Miguel Angel Hernández
Como dijo un conocido comediante, los venezolanos nos hemos convertido en mirones de bolsas. Efectivamente, los trabajadores y trabajadoras, y todo el pueblo, andamos en las calles del país viendo los paquetes que lleva la gente en la mano y preguntándoles: “señora, ¿dónde consiguió harina” o dónde encontró aceite, papel higiénico o cualquier otro de los productos desaparecido de los mercados.
En Venezuela la vida cotidiana de los trabajadores es una verdadera calamidad. Una inflación que en los primeros 8 meses ya llega a un 40%. Una profunda crisis de salud, con epidemias de dengue y chicungunya. Graves problemas de desabastecimiento que obligan a los venezolanos y venezolanas a deambular de un sitio a otro tratando de completar los productos de la dieta. La crisis eléctrica continúa, especialmente en las provincias del interior del país. El gobierno se ha asegurado de garantizar el servicio eléctrico en Caracas, a sabiendas de lo potencialmente explosivo que sería una crisis en la capital.
Ahora, se ha desatado una ola de despidos en distintos sectores, especialmente en el automotriz, el cual recientemente convocó a un paro de 24 horas. Suspensiones de trabajadores, mediante las cuales turnos completos en las fábricas son enviados a sus casas, pagándoles salarios reducidos, violándose los contratos colectivos, todo con la anuencia del gobierno a través de las Inspectorías del Trabajo, las cuales avalan estos atropellos, como parte de los acuerdos entre el gobierno de Maduro y los empresarios.
Mientras tanto los sidoristas siguen siendo la vanguardia del enfrentamiento al plan de ajuste del gobierno. No obstante, el paro comienza a ceder, producto de las presiones del gobierno y la burocracia sindical chavista para imponer el contrato. 3 trabajadores han sido detenidos por el Sebin (Servicio Bolivariano de
Inteligencia) y existirían unas 300 calificaciones de despido.
El origen de los males: una grave crisis económica
La crisis tiene su génesis en la crisis mundial del capitalismo, con especificidades propias de nuestro país. No se trata de una supuesta “guerra económica”, o del contrabando, que son los argumentos detrás de los cuales se esconde el gobierno para ocultar el fracaso de su modelo económico de colaboración de clases. Si bien es cierto que los empresarios y comerciantes aprovechan la escasez para especular e incrementar los precios. Pero tampoco se trata de fallas en el “modelo”, como afirman la patronal y la mayoría de sus economistas, que reducen la crisis a fallas internas obviando las externas. En rigor, hay una combinación de impacto de la crisis mundial, y fracaso de una política económica que sólo ha beneficiado a los importadores, a la banca, y a algunos sectores como telecomunicaciones y petrolero.
La base interna de la crisis económica de Venezuela está determina por una caída brutal de la capacidad productiva del país, que lo ha llevado a depender cada vez más de las exportaciones petroleras y las importaciones. Hoy de 100 dólares que ingresan al país por exportaciones, 96 provienen del petróleo. Venezuela en el último siglo ha sido un país monoproductor (petróleo) y poco productivo industrialmente, ya en 1999, año en que asumió el poder Hugo Chávez, de cada 100 dólares, 68 provenían de las exportaciones petroleras, esta situación se ha profundizado en los últimos 15 años. Esto se agrava porque el país es hoy importador neto de derivados del petróleo, como gasolina, debido a las fallas operativas de Pdvsa y en particular de las refinerías. Por otra parte, en la última década el crecimiento de las importaciones ha sido mucho mayor que el de las exportaciones, y la deuda interna y externa han crecido de manera importante. La deuda pública total se ubicó en el 2013 en más de 115 mil millones de dólares, lo que significa un aumento de 9,9% con respecto al 2012, mientras que la deuda externa se ubicó en 44.791 millones de dólares.
