Provea
El derecho de los y las trabajadoras de negociar convenciones colectivas continuó siendo un factor de conflicto y movilización de calle en 2013. Aun cuando el derecho se garantizó parcialmente, y en algunas grandes empresas privadas y sectores de empleados del Estado se suscribieron convenciones, la violación de las vigentes y la ausencia de discusión de algunas que afectan a miles de trabajadores activos y jubilados generaron descontento y protesta principalmente en las empresas del Estado.
Según la Memoria y Cuenta del Minpptrass, se homologaron 448 convenciones colectivas de trabajo, de las cuales 409 corresponden al sector privado y 39 al sector público, con lo cual se logró amparar y beneficiar a un total de 1.160.844 trabajadores y trabajadoras[66].
Como puede notarse, la desproporción entre las homologaciones en el sector público y privado es considerable. Si bien es cierto que en el país la mayor cantidad de unidades de trabajo son de carácter privado, es igualmente alto el número de entes, órganos y empresas del Estado donde existe una política gubernamental orientada a retardar la discusión de los convenios[67].
Un elemento resaltante en el sector público, con las pocas convenciones que se discutieron, fue violentar la norma laboral que dice que las mismas deben discutirse con el sindicato que represente la mayoría. Pero además, en el caso de la discusión en la industria petrolera se impuso una política de discriminación política contra un sector de la junta directiva no afecto al partido de gobierno[68].
Por un año más, el Ejecutivo Nacional se negó a discutir el anteproyecto del Contrato Marco de la Administración Pública, el cual se consignó formalmente el 23.07.2008, es decir que han transcurrido más de cinco años de espera[69]. Sin embargo, en mayo de 2013 varias organizaciones sindicales, incluyendo algunas que ya habían presentado el proyecto en 2008, informaron que presentarían al Ejecutivo Nacional una convención marco con “visión socialista”[70].
Las empresas básicas en el estado Bolívar volvieron a ser epicentro de paros y huelgas reclamando discusión de convenciones colectivas o cumplimiento de las mismas. Una de las empresas en las cuales las y los trabajadores se vieron forzados a paralizar la producción para exigir el respeto a la convención colectiva fue Ferrominera del Orinoco. En esta empresa a lo largo del año se realizaron varias huelgas. Entre las reivindicaciones que exigían los trabajadores estaban pago de fideicomisos, bono por retardo en la discusión de la contratación colectiva, 80% de aumento por cambio de clasificación de los trabajadores, adelanto de pago con el Seguro Social, pago por seguro funerario, pago de utilidades para trabajadores de empresas de transporte[71].
Trabajadores de la empresa estatal Carbones del Orinoco Compañía Anónima (Carbonorca) realizaron tres huelgas y 15 paros, buena parte de ellos reclamando el cumplimiento de la convención colectiva y la normalización del pago de salarios [72].
Una de las razones para que desde el Ejecutivo Nacional haya desinterés en discutir las convenciones colectivas en las empresas del Estado es la visión que se tiene de las mismas como un elemento que crea privilegios y que lo más beneficioso para los trabajadores es que participen en la conducción de las empresas. Desde 2008 el Ejecutivo se propuso promover el llamado “control obrero de las fábricas”, donde los trabajadores dirigirían la producción y establecerían los beneficios que les corresponden. Razón por la cual si los trabajadores cogestionan o gestionan en su totalidad la empresa no requieren de convenciones colectivas. Se constituía el control obrero en una forma de promover el desinterés de los y las trabajadoras por las convenciones colectivas.
La política de control obrero se empezó a desarrollar a manera de experimento en algunas industrias básicas de Guayana. Se partía del criterio de que era una nueva forma de gestión que garantizaría mayor eficiencia en las empresas y por lo tanto éstas serían más productivas en la medida que los trabajadores mediante representantes electos participaran en la gestión. Se extendió luego a algunas empresas que fueron expropiadas y entregadas “al control obrero”[73].
