Provea
En el año 2013 avanzaron las restricciones al derecho constitucional a la huelga y se adoptaron políticas y medidas que refuerzan la criminalización del ejercicio del derecho. Los Poderes Públicos continuaron siendo instrumentalizados para criminalizar el ejercicio pacífico del derecho. Jueces con competencia en materia laboral y civil se sumaron a los jueces penales para restringir el ejercicio del derecho. Desde el alto gobierno se descalificó a sindicalistas en empresas básicas del Estado que dirigieron paros o huelgas y se calificó su actuación como contraria al interés nacional.
Nuevos procesos judiciales penales fueron iniciados contra sindicalistas. La militarización de fábricas ante la paralización de actividades surgió como un elemento nuevo.
La región Guayana del estado Bolívar fue epicentro de una serie de paros y huelgas exigiendo reivindicaciones laborales. En algunas empresas fueron varios los paros y huelgas, como consecuencia del incumplimiento de acuerdos que permitieron finalizar algunas de las protestas.
A pesar de los obstáculos crecientes para el ejercicio del derecho y de los riesgos que corren los sindicalistas que promueven la realización de huelgas, las mismas se efectúan. Los trabajadores y las trabajadoras han mantenido una actitud de reivindicar en el discurso y la práctica el derecho constitucional a la huelga.
Dos huelgas fueron emblemáticas por la manera como fueron tratadas por el gobierno. La primera, la desarrollada en Ferrominera del Orinoco. Realmente en esta empresa los trabajadores y las trabajadoras desarrollaron varios paros y huelgas exigiendo que se cumpliera la convención colectiva. Los últimos cuatro años han sido de una incesante lucha para lograr renovar la convención y luego para que se cumpla. El secretario general del Sintraferrominera, Rubén González, quien estuvo procesado por haber liderado una huelga en 2009, indicó que ante los reiterados incumplimientos de la convención colectiva tuvieron que hacer varias acciones de protesta previas a los paros y finalmente parar la producción por unas horas y luego por varios días en dos oportunidades[85].
Al fracasar el plan de contingencia diseñado por la gerencia, el gobierno ordenó militarizar la empresa. Ingresaron a ella cientos de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con todo el instrumental represivo, buscando intimidar a los trabajadores sin lograrlo[86]. Luego de la huelga, los trabajadores conquistaron el pago de los montos adeudados y se acordaron mecanismos y fecha de pago para otros beneficios.
La misma situación se vivió en CVG Minerven el 27.07.2013, cuando 45 efectivos militares ingresaron a la empresa luego que los trabajadores realizaran una huelga que se prolongó por más de 45 días, en demanda de reivindicaciones salariales y en reclamo por el deterioro de la industria.
En la empresa Venezolana de Aluminio (Venalum) unas 40 personas integrantes de la Milicia intentaron tomar la planta el 17.02.2013 cuando los trabajadores realizaban una protesta. La firme decisión de los trabajadores impidió que ingresaran[87].
También se ha continuado y profundizado la política de militarización con el nombramiento de efectivos militares en puestos de dirección de empresas e instituciones del Estado. Esto ha sido denunciado por los trabajadores como una contradicción con el discurso de control obrero y gobierno obrerista planteado por el presidente Nicolás Maduro[88].
Otra huelga representativa fue la protagonizada por los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (Sidor). En esta empresa del Estado los trabajadores y las trabajadoras protagonizaron igualmente varias huelgas para exigir el cumplimiento de la convención colectiva y en particular el pago adecuado de las utilidades, puesto que se venían cancelando con un cálculo indebido que afectaba de manera negativa el monto que percibía cada trabajador. La última y más decisiva huelga empezó el 14.11.2013 y culminó el 18.12.2013. Durante ese lapso fue detenida la producción de una manera más participativa por parte de los trabajadores, al considerar que los acuerdos de conflictos efectuados meses antes no se habían cumplido.
Además de las amenazas de despido, la dirigencia sindical fue amenazada por el propio Presidente de la República de ser juzgada por la paralización de la producción. Aun así, ni la dirigencia ni los trabajadores se intimidaron y mantuvieron el conflicto hasta llegar a un acuerdo que consideraron satisfactorio.
