Miguel Ángel Hernández
El gobierno de Maduro está aplicando sin anestesia un plan de ajuste para hacer recaer las consecuencias de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo. Todo esto en el marco de un acuerdo con el empresariado agrupado en Fedecámaras y Empreven. En una entrevista a Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, publicada el 31/8/14 en El Universal, el jefe de los patronos afirma que las relaciones con el gobierno son hoy mejores que en el pasado. Se siente complacido de que se hayan revisado los precios de varios productos regulados, reivindica el Sicad II y con ello la devaluación ejecutada por el gobierno, y llega al colmo de reconocer que se flexibilizó la inamovilidad laboral y las calificaciones de despido. Estas declaraciones ponen en evidencia el pacto de hierro entre el gobierno y los patronos.
A los aumentos de productos de la cesta básica y medicamentos; aumentos en las tarifas de los servicios públicos y en el transporte, se suman los acuerdos con los empresarios para agilizar despidos a través de las Inspectorías del Trabajo, y la amenaza de que se aplicará un aumento al precio de la gasolina, lo cual indudablemente tendrá un importante impacto sobre los precios de los alimentos. Igualmente el equipo económico gubernamental anuncia una convergencia de los tres tipos de cambio, que en la práctica no es otra cosa que una nueva devaluación que diluirá aún más los ya destruidos salarios de los trabajadores.
Mientras tanto la propaganda oficial intenta embaucar al pueblo con el “sanbenito” de una supuesta guerra económica. En rigor, la única guerra que hoy se desata contra el pueblo y los trabajadores la están llevando adelante el gobierno y los patronos.
No negamos que, como siempre ha sucedido en nuestro país, los empresarios se aprovechan de la escasez de alimentos y otros productos para especular y elevar exageradamente los precios. Pero para el pueblo y los trabajadores no debe quedar dudas de que el origen de los problemas de alto costo de la vida y desabastecimiento está en la caída brutal de la producción, ocasionada entre otras cosas, por el desastre en el que se encuentran las empresas nacionalizadas o adquiridas por el gobierno, consumidas por la corrupción y el burocratismo. Hasta en la principal industria del país se evidencia el desastre de una política económica que sólo ha beneficiado a banqueros y trasnacinales. Hoy Venezuela es importador neto de productos derivados del petróleo, y los medios de comunicación anuncian que importaremos petróleo liviano de Argelia, por primera vez en 100 años.
Y para seguir engañando al pueblo, el gobierno pretende implementar medidas antidemocráticas y efectistas como la posible utilización de las captahuellas en los supermercados para restringir aún más las alicaídas compras del pueblo, y el cierre de la frontera con Colombia, con el argumento de enfrentar el contrabando, generando malestar en la población fronteriza, lo cual no está acompañado de medidas en contra de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), organismo que custodia las fronteras y que ha sido el artífice del contrabando de extracción a gran escala. El gobierno no actúa contra la GNB, debido a que la corrupción fronteriza forma parte del clientelismo con el que sostiene sus apoyos militares. Indirectamente, el gobernador del estado Táchira lo admitió, al plantear que era necesario subir los salarios de los guardias nacionales para que disminuya el contrabando.
La grave crisis que padecen los trabajadores y la población empobrecida contrasta con el anuncio reciente de Conatel de las fabulosas ganancias de los empresarios del sector de telecomunicaciones, cuyas operadoras, en su mayoría transnacionales, incrementaron sus ingresos en un 28,5% en comparación con el segundo trimestre del 2013. Otros sectores burgueses que avanzan en su apropiación de la renta petrolera son las propias transnacionales imperialistas que se han asociado a Pdvsa en las empresas mixtas, la banca privada, y el gran comercio importador. Para ellos la bonanza es tremenda.
Unificar fuerzas para movilizarnos y derrotar el plan de ajuste del gobierno
Nuestro partido rechaza categóricamente este ajuste económico que está impactando negativamente en el nivel de vida de la población. Esas medidas económicas, que cuentan con el aval de Fedecámaras y la MUD, están acompañadas de una creciente criminalización de la protesta social, como se reflejó en el conflicto laboral en Sidor, e incluso en casos como el de la empresa de transporte Aerocav, en la cual se presentó la intervención de militares en un conflicto laboral para amedrentar a los trabajadores. Los despidos masivos en el sector automotriz, en centrales azucareros y otros sectores, se combinan con despidos selectivos contra dirigentes sindicales combativos, como en el caso de la secretaria general del sindicato del Ivss-Lara, Osmary Escalona, o el del dirigente cementero de Antracem, Orlando Chirinos. Hay que unir esfuerzos para imponer los reenganches de estos compañeros y derrotar la flexibilización laboral que intenta imponer Maduro de la mano con los capitalistas.
