José Rafael López Padrino
Si algo ha caracterizado al proyecto bolivariano es su esencia bonapartista, la cual disimula tras un parlamentarismo genuflexo y decorativo, junto a la realización de eventos plebiscitarios cada 6 años. El Bonapartismo representa proyectos de dominación burguesa (dictaduras o gobiernos antidemocráticos) de tipo mesiánico-autoritario y cuya "legitimidad" está fundamentada en ensayos plebiscitarios. Son regímenes militaristas de carácter represivo, que usurpan la representatividad del pueblo (Marx, El dieciocho Brumario de Luís Bonaparte, 1869). Si bien el socialfascismo bolivariano no llegó al poder por la vía del golpe de Estado, el verdadero eje y sostén de su proyecto descansa en el aparato militar-policial como ha quedado demostrado durante las recientes protestas populares. Este es un proyecto que criminaliza y judicializa la protesta social, y pretende imponer una subordinación total de la sociedad a un Estado omnipotente que promueve un pensamiento único.
Como proyecto bonapartista, la revolución bolivariana no se plantea la conformación de un nuevo bloque de poder, sino de la sustitución de los "viejos actores", por “nuevos actores”, entiéndase el gorilato milico y la pandilla de delincuentes ideológicos que los acompañan. Por ello a pesar de su autoproclamación de "socialista" su proyecto económico-social se mantiene completamente en el marco de un modo de producción capitalista de Estado. Le han dado continuidad a las políticas perversas del pasado estableciendo alianzas estratégicas con el gran capital monopolista, particularmente con las transnacionales vinculadas al negocio energético (Chevron, ConocoPhillips, Shell, Mitsubishi, BP). Han profundizado la apertura petrolera mediante la creación de las leoninas empresas mixtas con transnacionales como BR, ENI, Chevron, BP, Mitsubishi, Rosneft, Petrobras, Petrochina, Repsol, etc., en la faja bituminosa del Orinoco, siguen hipotecando al país, incluyendo su subsuelo (préstamo Chino), han devaluado la moneda e impuesto una precarización laboral, etc. Políticas antinacionales que nada tienen que ver con revolución o proyecto socialista alguno, y muy contrariamente a lo que se afirma, obstaculizan el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales no vinculadas a los grandes capitales. En la práctica significa un retorno a las siniestras alianzas entre el Estado y el gran capital nacional-extranjero que ha permitido un grosero enriquecimiento de la burguesía tradicional en el pasado y la boliburguesía en tiempos de revolución, a expensas de un brutal empobrecimiento de grandes sectores de la sociedad venezolana.
Son unos verdaderos bastardos que han usurpando el lenguaje revolucionario, el cual publicitan por conveniencia, pero que en la praxis desprecian pues reprimen a la clase trabajadora y satanizan a los movimientos sociales a quienes les han conculcando sus espacios de lucha. Además, mediante el engaño y las falsas promesas han institucionalizado sistemas nefastos de contratación (tercerización) o nuevas formas de súper-explotación (cooperativas y empresas sociales) los cuales privan al trabajador de sus derechos laborales.
Políticas que han profundizado la crisis económica y social, lo cual se refleja en una elevada tasa de inflación (56,8% al cierre del 2013), un desabastecimiento que alcanza el 28-32% dependiendo de la región del país, un desempleo real cercano al 16% de la fuerza laboral activa, el cierre de miles de empresas, el deterioro de la capacidad adquisitiva del venezolano y un proceso de desindustrialización del país. Aunado a una crisis grave del sistema de salud pública, de una violencia delincuencial desbordada, de la ideologización de la educación y de un incremento de la pobreza según reflejan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas. Cifras alarmantes que indican que 9.174.142 venezolanos (32,1% de la población) viven en la pobreza y 2.791.292 (9,8% de la población) viven en condiciones de pobreza extrema. Todo ello en un país que posee una de las reservas petrolíferas más importantes del planeta y que disfruta de una extraordinaria bonanza petrolera.
En resumen, la falacia del Siglo XXI representa un proyecto represivo, de bota y fusil que lucha por imponer un mayor control político y social mediante la militarización de la sociedad y la justicia.