“Yo les dije en estos días a los dos dirigentes sindicales que han tenido parado Sidor de manera injusta e ilegal, sobre sus hombros recae que 300 mil familias de Venezuela tengan o no tengan su vivienda este año, si eso llegara a suceder yo no tendría otra opción que mostrarles a ustedes la foto y el nombre de los responsables de este crimen contra el pueblo de Venezuela y de tomar medidas fácticas de acuerdo a la ley”[89].
Esta amenaza del Presidente de la República tiene otra connotación muy grave. El primer mandatario incitó indirectamente a que la población enfrentara a los dirigentes sindicales en el marco de un discurso, repetido en otros escenarios, de alentar enfrentamiento pueblo contra pueblo[90].
Tanto en la huelga de Ferrominera Orinoco como en la de Sidor se pretendió obligar a los trabajadores a reiniciar actividades mediante acciones judiciales interpuestas por los patronos. Sin embargo, los trabajadores se declararon en rebeldía contra decisiones judiciales que consideraron injustas.
La empresa del Estado Carbones del Orinoco CA (Carbonorca) también fue escenario de varias huelgas exigiendo cumplimiento de la convención colectiva y por retrasos en los pagos salariales[91]. Los trabajadores además realizaron una huelga exigiendo materia prima para poder garantizar el funcionamiento de la empresa, que en algunas oportunidades ha parado la producción por falta de materia prima[92].
El 02.08.2013 se publicó el Decreto 277 que crea el Reglamento Especial de Zonas de Seguridad del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional. Este instrumento, desarrollo directo de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, castiga expresamente la realización de paros o huelgas mediante la definición de que se prohíben acciones dirigidas a “obstaculizar o interrumpir” las actividades propias del sector eléctrico nacional. Restringe el desplazamiento de personas y vehículos que pretendan entrar o transitar en las zonas de seguridad del sistema eléctrico, remitiendo a las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación[93].
El 26.07.2013 trabajadores de Industrias Diana, C.A., rechazaron la militarización de la empresa y la imposición de un nuevo gerente, según dijeron “desconociendo el esquema de control obrero” establecido en la empresa. Igualmente, un importante grupo de las empresas que conforman la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) están bajo el control de militares. En mayo de 2013 fue designado el general Carlos Osorio como presidente de la CVG. Osorio respondió al conflicto que desarrollaron los trabajadores de Sidor a finales de 2013 con la amenaza de despido y encarcelamiento para quienes participaran en la huelga[94].
Notas:
85. Los trabajadores hicieron en junio una huelga que duró 12 días y fue levantada luego de acuerdos mínimos que casi de inmediato se incumplieron, lo cual motivó nuevas protestas.
86. Entrevista concedida a PROVEA por Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, el 24.11.2013.
87. Clavel Rangel: Milicianos intentan tomar control de CVG Venalum. En: Correo del Caroní, 18.02.2013. Pág. A-6.
88. Al momento de escribir este Informe, tres generales activos y otros varios oficiales integran las directivas de varias de las empresas básicas tales como Venalum, Ferrominera y la Corporación Venezolana de Guayana.
89. Video [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=t6jAU_yMi-U>
90. Se ha ido entretejiendo un discurso desde el alto gobierno orientado a promover el enfrentamiento pueblo contra pueblo, donde se incita a simpatizantes del gobierno a confrontar por métodos diversos con otro sector de la población que es crítico a las políticas gubernamentales.
91. Solamente en el último semestre del año los trabajadores hicieron tres huelgas. La última se inició el 16.12.2013, luego del incumplimiento de los acuerdos establecidos en huelgas anteriores. La primera huelga se realizó empezando enero. Hubo conquistas parciales en cada paralización realizada.
92. Esta empresa depende para su operatividad de los insumos que le venda la empresa estatal Alcasa, que la provee de ánodos.
93. Gaceta Oficial Nº 40.220, del 02.08.2013.
94. Trabajadores de industrias Diana rechazan imposición de junta directiva [en línea] <http://goo.gl/ kbO7I1> Consulta del 15.02.2014.
[Fuente: Informe Anual Provea 2013, pp. 164-166. el texto completo disponible en www.derechos.org.ve.]
