de las aulas, laboratorios, materiales, etc., y aun así hacemos el esfuerzo de mantener el número el número promedio de 9 mil nuevos ingresos a la Universidad cada año, a pesar de los problemas que enfrentamos: docentes que se jubilan y no pueden ser sustituidos, concursos que se declaran desiertos porque no resultan atractivos desde el punto de vista salarial, docentes que renuncian buscando mejoras, etc., entonces hay una sobrecarga de los profesores sobre todo en los primeros años porque queremos mantener el número de ingreso. Y esa discusión del tema presupuestario debe llevarse en el CNU que no quiere asumir y así lo hemos visto porque definitivamente coloca al gobierno en una situación de compromiso con las universidades que evidentemente no les interesa por las implicaciones políticas. La intención de la universidad es mantener e incluso aumentar pero la capacidad merma cada año.
[Tomado de http://ucvnoticias.ucv.ve/?p=34920.]
La pretensión oficialista de controlar de manera antidemocrática y con interés estrictamente político, los procedimientos de ingreso a las Universidades evade el problema sustancial: la grave crisis del Sistema Educativo Nacional.
El Ministro para la Educación Universitaria, la Ciencia y la Tecnología (MPPUCYT) Prof. Manuel A. Fernández M. insiste en reiterar la decisión de la eliminación de las Pruebas Internas para el ingreso organizadas por las Universidades, porque son el mejor testimonio del fracaso de las políticas educativas oficiales en los niveles básicos y medio.
Es importante mencionar que el carácter selectivo del ingreso a la educación universitaria se oficializó durante el año 1973, y su creación obedeció a los altos niveles de demanda que no se correspondían con la capacidad para absorber al conjunto de aspirantes, situación que se mantiene a pesar del discurso oficialista de inclusión social.
El ingreso a las Universidades Nacionales está condicionado por el requisito más democrático que existe: la capacidad intelectual, la disciplina en los estudios y el rendimiento académico. No se exige a los aspirantes adscripciones de carácter ideológico o apoyo a modelos políticos determinados, en contraste evidente con las políticas de exclusión y selectividad política que el Gobierno utiliza para quienes requieren servicios, recursos y apoyo del Estado.
La Exclusión Temprana es el factor más antidemocrático y discriminador que existe en la educación venezolana y es responsabilidad absoluta del gobierno. Se produce en la educación media y básica, donde se generan los factores de deserción, altos niveles de repitencia y ausentismo, junto a uno de los mayores problemas del Sistema Educativo Nacional: niños y jóvenes entre 3 y 17 años que nunca han recibido escolaridad, cuya cifra de 1.276.746, es un mentís rotundo a las supuestas políticas de democratización de la educación oficial.
El nuevo argumento oficialista, expuesto por el Ministro, sostiene que debe ser una decisión política y no técnico-académica, hace referencia a lo moral, político, mezclando un conjunto de elementos difusos que ratifican la ausencia de programas o alternativas coherentes para responder a un problema de gran complejidad que debería ser tratado con el mayor rigor académico.
Lo que se aprueba en la sesión del CNU del 16 de diciembre 2014 evidencia lo señalado, cuando en las cuatro variables consideradas por el oficialismo se reducen de manera importante el peso de las condiciones académicas de los aspirantes al colocar en solo un 50% el promedio de notas del 1º al 4to año de la educación media, y asignar un 30% a las condiciones socio-económicas, 15% a la territorialidad y un 5% a la” participación con énfasis en lo comunitario”, todo ello difuso y sin explicación alguna, con un acusado desinterés por los aspectos científicos–académicos ineludibles para cualquier programa o instrumento de selección.
El Ejecutivo Nacional utiliza el discurso de la inequidad para cuestionar a las Universidades y evadir las causas reales del problema que demuestran la ineficiencia y la incapacidad de garantizar una educación primaria y media de calidad, es decir, bajan la proporción del promedio de notas e incorporan las condiciones socio-económicas. Así convienen en que para sus voceros hay una relación directa entre condiciones socio-económicas baja y promedios bajos. Sin embargo, se han dedicado durante 15 años a la atención de la población más vulnerable del país y los resultados son los mismos o peores: se han reforzado las causales de exclusión temprana.
Es importante recordar que en el año 2010 los Secretarios y los Vicerrectores Académicos presentaron un documento conjunto al Ejecutivo Nacional, donde alertaron sobre la exoneración de materias que son esenciales para ingresar a la universidad y para garantizar su prosecución y egreso como profesionales de calidad para el país.
