Ricardo Colmeiro
En el país que alberga la mayor población carcelaria del mundo, se ha desarrollado un floreciente negocio privado de prisiones. En esta industria la mercancía que entra en las factorías para ser ‘tratada’ son seres humanos (convictos, en la jerga del estado de derecho), entregadas por la administración judicial y penal norteamericana a determinadas empresas amigas, previamente seleccionadas por su habilidad en el confinamiento a bajo precio de centenares o miles de personas, cuyo suministro en las cantidades ‘reclamadas’ para la rentabilidad del negocio, en todo caso, les está garantizado.
Muros, jaulas, cadenas … ¡nichos de mercado!
Décadas de políticas de ‘mano dura’, legislativa y judicial, y un sistema penal basado en el encierro, crearon en Estados Unidos la mayor población carcelaria del mundo y una multimillonaria industria de prisiones privadas. Este ‘sector industrial’, bautizado por los sociólogos y economistas más “ecuánimes y políticamente correctos” como “gran complejo industrial carcelario”, es en todo equivalente al “complejo industrial militar” o al “complejo industrial de la comunicación”. Todos ellos dedicados a lucrarse económicamente a base de hacer desaparecer, secuestrar, aislar en la niebla, precipitar en limbos guantanameros, silenciar … a gran número de personas maltratadas y el crimen de estado generalizado.
“Las cárceles no hacen desaparecer los problemas, hacen desaparecer a los seres humanos. Y la práctica de hacer desaparecer a grandes números de personas de las comunidades pobres, inmigrantes y racialmente marginadas se ha vuelto literalmente un gran negocio”, escribió Ángela Davis, la conocida escritora y militante en los Panteras Negras, que bien sabe lo que dice por haber sufrido la ignominia en carne propia.
La buitrada multinacional
La mayor empresa de cárceles en EE UU es “Corrections Corporation of America” (CCA),que fue también la primera de esta innovadora industria. Creada en 1983, fue ideada por Jack Massey, el mismo personaje que a fines de los años 60 fundó la “Hospital Corporation of America”, hoy la mayor empresa de hospitales y centros de cirugía privados de Estados Unidos.
Al año siguiente, Wackenhut Corrections Corporation (WCC) apareció en el mercado, una empresa que más tarde sería comprada por el Grupo Geo, la segunda compañía más grande del complejo industrial.
En los años inmediatamente precedentes, hacia finales de los 70 y comienzos de los 80 del pasado siglo, los ejecutivos de ambas empresas habían llegado a la misma conclusión. Confiaron en que la alta rentabilidad de la naciente industria carcelaria estaba garantizada por la mentalidad penalista, atrozmente reaccionaria, de quienes muy pronto iban a estar situados en los más altos cargos del gobierno, el senado, la administración judicial y la presidencia del país. En todo caso, hay evidencias notorias de contactos previos y negociaciones sobre este asunto, celebradas en las cloacas de las elecciones presidenciales entre 1970 y 1981, con la excusa de la financiación de la candidatura de Ronald Reagan, finalmente victoriosa.
“Cárceles especulativas”
Tal era la ‘confianza’ en el éxito del negocio en ciernes, en que no fallaría el “suministro de mercancía” en cantidades suficientes, que la población encarcelada se iba a incrementar de modo progresivo y en que llegarían con rapidez a acuerdos con las autoridades políticas y judiciales, que las dos empresas involucradas, tanto CCA como WCC, comenzaron construyendo “cárceles especulativas”, es decir que lo hacían pese a no tener contratos firmadas con los gobiernos locales o estaduales. Tal era la seguridad en que sus ‘amigos’ de la administración no los dejarían con los edificios vacíos.
Así, según Donald Cohen, director ejecutivo de la organización cívica In The Public Interest, “las primeras de estas cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres con la promesa de garantizar empleos, aumentar la recaudación y abaratar los costos que provocaba la creciente población carcelaria a los gobiernos”. Aparentemente –en la documentación justificativa inicial- “cumplirían las mismas reglamentaciones que las prisiones públicas y una vez en funcionamiento seguirían estando bajo el control de los mismos entes gubernamentales”. Por supuesto, este “control”, gracias a una adecuada política empresarial conocida como “cortejo a los funcionarios”, pasaría a ser cada día más formal, débil y, finalmente, ineficaz.
