Grupo de Estudio y Trabajo Jesús Alberto Márquez Finol, “Motilón”
Para su libre difusión, crítica y adhesión. JUNIO 2013
Los trabajadores de Venezuela no nos hacemos ninguna ilusión, ni abrigamos esperanza alguna con el desenlace de la crisis política y económica que se desencadeno a raíz de los resultados electorales del pasado 14 de abril. La escasez y encarecimiento de los artículos de primera necesidad, nuevas devaluaciones, inflación, abaratamiento del costo de la mano de obra, alza en las tarifas de transporte y servicios, congelamiento de salarios y sobre todo represión y militarización del país a través de la Misión Patria Segura son, entre otras, las medidas que irán en aumento para descargar sobre nuestros hombros la crisis, cuya única causa ha sido el despilfarro y robo de la mayor riqueza que ha ingresado al país en toda su historia, por parte del gobierno actual. Todos sabemos adónde ha ido a parar toda esa riqueza. Y todos conocemos los viejos y nuevos ricos que se han forjado a partir de este saqueo del tesoro público.
Hoy, quien ayer era el censor mayor de la política gubernamental y el principal inquisidor oficial, reconoce públicamente que en el seno del gobierno existe una verdadera mafia que ha desangrado al país y que no es otra que la Boliburguesía, y se señala con nombre y apellido al jefe de la banda delictual. Esto significa reconocer de hecho que la llamada Boliburguesía, o lo que es lo mismo, los representantes de los patronos en el gobierno, han estado al frente de toda la política estatal.
Los sectores políticos en pugna, tanto del gobierno como de la oposición, no tienen contradicciones antagónicas, sus peleas y agarrones de cabello se reducen a quién y cómo se reparte la Renta Petrolera en beneficio de los sectores económicos que defienden, que en definitiva son los mismos: Compañías petroleras, banca nacional e internacional, importadores, compañías transnacionales aliadas a la burguesía criolla, y ese nuevo miembro de las clases dominantes que se llama el narcotráfico y el lavado y blanqueo de dinero.
Los intereses, necesidades, aspiraciones, derechos y libertades de los trabajadores y asalariados del país, no están presentes en las agendas y programas de estos sectores. El gobierno no escatima esfuerzo en reunirse con los patrones del país encabezados por Mendoza y Cisneros. No hay capitalista internacional chino, ruso, norteamericano a quien no le haya pedido prestado, hasta al mismo Fondo Monetario Internacional se han dirigido en solicitud de dólares para paliar la crisis que se manifiesta en todos los órdenes. El propio canciller de la república Elías Jaua le pidió unos minutos al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, durante la reunión en Guatemala de la O.E.A, así en el Ministerio de las Colonias fue el lugar escogido por este gobierno para reunirse con el “imperio”.
De los contratos y convenciones colectivas violadas y vencidas, de los aumentos salariales congelados, de los pasivos laborales, de los derechos y reivindicaciones pisoteadas y quebrantadas, de los miles de trabajadores sometidos a juicios, de la criminalización de la protesta, de los millares de despidos y suspensiones en el sector público, del sicariato y mafias sindicales que diezman al movimiento de los trabajadores, de todo este sombrío panorama que viven a diario los trabajadores, no hay un asomo de respuesta por parte ni del gobierno, ni de la llamada oposición.
En ese sentido y en defensa de los intereses y reivindicaciones más sentidas por los trabajadores, y en búsqueda de alternativas para que la crisis no recaiga –como siempre ha ocurrido- en los hombros de los trabajadores, y tomando en cuenta la real situación política e ideológica que vive el movimiento obrero, proponemos:
1.- Un salario mínimo equivalente al monto de la canasta básica expresada en dólares. Si el gobierno paga en dólares la deuda con el capital bancario y la repatriación de capital de las compañías internacionales y cancela en dólares el salario de los miles de “voluntarios” cubanos, por qué los trabajadores no podemos exigir el mismo trato. La Canasta Básica llegó en abril pasado a 10.441, bolívares, equivalentes a 1.657 $
2.- La suspensión y sometimiento a juicio de todo funcionario público -directivo o no- que amenace, coaccione o despida a cualquier trabajador por el hecho de ejercer libremente su militancia o simpatía política. Igualmente exigimos se termine de inmediato la persecución, sanciones, despidos -en todas y oficinas las empresas del Estado- contra todo trabajador o sindicato que proteste o reclame sus derechos y libertades laborales
3.- Iniciar inmediatamente la discusión y firma de las decenas de contratos colectivos vencidos, desde hace años, con los diferentes sectores de trabajadores en especial de Guayana, PDVSA, EDUCACION, SALUD, PUERTOS, así como del resto del sector público.