En el año electoral 2012, con Chávez ya enfermo, y ante el desgaste que ya se venía evidenciando en su gestión, el gobierno incrementó exageradamente el gasto público, dedicando grandes cantidades de dinero en la campaña electoral, en la Gran Misión Vivienda Venezuela y en importaciones, las cuales llegaron en el 2012 a más de 56 mil millones de dólares, para así garantizarse los votos suficientes para mantenerse en el poder. Esta combinación de factores ha generado una escasez relativa de divisas (dólares), situación muy grave para un país que depende altamente de las importaciones. Al caer las reservas internacionales de dólares, se dificulta la obtención en el exterior de productos e insumos necesarios para la producción. Esto, aunado a las presiones del sector empresarial para obtener aumentos en los precios regulados, y a un aumento de más del 70% en la masa monetaria (la cantidad de bolívares en circulación), producto de la impresión desaforada de dinero por parte del BCV, sin respaldo en la producción, explica la escasez de productos para el consumo masivo que el mes de marzo pasado fue de 28% (última cifra oficial disponible), y la elevada inflación, que en el 2013 terminó en 56,2%.
Esta escasez relativa de divisas impide hacer frente a los compromisos. No hay dólares suficientes para importar materias primas, ni pagar deudas o adquirir otros insumos. Como ya decíamos, caen las reservas internacionales. Mientras tanto el gobierno continúa devaluando la moneda afectándose cada vez más el salario de los trabajadores. Estamos en un contexto de estanflación (recesión con alta inflación).
El gobierno optó por un plan de ajuste contra los trabajadores
Ante esto, el gobierno de Maduro profundiza el ajuste para descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Continúan los aumentos de precios. Los más recientes son de la leche, el maíz, el arroz, y productos de aseo personal. Aumento de tarifas de transporte y de la electricidad. Mientras se posterga el aumento de la gasolina y una nueva devaluación, medidas muy sensibles que el gobierno no tardará en instrumentar. Por ahora buscan el consenso con la burguesía y la MUD, y el momento políticamente más adecuado para aplicarlas.
El ajuste del gobierno del Psuv se viene aplicando a cuentas gotas sobre la base de un acuerdo con el empresariado agrupado en Fedecámaras y Empreven (organización que agrupa a los llamados boliburgueses).
En una entrevista a Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, publicada en el diario El Universal, el jefe de los patronos afirmó que las relaciones con el gobierno son hoy mejores que en el pasado. Se siente complacido de que se hayan revisado los precios de varios productos regulados, reivindica el Sicad II (uno de los mecanismos de otorgamiento de dólares oficiales), y con ello la devaluación ejecutada por el gobierno, y llega al colmo de reconocer que se flexibilizó la inamovilidad laboral y las calificaciones de despido. Estas declaraciones ponen en evidencia el pacto de hierro entre el gobierno y los patronos.
¿Cómo se concreta este acuerdo? El gobierno viene aumentando progresivamente los precios de los productos de primera necesidad, especialmente los alimentos, que en un año se incrementaron en un 91%. Los empresarios presionan, exigiendo al gobierno aumentos con el argumento de que la producción no es rentable. Luego el gobierno aumenta los precios. No obstante, los patronos siguen presionando diciendo que los aumentos no son suficientes, amenazando con más desabstecimiento. Y continúa el círculo infernal de la inflación.
El otro aspecto del acuerdo es la flexibilización de la inamovilidad laboral existente en el país. Ya se preparan 800 despidos en los centrales azucareros en manos estatales, los cuales serán liquidados próximamente; más de 1500 calificaciones de despidos en el sector automotriz; otras 13 en Sidor y cerca de 100 preparan en Venalum, empresa estatal de aluminio. Así ocurre en numerosas empresas públicas y privadas. Otra expresión de los acuerdos con los patronos son las suspensiones de trabajadores, los cuales son enviados a sus casas con la mitad de salario y la violación de cláusulas contractuales, todo con el visto bueno de las Inspectorías del Trabajo. Así como también la negativa a discutir los contratos colectivos, o imponerlos a su conveniencia, como el caso de Sidor.
