Opinión: Aumento de la gasolina... paquete en gotas

Inti Rodríguez

El Presidente Nicolás Maduro anunció este 31 de julio el inicio de un debate nacional para acordar el nuevo sistema de precios de la gasolina y el resto de los combustibles en el mercado nacional. “He decidido iniciar un proceso de debate nacional con todos los sectores para establecer de esta manera un nuevo sistema de precios en los combustibles para el mercado interno”, afirmó el mandatario durante el acto de clausura del III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas.

El precio de la gasolina en Venezuela no ha sido aumentado desde el año 1997, cuando -durante el mandato del ex Presidente Rafael Caldera-, se aprobó un ajuste de 27%, apenas 3 años después de un anterior aumento que sextuplicó el valor del combustible. El 27.06.2008 el ex Presidente Hugo Chávez descartó la posibilidad de aumentar el precio de la gasolina, argumentando que el subsidio era un tema de “soberanía nacional”.

El aumento del precio de la gasolina en Venezuela tiene un peso político y social de primer orden y ha estado históricamente vinculado a la regresividad de derechos sociales y a la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores. En distintos períodos, varios gobiernos han acudido al aumento de la gasolina y a la reducción de subsidios en medio de profundas recesiones económicas, como un mecanismo para tapar el déficit fiscal.

En febrero de 1989 el ex Presidente Carlos Andrés Pérez anunció al país un paquete de medidas económicas recetadas por el Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas contemplaba un aumento de 94% en el precio de la gasolina, lo que finalmente incidió en las tarifas de transporte público y en los precios de productos de la cesta básica. Asimismo, el ajuste contempló el aumento de las tarifas de servicios públicos como la electricidad y la telefonía. El 16.02.1989 CAP afirmó: “el proceso de distribución regresiva del ingreso que dominó la década de los ochenta será revertido, para incorporar a las mayorías a la prosperidad económica y social. Se reorientará el gasto público, con el propósito de favorecer a los sectores de menores ingresos, impulsándose el logro de niveles de empleo y productividad más elevados”. Con ello, el mandatario justificaría la implementación de un conjunto de medidas dirigidas a aumentar el ingreso fiscal, reduciendo la demanda y el consumo interno mediante la depreciación real del salario de los trabajadores.

Organizaciones sociales y sectores de izquierda advirtieron que el para entonces recién electo gobierno de CAP implementaba un paquete económico antipopular que violaba por sus efectos, a corto y mediano plazo, los derechos humanos de las grandes mayorías nacionales y acentuaba la pobreza y la exclusión social. En febrero de ese año, los efectos del paquete neoliberal de CAP precipitaron la revuelta popular conocida como “El Caracazo”, en la que miles de habitantes de sectores populares tomaron las calles ante la crisis económica y las condiciones generalizadas de pobreza que atravesaba el país. Las consecuencias a largo plazo del llamado paquetazo se tradujeron en un aumento acelerado de la pobreza y la exclusión.

En 1996, el ex Presidente Rafael Caldera anunció el Programa de Estabilización y Reformas Estructurales mejor conocido como "Agenda Venezuela", recetada en la Carta de Intención suscrita junto al Fondo Monetario Internacional, y que entre otras medidas de corte neoliberal, contemplaban un aumento del precio de la gasolina en 500% y la devaluación de la moneda en más de un 100%. Durante el primer año de ejecución de la Agenda Venezuela la inflación alcanzó 103% puntos porcentuales. A pesar de haberse alcanzado algunas de las metas macroeconómicas propuestas en el referido programa de ajustes, tales como el crecimiento de las reservas internacionales y la estabilización del tipo cambiario, ello se logró sacrificando los derechos sociales y generando la dramática caída de los niveles de vida de los sectores más pobres del país.

En la actualidad las cosas no parecen ser distintas. El posible aumento del precio de la gasolina –que según especialistas podría estar por encima del 500% - forma parte de un conjunto de medidas económicas antipopulares que el Ejecutivo Nacional ha venido aplicando paulatinamente, y que lesionan la calidad de vida de las y los trabajadores del país. Además, la escalada inflacionaria sigue su ritmo indetenible sin que el Ejecutivo adopte medidas efectivas que protejan los salarios de las y los venezolanos. En 2013 Venezuela registró una inflación de 56,2 % lo que se representó la cifra más alta desde el año 1996.

Las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo Nacional y la inexistencia de medidas compensatorias para proteger los ingresos de los trabajadores, tuvieron un impacto significativo en la calidad de vida de los más pobres. La devaluación de la moneda en febrero de 2013, el aumento oficializado en más de 25 productos de la cesta básica, las constantes fallas en la prestación de servicios básicos y la escasez de alimentos y medicinas, entre otros, incidieron en el aumento de la pobreza en Venezuela, que tal como lo reflejó el Instituto Nacional de Estadística creció 6,1 puntos porcentuales durante 2013.

En 2014 el panorama no luce alentador. El Ejecutivo Nacional anunció a fines del mes de mayo un aumento en los precios de las tarifas eléctricas, que según afirmó el Presidente de Corpoelec y Ministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón no se trató de un incremento sino de una “reducción del subsidio”. Por otro lado la creación del SICAD II en febrero de este año significó una nueva devaluación de la moneda en más de 380%. Adicionalmente el Ejecutivo ha anunciado la inminencia de una nueva devaluación del signo monetario bajo el eslogan de la “unificación cambiaria”, y que seguramente irá acompañada de otras medidas de tipo fiscal.

¿Favorecer a los más pobres?

