J. R. López Padrino
Hoy más que nunca hay evidencias de que el fascismo derrotado en la Europa del siglo XX emerge de nuevo a través del pretorianismo bolivariano que pretende imponer la logia cívico-militar que desgobierna al país, bajo la falsa etiqueta de Socialismo del siglo XXI.
El pretorianismo bolivariano representa una de las tantas mascaradas con que el proyecto fascista de vieja data pretende renovarse en pleno siglo XXI. Los planteamientos y acciones del régimen, no han tenido un ápice de lo que significa realmente el socialismo, todo lo contrario, detrás de dicha bufonada se ha adelantado una perversa militarización del país, que a través de un discurso mesiánico, populista, y patriotero ha generado un gran odio social, más no conciencia de clase, ha conculcado conquistas laborales, ha favorecido a los intereses de las multinacionales en sus procesos de explotación y acumulación de capital y ha violentado los derechos fundamentales en nombre de un desconocido y bastardo socialismo.
El militarismo fachochavista en su pretensión de crear un Estado militar facho ha recurrido a los plumíferos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y a las focas del oficialismo de la Asamblea Nacional a fin de afianzar su perverso, corrupto y desacreditado proyecto militarista. Su objetivo es transformar al país en un gran cuartel que responda obedientemente a una sola voz de mando -la del títere de Miraflores- que profese un pensamiento político único -el fachochavismo- y que la lealtad al comandante insepulto prive por encima de toda racionalidad.
No es por azar que hemos visto la aprobación de 3 medidas destinadas precisamente a sentar las bases de ese gran cuartel en que desean convertir a Venezuela: i) la Ley de Registro y Alistamiento Militar para la Defensa Integral de la Nación, ii) la creación de la Brigada contra la Actuación de Grupos Generadores de Violencia y iii) la decisión del TSJ, que de un plumazo raspa a la Constitución Nacional y autoriza la participación de los militares en actos político-partidistas. Medidas que en su conjunto responden a la visión doctrinaria de la Seguridad Nacional Bolivariana, adefesio de inspiración fascista destinado a domesticar y criminalizar la protesta social, a ilegitimar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos (Provea, Foro Penal, Control Ciudadano), y reprimir a la disidencia política a la cual etiquetan como enemigo interno. Cuya esencia histórica emergió de los regímenes militares del Cono Sur en el Siglo pasado y que se tradujo en represión, muerte y desapariciones de ciudadanos.
La Ley de Registro y Alistamiento Militar para la Defensa Integral de la Nación obliga a los venezolanos por nacimiento o por naturalización entre 18 y 60 años, así como a las empresas a inscribirse en el Registro para la Defensa Integral de la Nación, de lo contrario serán sancionados con multas. Hay una intención deliberada en el texto de la Ley de hacer a cada ciudadano un soldado, lo cual constituye un concepto errado porque la única defensa militar que atribuye la Constitución de la República es a la Fuerza Armada Nacional (FAN). Con ello el régimen busca profundizar el control social que ejerce el Estado sobre los venezolanos.
La segunda medida ha sido la creación de la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) que será dependiente del ministro de Interior, Justicia y Paz (25/06/14). Mediante esta disposición el régimen tiene la potestad -no contemplada en la Constitución- de calificar de violenta cualquier acción que realicen quienes demuestren su descontento en las calles. Busca atemorizar a la población y criminalizar la protesta social. Su creación nos retrotrae a las camisas negras de Mussolini, también conocidos como los Fasciitaliani di combattimento o squadristi, quienes fueron usados para sembrar la violencia y la intimidación en la Italia fascista del siglo pasado.
La tercera medida ha sido la autorización de la Sala Constitucional del TSJ a los militares a realizar mítines y marchas políticas, violando de la manera más alevosa explícitos e inequívocos artículos constitucionales. Con esta autorización del TSJ, los militares venezolanos pasan a ser abiertamente los soldados del PSUV, se “legaliza" la intervención militar en las campañas y actividades proselitistas del partido de gobierno, se oficializa la transformación de la FAN en el partido armado de la revolución, en el brazo armado del grupete cívico-militar que destruye al país. Hecho ratificado una vez más en las palabras pronunciadas por el gorila Padrino López en su discurso del 5 de Julio ante los miembros de la Asamblea Nacional (“Lo voy a decir con mucha responsabilidad atendiendo a la ética y a la gran política: esta FAN es chavista”).