En el año 2013 avanzaron las restricciones al derecho constitucional a la huelga y se adoptaron políticas y medidas que refuerzan la criminalización del ejercicio del derecho. Los Poderes Públicos continuaron siendo instrumentalizados para criminalizar el ejercicio pacífico del derecho. Jueces con competencia en materia laboral y civil se sumaron a los jueces penales para restringir el ejercicio del derecho. Desde el alto gobierno se descalificó a sindicalistas en empresas básicas del Estado que dirigieron paros o huelgas y se calificó su actuación como contraria al interés nacional.
Nuevos procesos judiciales penales fueron iniciados contra sindicalistas. La militarización de fábricas ante la paralización de actividades surgió como un elemento nuevo.
La región Guayana del estado Bolívar fue epicentro de una serie de paros y huelgas exigiendo reivindicaciones laborales. En algunas empresas fueron varios los paros y huelgas, como consecuencia del incumplimiento de acuerdos que permitieron finalizar algunas de las protestas.
A pesar de los obstáculos crecientes para el ejercicio del derecho y de los riesgos que corren los sindicalistas que promueven la realización de huelgas, las mismas se efectúan. Los trabajadores y las trabajadoras han mantenido una actitud de reivindicar en el discurso y la práctica el derecho constitucional a la huelga.
Dos huelgas fueron emblemáticas por la manera como fueron tratadas por el gobierno. La primera, la desarrollada en Ferrominera del Orinoco. Realmente en esta empresa los trabajadores y las trabajadoras desarrollaron varios paros y huelgas exigiendo que se cumpliera la convención colectiva. Los últimos cuatro años han sido de una incesante lucha para lograr renovar la convención y luego para que se cumpla. El secretario general del Sintraferrominera, Rubén González, quien estuvo procesado por haber liderado una huelga en 2009, indicó que ante los reiterados incumplimientos de la convención colectiva tuvieron que hacer varias acciones de protesta previas a los paros y finalmente parar la producción por unas horas y luego por varios días en dos oportunidades[85].
Al fracasar el plan de contingencia diseñado por la gerencia, el gobierno ordenó militarizar la empresa. Ingresaron a ella cientos de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con todo el instrumental represivo, buscando intimidar a los trabajadores sin lograrlo[86]. Luego de la huelga, los trabajadores conquistaron el pago de los montos adeudados y se acordaron mecanismos y fecha de pago para otros beneficios.
La misma situación se vivió en CVG Minerven el 27.07.2013, cuando 45 efectivos militares ingresaron a la empresa luego que los trabajadores realizaran una huelga que se prolongó por más de 45 días, en demanda de reivindicaciones salariales y en reclamo por el deterioro de la industria.
En la empresa Venezolana de Aluminio (Venalum) unas 40 personas integrantes de la Milicia intentaron tomar la planta el 17.02.2013 cuando los trabajadores realizaban una protesta. La firme decisión de los trabajadores impidió que ingresaran[87].
También se ha continuado y profundizado la política de militarización con el nombramiento de efectivos militares en puestos de dirección de empresas e instituciones del Estado. Esto ha sido denunciado por los trabajadores como una contradicción con el discurso de control obrero y gobierno obrerista planteado por el presidente Nicolás Maduro[88].
Otra huelga representativa fue la protagonizada por los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (Sidor). En esta empresa del Estado los trabajadores y las trabajadoras protagonizaron igualmente varias huelgas para exigir el cumplimiento de la convención colectiva y en particular el pago adecuado de las utilidades, puesto que se venían cancelando con un cálculo indebido que afectaba de manera negativa el monto que percibía cada trabajador. La última y más decisiva huelga empezó el 14.11.2013 y culminó el 18.12.2013. Durante ese lapso fue detenida la producción de una manera más participativa por parte de los trabajadores, al considerar que los acuerdos de conflictos efectuados meses antes no se habían cumplido.
Además de las amenazas de despido, la dirigencia sindical fue amenazada por el propio Presidente de la República de ser juzgada por la paralización de la producción. Aun así, ni la dirigencia ni los trabajadores se intimidaron y mantuvieron el conflicto hasta llegar a un acuerdo que consideraron satisfactorio.