Si algo ha caracterizado al proyecto bolivariano es su esencia bonapartista, la cual disimula tras un parlamentarismo genuflexo y decorativo, junto a la realización de eventos plebiscitarios cada 6 años. El Bonapartismo representa proyectos de dominación burguesa (dictaduras o gobiernos antidemocráticos) de tipo mesiánico-autoritario y cuya "legitimidad" está fundamentada en ensayos plebiscitarios. Son regímenes militaristas de carácter represivo, que usurpan la representatividad del pueblo (Marx, El dieciocho Brumario de Luís Bonaparte, 1869). Si bien el socialfascismo bolivariano no llegó al poder por la vía del golpe de Estado, el verdadero eje y sostén de su proyecto descansa en el aparato militar-policial como ha quedado demostrado durante las recientes protestas populares. Este es un proyecto que criminaliza y judicializa la protesta social, y pretende imponer una subordinación total de la sociedad a un Estado omnipotente que promueve un pensamiento único.
Como proyecto bonapartista, la revolución bolivariana no se plantea la conformación de un nuevo bloque de poder, sino de la sustitución de los "viejos actores", por “nuevos actores”, entiéndase el gorilato milico y la pandilla de delincuentes ideológicos que los acompañan. Por ello a pesar de su autoproclamación de "socialista" su proyecto económico-social se mantiene completamente en el marco de un modo de producción capitalista de Estado. Le han dado continuidad a las políticas perversas del pasado estableciendo alianzas estratégicas con el gran capital monopolista, particularmente con las transnacionales vinculadas al negocio energético (Chevron, ConocoPhillips, Shell, Mitsubishi, BP). Han profundizado la apertura petrolera mediante la creación de las leoninas empresas mixtas con transnacionales como BR, ENI, Chevron, BP, Mitsubishi, Rosneft, Petrobras, Petrochina, Repsol, etc., en la faja bituminosa del Orinoco, siguen hipotecando al país, incluyendo su subsuelo (préstamo Chino), han devaluado la moneda e impuesto una precarización laboral, etc. Políticas antinacionales que nada tienen que ver con revolución o proyecto socialista alguno, y muy contrariamente a lo que se afirma, obstaculizan el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales no vinculadas a los grandes capitales. En la práctica significa un retorno a las siniestras alianzas entre el Estado y el gran capital nacional-extranjero que ha permitido un grosero enriquecimiento de la burguesía tradicional en el pasado y la boliburguesía en tiempos de revolución, a expensas de un brutal empobrecimiento de grandes sectores de la sociedad venezolana.
Son unos verdaderos bastardos que han usurpando el lenguaje revolucionario, el cual publicitan por conveniencia, pero que en la praxis desprecian pues reprimen a la clase trabajadora y satanizan a los movimientos sociales a quienes les han conculcando sus espacios de lucha. Además, mediante el engaño y las falsas promesas han institucionalizado sistemas nefastos de contratación (tercerización) o nuevas formas de súper-explotación (cooperativas y empresas sociales) los cuales privan al trabajador de sus derechos laborales.
Políticas que han profundizado la crisis económica y social, lo cual se refleja en una elevada tasa de inflación (56,8% al cierre del 2013), un desabastecimiento que alcanza el 28-32% dependiendo de la región del país, un desempleo real cercano al 16% de la fuerza laboral activa, el cierre de miles de empresas, el deterioro de la capacidad adquisitiva del venezolano y un proceso de desindustrialización del país. Aunado a una crisis grave del sistema de salud pública, de una violencia delincuencial desbordada, de la ideologización de la educación y de un incremento de la pobreza según reflejan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas. Cifras alarmantes que indican que 9.174.142 venezolanos (32,1% de la población) viven en la pobreza y 2.791.292 (9,8% de la población) viven en condiciones de pobreza extrema. Todo ello en un país que posee una de las reservas petrolíferas más importantes del planeta y que disfruta de una extraordinaria bonanza petrolera.
En resumen, la falacia del Siglo XXI representa un proyecto represivo, de bota y fusil que lucha por imponer un mayor control político y social mediante la militarización de la sociedad y la justicia.
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