Con la aprobación de todas estas medidas se sigue avanzando hacia el establecimiento de un Estado militarizado regentado por la logia militar bolivariana. Con una retórica más que trillada, la corrupta camarilla militar nos habla de patria, revolución, justicia social, socialismo y revolución. Nada más falaz. Recordemos, que la FAN ha sido la institución encargada de reprimir, torturar y asesinar a los luchadores sociales y entregar nuestras riquezas al capital extranjero desde su fundación bajo la presidencia de Cipriano Castro y la jefatura de Juan Vicente Gómez (1899). La FAN bolivariana del presente es la misma institución orgánicamente que ejecutó masacres como las de Turen (1952), Cantaura (1982), Yumare (1986), El Amparo (1988), el Caracazo (1989), y más recientemente la Paragua (2006). Es la misma que sembró el terror en las montañas de Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Monagas, y Sucre en las décadas de los 60-70 durante la insurgencia popular y que estuvo involucrada en las desapariciones forzadas durante la tragedia de Vargas (1999), inequívocos signos fascistas de la represión sin límites bajo el pretexto de la seguridad y defensa de la Patria. Es la misma que a través del componente Guardia Nacional ejecutó durante los meses de Febrero-Mayo una de las más brutales represiones que recuerde el país. Crímenes que han quedado bajo una impunidad total por parte de los gobiernos anteriores y del actual.
Mientras centenares de miles padecen las penurias producto de la inflación y la escasez, cuando miles de ciudadanos mueren a manos del hampa o por falta de insumos médicos en los hospitales, y otros tantos deambulan en busca de un trabajo digno, paradójicamente los voceros del régimen solo claman por lealtad, disciplina, obediencia, y orden.
El régimen militarista de la dupla Maduro-Cabello a través de este nuevo entramado jurídico, aunado a la aplicación de la “Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo” (Lodofat) aspira darle piso constitucional al nefasto pretorianismo bolivariano, así como al Estado militar-policíaco, ambas piezas fundamentales en la consolidación de su proyecto cuartelario. Están apostando a una mayor militarización de la sociedad con el objetivo de sobrevivir a la crisis política, social y económica que afecta al país producto de su fracaso.
Hoy más que nunca hay evidencias de que el fascismo derrotado en la Europa del siglo XX emerge de nuevo a través del pretorianismo bolivariano que pretende imponer la logia cívico-militar que desgobierna al país, bajo la falsa etiqueta de Socialismo del siglo XXI.
El pretorianismo bolivariano representa una de las tantas mascaradas con que el proyecto fascista de vieja data pretende renovarse en pleno siglo XXI. Los planteamientos y acciones del régimen, no han tenido un ápice de lo que significa realmente el socialismo, todo lo contrario, detrás de dicha bufonada se ha adelantado una perversa militarización del país, que a través de un discurso mesiánico, populista, y patriotero ha generado un gran odio social, más no conciencia de clase, ha conculcado conquistas laborales, ha favorecido a los intereses de las multinacionales en sus procesos de explotación y acumulación de capital y ha violentado los derechos fundamentales en nombre de un desconocido y bastardo socialismo.
El militarismo fachochavista en su pretensión de crear un Estado militar facho ha recurrido a los plumíferos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y a las focas del oficialismo de la Asamblea Nacional a fin de afianzar su perverso, corrupto y desacreditado proyecto militarista. Su objetivo es transformar al país en un gran cuartel que responda obedientemente a una sola voz de mando -la del títere de Miraflores- que profese un pensamiento político único -el fachochavismo- y que la lealtad al comandante insepulto prive por encima de toda racionalidad.
No es por azar que hemos visto la aprobación de 3 medidas destinadas precisamente a sentar las bases de ese gran cuartel en que desean convertir a Venezuela: i) la Ley de Registro y Alistamiento Militar para la Defensa Integral de la Nación, ii) la creación de la Brigada contra la Actuación de Grupos Generadores de Violencia y iii) la decisión del TSJ, que de un plumazo raspa a la Constitución Nacional y autoriza la participación de los militares en actos político-partidistas. Medidas que en su conjunto responden a la visión doctrinaria de la Seguridad Nacional Bolivariana, adefesio de inspiración fascista destinado a domesticar y criminalizar la protesta social, a ilegitimar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos (Provea, Foro Penal, Control Ciudadano), y reprimir a la disidencia política a la cual etiquetan como enemigo interno. Cuya esencia histórica emergió de los regímenes militares del Cono Sur en el Siglo pasado y que se tradujo en represión, muerte y desapariciones de ciudadanos.