“Hemos previsto que parte importante de los ingresos que va a recibir el fisco se destinen a un adecuado programa de gasto social, que atenúe los ajustes del proceso de la economía en la clase de menores recursos y los grupos más vulnerables”. Con estas palabras el ex Presidente Pérez explicó en su discurso a la nación en febrero de 1989, cómo el Ejecutivo “atenuaría” el impacto de las medidas económicas implementadas en el programa de ajustes también conocido como “El Gran Viraje”.

Al igual que su predecesor, el Presidente Nicolás Maduro justifica un posible aumento del precio de la gasolina señalando que el propósito del mismo sería favorecer a los más pobres. Desde el Ejecutivo se ha señalado que los ingresos provenientes del aumento de los precios del combustible estarían destinados a la creación de un fondo social que se dividiría “en cinco partes iguales, un 20 por ciento se destinará al incremento de inversiones para la construcción de hogares por medio de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), otro tanto a las becas de los estudiantes del sistema universitario, 20 por ciento para apoyar a los pensionados de la Misión En Amor Mayor, el mismo porcentaje para los cuadrantes del Plan Patria Segura y el resto al desarrollo de los proyectos de vialidad”.

Cabe señalar que a pesar de existir 36 misiones sociales en el país y de contarse con cuantiosos ingresos por concepto de renta petrolera, a pesar de los altos niveles de endeudamiento externo, durante el primer año de gobierno del Presidente Nicolás Maduro los programas sociales sufrieron un revés importante. Las condiciones de deterioro y estancamiento en los programas sociales y misiones fueron registradas en el Informe Anual de Provea 2013. Caída del 34,91% en el número de personas que fueron beneficiadas con pensiones durante 2013; desaceleración del ritmo de construcción de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela; deterioro de la Misión Barrio Adentro e importantes niveles de retroceso en materia de acceso al servicio de salud pública. 

Estas situaciones plantean serias interrogantes acerca del uso que el Gobierno Nacional hace de los recursos destinados a estos sectores.

La opacidad y el manejo irresponsable de la información por parte de quienes dirigen las instituciones del Estado venezolano, comprometen el manejo transparente y eficaz de los recursos asignados. El inicio de un proceso de lucha contra la corrupción en la administración pública anunciada por el primer mandatario a finales de 2013, quedó en el olvido y no forma parte de la agenda de prioridades entre quienes conducen las finanzas del Estado. Siguen surgiendo denuncias de graves hechos de corrupción que profundizan la violación de derechos humanos y los problemas que ya existían para los sectores históricamente excluidos. Las sanciones siguen ausentes.

¿Desarrollo sostenible?

Otro de los argumentos expresados por ciertos defensores del aumento de las tarifas del combustible ha sido el de "apalancar el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente". Aquí bastaría señalar que si el Ejecutivo quisiera promover una política para desincentivar el uso de vehículos particulares en aras del desarrollo sostenible, debía y debe desarrollar un sistema de transporte colectivo eficiente que garantice a la mayor parte de la población cubrir sus necesidades de movilidad sin estar sometidos a las penurias que supone hoy el uso del transporte público en Venezuela.

La profundización del modelo extractivista durante el bolivarianismo ha promovido el uso irracional de recursos en tiempos de bonanza económica y la austeridad para los más pobres en tiempos de recesión como el que se anuncia actualmente. 

El "socialismo petrolero" que describía Hugo Chávez en sus discursos, sitúo a Venezuela como uno de los principales países generadores de dioxido de carbono en la región con 6,3 toneladas anuales de emanación per capita, de acuerdo a un informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2012.

Contrariamente a los postulados de democracia, protagonismo y participación popular, el bolivarianismo potenció la privatización –por la vía de los hechos- de los medios de transporte, al no implementar políticas que estuvieran orientadas a la construcción y fortalecimiento de un sistema de transporte masivo y sostenible que garantizaran el acceso y la movilidad de las mayorías a nivel nacional.

Demagogia y Neolengua

En enero pasado advertíamos que las medidas implementadas en aquel entonces por el gobierno de Nicolás Maduro, guardaban mucha similitud con las adoptadas por el gobierno de Caldera II durante la aplicación de la Agenda Venezuela. Decíamos que el Ejecutivo aplicaba la misma receta del FMI sin necesitar la presencia directa de los técnicos del organismo multilateral en el país.

La situación ha variado un poco.

Los técnicos del FMI ya están en Venezuela elaborando un conjunto de recomendaciones al Banco Central de Venezuela, para lo que posiblemente será la aprobación de una línea de endeudamiento entre el órgano y el Ejecutivo Nacional. Por su parte, los funcionarios del Madurismo ya arrancaron su campaña de argumentos –al igual que lo hiciera CAP- para justificar lo que tanto satanizaron y condenaron en el pasado.

“Nunca acudiré al FMI” parece ser la promesa más repetida entre los demagogos de la historia contemporánea venezolana.

Nicolás Maduro debe afrontar las consecuencias negativas de un proceso político basado en el despilfarro, la corrupción, la ausencia de controles en el manejo de la economía, y el acelerado y astronómico endeudamiento externo. Pero esas consecuencias, como siempre, no serán asumidas por quienes generaron la actual crisis.

Igual que antes, los responsables de la crisis y de sus efectos serán los más pobres y en general quienes no tuvieron nada que ver en el manejo irresponsable de la economía nacional. La neo-lengua bolivariana intenta esconder el significado real de sus acciones. Así, un aumento que lesiona el bolsillo de los trabajadores es una “disminución del subsidio”, una devaluación es un “acto de justicia social para quitar a los ricos y dar a los pobres” y un paquetazo es un simple “ajuste”.

Pero más allá de las frases y los simbolos el resultado será el mismo, más pobreza, más exclusión y más deterioro de nuestra calidad de vida.