“Yo les dije en estos días a los dos dirigentes sindicales que han tenido parado Sidor de manera injusta e ilegal, sobre sus hombros recae que 300 mil familias de Venezuela tengan o no tengan su vivienda este año, si eso llegara a suceder yo no tendría otra opción que mostrarles a ustedes la foto y el nombre de los responsables de este crimen contra el pueblo de Venezuela y de tomar medidas fácticas de acuerdo a la ley”[89].
Esta amenaza del Presidente de la República tiene otra connotación muy grave. El primer mandatario incitó indirectamente a que la población enfrentara a los dirigentes sindicales en el marco de un discurso, repetido en otros escenarios, de alentar enfrentamiento pueblo contra pueblo[90].
Tanto en la huelga de Ferrominera Orinoco como en la de Sidor se pretendió obligar a los trabajadores a reiniciar actividades mediante acciones judiciales interpuestas por los patronos. Sin embargo, los trabajadores se declararon en rebeldía contra decisiones judiciales que consideraron injustas.
La empresa del Estado Carbones del Orinoco CA (Carbonorca) también fue escenario de varias huelgas exigiendo cumplimiento de la convención colectiva y por retrasos en los pagos salariales[91]. Los trabajadores además realizaron una huelga exigiendo materia prima para poder garantizar el funcionamiento de la empresa, que en algunas oportunidades ha parado la producción por falta de materia prima[92].
El 02.08.2013 se publicó el Decreto 277 que crea el Reglamento Especial de Zonas de Seguridad del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional. Este instrumento, desarrollo directo de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, castiga expresamente la realización de paros o huelgas mediante la definición de que se prohíben acciones dirigidas a “obstaculizar o interrumpir” las actividades propias del sector eléctrico nacional. Restringe el desplazamiento de personas y vehículos que pretendan entrar o transitar en las zonas de seguridad del sistema eléctrico, remitiendo a las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación[93].
El 26.07.2013 trabajadores de Industrias Diana, C.A., rechazaron la militarización de la empresa y la imposición de un nuevo gerente, según dijeron “desconociendo el esquema de control obrero” establecido en la empresa. Igualmente, un importante grupo de las empresas que conforman la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) están bajo el control de militares. En mayo de 2013 fue designado el general Carlos Osorio como presidente de la CVG. Osorio respondió al conflicto que desarrollaron los trabajadores de Sidor a finales de 2013 con la amenaza de despido y encarcelamiento para quienes participaran en la huelga[94].
Notas:
85. Los trabajadores hicieron en junio una huelga que duró 12 días y fue levantada luego de acuerdos mínimos que casi de inmediato se incumplieron, lo cual motivó nuevas protestas.
86. Entrevista concedida a PROVEA por Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, el 24.11.2013.
87. Clavel Rangel: Milicianos intentan tomar control de CVG Venalum. En: Correo del Caroní, 18.02.2013. Pág. A-6.
88. Al momento de escribir este Informe, tres generales activos y otros varios oficiales integran las directivas de varias de las empresas básicas tales como Venalum, Ferrominera y la Corporación Venezolana de Guayana.
89. Video [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=t6jAU_yMi-U>
90. Se ha ido entretejiendo un discurso desde el alto gobierno orientado a promover el enfrentamiento pueblo contra pueblo, donde se incita a simpatizantes del gobierno a confrontar por métodos diversos con otro sector de la población que es crítico a las políticas gubernamentales.
91. Solamente en el último semestre del año los trabajadores hicieron tres huelgas. La última se inició el 16.12.2013, luego del incumplimiento de los acuerdos establecidos en huelgas anteriores. La primera huelga se realizó empezando enero. Hubo conquistas parciales en cada paralización realizada.
92. Esta empresa depende para su operatividad de los insumos que le venda la empresa estatal Alcasa, que la provee de ánodos.
93. Gaceta Oficial Nº 40.220, del 02.08.2013.
94. Trabajadores de industrias Diana rechazan imposición de junta directiva [en línea] <http://goo.gl/ kbO7I1> Consulta del 15.02.2014.
[Fuente: Informe Anual Provea 2013, pp. 164-166. el texto completo disponible en www.derechos.org.ve.]
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