Hoy la casi totalidad de las empresas donde se empezó a aplicar esa modalidad de participación de los trabajadores y las trabajadoras están en situación de crisis de producción y mantienen grandes deudas con su personal como consecuencia de violaciones reiteradas a las convenciones colectivas. Un ejemplo concreto es la empresa Aluminios del Caroní C.A. El sindicalista Henry Arias, secretario general de Sintralcasa, sostiene que la empresa llegó a producir 18 mil toneladas mensuales de aluminio. “Sin embargo, en los últimos meses estamos produciendo 2.500 toneladas mensuales”. Añade que actualmente existen fallas en la línea de producción número cuatro, “la cual está compuesta por 216 celdas y solo están operativas 34, no obstante muchas de éstas están siendo repotenciadas”. Esta situación es recurrente en Venalum, empresa que posee 905 celdas y solo tiene 230 en operación”[74].
Según el dirigente sindical Rubén González, algunos sectores políticos que actúan en el campo sindical han pretendido transformar el control obrero en un control de los obreros y en tal sentido han cuestionado que se presione por cumplimiento de las convenciones, rechazado las huelgas y paros realizados y en algunas circunstancias, tolerado incluso la represión a los trabajadores[75].
En el sector público la lucha por el respeto a las normas de homologación de beneficios de los profesores universitarios fue una de las más visibles, pero también fue donde quedó más evidenciada la política discriminatoria del gobierno de violar el mandato de discutir con la representación mayoritaria. El gobierno se empeñó en desconocer al gremio que legítimamente ha representado a los profesores universitarios a nivel nacional: la Fapuv. Transcurridos cinco meses de paro la Fapuv tuvo que ser reconocida y el gobierno asumió parcialmente algunos de los reclamos sociales exigidos por el gremio[76]. Se establecieron mesas de trabajo con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU)[77].
Notas:
66. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Memoria y Cuenta 2012. Pág. 45.
67. Según el Minpptrass, entre las convenciones colectivas homologadas en el sector privado se encuentran: Banco Provincial, Plumrose Latinoamérica C.A. y Banesco Banco Universal, mientras entre las homologadas en el sector público están: Educadores adscritos al Ministerio de Educación, Empleados Públicos Profesionales, Técnicos y Administrativos del Sector Salud, Asistencia y Desarrollo Social (Sunep-SAS), firmada con la Federación Nacional de Sindicatos de Profesores de Educación Superior (Fenasinpres) y Federación Sindical de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Fetrauve).
68. El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, José Bodas, y otros directivos fueron excluidos de la discusión de la convención colectiva. Por esta razón en 2012 fue presentada una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
69. Este contrato beneficiaría al personal de empleados, obreros, jubilados y pensionados de la Administración Pública nacional.
70. Agencia Venezolana de Noticias: Organizaciones sindicales propondrán convención colectiva del sector público a presidente Maduro [en línea] <http://goo.gl/51sL9a> Consulta del 26.01.2014.
71. Entrevista concedida a PROVEA por el sindicalista Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, el 23.11.2013.
72. Entrevista concedida a PROVEA por Emilio Campos, secretario general de Sutracarbonorca, el 23.11.2013.
73. La empresa de aceite comestible Industrias Diana es una de ellas.
74. Félix José Saturno: Amenazas a trabajadores y poca producción [en línea] <http://goo.gl/meIJWy> Consulta del 11.01.2014.
75. Entrevista concedida por Rubén González a PROVEA el 23.11.2013.
76. Desconociendo la voluntad mayoritaria de los profesores universitarios, el gobierno impuso una convención colectiva única que desmejora muchos de los beneficios que vienen disfrutando los profesores.
77. Seguridad social; derechos del personal jubilado y pensionado; pago de prestaciones sociales; deudas con los universitarios; marco legal y normativo de la educación universitaria; comisión nacional de vivienda; comisión para adquisición de vehículos y otros bienes, y recreación y turismo social [en línea] <http://fapuv.blogspot.com/2013_11_01_archive.html> Consulta del 18.02.2014.
[Fuente: Informe Anual Provea 2013, pp. 157-159. el texto completo disponible en www.derechos.org.ve.]