4.- Pago de toda la deuda laboral acumulada en los últimos 14 años, reconociéndonos las perdidas por inflación y los intereses generados durante todo este tiempo, por incumplimiento de los mismos.
5.- Ajuste por arriba del salario de los profesionales de la educación y de la salud, con la escala salarial de los oficiales Fuerzas Armadas Nacionales, tomando en consideración que el servicio de los maestros, profesores, enfermeros y médicos es desde todo punto de vista más útil y beneficioso a la sociedad y al pueblo que el de los militares y policías.
6.-Respeto del derecho a huelga, a la contratación colectiva y a la organización autónoma de la clase obrera y trabajadora, tal como lo establece la Constitución, sin ninguna intervención de los poderes nacionales o regionales y menos de los organismos militares o policiales. Por lo tanto rechazamos contundentemente la criminalización de la protesta y la infame política de judicialización de los conflictos laborales, y exigimos respeto a la autonomía del movimiento de los trabajadores frente a los patronos, partidos políticos y gobierno de turno.
7.- Impulsamos la lucha por una amnistía general en beneficio de los trabajadores, dirigentes sindicales, campesinos, indígenas y populares sometidos a juicio en todo el país, por defender nuestros derechos colectivos. Basta de humillar al trabajador obligándolo a presentarse - por defender sus derechos - ante tribunales corrompidos.
8.- Investigación penal y juicio para quien estimule el paralelismo, la violencia sindical y el sicariato al servicio de gobiernos y policías regionales, como viene ocurriendo en los casos de Bolívar y Barinas y otros estados del país.
9.- Cese a las acusaciones de sabotaje eléctrico contra obreros, ingenieros y técnicos de CORPOLEC. Los trabajadores sabemos quiénes son los verdaderos culpables de la crisis eléctrica, quienes dilapidaron y robaron más de 50.000 millones de dólares para nuevas fuentes de generación eléctrica, así como el mantenimiento del sistema, que en definitiva son la verdadera causa de los apagones.
10.- Castigo a los culpables del asesinato de 250 sindicalistas ejecutados en este periodo, a los asesinos de los Yukpa, en especial del líder indígena Sabino Romero.
11.- Por la derogatoria inmediata de la “Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo” (LODOFAT), por ser una ley claramente anti obrera y de manifiesto contenido fascista, cuyo único objetivo es el cercenamiento, de hecho y de derecho, de las libertades y derechos de los trabajadores y obreros del país, y cuya esencia no es otra que convertir al Estado venezolano a través del gobierno de turno, en una dictadura disfrazada bajo el manto de “garantizar la paz y la convivencia, la tranquilidad, la seguridad del orden establecido, en exclusivo beneficio y garantía de los privilegios para la minoría dominante.
12. No pagar la deuda externa, ni interna, a la banca nacional y extranjera en las condiciones impuestas por el capital financiero mundial. Exigimos a la banca internacional, en especial a la establecida en los paraísos fiscales, el congelamiento de todo depósito superior a un millón de dólares de procedencia nacional, hasta tanto los propietarios de los mismos justifiquen la procedencia legal de dicho dinero, o en contrario su devolución. Una vez recuperado ese dinero robado a nuestro país, podrá cancelarse la deuda que hoy tenemos.
13.- Revisión de inmediata de los contratos leoninos firmados con las empresas petroleras de China, Rusia, Brasil y otras, para la explotación del petróleo en la Faja del Orinoco por ser lesivos a los intereses del país, además de violar expresamente la soberanía e independencia nacional establecida en los artículos 11, 12 y 13 de la CRBV. Esta revisión debe conducir a expropiar sin indemnización a las empresas petroleras extranjeras y nacionales que, como socias propietarias de las empresas mixtas, se han apoderado hasta en un 40% de la Faja del Orinoco, de otros yacimientos petroleros y gasíferos del país y de minas, empresas básicas, tierras y servicios.