Mientras el gobierno en alianza con los patronos lanza un plan de ajuste, cuyos costos están siendo pagados por el pueblo trabajador, acuerda con el gobierno chino establecer zonas económicas especiales, con todo tipo de ventajas para las trasnacionales; envía señales al imperialismo, reuniéndose en New York con el Consejo Judío Mundial, y paga religiosamente la deuda externa. Entre octubre y noviembre, está previsto que el gobierno venezolano cancele 7.132 millones de dólares a los bancos imperialistas, por servicio de la deuda, lo cual equivale al 47,6% de las importaciones del país entre enero y mayo de este año.
Lo cierto es que el ajuste continuará, con más deterioro del salario y aumento de precios. El gobierno continuará en su política de criminalizar la protesta, con el objetivo de disciplinar al movimiento obrero y popular, utilizando el argumento de la “desestabilización de derecha”, para poder aplicar el plan de ajuste. Pero esto es un arma de doble filo que está incrementando la protesta social.
Vientos de negociación con la oposición burguesa
En este marco, los intentos de diálogo y negociación con la oposición burguesa agrupada en la MUD vuelven a retomarse. Una evidencia muy clara de ello ha sido la excarcelación de Iván Simonovis, uno de los jefes policiales que encabezó la represión contra el pueblo durante el golpe proimperialista del 2002. Simonovis recibió el beneficio para cumplir la condena en su casa. Este caso había sido muy emblemático ya que la oposición burguesa lo había convertido en una de sus banderas, y en la principal exigencia al gobierno para iniciar el diálogo.
Toda la oposición agrupada en la MUD saludó la medida. Los diarios se hicieron eco de la misma y la colocaron como un mensaje positivo en función de restablecer las mesas de negociación con el gobierno de Maduro. Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, integrante de la MUD y partido histórico de la burguesía venezolana, relacionó la medida con las negociaciones que sostienen con representantes del partido de gobierno para la designación de los nuevos integrantes del Nonsejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto a espaldas de las víctimas del golpe de abril del 2002.
Lo anterior empalma con el puente lanzado por el nuevo secretario general de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien planteó su interés en hablar con el presidente Maduro, en función de restablecer el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. Y más recientemente las declaraciones del Papa Francisco, quien abogó por el diálogo entre el gobierno y la oposición en un acto por la paz, donde participaron representantes de distintas religiones y el ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Todo esto es parte de la búsqueda, por parte del gobierno, del consenso necesario para instrumentar la parte más dura del ajuste, es decir, la devaluación y el aumento de la gasolina.
Por un plan de lucha y movilización contra el ajuste
En el marco antes mencionado, el Partido Socialismo y Libertad y su corriente sindical C-cura, vienen planteando la necesidad de que los trabajadores y comunidades populares se movilicen y luchen en la calle contra el plan de ajuste instrumentado por el gobierno en acuerdo con Fedecámaras y los boliburgueses. Proponiendo la necesidad de realizar encuentros sindicales regionales que discutan planes de lucha y movilización, en la perspectiva de ir hacia un gran encuentro nacional que vote un Plan Alternativo Obrero y Popular, que parta de exigir aumento general de salarios, salario mínimo igual a la canasta básica, ajustado cada 3 meses de acuerdo a la inflación, cese de los despidos, reenganche inmediato de los trabajadores afectados, en defensa de los contratos colectivos y contra la criminalización de la protesta. Todo con el objetivo estratégico de organizar a los trabajadores en lucha, y sumar fuerzas para convocar un paro nacional contra la política gubernamental que intenta descargar los costos de la crisis sobre el pueblo trabajador.
[Tomado de http://web.laclase.info/content/el-gobierno-de-maduro-se-desgasta-mientras-crece-el-descontento/.]