Esta situación privaba a un número importante de los estudiantes pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población de oportunidades para proseguir estudios. Ello demuestra que las políticas educativas del gobierno no han sido suficientes para elevar el nivel académico de los sectores que dice proteger, a quienes se les quiere vender la idea de que sus limitaciones son provocadas por las Universidades y les ofrecen una supuesta oportunidad, que se traduce en una oferta engañosa de ingreso a la educación universitaria.
Evidenciamos el carácter democrático de las Evaluaciones Diagnósticas con las que privilegiamos el conocimiento, en tanto que se les ofrece una oportunidad a los aspirantes que no pueden ingresar por los criterios Opsu.
La OPSU hace la selección por las calificaciones del bachillerato que no cambian, por lo tanto, un estudiante de bajas calificaciones, nunca será admitido para ingresar a la Universidad por OPSU y nosotros le estamos dando la oportunidad de formarse, de estudiar, de nivelarse para que pueda presentar la evaluación que les permita reconocer sus conocimientos, aptitudes, vocación, disciplina en los estudios y rendimiento académico.
Por mucho que cambie el Sistema Nacional de Ingreso, siempre tomará en cuenta las calificaciones. Algo más académico lo representan las evaluaciones diagnósticas por áreas de conocimientos para el ingreso que desde el año 2011 realizamos anualmente, lo que ha servido para que la Universidad los examine y a la vez ir afinando el instrumento. Lo otro es que las evaluaciones diagnostican la conducta de entrada de los estudiantes, por allí nos enteramos que los estudiantes no cursan física, química, ni matemática en bachillerato. Si se reforma el sistema educativo nacional debemos tomar en cuenta los que las pruebas han aportado a este proceso. No han creado un sistema que supere lo que hemos hecho, ampliando oportunidades sin renunciar a la calidad en la formación de los estudiantes.
Por otro lado, la UCV ha dedicado esfuerzos y recursos para ofrecer a sectores de bajos ingresos socio-económicos programas de formación para el ingreso dirigido a las carreras. El Programa Samuel Robinson es emblemático, y junto a este, el Programa que ofrece la Facultad de Humanidades y Educación PRODES y el Programa Antonio José de Sucre de la Facultad de Ingeniería que funciona en el Núcleo Cagua, con estas iniciativas atendemos la problemática de la deficiente formación que recibe los jóvenes del país en la educación media y es una contribución de la UCV a la política educativa nacional que al gobierno le cuesta reconocer.
Finalmente, destaco que siguen siendo las Universidades Autónomas las de mayor demanda para los aspirantes a ingresar al sistema de educación universitaria. La UCV recibe un promedio anual de 40 mil bachilleres que participan en las Evaluaciones Diagnósticas por Áreas de Conocimiento. En el supuesto que contáramos con todo el presupuesto requerido, el personal docente necesario y los recursos de formación, esta Universidad no puede recibir tan alta demanda cada año. Aún así y a pesar de los severos problemas presupuestarios y la pérdida del valor social de la docencia universitaria, hemos mantenido el cupo anual porque si nos ajustamos a las condiciones objetivas, reales de las Escuelas y Facultades, estaríamos obligados a disminuirlas de manera importante.
Sin embargo, es un gran esfuerzo de la Universidad porque luchamos por no bajar la calidad de la formación. Eso ha sido una política institucional, es decir, las Facultades toman en cuenta el número de docentes, la capacidad de las aulas, laboratorios, materiales, etc., y aun así hacemos el esfuerzo de mantener el número el número promedio de 9 mil nuevos ingresos a la Universidad cada año, a pesar de los problemas que enfrentamos: docentes que se jubilan y no pueden ser sustituidos, concursos que se declaran desiertos porque no resultan atractivos desde el punto de vista salarial, docentes que renuncian buscando mejoras, etc., entonces hay una sobrecarga de los profesores sobre todo en los primeros años porque queremos mantener el número de ingreso. Y esa discusión del tema presupuestario debe llevarse en el CNU que no quiere asumir y así lo hemos visto porque definitivamente coloca al gobierno en una situación de compromiso con las universidades que evidentemente no les interesa por las implicaciones políticas. La intención de la universidad es mantener e incluso aumentar pero la capacidad merma cada año.
[Tomado de http://ucvnoticias.ucv.ve/?p=34920.]
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