14.- Expropiar sin indemnizar a las compañías mineras y de todo tipo del capital nacional e internacional, que se encuentran en Venezuela. En particular a las compañías carboníferas establecidas en la Sierra de Perijá, destruyendo el ambiente de la región y sumiendo en la miseria a los aborígenes originarios dueños legítimos de estas tierras, y a las compañías chinas que se han apoderado de Ferrominera y otras empresas de Guayana.
15.- Cese a la importación de la gasolina y derivados; el país está en capacidad de producirlos a partir de nuestra industria petrolera. Suspender la compra de petróleo y poner en venta las refinerías y activos en el exterior, toda vez que constituyen un verdadero desangramiento de la economía del país.
16.- Someter a una auditoria y minuciosa revisión del llamado Fondo y Crédito Pesado con China, por constituir un flagrante caso de transferencia ilegal de capital fuera del control de las finanzas nacionales. De la misma manera y por idénticas razones proceder a la revisión de la exportación del petróleo a Cuba y otros países del Caribe, tomando en consideración que Cuba, se ha convertido en exportador de petróleo y derivados. Igual medida se debe tomar con el resto de países hacia donde se despacha nuestro petróleo, y hasta hoy no se ha presentado ni un solo informe de dichos negocios.
17.- Alto a la importación de alimentos que pueden ser producidos en el país, en especial los que puedan ocasionar enfermedades al pueblo y sobre todo aquellos de origen transgénico como el maíz, trigo, sorgo. El dinero que gastamos en esas importaciones, debe usarse íntegramente para financiar la producción en las millones de hectáreas de tierras fértiles con las que cuenta Venezuela.
18.- Entrega de las fábricas del Estado y las nuevas expropiaciones al control de los trabajadores, profesionales y técnicos, que produzcan para satisfacer las necesidades de las mayorías y no para la máxima ganancia. Las empresas privadas que aun permanezcan en el país, deben ser sometidas al control contable de los trabajadores.
19.- Suspender el racionamiento eléctrico y los apagones programados especialmente en el interior del país. Investigar y determinar el destino y uso final de más de 50.000 millones de dólares manejados por EDELCA y la CVG, bajo el periodo del General Rangel Gómez, que supuestamente estaban destinados a enfrentar la creciente demanda eléctrica conocida desde el año 2000.
20.- Nacionalización de todo el sistema bancario nacional, y establecer tasas de intereses máximas del 5% para estimular la inversión y el empleo, tal como están vigente en la mayoría de los países del capitalismo.
21.- Aumento del Impuesto Sobre la Renta, a fin de que lo paguen solo los que efectivamente reciben renta y no los que cobran sueldos y salarios de hambre.
22.- Eliminación del Impuesto al Valor Agregado, elevando los Impuestos al lujo, bienes suntuarios, vicios y juegos.
23.- Suspensión de las devaluaciones del bolívar y del sistema de subastas.
24.- Nacionalización de todo el sistema privado de salud, y establecimiento de un sistema único.
25.- Creación de un Comité de Salud Pública para el combate del burocratismo y la corrupción, confiriéndosele todo el poder para que a través de investigaciones y juicios sumarios proceda a la detención y sentencia de los corruptos, así como de los bancos y sus socios políticos y banqueros privados a través de los cuales se ha realizado el saqueo. Esto permitirá de inmediato recuperar miles de millones de dólares desaparecidos, en las decenas de proyectos e inversiones anunciados, pero jamás ejecutados o inconclusos tales como el Sistema eléctrico, Túnel de Yacambú-Quíbor, Plan Ferroviario Nacional, Metro de Caracas, Valencia y Maracaibo, tercer puente sobre el Orinoco, Industrias básicas de Guayana, soberanía alimentaria, revolución agrícola, PUDREVAL, Plan Bolívar 2000, Plan Penitenciario, compra de armamento, además del enriquecimiento de ministros, gobernadores y burócratas civiles y militares, bajo el presente gobierno etc., etc.