El derecho de los y las trabajadoras de negociar convenciones colectivas continuó siendo un factor de conflicto y movilización de calle en 2013. Aun cuando el derecho se garantizó parcialmente, y en algunas grandes empresas privadas y sectores de empleados del Estado se suscribieron convenciones, la violación de las vigentes y la ausencia de discusión de algunas que afectan a miles de trabajadores activos y jubilados generaron descontento y protesta principalmente en las empresas del Estado.
Según la Memoria y Cuenta del Minpptrass, se homologaron 448 convenciones colectivas de trabajo, de las cuales 409 corresponden al sector privado y 39 al sector público, con lo cual se logró amparar y beneficiar a un total de 1.160.844 trabajadores y trabajadoras[66].
Como puede notarse, la desproporción entre las homologaciones en el sector público y privado es considerable. Si bien es cierto que en el país la mayor cantidad de unidades de trabajo son de carácter privado, es igualmente alto el número de entes, órganos y empresas del Estado donde existe una política gubernamental orientada a retardar la discusión de los convenios[67].
Un elemento resaltante en el sector público, con las pocas convenciones que se discutieron, fue violentar la norma laboral que dice que las mismas deben discutirse con el sindicato que represente la mayoría. Pero además, en el caso de la discusión en la industria petrolera se impuso una política de discriminación política contra un sector de la junta directiva no afecto al partido de gobierno[68].
Por un año más, el Ejecutivo Nacional se negó a discutir el anteproyecto del Contrato Marco de la Administración Pública, el cual se consignó formalmente el 23.07.2008, es decir que han transcurrido más de cinco años de espera[69]. Sin embargo, en mayo de 2013 varias organizaciones sindicales, incluyendo algunas que ya habían presentado el proyecto en 2008, informaron que presentarían al Ejecutivo Nacional una convención marco con “visión socialista”[70].
Las empresas básicas en el estado Bolívar volvieron a ser epicentro de paros y huelgas reclamando discusión de convenciones colectivas o cumplimiento de las mismas. Una de las empresas en las cuales las y los trabajadores se vieron forzados a paralizar la producción para exigir el respeto a la convención colectiva fue Ferrominera del Orinoco. En esta empresa a lo largo del año se realizaron varias huelgas. Entre las reivindicaciones que exigían los trabajadores estaban pago de fideicomisos, bono por retardo en la discusión de la contratación colectiva, 80% de aumento por cambio de clasificación de los trabajadores, adelanto de pago con el Seguro Social, pago por seguro funerario, pago de utilidades para trabajadores de empresas de transporte[71].
Trabajadores de la empresa estatal Carbones del Orinoco Compañía Anónima (Carbonorca) realizaron tres huelgas y 15 paros, buena parte de ellos reclamando el cumplimiento de la convención colectiva y la normalización del pago de salarios [72].
Una de las razones para que desde el Ejecutivo Nacional haya desinterés en discutir las convenciones colectivas en las empresas del Estado es la visión que se tiene de las mismas como un elemento que crea privilegios y que lo más beneficioso para los trabajadores es que participen en la conducción de las empresas. Desde 2008 el Ejecutivo se propuso promover el llamado “control obrero de las fábricas”, donde los trabajadores dirigirían la producción y establecerían los beneficios que les corresponden. Razón por la cual si los trabajadores cogestionan o gestionan en su totalidad la empresa no requieren de convenciones colectivas. Se constituía el control obrero en una forma de promover el desinterés de los y las trabajadoras por las convenciones colectivas.
La política de control obrero se empezó a desarrollar a manera de experimento en algunas industrias básicas de Guayana. Se partía del criterio de que era una nueva forma de gestión que garantizaría mayor eficiencia en las empresas y por lo tanto éstas serían más productivas en la medida que los trabajadores mediante representantes electos participaran en la gestión. Se extendió luego a algunas empresas que fueron expropiadas y entregadas “al control obrero”[73].
