Redacción
Durante la madrugada del 08.05.14 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana realizaron el desalojo violento de los 4 campamentos estudiantiles ubicados en el este de Caracas, llevándose a todas las personas detenidas, 243 personas según reveló el ministro de Interior y Justicia Rodríguez Torres, pero muchos más según personas allegadas a los manifestantes. Desde hace varios días atrás, Torres venía afirmando que en los campamentos se consumía y distribuía droga. En un comunicado del 05 de abril, la sede de la Organización de Naciones Unidas había pedido al gobierno respetar el derecho a la manifestación de las personas en el campamento.
Durante la madrugada del 08.05.14 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana realizaron el desalojo violento de los 4 campamentos estudiantiles ubicados en el este de Caracas, llevándose a todas las personas detenidas, 243 personas según reveló el ministro de Interior y Justicia Rodríguez Torres, pero muchos más según personas allegadas a los manifestantes. Desde hace varios días atrás, Torres venía afirmando que en los campamentos se consumía y distribuía droga. En un comunicado del 05 de abril, la sede de la Organización de Naciones Unidas había pedido al gobierno respetar el derecho a la manifestación de las personas en el campamento.
Esta ofensiva represiva ocurre después que el gobierno de Nicolás Maduro había neutralizado las denominadas "guarimbas" tras intervenciones policiales y militares en varios lados del país, y que el propio Ministro declaró sobre los supuestos proyectos de la "ultraderecha" de ejecutar un "plan de sedición violenta" que según sus palabras tendría "dos frentes de ataque: Derechos Humanos y narcotráfico, que justificaría la sublevación de "un grupo de estudiantes pacíficos y desarmados", ocultando que se trata de bandas "entrenadas por paramilitares y contratadas por partidos políticos de ultraderecha". Además añadió que los "objetivos de estos ataques a Venezuela son: "En primer lugar, impedir la propagación continental del ideal bolivariano, eso es fundamental para Estados Unidos, y apropiarse y controlar la Faja Petrolífera del Orinoco, la más grande del planeta".
El conflicto en Venezuela está asumiendo otras características, luego que los estudiantes volvieran a sus Universidades para discutir sobre el reinicio de actividades académicas, y los últimos enfrentamientos contra grupos militares, policiales y parapoliciales se dieran en las adyacencias de las casas de estudio en diferentes partes del país en los últimos días. En el incidente, hasta ahora más grave, se encuentra el incendio de la Universidad Fermín Toro de la ciudad de Barquisimeto. La labor represiva se ha apoyado en la actuación de los paramilitares, quienes durante la mañana del 08.05.14 habrían detonado un artefacto explosivo dentro de la Facultad de Humanidades de la UCV como forma de amedrentamiento. Diferentes grupos de personas autocalificadas como "revolucionarias" estarían actuando contra los manifestantes bajo las órdenes del militar y empresario oficialista Diosdado Cabello.
La reactivación de la conflictividad política por parte del gobierno persigue desviar la atención de la progresiva aplicación del paquete económico, donde se está descargando el costo de la crisis económica y el desfalco de los dólares en el mercado negro sobre los hombros de la población. La realización de la llamada "Conferencia Nacional de Paz" constituyó una excusa para reunirse abiertamente con los empresarios y realizar acuerdos para revertir la situación de desabastecimiento en el país. El gobierno de Maduro se comprometió a garantizarles el acceso a divisas a precios preferenciales y autorizar el aumento de precios de productos de consumo masivo a cambio de llenar los anaqueles y publicar listas de precios de productos suntuarios, como la ropa de marca y los vehículos. Según los propios analistas cercanos al gobierno la falta de liquidez del Ejecutivo lo obligará a tomar medidas mas impopulares, como el aumento de precios del transporte -que ya se ejecutó-, el aumento de precio de la gasolina y el aumento de impuestos al consumo y al crédito bancario.
Como ha evidenciado el caso de Massiel Pacheco, así como la criminalización de la protesta iniciada en el año 2002, el aval de la represión de Estado contra un sector de la sociedad que protesta termina ilegalizando todo tipo de disidencia. Desde El Libertario continuaremos denunciando el terrorismo de Estado, la actuación de grupos paramilitares, la aplicación del paquete económico, la corrupción de la burocracia y la boliburguesía y los amplios y lucrativos negocios cedidos a las multinacionales energéticas. Asimismo, continuaremos profundizando el descontento contra las cúpulas partidistas tanto del PSUV y la Mesa de la Unidad Democrática y enfrentando la rearticulación y reacomodo de los partidos políticos opositores en su intento de obtener más cuotas de poder.
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