En todo el país se puede constatar el gran malestar social que se está acumulando en la población. En todas partes la gente se queja del alto costo de los productos de primera necesidad. Cuando después de recorrer distintos mercados se consigue el aceite, la harina, el papel higiénico, los medicamentos, hay que pagar altísimos precios. No obstante, la ausencia de una central sindical representativa o de organizaciones sociales que puedan articular y centralizar las luchas lamentablemente incide en la atomización de las protestas, pero todas las mediciones indican un crecimiento en la cantidad de movilizaciones que realizan los trabajadores y los sectores populares en defensa de sus derechos ante la arremetida gubernamental y empresarial.
Toda esta situación ha subrayado el desastre del Psuv y de la MUD, completamente incapaces de proponer una salida a la crisis que no implique mayores privaciones a la mayoría de la población. De ahí que sea más necesario que nunca movilizarnos de manera autónoma para derrotar en las calles este ajuste, que nos hace pagar una crisis generada por las políticas económicas del gobierno y por las transnacionales y capitalistas, por los banqueros e importadores que han sido los más beneficiados en este capitalismo dependiente venezolano durante los últimos años.
Nuestro partido plantea que hoy más que nunca los trabajadores debemos unificar fuerzas, tal como harán el próximo 13 de septiembre los trabajadores del estado Lara, que están convocando a un encuentro regional para discutir un plan de lucha y movilización para enfrentar el ajuste, exigiendo aumento general de salarios, salario mínimo igual a la canasta básica, ajustado cada 3 meses de acuerdo a la inflación, rechazo a los despidos, entre otras medidas. Todo en la perspectiva de que el petróleo sea 100% venezolano sin transnacionales ni empresas mixtas.
El Encuentro de Lara, del que C-cura es convocante, es una gran oportunidad para generar nuevos encuentros en otras regiones, y un movimiento nacional que desemboque en una gran movilización nacional contra el ajuste gubernamental. La situación que vivimos los trabajadores es de urgencia. En ese sentido, el Encuentro de Barquisimeto debe discutir y votar un plan de lucha y movilización regional y nacional para enfrentar en la calle el plan de ajuste del gobierno y los patronos.
Construyamos una alternativa política
En la construcción de un programa de lucha y la movilización unitaria es posible que vayamos reencontrándonos los luchadores, los revolucionarios, y que al calor de la movilización construyamos una organización política que verdaderamente responda a los intereses de las mayorías empobrecidas y explotadas que no encuentran cauce a sus reclamos en el gobierno o en la MUD. Desde el PSL somos parte de ese esfuerzo.
[Fuente: http://deslinde2011.blogspot.com/2014/09/hay-que-enfrentar-en-la-calle-el-ajuste.html.]
El gobierno de Maduro está aplicando sin anestesia un plan de ajuste para hacer recaer las consecuencias de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo. Todo esto en el marco de un acuerdo con el empresariado agrupado en Fedecámaras y Empreven. En una entrevista a Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, publicada el 31/8/14 en El Universal, el jefe de los patronos afirma que las relaciones con el gobierno son hoy mejores que en el pasado. Se siente complacido de que se hayan revisado los precios de varios productos regulados, reivindica el Sicad II y con ello la devaluación ejecutada por el gobierno, y llega al colmo de reconocer que se flexibilizó la inamovilidad laboral y las calificaciones de despido. Estas declaraciones ponen en evidencia el pacto de hierro entre el gobierno y los patronos.
A los aumentos de productos de la cesta básica y medicamentos; aumentos en las tarifas de los servicios públicos y en el transporte, se suman los acuerdos con los empresarios para agilizar despidos a través de las Inspectorías del Trabajo, y la amenaza de que se aplicará un aumento al precio de la gasolina, lo cual indudablemente tendrá un importante impacto sobre los precios de los alimentos. Igualmente el equipo económico gubernamental anuncia una convergencia de los tres tipos de cambio, que en la práctica no es otra cosa que una nueva devaluación que diluirá aún más los ya destruidos salarios de los trabajadores.
Mientras tanto la propaganda oficial intenta embaucar al pueblo con el “sanbenito” de una supuesta guerra económica. En rigor, la única guerra que hoy se desata contra el pueblo y los trabajadores la están llevando adelante el gobierno y los patronos.
No negamos que, como siempre ha sucedido en nuestro país, los empresarios se aprovechan de la escasez de alimentos y otros productos para especular y elevar exageradamente los precios. Pero para el pueblo y los trabajadores no debe quedar dudas de que el origen de los problemas de alto costo de la vida y desabastecimiento está en la caída brutal de la producción, ocasionada entre otras cosas, por el desastre en el que se encuentran las empresas nacionalizadas o adquiridas por el gobierno, consumidas por la corrupción y el burocratismo. Hasta en la principal industria del país se evidencia el desastre de una política económica que sólo ha beneficiado a banqueros y trasnacinales. Hoy Venezuela es importador neto de productos derivados del petróleo, y los medios de comunicación anuncian que importaremos petróleo liviano de Argelia, por primera vez en 100 años.