La Ley de Registro y Alistamiento Militar para la Defensa Integral de la Nación obliga a los venezolanos por nacimiento o por naturalización entre 18 y 60 años, así como a las empresas a inscribirse en el Registro para la Defensa Integral de la Nación, de lo contrario serán sancionados con multas. Hay una intención deliberada en el texto de la Ley de hacer a cada ciudadano un soldado, lo cual constituye un concepto errado porque la única defensa militar que atribuye la Constitución de la República es a la Fuerza Armada Nacional (FAN). Con ello el régimen busca profundizar el control social que ejerce el Estado sobre los venezolanos.
La segunda medida ha sido la creación de la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) que será dependiente del ministro de Interior, Justicia y Paz (25/06/14). Mediante esta disposición el régimen tiene la potestad -no contemplada en la Constitución- de calificar de violenta cualquier acción que realicen quienes demuestren su descontento en las calles. Busca atemorizar a la población y criminalizar la protesta social. Su creación nos retrotrae a las camisas negras de Mussolini, también conocidos como los Fasciitaliani di combattimento o squadristi, quienes fueron usados para sembrar la violencia y la intimidación en la Italia fascista del siglo pasado.
La tercera medida ha sido la autorización de la Sala Constitucional del TSJ a los militares a realizar mítines y marchas políticas, violando de la manera más alevosa explícitos e inequívocos artículos constitucionales. Con esta autorización del TSJ, los militares venezolanos pasan a ser abiertamente los soldados del PSUV, se “legaliza" la intervención militar en las campañas y actividades proselitistas del partido de gobierno, se oficializa la transformación de la FAN en el partido armado de la revolución, en el brazo armado del grupete cívico-militar que destruye al país. Hecho ratificado una vez más en las palabras pronunciadas por el gorila Padrino López en su discurso del 5 de Julio ante los miembros de la Asamblea Nacional (“Lo voy a decir con mucha responsabilidad atendiendo a la ética y a la gran política: esta FAN es chavista”).
Con la aprobación de todas estas medidas se sigue avanzando hacia el establecimiento de un Estado militarizado regentado por la logia militar bolivariana. Con una retórica más que trillada, la corrupta camarilla militar nos habla de patria, revolución, justicia social, socialismo y revolución. Nada más falaz. Recordemos, que la FAN ha sido la institución encargada de reprimir, torturar y asesinar a los luchadores sociales y entregar nuestras riquezas al capital extranjero desde su fundación bajo la presidencia de Cipriano Castro y la jefatura de Juan Vicente Gómez (1899). La FAN bolivariana del presente es la misma institución orgánicamente que ejecutó masacres como las de Turen (1952), Cantaura (1982), Yumare (1986), El Amparo (1988), el Caracazo (1989), y más recientemente la Paragua (2006). Es la misma que sembró el terror en las montañas de Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Monagas, y Sucre en las décadas de los 60-70 durante la insurgencia popular y que estuvo involucrada en las desapariciones forzadas durante la tragedia de Vargas (1999), inequívocos signos fascistas de la represión sin límites bajo el pretexto de la seguridad y defensa de la Patria. Es la misma que a través del componente Guardia Nacional ejecutó durante los meses de Febrero-Mayo una de las más brutales represiones que recuerde el país. Crímenes que han quedado bajo una impunidad total por parte de los gobiernos anteriores y del actual.
Mientras centenares de miles padecen las penurias producto de la inflación y la escasez, cuando miles de ciudadanos mueren a manos del hampa o por falta de insumos médicos en los hospitales, y otros tantos deambulan en busca de un trabajo digno, paradójicamente los voceros del régimen solo claman por lealtad, disciplina, obediencia, y orden.
El régimen militarista de la dupla Maduro-Cabello a través de este nuevo entramado jurídico, aunado a la aplicación de la “Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo” (Lodofat) aspira darle piso constitucional al nefasto pretorianismo bolivariano, así como al Estado militar-policíaco, ambas piezas fundamentales en la consolidación de su proyecto cuartelario. Están apostando a una mayor militarización de la sociedad con el objetivo de sobrevivir a la crisis política, social y económica que afecta al país producto de su fracaso.
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