Como dijo un conocido comediante, los venezolanos nos hemos convertido en mirones de bolsas. Efectivamente, los trabajadores y trabajadoras, y todo el pueblo, andamos en las calles del país viendo los paquetes que lleva la gente en la mano y preguntándoles: “señora, ¿dónde consiguió harina” o dónde encontró aceite, papel higiénico o cualquier otro de los productos desaparecido de los mercados.
En Venezuela la vida cotidiana de los trabajadores es una verdadera calamidad. Una inflación que en los primeros 8 meses ya llega a un 40%. Una profunda crisis de salud, con epidemias de dengue y chicungunya. Graves problemas de desabastecimiento que obligan a los venezolanos y venezolanas a deambular de un sitio a otro tratando de completar los productos de la dieta. La crisis eléctrica continúa, especialmente en las provincias del interior del país. El gobierno se ha asegurado de garantizar el servicio eléctrico en Caracas, a sabiendas de lo potencialmente explosivo que sería una crisis en la capital.
Ahora, se ha desatado una ola de despidos en distintos sectores, especialmente en el automotriz, el cual recientemente convocó a un paro de 24 horas. Suspensiones de trabajadores, mediante las cuales turnos completos en las fábricas son enviados a sus casas, pagándoles salarios reducidos, violándose los contratos colectivos, todo con la anuencia del gobierno a través de las Inspectorías del Trabajo, las cuales avalan estos atropellos, como parte de los acuerdos entre el gobierno de Maduro y los empresarios.
Mientras tanto los sidoristas siguen siendo la vanguardia del enfrentamiento al plan de ajuste del gobierno. No obstante, el paro comienza a ceder, producto de las presiones del gobierno y la burocracia sindical chavista para imponer el contrato. 3 trabajadores han sido detenidos por el Sebin (Servicio Bolivariano de
Inteligencia) y existirían unas 300 calificaciones de despido.
El origen de los males: una grave crisis económica
La crisis tiene su génesis en la crisis mundial del capitalismo, con especificidades propias de nuestro país. No se trata de una supuesta “guerra económica”, o del contrabando, que son los argumentos detrás de los cuales se esconde el gobierno para ocultar el fracaso de su modelo económico de colaboración de clases. Si bien es cierto que los empresarios y comerciantes aprovechan la escasez para especular e incrementar los precios. Pero tampoco se trata de fallas en el “modelo”, como afirman la patronal y la mayoría de sus economistas, que reducen la crisis a fallas internas obviando las externas. En rigor, hay una combinación de impacto de la crisis mundial, y fracaso de una política económica que sólo ha beneficiado a los importadores, a la banca, y a algunos sectores como telecomunicaciones y petrolero.
La base interna de la crisis económica de Venezuela está determina por una caída brutal de la capacidad productiva del país, que lo ha llevado a depender cada vez más de las exportaciones petroleras y las importaciones. Hoy de 100 dólares que ingresan al país por exportaciones, 96 provienen del petróleo. Venezuela en el último siglo ha sido un país monoproductor (petróleo) y poco productivo industrialmente, ya en 1999, año en que asumió el poder Hugo Chávez, de cada 100 dólares, 68 provenían de las exportaciones petroleras, esta situación se ha profundizado en los últimos 15 años. Esto se agrava porque el país es hoy importador neto de derivados del petróleo, como gasolina, debido a las fallas operativas de Pdvsa y en particular de las refinerías. Por otra parte, en la última década el crecimiento de las importaciones ha sido mucho mayor que el de las exportaciones, y la deuda interna y externa han crecido de manera importante. La deuda pública total se ubicó en el 2013 en más de 115 mil millones de dólares, lo que significa un aumento de 9,9% con respecto al 2012, mientras que la deuda externa se ubicó en 44.791 millones de dólares.