El Estado garante del gran negocio. O como, perdida la justicia, aumenta la pena de sus víctimas
Con estos procedimientos, las cárceles privadas pronto se instalaron en numerosos municipios y enseguida se expandieron a las regentadas por gobiernos de los estados, principalmente en el sur del país, cerca de la frontera con México, y finalmente, con la llegada de Bill Clinton a la presidencia, el Estado nacional.
Clinton endureció aún más la política criminal del país diseñada por la administración Reagan, redujo dramáticamente el control público sobre las prisiones y abrió la puerta a que el Departamento de Justicia comenzara a contratar cárceles privadas para decenas de miles de inmigrantes indocumentados y criminales. Gracias a esta política, “a mediados de los años 90, Corrections Corporation of America era una de las empresas que mejor cotizaba en Wall Street”.
De Clinton a Bush y Obama, sin transición en la infamia
Una vez abierto el camino, el mayor esplendor del complejo industrial carcelario privado llegó tras la declaración de la “guerra contra el terrorismo” en 2001 y, especialmente, con la política para frenar la inmigración del segundo mandato de George W. Bush. Así, a finales de 2010 el complejo industrial carcelario ya se había instalado con distinta fuerza en 30 de los 50 estados del país, al mismo tiempo que, entre 1999 y 2010, la población carcelaria en EE UU había crecido casi un 20%, pero el número de presos en cárceles privadas aumentó alrededor de un 80%.
Actualmente CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91.000 presos, mientras que el Grupo Geo tiene 65 prisiones y puede albergar más de 65.700 detenidos. Sus ganancias anuales en 2011 fueron de 1.700 millones y 1.600 millones de dólares, respectivamente.
Un informe de 2012 de In the Public Interest analizó 62 contratos de empresas de cárceles con gobiernos estaduales y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80 hasta el 100% de “las camas”, incluso si la tasa de criminalidad disminuye.
Ocurre en Colorado
Según los informes oficiales en el Estado de Colorado el número de crímenes se redujo en un tercio en la última década y eso permitió el cierre de cinco cárceles públicas desde 2009, aunque originalmente, el gobierno de Colorado había defendido la firma de contratos con prisiones privadas argumentando que el sistema carcelario público estaba desbordado.
Sin embargo, en 2012 y tras el cierre de las cinco prisiones, el gobierno local firmó un acuerdo con Corrections Corporation of America (CCA) para garantizar durante 2013 al menos 3.300 presos en las tres cárceles que la empresa tiene en ese estado, con un costo anual de 20.000 dólares por preso.
Estado y capital, un pasillo sin puertas, un aro, un grillete, glaciales y homicidas
Las grandes empresas de la industria carcelaria en USA “persuadieron” a la clase política de la conveniencia de abrir al negocia la trata de seres humanos en condiciones de no libertad, a fuerza de millones de dólares invertidos en lobby a través del grupo privado Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense (ALEC, según sus siglas originales).
ALEC no es un grupo de lobby formalmente, sino una oficina con el objetivo de redactar y promocionar proyectos de ley, bajo el slogan neo liberal “gobierno limitado, libertad de mercados, federalismo”. Sus miembros incluyen más de 2.000 legisladores estaduales y directores ejecutivos de grandes corporaciones, como las que nos ocupan CCA y el Grupo Geo, organizados por Comisiones, como las del Poder Legislativo, en las que cada una está liderada por un legislador en funciones y un empresario vinculado con esa área. Incluso el The New York Times o la revista The Nation, vincularon a ALEC con leyes de ‘mano dura’ y las principales normas que permitieron la privatización del sistema penitenciario.
