Rafael Uzcátegui
El programa del gobierno del presidente
Nicolás Maduro es una continuación de las líneas estratégicas definidas por su
antecesor Hugo Chávez, descritas en el denominado “Plan de la Patria
2013-2019”. Entre los objetivos del plan se encuentra duplicar la cantidad de
petróleo y gas comercializada, hasta llegar para el año 2019 a los 6 MMBD en el
caso del petróleo (artículo 3.1.1.1) y
11.9 MMPCD para el gas (artículo 3.1.1.2).
No obstante, la explotación de nuevos
yacimientos y la conformación de empresas mixtas se han venido realizando sin
cumplir los requisitos establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV). En primer lugar la no realización y difusión de los estudios de impacto
ambiental, tal como se encuentra expresado en el artículo 129 de la CRBV:
“Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben
ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural”.
Un segundo precepto incumplido es el relativo a la obligatoriedad de realizar
procesos de consulta previa, libre e informada, a los pueblos y comunidades
indígenas, tal como lo expresa el artículo 120 de la CRBV: “El aprovechamiento
de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se hará
sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e,
igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades
indígenas respectivas”.
En opinión de las organizaciones defensoras de
los pueblos indígenas otro derecho afectado por la expansión de la economía
extractivista ha sido la demarcación y entrega de títulos colectivos de tierras
indígenas, como lo expresa el artículo 119 de la CRBV. El propio texto
constitucional, en su disposición transitoria decimosegunda, estableció un
plazo de 2 años para la demarcación de hábitat indígena, sin embargo, 15 años
después apenas se ha demarcado menos del 5% del total de territorios indígenas
en el país. En opinión de la ONG Provea “la profundización de una economía de
tipo extractiva en el país se realiza sin la atenuación de los impactos
sociales y ambientales que genera”. Lo que se encuentra en el fondo de las
maromas alrededor de la entrega de territorios indígenas, es que bajo el
subsuelo se encuentran los recursos con que el poder, parafraseando a Foucault,
intentará concretar su máxima aspiración: El inmortalizarse. @fanzinero
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