Rafael Uzcátegui
El 28 de diciembre de 2010 el presidente Hugo Chávez ordenó la creación de 10 distritos militares ubicados en La Guajira y el Sur del Lago de Maracaibo (estado Zulia), el Táchira norte (Táchira), El Nula, Orichuna y El Yagual (Apure), Altagracia de Orituco (Guárico), Barrancas del Orinoco (Monagas), Pijiguao (Bolívar) y Güiria (Sucre). Debido a la situación de crisis generada por las intensas lluvias en la zona indígena wayúu, se promovió la activación del primero de estos distritos. Por esos días el Ejecutivo realizó una reunión con aproximadamente 60 consejos comunales indígenas, a quienes anunció que la presencia de uniformados, además de atender los afectados por las inundaciones, traería programas sociales a la región. Se habló de la construcción de hospitales y escuelas, de la expansión de misiones sociales. Ante estas promesas, el respaldo por parte de los consejos comunales fue unánime.
El tiempo disipó las expectativas. En una comunicación enviada por el Comité de DDHH de la Guajira –una organización con 15 años de trabajo en Paraguaipoa- al Mayor General Celso Canelones Guevara, Jefe del Comando Estratégico Operacional Occidente, con fecha 12 de octubre de 2012, afirmaron: “Cuando el presidente de la república anunció la creación del Distrito Militar Guajira nº 1 (…), creímos que eso significaba bienestar, desarrollo y progreso para nuestro pueblo, pero los hechos han demostrado todo lo contrario… consideramos que no habrá solución a corto plazo y seguiremos en círculo viciado, mientras el control de la Guajira esté bajo el poder militar, porque ese sector no conoce nuestras costumbres, no hablan nuestro idioma, están encerrado en los cuarteles y no comparten con nuestro pueblo”.
¿Qué había pasado? Según relatan testimonios recopilados en el sitio los objetivos de los militares se modificaron tras el inicio de la llamada “guerra al contrabando”. Según la versión oficial, los indígenas que trasladaban alimentos a través de la Guajira eran parte de las causas del desabastecimiento, por lo que una palabra comenzó a estigmatizar a todos los miembros de la etnia: “Bachaqueros”.
Antes y después de pasar el puente del rio Limón, el punto que conecta la Guajira con el resto del estado Zulia, una serie de puntos de control comenzaron a requisar los vehículos y transporte públicos. Y si al oficial le parece que usted lleva demasiados productos los decomisa y detiene a quienes los trasladaban. Paralelamente, operativos militares registran las casas en busca de depósitos clandestinos de combustible, con lo que abundan los testimonios sobre abusos en el marco de los allanamientos. Algunas vías de circulación son cerradas a partir de las 6 y 10 de la noche, con lo que algunos poblados quedan incomunicados por algunas horas.
Las consecuencias de la militarización de la zona son diversas. Desde el inicio del distrito militar en territorio wayuu, el Comité de DDHH de la Guajira ha contabilizan 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por efectivos militares. Además, las organizaciones regionales señalaron que 760 indígenas Wayúu están siendo procesados en tribunales, acusados de “contrabandistas”, la mayoría mujeres, en un recinto –Marite- que sólo tiene capacidad para albergar 300. Por otro lado las colas resultantes de las requisas convierten un viaje de 2 horas en 4 horas. Escuelas y hospitales se han visto afectados debido a que muchos de sus trabajadores viven en Maracaibo.
La misma situación, pero en sentido contrario, la experimentan quienes viviendo en la Guajira estudian en la capital del estado, acostumbrados a dormir en sus casas y hacer los traslados diariamente. Además, la propia cultura wayúu está siendo afectada. El velorio, la reunión social más importante de estos indígenas, se ha visto trastocada. Antes de la militarización los familiares y allegados, venidos de diferentes puntos de Venezuela y Colombia, eran alimentados durante varios días por los organizadores. Hoy, acumular lo necesario se ha vuelto imposible. Mientras todo esto pasa, el contrabando de grandes cantidades de gasolina y productos no ha disminuido. Las organizaciones regionales coinciden en que los “grandes bachaqueros” cuentan con el apoyo de las autoridades y que la criminalización a los wayúu empuja permanentemente los precios hacia arriba. Y como fuimos testigos en un reciente viaje a la zona, el mejor caldo de cultivo para la extorsión y cobro de vacunas a las personas de bajos recursos.
El ejemplo del Zulia, donde la militarización de la zona se implementó con la excusa de afrontar una situación extraordinaria, debe observarse con cuidado por el resto de las zonas del país que también han sido decretadas como distritos con jurisdicción especial bajo el control de las Fuerzas Armadas. Pijiguao, en el estado Bolívar, es una de ellas.
[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2014/10/27/rafael-uzcategui-las-barbas-en-remojo/.]