26.- Garantizar efectivamente de hecho y de derecho una vida libre de violencia y una real igualdad en todos los terrenos, tanto público como privado para todas las mujeres, como condición elemental para el desarrollo de la democracia en el país.
27.- Investigación y sentencia inmediata de los Carteles de los Soles, de los Comisarios y otros, integrados por militares y funcionarios policiales, ligados al tráfico de droga, lavado de dinero y en general al crimen organizado. Investigaciones que ya están suficientemente documentadas desde hace varios años.
28.- Conclusión del juicio contra el narcotraficante Makled y la investigación de todas las relaciones de éste con el mundo judicial, militar, político y policial del país.
29.- Investigación exhaustiva en el SENIAT y su relación con el lavado y blanqueo de dinero, concretamente el procedente de la evasión fiscal de las grandes empresas, la banca nacional y la industria del crimen.
30.- Reclusión inmediata y sin privilegios en las diferentes cárceles de Venezuela de los funcionarios policiales y militares que han sido sentenciados por crímenes, secuestros y otros delitos, y que permanecen detenidos en sus respectivos comandos.
31.- Prohibición efectiva de la educación religiosa del sistema educativo venezolano. El Estado venezolano está establecido como un Estado laico y promotor de las ciencias. La religión en un asunto privado de cada persona y se garantiza su práctica, pero no su difusión y promoción a través del sistema educativo.
32.- Exigir a todas las burocracias gubernamentales del CELAC, ALBA, MERCOSUR el pago inmediato de las deudas en dólares contraídas con el país.
33.-Expropiar, sin indemnización, las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas del país y se les devuelve la propiedad colectiva sobre las mismas.
34.- Los trabajadores de Venezuela planteamos y exigimos la solidaridad y unión con los movimientos de trabajadores que en todo el mundo, pero especialmente en Europa y EEUU, luchan contra la imposición de un Nuevo Orden Mundial del capital financiero anglo sajón dirigido desde Wall Street y la City de Londres.
Es necesario dejar claro que ninguna de las anteriores medidas enumeradas, tienen algo que ver con medidas socialistas. Todas ellas se inscriben dentro del marco de una revolución democrática Burguesa, implementadas bajo un régimen de capitalismo de Estado, que pueden ser aplicadas en el marco de la actual Constitución.
Esta aclaratoria es válida para que estas medidas no se confundan con medidas de una verdadera revolución socialista dirigida, encabezada y sostenida por trabajadores. Por lo que la burguesía no debe “pegar el grito al cielo”, vociferando “comunismo”. Todas ellas se han aplicado y aplican en los más diversos países del capitalismo desarrollado. Algunas de estas acciones las han tomado gobiernos y Estados capitalistas, como el New Deal de EEUU, el capitalismo nórdico o la revolución mexicana con la nacionalización del petróleo; e incluso algunas de estas medidas ya se aplicaron en Venezuela en gobiernos anteriores, por lo que, dentro del marco de la actual constitución, el Estado venezolano puede legalmente aplicarlas, sin que por ello se puedan calificar de "Hechas en Socialismo” como pomposamente se promociona cualquier "reparto de comida, un Mercal, un C.D.I o el ensamble de teléfonos o computadoras fabricadas en China.
He aquí un programa perfectamente viable en defensa de la mal llamada “soberanía e independencia”, que como todo doble discurso, encubre con palabras los verdaderos objetivos de las clases y camarillas civiles o militares, políticas o económicas que detentan y se benefician del Poder del Estado.
Es evidente que estas medidas solo pueden ser tomadas y desarrolladas por un gobierno realmente revolucionario apoyado en los trabajadores, sin que ello signifique -en la actual situación nacional y mundial- acabar con el capitalismo. Se trata simplemente de llevar a la práctica el ansiado programa de SEMBRAR EL PETRÓLEO pero no en los bolsillos de patronos y políticos, sino en función de satisfacer las necesidades inmediatas de la inmensa mayoría del país, que somos los trabajadores y asalariados.
Entradas