Hoy la casi totalidad de las empresas donde se empezó a aplicar esa modalidad de participación de los trabajadores y las trabajadoras están en situación de crisis de producción y mantienen grandes deudas con su personal como consecuencia de violaciones reiteradas a las convenciones colectivas. Un ejemplo concreto es la empresa Aluminios del Caroní C.A. El sindicalista Henry Arias, secretario general de Sintralcasa, sostiene que la empresa llegó a producir 18 mil toneladas mensuales de aluminio. “Sin embargo, en los últimos meses estamos produciendo 2.500 toneladas mensuales”. Añade que actualmente existen fallas en la línea de producción número cuatro, “la cual está compuesta por 216 celdas y solo están operativas 34, no obstante muchas de éstas están siendo repotenciadas”. Esta situación es recurrente en Venalum, empresa que posee 905 celdas y solo tiene 230 en operación”[74].
Según el dirigente sindical Rubén González, algunos sectores políticos que actúan en el campo sindical han pretendido transformar el control obrero en un control de los obreros y en tal sentido han cuestionado que se presione por cumplimiento de las convenciones, rechazado las huelgas y paros realizados y en algunas circunstancias, tolerado incluso la represión a los trabajadores[75].
En el sector público la lucha por el respeto a las normas de homologación de beneficios de los profesores universitarios fue una de las más visibles, pero también fue donde quedó más evidenciada la política discriminatoria del gobierno de violar el mandato de discutir con la representación mayoritaria. El gobierno se empeñó en desconocer al gremio que legítimamente ha representado a los profesores universitarios a nivel nacional: la Fapuv. Transcurridos cinco meses de paro la Fapuv tuvo que ser reconocida y el gobierno asumió parcialmente algunos de los reclamos sociales exigidos por el gremio[76]. Se establecieron mesas de trabajo con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU)[77].
Notas:
66. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Memoria y Cuenta 2012. Pág. 45.
67. Según el Minpptrass, entre las convenciones colectivas homologadas en el sector privado se encuentran: Banco Provincial, Plumrose Latinoamérica C.A. y Banesco Banco Universal, mientras entre las homologadas en el sector público están: Educadores adscritos al Ministerio de Educación, Empleados Públicos Profesionales, Técnicos y Administrativos del Sector Salud, Asistencia y Desarrollo Social (Sunep-SAS), firmada con la Federación Nacional de Sindicatos de Profesores de Educación Superior (Fenasinpres) y Federación Sindical de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Fetrauve).
68. El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, José Bodas, y otros directivos fueron excluidos de la discusión de la convención colectiva. Por esta razón en 2012 fue presentada una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
69. Este contrato beneficiaría al personal de empleados, obreros, jubilados y pensionados de la Administración Pública nacional.
70. Agencia Venezolana de Noticias: Organizaciones sindicales propondrán convención colectiva del sector público a presidente Maduro [en línea] <http://goo.gl/51sL9a> Consulta del 26.01.2014.
71. Entrevista concedida a PROVEA por el sindicalista Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, el 23.11.2013.
72. Entrevista concedida a PROVEA por Emilio Campos, secretario general de Sutracarbonorca, el 23.11.2013.
73. La empresa de aceite comestible Industrias Diana es una de ellas.
74. Félix José Saturno: Amenazas a trabajadores y poca producción [en línea] <http://goo.gl/meIJWy> Consulta del 11.01.2014.
75. Entrevista concedida por Rubén González a PROVEA el 23.11.2013.
76. Desconociendo la voluntad mayoritaria de los profesores universitarios, el gobierno impuso una convención colectiva única que desmejora muchos de los beneficios que vienen disfrutando los profesores.
77. Seguridad social; derechos del personal jubilado y pensionado; pago de prestaciones sociales; deudas con los universitarios; marco legal y normativo de la educación universitaria; comisión nacional de vivienda; comisión para adquisición de vehículos y otros bienes, y recreación y turismo social [en línea] <http://fapuv.blogspot.com/2013_11_01_archive.html> Consulta del 18.02.2014.
[Fuente: Informe Anual Provea 2013, pp. 157-159. el texto completo disponible en www.derechos.org.ve.]
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