El 28 de diciembre de 2010 el presidente Hugo Chávez ordenó la creación de 10 distritos militares ubicados en La Guajira y el Sur del Lago de Maracaibo (estado Zulia), el Táchira norte (Táchira), El Nula, Orichuna y El Yagual (Apure), Altagracia de Orituco (Guárico), Barrancas del Orinoco (Monagas), Pijiguao (Bolívar) y Güiria (Sucre). Debido a la situación de crisis generada por las intensas lluvias en la zona indígena wayúu, se promovió la activación del primero de estos distritos. Por esos días el Ejecutivo realizó una reunión con aproximadamente 60 consejos comunales indígenas, a quienes anunció que la presencia de uniformados, además de atender los afectados por las inundaciones, traería programas sociales a la región. Se habló de la construcción de hospitales y escuelas, de la expansión de misiones sociales. Ante estas promesas, el respaldo por parte de los consejos comunales fue unánime.
El tiempo disipó las expectativas. En una comunicación enviada por el Comité de DDHH de la Guajira –una organización con 15 años de trabajo en Paraguaipoa- al Mayor General Celso Canelones Guevara, Jefe del Comando Estratégico Operacional Occidente, con fecha 12 de octubre de 2012, afirmaron: “Cuando el presidente de la república anunció la creación del Distrito Militar Guajira nº 1 (…), creímos que eso significaba bienestar, desarrollo y progreso para nuestro pueblo, pero los hechos han demostrado todo lo contrario… consideramos que no habrá solución a corto plazo y seguiremos en círculo viciado, mientras el control de la Guajira esté bajo el poder militar, porque ese sector no conoce nuestras costumbres, no hablan nuestro idioma, están encerrado en los cuarteles y no comparten con nuestro pueblo”.
¿Qué había pasado? Según relatan testimonios recopilados en el sitio los objetivos de los militares se modificaron tras el inicio de la llamada “guerra al contrabando”. Según la versión oficial, los indígenas que trasladaban alimentos a través de la Guajira eran parte de las causas del desabastecimiento, por lo que una palabra comenzó a estigmatizar a todos los miembros de la etnia: “Bachaqueros”.
Antes y después de pasar el puente del rio Limón, el punto que conecta la Guajira con el resto del estado Zulia, una serie de puntos de control comenzaron a requisar los vehículos y transporte públicos. Y si al oficial le parece que usted lleva demasiados productos los decomisa y detiene a quienes los trasladaban. Paralelamente, operativos militares registran las casas en busca de depósitos clandestinos de combustible, con lo que abundan los testimonios sobre abusos en el marco de los allanamientos. Algunas vías de circulación son cerradas a partir de las 6 y 10 de la noche, con lo que algunos poblados quedan incomunicados por algunas horas.
Las consecuencias de la militarización de la zona son diversas. Desde el inicio del distrito militar en territorio wayuu, el Comité de DDHH de la Guajira ha contabilizan 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por efectivos militares. Además, las organizaciones regionales señalaron que 760 indígenas Wayúu están siendo procesados en tribunales, acusados de “contrabandistas”, la mayoría mujeres, en un recinto –Marite- que sólo tiene capacidad para albergar 300. Por otro lado las colas resultantes de las requisas convierten un viaje de 2 horas en 4 horas. Escuelas y hospitales se han visto afectados debido a que muchos de sus trabajadores viven en Maracaibo.
La misma situación, pero en sentido contrario, la experimentan quienes viviendo en la Guajira estudian en la capital del estado, acostumbrados a dormir en sus casas y hacer los traslados diariamente. Además, la propia cultura wayúu está siendo afectada. El velorio, la reunión social más importante de estos indígenas, se ha visto trastocada. Antes de la militarización los familiares y allegados, venidos de diferentes puntos de Venezuela y Colombia, eran alimentados durante varios días por los organizadores. Hoy, acumular lo necesario se ha vuelto imposible. Mientras todo esto pasa, el contrabando de grandes cantidades de gasolina y productos no ha disminuido. Las organizaciones regionales coinciden en que los “grandes bachaqueros” cuentan con el apoyo de las autoridades y que la criminalización a los wayúu empuja permanentemente los precios hacia arriba. Y como fuimos testigos en un reciente viaje a la zona, el mejor caldo de cultivo para la extorsión y cobro de vacunas a las personas de bajos recursos.
El ejemplo del Zulia, donde la militarización de la zona se implementó con la excusa de afrontar una situación extraordinaria, debe observarse con cuidado por el resto de las zonas del país que también han sido decretadas como distritos con jurisdicción especial bajo el control de las Fuerzas Armadas. Pijiguao, en el estado Bolívar, es una de ellas.
[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2014/10/27/rafael-uzcategui-las-barbas-en-remojo/.]
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