Y para seguir engañando al pueblo, el gobierno pretende implementar medidas antidemocráticas y efectistas como la posible utilización de las captahuellas en los supermercados para restringir aún más las alicaídas compras del pueblo, y el cierre de la frontera con Colombia, con el argumento de enfrentar el contrabando, generando malestar en la población fronteriza, lo cual no está acompañado de medidas en contra de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), organismo que custodia las fronteras y que ha sido el artífice del contrabando de extracción a gran escala. El gobierno no actúa contra la GNB, debido a que la corrupción fronteriza forma parte del clientelismo con el que sostiene sus apoyos militares. Indirectamente, el gobernador del estado Táchira lo admitió, al plantear que era necesario subir los salarios de los guardias nacionales para que disminuya el contrabando.
La grave crisis que padecen los trabajadores y la población empobrecida contrasta con el anuncio reciente de Conatel de las fabulosas ganancias de los empresarios del sector de telecomunicaciones, cuyas operadoras, en su mayoría transnacionales, incrementaron sus ingresos en un 28,5% en comparación con el segundo trimestre del 2013. Otros sectores burgueses que avanzan en su apropiación de la renta petrolera son las propias transnacionales imperialistas que se han asociado a Pdvsa en las empresas mixtas, la banca privada, y el gran comercio importador. Para ellos la bonanza es tremenda.
Unificar fuerzas para movilizarnos y derrotar el plan de ajuste del gobierno
Nuestro partido rechaza categóricamente este ajuste económico que está impactando negativamente en el nivel de vida de la población. Esas medidas económicas, que cuentan con el aval de Fedecámaras y la MUD, están acompañadas de una creciente criminalización de la protesta social, como se reflejó en el conflicto laboral en Sidor, e incluso en casos como el de la empresa de transporte Aerocav, en la cual se presentó la intervención de militares en un conflicto laboral para amedrentar a los trabajadores. Los despidos masivos en el sector automotriz, en centrales azucareros y otros sectores, se combinan con despidos selectivos contra dirigentes sindicales combativos, como en el caso de la secretaria general del sindicato del Ivss-Lara, Osmary Escalona, o el del dirigente cementero de Antracem, Orlando Chirinos. Hay que unir esfuerzos para imponer los reenganches de estos compañeros y derrotar la flexibilización laboral que intenta imponer Maduro de la mano con los capitalistas.
En todo el país se puede constatar el gran malestar social que se está acumulando en la población. En todas partes la gente se queja del alto costo de los productos de primera necesidad. Cuando después de recorrer distintos mercados se consigue el aceite, la harina, el papel higiénico, los medicamentos, hay que pagar altísimos precios. No obstante, la ausencia de una central sindical representativa o de organizaciones sociales que puedan articular y centralizar las luchas lamentablemente incide en la atomización de las protestas, pero todas las mediciones indican un crecimiento en la cantidad de movilizaciones que realizan los trabajadores y los sectores populares en defensa de sus derechos ante la arremetida gubernamental y empresarial.
Toda esta situación ha subrayado el desastre del Psuv y de la MUD, completamente incapaces de proponer una salida a la crisis que no implique mayores privaciones a la mayoría de la población. De ahí que sea más necesario que nunca movilizarnos de manera autónoma para derrotar en las calles este ajuste, que nos hace pagar una crisis generada por las políticas económicas del gobierno y por las transnacionales y capitalistas, por los banqueros e importadores que han sido los más beneficiados en este capitalismo dependiente venezolano durante los últimos años.
Nuestro partido plantea que hoy más que nunca los trabajadores debemos unificar fuerzas, tal como harán el próximo 13 de septiembre los trabajadores del estado Lara, que están convocando a un encuentro regional para discutir un plan de lucha y movilización para enfrentar el ajuste, exigiendo aumento general de salarios, salario mínimo igual a la canasta básica, ajustado cada 3 meses de acuerdo a la inflación, rechazo a los despidos, entre otras medidas. Todo en la perspectiva de que el petróleo sea 100% venezolano sin transnacionales ni empresas mixtas.
El Encuentro de Lara, del que C-cura es convocante, es una gran oportunidad para generar nuevos encuentros en otras regiones, y un movimiento nacional que desemboque en una gran movilización nacional contra el ajuste gubernamental. La situación que vivimos los trabajadores es de urgencia. En ese sentido, el Encuentro de Barquisimeto debe discutir y votar un plan de lucha y movilización regional y nacional para enfrentar en la calle el plan de ajuste del gobierno y los patronos.
Construyamos una alternativa política
En la construcción de un programa de lucha y la movilización unitaria es posible que vayamos reencontrándonos los luchadores, los revolucionarios, y que al calor de la movilización construyamos una organización política que verdaderamente responda a los intereses de las mayorías empobrecidas y explotadas que no encuentran cauce a sus reclamos en el gobierno o en la MUD. Desde el PSL somos parte de ese esfuerzo.
[Fuente: http://deslinde2011.blogspot.com/2014/09/hay-que-enfrentar-en-la-calle-el-ajuste.html.]
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