En este sentido, según el informe de In the Public Interest, tanto CCA como Geo Group hacen grandes inversiones para influir en los legisladores. La primera destinó 17,4 millones de dólares en influenciar a políticos entre 2002 y 2012, mientras que la segunda gastó bastante menos (2,5 millones) entre 2004 y 2012. En paralelo, también hicieron generosas donaciones a las campañas de líderes políticos clave: entre 2003 y 2012, CCA destinó 1,9 millones, mientras que Geo Group 2,9 millones.
La “cuenta de resultados”, eso es lo que importa. La cuenta del sufrimiento y la exclusión, eso es lo que no importa
Las cuentas de resultados de CCA y del otro gigante del sector, Geo Group van bien, impulsadasel tercer trimestre de 2013 CCA registró un beneficio neto de 51,8 millones de dólares en comparación con los 42,3 millones del mismo periodo del año anterior. Ambos grupos cotizan en bolsa y su elevada rentabilidad ha atraído a grandes entidades financieras y bancos a invertir en ellas.
Hay quien afirma que las empresas de cárceles en USA no crearon las Leyes penitenciales (competencia sagrada del ‘legislativo’), por más que ayudasen a aprobarlas. Pero esto no son más que sutilezas de camuflaje. Los últimos 30 años de la historia legislativa de Estados Unidos demuestran hasta la obscenidad que la única forma que tiene el complejo industrial carcelario de aumentar su mercado y sostener sus beneficios es tener la “seguridad jurídica” de que las políticas criminales no se dulcificarán, sino que, por el contrario, serán más duras, hasta un límite que nadie se atreve a fijar.
Con toda desfachatez y la impunidad que ofrece el cinismo democrático-capitalismo, las propias compañías admiten en sus informes públicos que el aumento de la población carcelaria repercute positivamente en sus resultados, y que, en cambio, pueden suponer riesgos para sus negocios que se relajen los procedimientos de detención de inmigrantes y las leyes que rigen la duración de las penas.
[Artículo publicado en la revista La Campana, Pontevedra, 28/4/2014, www.revistalacampana.info.]
En el país que alberga la mayor población carcelaria del mundo, se ha desarrollado un floreciente negocio privado de prisiones. En esta industria la mercancía que entra en las factorías para ser ‘tratada’ son seres humanos (convictos, en la jerga del estado de derecho), entregadas por la administración judicial y penal norteamericana a determinadas empresas amigas, previamente seleccionadas por su habilidad en el confinamiento a bajo precio de centenares o miles de personas, cuyo suministro en las cantidades ‘reclamadas’ para la rentabilidad del negocio, en todo caso, les está garantizado.
Muros, jaulas, cadenas … ¡nichos de mercado!
Décadas de políticas de ‘mano dura’, legislativa y judicial, y un sistema penal basado en el encierro, crearon en Estados Unidos la mayor población carcelaria del mundo y una multimillonaria industria de prisiones privadas. Este ‘sector industrial’, bautizado por los sociólogos y economistas más “ecuánimes y políticamente correctos” como “gran complejo industrial carcelario”, es en todo equivalente al “complejo industrial militar” o al “complejo industrial de la comunicación”. Todos ellos dedicados a lucrarse económicamente a base de hacer desaparecer, secuestrar, aislar en la niebla, precipitar en limbos guantanameros, silenciar … a gran número de personas maltratadas y el crimen de estado generalizado.
“Las cárceles no hacen desaparecer los problemas, hacen desaparecer a los seres humanos. Y la práctica de hacer desaparecer a grandes números de personas de las comunidades pobres, inmigrantes y racialmente marginadas se ha vuelto literalmente un gran negocio”, escribió Ángela Davis, la conocida escritora y militante en los Panteras Negras, que bien sabe lo que dice por haber sufrido la ignominia en carne propia.
La buitrada multinacional
La mayor empresa de cárceles en EE UU es “Corrections Corporation of America” (CCA),que fue también la primera de esta innovadora industria. Creada en 1983, fue ideada por Jack Massey, el mismo personaje que a fines de los años 60 fundó la “Hospital Corporation of America”, hoy la mayor empresa de hospitales y centros de cirugía privados de Estados Unidos.
