Laguarura.net
Cinco de los imputados en el asesinato del Uyapu yukpa Sabino Romero Izarra han sido sentenciados sorpresivamente a siete años de prisión. Rigoberto Socorro, Jhon Petit, Eusquides Derizan, Delvis Cárdenas y Giovanny Delgado fueron sentenciados, tras admitir su culpa por la comisión de complicidad correspectiva en el homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, agavillamiento y lesiones personales en perjuicio de Lucía Martínez de Romero, esposa de Sabino Romero Izarra.
Estas sentencias obviamente configuran un acuerdo procesal y político entre la fiscalía, el juzgado y los sentenciados, estos aceptaron una culpabilidad que les permitirá una sentencia mínima y pudieran estar libres antes de navidad por acuerdos y beneficios procesales post sentencia, en todo caso es improbable que siendo funcionarios policiales, puedan pasar en prisión más de un año. Queda abierto el jucio para Romero Bracho, alias “Manguera” imputado por la autoría material del crimen, funcionario encubierto del GAES, y familiar de Abelardo Bracho, opositor asimilado y apoyo de la gestión del gobernador Arias Cárdenas.
Estos acuerdos se fraguaron en la ausencia de los representantes legales de los familiares de las víctimas.
Hemos sostenido desde esta tribuna que todo el conjunto de este juicio configura un montaje para dispersar la autoría material del crimen, ya que evidencia las relaciones de los imputados con mandos políticos y militares de los cuerpos de seguridad del Estado y anular la determinación de la autoría intelectual, ya que la conspiración involucra a funcionarios de todos los niveles del estado gobierno y evidencia intereses que van mucho más allá de la obvia y cacareada saña de la clase ganadera.
Por otra parte, señalamos respetuosamente que el traslado del juicio a Caracas sólo benefició esta celada con la que el gobierno sorprendió el 18 de agosto. Contradecimos el argumento por parte del Estado de que fue el sitio donde se entregaron y capturaron a los imputados y por parte de los afectados de que la justicia garantiza en la Capital mayor solvencia que en una región donde todos los jueces están a favor de los ganaderos.
En nuestro país todo el sistema judicial está cartelizado y tomado por las mafias que cruzan la estructura burocrática en pleno. Prueba de ello es el juicio fraudulento y hecho sobre y con violaciones procesales y pruebas forjadas que se le siguió a los yukpa Sabino, Alexander y Olegario, dos de ellos hoy asesinados, negándoles inconstitucional e ilegalmente el derecho a su propia justicia para lograr el aislamiento y desmovilización de estos líderes de las comunidades yukpa además de su criminalización ante la opinión pública.
Entonces el juicio fue trasladado a Trujillo para desmovilizar a la defensa y a la solidaridad con los yukpa. Este traslado fue ordenado desde el TSJ por el entonces magistrado Aponte Aponte. Aún así los esfuerzos garantizaron la defensa, la movilización y la visibilidad de lo que sucedía ante la opinión pública. Por tanto, la rigurosidad argumental, la claridad política para evidenciar a la sociedad de cómplices y la movilización son fundamentales.
Para quienes aún tiene esperanzas de respuestas y salidas en favor de la justicia desde el gobierno cabría preguntarse: ¿queda algún diputado que no solo no levante la mano por órdenes de Diosdado, sino que levante por una vez la voz ante las de leyes que son violadas para continuar este etnocidio contra los yukpa en lucha? La dignidad no es la virtud de los que hoy se reivindican de “izquierda” en el gobierno y sus entornos.
[Fuente: http://laguarura.net/2014/08/22/madrugonazo-judicial-en-el-caso-del-asesinato-de-sabino/.]
Cinco de los imputados en el asesinato del Uyapu yukpa Sabino Romero Izarra han sido sentenciados sorpresivamente a siete años de prisión. Rigoberto Socorro, Jhon Petit, Eusquides Derizan, Delvis Cárdenas y Giovanny Delgado fueron sentenciados, tras admitir su culpa por la comisión de complicidad correspectiva en el homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, agavillamiento y lesiones personales en perjuicio de Lucía Martínez de Romero, esposa de Sabino Romero Izarra.
Estas sentencias obviamente configuran un acuerdo procesal y político entre la fiscalía, el juzgado y los sentenciados, estos aceptaron una culpabilidad que les permitirá una sentencia mínima y pudieran estar libres antes de navidad por acuerdos y beneficios procesales post sentencia, en todo caso es improbable que siendo funcionarios policiales, puedan pasar en prisión más de un año. Queda abierto el jucio para Romero Bracho, alias “Manguera” imputado por la autoría material del crimen, funcionario encubierto del GAES, y familiar de Abelardo Bracho, opositor asimilado y apoyo de la gestión del gobernador Arias Cárdenas.
Estos acuerdos se fraguaron en la ausencia de los representantes legales de los familiares de las víctimas.
Hemos sostenido desde esta tribuna que todo el conjunto de este juicio configura un montaje para dispersar la autoría material del crimen, ya que evidencia las relaciones de los imputados con mandos políticos y militares de los cuerpos de seguridad del Estado y anular la determinación de la autoría intelectual, ya que la conspiración involucra a funcionarios de todos los niveles del estado gobierno y evidencia intereses que van mucho más allá de la obvia y cacareada saña de la clase ganadera.
Por otra parte, señalamos respetuosamente que el traslado del juicio a Caracas sólo benefició esta celada con la que el gobierno sorprendió el 18 de agosto. Contradecimos el argumento por parte del Estado de que fue el sitio donde se entregaron y capturaron a los imputados y por parte de los afectados de que la justicia garantiza en la Capital mayor solvencia que en una región donde todos los jueces están a favor de los ganaderos.
En nuestro país todo el sistema judicial está cartelizado y tomado por las mafias que cruzan la estructura burocrática en pleno. Prueba de ello es el juicio fraudulento y hecho sobre y con violaciones procesales y pruebas forjadas que se le siguió a los yukpa Sabino, Alexander y Olegario, dos de ellos hoy asesinados, negándoles inconstitucional e ilegalmente el derecho a su propia justicia para lograr el aislamiento y desmovilización de estos líderes de las comunidades yukpa además de su criminalización ante la opinión pública.
Entonces el juicio fue trasladado a Trujillo para desmovilizar a la defensa y a la solidaridad con los yukpa. Este traslado fue ordenado desde el TSJ por el entonces magistrado Aponte Aponte. Aún así los esfuerzos garantizaron la defensa, la movilización y la visibilidad de lo que sucedía ante la opinión pública. Por tanto, la rigurosidad argumental, la claridad política para evidenciar a la sociedad de cómplices y la movilización son fundamentales.
Para quienes aún tiene esperanzas de respuestas y salidas en favor de la justicia desde el gobierno cabría preguntarse: ¿queda algún diputado que no solo no levante la mano por órdenes de Diosdado, sino que levante por una vez la voz ante las de leyes que son violadas para continuar este etnocidio contra los yukpa en lucha? La dignidad no es la virtud de los que hoy se reivindican de “izquierda” en el gobierno y sus entornos.
[Fuente: http://laguarura.net/2014/08/22/madrugonazo-judicial-en-el-caso-del-asesinato-de-sabino/.]
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