En el año electoral 2012, con Chávez ya enfermo, y ante el desgaste que ya se venía evidenciando en su gestión, el gobierno incrementó exageradamente el gasto público, dedicando grandes cantidades de dinero en la campaña electoral, en la Gran Misión Vivienda Venezuela y en importaciones, las cuales llegaron en el 2012 a más de 56 mil millones de dólares, para así garantizarse los votos suficientes para mantenerse en el poder. Esta combinación de factores ha generado una escasez relativa de divisas (dólares), situación muy grave para un país que depende altamente de las importaciones. Al caer las reservas internacionales de dólares, se dificulta la obtención en el exterior de productos e insumos necesarios para la producción. Esto, aunado a las presiones del sector empresarial para obtener aumentos en los precios regulados, y a un aumento de más del 70% en la masa monetaria (la cantidad de bolívares en circulación), producto de la impresión desaforada de dinero por parte del BCV, sin respaldo en la producción, explica la escasez de productos para el consumo masivo que el mes de marzo pasado fue de 28% (última cifra oficial disponible), y la elevada inflación, que en el 2013 terminó en 56,2%.
Esta escasez relativa de divisas impide hacer frente a los compromisos. No hay dólares suficientes para importar materias primas, ni pagar deudas o adquirir otros insumos. Como ya decíamos, caen las reservas internacionales. Mientras tanto el gobierno continúa devaluando la moneda afectándose cada vez más el salario de los trabajadores. Estamos en un contexto de estanflación (recesión con alta inflación).
El gobierno optó por un plan de ajuste contra los trabajadores
Ante esto, el gobierno de Maduro profundiza el ajuste para descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Continúan los aumentos de precios. Los más recientes son de la leche, el maíz, el arroz, y productos de aseo personal. Aumento de tarifas de transporte y de la electricidad. Mientras se posterga el aumento de la gasolina y una nueva devaluación, medidas muy sensibles que el gobierno no tardará en instrumentar. Por ahora buscan el consenso con la burguesía y la MUD, y el momento políticamente más adecuado para aplicarlas.
El ajuste del gobierno del Psuv se viene aplicando a cuentas gotas sobre la base de un acuerdo con el empresariado agrupado en Fedecámaras y Empreven (organización que agrupa a los llamados boliburgueses).
En una entrevista a Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, publicada en el diario El Universal, el jefe de los patronos afirmó que las relaciones con el gobierno son hoy mejores que en el pasado. Se siente complacido de que se hayan revisado los precios de varios productos regulados, reivindica el Sicad II (uno de los mecanismos de otorgamiento de dólares oficiales), y con ello la devaluación ejecutada por el gobierno, y llega al colmo de reconocer que se flexibilizó la inamovilidad laboral y las calificaciones de despido. Estas declaraciones ponen en evidencia el pacto de hierro entre el gobierno y los patronos.
¿Cómo se concreta este acuerdo? El gobierno viene aumentando progresivamente los precios de los productos de primera necesidad, especialmente los alimentos, que en un año se incrementaron en un 91%. Los empresarios presionan, exigiendo al gobierno aumentos con el argumento de que la producción no es rentable. Luego el gobierno aumenta los precios. No obstante, los patronos siguen presionando diciendo que los aumentos no son suficientes, amenazando con más desabstecimiento. Y continúa el círculo infernal de la inflación.
El otro aspecto del acuerdo es la flexibilización de la inamovilidad laboral existente en el país. Ya se preparan 800 despidos en los centrales azucareros en manos estatales, los cuales serán liquidados próximamente; más de 1500 calificaciones de despidos en el sector automotriz; otras 13 en Sidor y cerca de 100 preparan en Venalum, empresa estatal de aluminio. Así ocurre en numerosas empresas públicas y privadas. Otra expresión de los acuerdos con los patronos son las suspensiones de trabajadores, los cuales son enviados a sus casas con la mitad de salario y la violación de cláusulas contractuales, todo con el visto bueno de las Inspectorías del Trabajo. Así como también la negativa a discutir los contratos colectivos, o imponerlos a su conveniencia, como el caso de Sidor.