Al año siguiente, Wackenhut Corrections Corporation (WCC) apareció en el mercado, una empresa que más tarde sería comprada por el Grupo Geo, la segunda compañía más grande del complejo industrial.
En los años inmediatamente precedentes, hacia finales de los 70 y comienzos de los 80 del pasado siglo, los ejecutivos de ambas empresas habían llegado a la misma conclusión. Confiaron en que la alta rentabilidad de la naciente industria carcelaria estaba garantizada por la mentalidad penalista, atrozmente reaccionaria, de quienes muy pronto iban a estar situados en los más altos cargos del gobierno, el senado, la administración judicial y la presidencia del país. En todo caso, hay evidencias notorias de contactos previos y negociaciones sobre este asunto, celebradas en las cloacas de las elecciones presidenciales entre 1970 y 1981, con la excusa de la financiación de la candidatura de Ronald Reagan, finalmente victoriosa.
“Cárceles especulativas”
Tal era la ‘confianza’ en el éxito del negocio en ciernes, en que no fallaría el “suministro de mercancía” en cantidades suficientes, que la población encarcelada se iba a incrementar de modo progresivo y en que llegarían con rapidez a acuerdos con las autoridades políticas y judiciales, que las dos empresas involucradas, tanto CCA como WCC, comenzaron construyendo “cárceles especulativas”, es decir que lo hacían pese a no tener contratos firmadas con los gobiernos locales o estaduales. Tal era la seguridad en que sus ‘amigos’ de la administración no los dejarían con los edificios vacíos.
Así, según Donald Cohen, director ejecutivo de la organización cívica In The Public Interest, “las primeras de estas cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres con la promesa de garantizar empleos, aumentar la recaudación y abaratar los costos que provocaba la creciente población carcelaria a los gobiernos”. Aparentemente –en la documentación justificativa inicial- “cumplirían las mismas reglamentaciones que las prisiones públicas y una vez en funcionamiento seguirían estando bajo el control de los mismos entes gubernamentales”. Por supuesto, este “control”, gracias a una adecuada política empresarial conocida como “cortejo a los funcionarios”, pasaría a ser cada día más formal, débil y, finalmente, ineficaz.
El Estado garante del gran negocio. O como, perdida la justicia, aumenta la pena de sus víctimas
Con estos procedimientos, las cárceles privadas pronto se instalaron en numerosos municipios y enseguida se expandieron a las regentadas por gobiernos de los estados, principalmente en el sur del país, cerca de la frontera con México, y finalmente, con la llegada de Bill Clinton a la presidencia, el Estado nacional.
Clinton endureció aún más la política criminal del país diseñada por la administración Reagan, redujo dramáticamente el control público sobre las prisiones y abrió la puerta a que el Departamento de Justicia comenzara a contratar cárceles privadas para decenas de miles de inmigrantes indocumentados y criminales. Gracias a esta política, “a mediados de los años 90, Corrections Corporation of America era una de las empresas que mejor cotizaba en Wall Street”.
De Clinton a Bush y Obama, sin transición en la infamia
Una vez abierto el camino, el mayor esplendor del complejo industrial carcelario privado llegó tras la declaración de la “guerra contra el terrorismo” en 2001 y, especialmente, con la política para frenar la inmigración del segundo mandato de George W. Bush. Así, a finales de 2010 el complejo industrial carcelario ya se había instalado con distinta fuerza en 30 de los 50 estados del país, al mismo tiempo que, entre 1999 y 2010, la población carcelaria en EE UU había crecido casi un 20%, pero el número de presos en cárceles privadas aumentó alrededor de un 80%.
Actualmente CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91.000 presos, mientras que el Grupo Geo tiene 65 prisiones y puede albergar más de 65.700 detenidos. Sus ganancias anuales en 2011 fueron de 1.700 millones y 1.600 millones de dólares, respectivamente.
Un informe de 2012 de In the Public Interest analizó 62 contratos de empresas de cárceles con gobiernos estaduales y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80 hasta el 100% de “las camas”, incluso si la tasa de criminalidad disminuye.
Ocurre en Colorado
Según los informes oficiales en el Estado de Colorado el número de crímenes se redujo en un tercio en la última década y eso permitió el cierre de cinco cárceles públicas desde 2009, aunque originalmente, el gobierno de Colorado había defendido la firma de contratos con prisiones privadas argumentando que el sistema carcelario público estaba desbordado.
Sin embargo, en 2012 y tras el cierre de las cinco prisiones, el gobierno local firmó un acuerdo con Corrections Corporation of America (CCA) para garantizar durante 2013 al menos 3.300 presos en las tres cárceles que la empresa tiene en ese estado, con un costo anual de 20.000 dólares por preso.
Estado y capital, un pasillo sin puertas, un aro, un grillete, glaciales y homicidas
Las grandes empresas de la industria carcelaria en USA “persuadieron” a la clase política de la conveniencia de abrir al negocia la trata de seres humanos en condiciones de no libertad, a fuerza de millones de dólares invertidos en lobby a través del grupo privado Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense (ALEC, según sus siglas originales).
ALEC no es un grupo de lobby formalmente, sino una oficina con el objetivo de redactar y promocionar proyectos de ley, bajo el slogan neo liberal “gobierno limitado, libertad de mercados, federalismo”. Sus miembros incluyen más de 2.000 legisladores estaduales y directores ejecutivos de grandes corporaciones, como las que nos ocupan CCA y el Grupo Geo, organizados por Comisiones, como las del Poder Legislativo, en las que cada una está liderada por un legislador en funciones y un empresario vinculado con esa área. Incluso el The New York Times o la revista The Nation, vincularon a ALEC con leyes de ‘mano dura’ y las principales normas que permitieron la privatización del sistema penitenciario.
En este sentido, según el informe de In the Public Interest, tanto CCA como Geo Group hacen grandes inversiones para influir en los legisladores. La primera destinó 17,4 millones de dólares en influenciar a políticos entre 2002 y 2012, mientras que la segunda gastó bastante menos (2,5 millones) entre 2004 y 2012. En paralelo, también hicieron generosas donaciones a las campañas de líderes políticos clave: entre 2003 y 2012, CCA destinó 1,9 millones, mientras que Geo Group 2,9 millones.
La “cuenta de resultados”, eso es lo que importa. La cuenta del sufrimiento y la exclusión, eso es lo que no importa
Las cuentas de resultados de CCA y del otro gigante del sector, Geo Group van bien, impulsadasel tercer trimestre de 2013 CCA registró un beneficio neto de 51,8 millones de dólares en comparación con los 42,3 millones del mismo periodo del año anterior. Ambos grupos cotizan en bolsa y su elevada rentabilidad ha atraído a grandes entidades financieras y bancos a invertir en ellas.
Hay quien afirma que las empresas de cárceles en USA no crearon las Leyes penitenciales (competencia sagrada del ‘legislativo’), por más que ayudasen a aprobarlas. Pero esto no son más que sutilezas de camuflaje. Los últimos 30 años de la historia legislativa de Estados Unidos demuestran hasta la obscenidad que la única forma que tiene el complejo industrial carcelario de aumentar su mercado y sostener sus beneficios es tener la “seguridad jurídica” de que las políticas criminales no se dulcificarán, sino que, por el contrario, serán más duras, hasta un límite que nadie se atreve a fijar.
Con toda desfachatez y la impunidad que ofrece el cinismo democrático-capitalismo, las propias compañías admiten en sus informes públicos que el aumento de la población carcelaria repercute positivamente en sus resultados, y que, en cambio, pueden suponer riesgos para sus negocios que se relajen los procedimientos de detención de inmigrantes y las leyes que rigen la duración de las penas.
[Artículo publicado en la revista La Campana, Pontevedra, 28/4/2014, www.revistalacampana.info.]
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