Mientras el gobierno en alianza con los patronos lanza un plan de ajuste, cuyos costos están siendo pagados por el pueblo trabajador, acuerda con el gobierno chino establecer zonas económicas especiales, con todo tipo de ventajas para las trasnacionales; envía señales al imperialismo, reuniéndose en New York con el Consejo Judío Mundial, y paga religiosamente la deuda externa. Entre octubre y noviembre, está previsto que el gobierno venezolano cancele 7.132 millones de dólares a los bancos imperialistas, por servicio de la deuda, lo cual equivale al 47,6% de las importaciones del país entre enero y mayo de este año.
Lo cierto es que el ajuste continuará, con más deterioro del salario y aumento de precios. El gobierno continuará en su política de criminalizar la protesta, con el objetivo de disciplinar al movimiento obrero y popular, utilizando el argumento de la “desestabilización de derecha”, para poder aplicar el plan de ajuste. Pero esto es un arma de doble filo que está incrementando la protesta social.
Vientos de negociación con la oposición burguesa
En este marco, los intentos de diálogo y negociación con la oposición burguesa agrupada en la MUD vuelven a retomarse. Una evidencia muy clara de ello ha sido la excarcelación de Iván Simonovis, uno de los jefes policiales que encabezó la represión contra el pueblo durante el golpe proimperialista del 2002. Simonovis recibió el beneficio para cumplir la condena en su casa. Este caso había sido muy emblemático ya que la oposición burguesa lo había convertido en una de sus banderas, y en la principal exigencia al gobierno para iniciar el diálogo.
Toda la oposición agrupada en la MUD saludó la medida. Los diarios se hicieron eco de la misma y la colocaron como un mensaje positivo en función de restablecer las mesas de negociación con el gobierno de Maduro. Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, integrante de la MUD y partido histórico de la burguesía venezolana, relacionó la medida con las negociaciones que sostienen con representantes del partido de gobierno para la designación de los nuevos integrantes del Nonsejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto a espaldas de las víctimas del golpe de abril del 2002.
Lo anterior empalma con el puente lanzado por el nuevo secretario general de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien planteó su interés en hablar con el presidente Maduro, en función de restablecer el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano. Y más recientemente las declaraciones del Papa Francisco, quien abogó por el diálogo entre el gobierno y la oposición en un acto por la paz, donde participaron representantes de distintas religiones y el ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Todo esto es parte de la búsqueda, por parte del gobierno, del consenso necesario para instrumentar la parte más dura del ajuste, es decir, la devaluación y el aumento de la gasolina.
Por un plan de lucha y movilización contra el ajuste
En el marco antes mencionado, el Partido Socialismo y Libertad y su corriente sindical C-cura, vienen planteando la necesidad de que los trabajadores y comunidades populares se movilicen y luchen en la calle contra el plan de ajuste instrumentado por el gobierno en acuerdo con Fedecámaras y los boliburgueses. Proponiendo la necesidad de realizar encuentros sindicales regionales que discutan planes de lucha y movilización, en la perspectiva de ir hacia un gran encuentro nacional que vote un Plan Alternativo Obrero y Popular, que parta de exigir aumento general de salarios, salario mínimo igual a la canasta básica, ajustado cada 3 meses de acuerdo a la inflación, cese de los despidos, reenganche inmediato de los trabajadores afectados, en defensa de los contratos colectivos y contra la criminalización de la protesta. Todo con el objetivo estratégico de organizar a los trabajadores en lucha, y sumar fuerzas para convocar un paro nacional contra la política gubernamental que intenta descargar los costos de la crisis sobre el pueblo trabajador.
[Tomado de http://web.laclase.info/content/el-gobierno-de-maduro-se-desgasta-mientras-crece-el-descontento/.]
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