Por: Organizaciones
obreras y populares
Nuestro país se encuentra sumido en una aguda crisis
económica, política y social. Una gestión económica gubernamental que ha
favorecido a la banca privada, a las transnacionales y al gran comercio
importador, en desmedro de la mayoría del pueblo, ha devenido en un estrepitoso
fracaso que hoy se traduce en escasez, uno de los índices inflacionarios más
altos del continente, y un desempleo cada vez mayor. Más allá de los logros en
términos de ampliación en la asistencia social en la última década, es inocultable
que el descontento de grandes sectores de la población con la debacle económica
está en la base de la conflictividad social, que se ha expresado en más de 15
mil protestas en los últimos tres años. Los acuerdos entre el gobierno y
Fedecámaras en nombre de la “paz” profundizan el ajuste, incluyendo grandes
devaluaciones y aumentos de los precios de los alimentos, y dando su aprobación
a la flexibilización laboral y a cientos de despidos tanto en el sector público
como en el privado.
Asimismo, el gobierno mantiene una gigantesca nómina de
trabajadores contratados y tercerizados. Por otro lado, está el reclamo de los
jubilados por la cancelación del bono de alimentación, así como el deterioro
del sistema público de salud, agravando la de por sí precaria situación de la
mayoría empobrecida de los venezolanos.
Es necesario que todos los sectores organizados del pueblo y
los trabajadores salgamos a enfrentar el ajuste y a exigir que la crisis la
paguen quienes la generaron: la burocracia corrupta y los empresarios de
maletín que se robaron 20 millardos de dólares mediante importaciones
fraudulentas, la gerencia de las empresas estatizadas que las ha llevado al
desastre, así como los grandes capitales nacionales y transnacionales, que se
han beneficiado del festín de la renta petrolera de todos estos años.
Pero además de esta lucha en el terreno económico contra los
planes del gobierno y Fedecámaras, tenemos que hacer frente a una regresión muy
peligrosa en el terreno de las libertades democráticas. Más de cuatro mil
personas se encuentran procesadas judicialmente por participar en protestas,
entre ellos más de ciento treinta dirigentes sindicales, como Rubén González de
Ferrominera, José Bodas y los nueve petroleros de la refinería de Puerto La
Cruz, los trabajadores de la empresa mixta Civetchi, ocho de ellos presos por
intentar conformar un sindicato. Además de los innumerables despidos y
renuncias forzadas, avaladas por las Inspectorías del Trabajo; como en el
sector cementero, centrales azucareros, Petrocasa, y otras empresas estatales.
Entre los perseguidos judicialmente, también se encuentran
decenas de dirigentes campesinos, luchadores indígenas de los pueblos wayúu,
los yukpa y los pemón; estudiantes y dirigentes comunitarios. Con esta política
de criminalización de la protesta, el gobierno pretende maniatar al pueblo
trabajador para que no defienda sus derechos por medio de la movilización y así
poder tener vía libre para seguir avanzando en un ajuste brutal.
Repudiamos categóricamente la acción represiva del Sebin, la
Guardia Nacional Bolivariana, el Cicpc, y los cuerpos parapoliciales que han
atacado las recientes manifestaciones, así como las luchas obreras, campesinas
e indígenas.
Aunque tenemos diferencias irreconciliables con la MUD, por
representar a un sector de la burguesía que disputa el control de la renta
petrolera, y no tiene nada que ofrecer a las mayorías populares, -por lo que no
participamos en las movilizaciones convocadas por ellos, al no compartir sus
propósitos-, consideramos importante defender el derecho a la protesta social y
política, pues toda restricción de este derecho forma parte de la misma
orientación gubernamental que ya hemos descrito, de ataque a los trabajadores y
a los pueblos. Por eso exigimos un decreto presidencial de amnistía que anule
los juicios contra las más de cuatro mil personas procesadas por defender sus
derechos o participar en protestas, sin distinciones partidistas. Exigimos la
conformación de una comisión de la verdad con la participación de
organizaciones de DDHH independientes, organizaciones sociales y familiares de
las víctimas, que investigue todos los asesinatos, lesiones y torturas del
último mes de protestas, para garantizar justicia a las víctimas.
Los pueblos indígenas, en lucha por el autogobierno y sus
derechos territoriales, enfrentados a los acuerdos que el gobierno ha realizado
con capitales mineros imperialistas en Perijá, La Guajira, Amazonas y Bolívar,
han sido víctimas de la violencia militar. En el caso del pueblo wayúu, se
denuncia el asesinato de más de 20 indígenas en las últimas semanas. Esta
represión debe ser investigada de igual forma y castigados sus ejecutores
materiales e intelectuales. En las cárceles y los tribunales no deben estar
quienes luchan en defensa de sus derechos, deben estar los altos burócratas y
empresarios que desfalcaron los 20 millardos de dólares mediante importaciones
fraudulentas, los responsables materiales, intelectuales y políticos de los
asesinatos de campesinos, obreros, indígenas y manifestantes, así como los
violadores de los derechos humanos.
Los trabajadores y los sectores populares no podemos marchar
detrás del gobierno que nos criminaliza y descarga la crisis económica sobre
nuestros hombros, en acuerdo con Fedecámaras. Tampoco podemos marchar con la
oposición que pretende presentarse ante los trabajadores y el pueblo como una
opción para resolver la crisis económica y social de nuestro país. Ni sumarnos
a una engañosa campaña por “la salida” que crea la falsa ilusión de que un
gobierno de la oposición patronal resolvería los problemas del país. De igual
manera rechazamos toda injerencia imperialista en nuestro país. Está claro que
debemos y necesitamos movilizarnos de manera independiente, autónoma y clasista
para poder enfrentar el paquete económico del gobierno y Fedecámaras, que está
contemplado también en el programa económico de la MUD, y al mismo tiempo
defender las libertades democráticas. Por eso estamos llamando a todos los
trabajadores, los estudiantes, los pueblos indígenas, los campesinos, y a los
habitantes de las comunidades populares, a articular nuestras luchas contra la
alianza entre Fedecámaras y el gobierno, con plena independencia política. El
Encuentro Sindical y Popular del 21 de marzo en Caracas ha sido un paso inicial
en esta dirección. En él, hemos acordado realizar encuentros regionales en esta
misma perspectiva, para construir la unidad de todas nuestras luchas.
Llamamos a todo el pueblo trabajador a movilizarse para
exigir un aumento general de sueldos y salarios, un salario mínimo igual a la
canasta básica oficial que se ajuste periódicamente de acuerdo con la
inflación, la eliminación del IVA, el cese de la tercerización y los despidos,
cargos fijos para los trabajadores del sector público, cancelación del bono
alimenticio a los jubilados y pensionados, el cese de la criminalización de la
protesta, libertad plena a los dirigentes sindicales presos y procesados, que
se optimice el sistema nacional de salud, que se eliminen los tratados contra
la doble tributación que eximen de impuestos a las transnacionales; que se
reconozca la autodemarcación de los territorios indígenas y se anulen las
concesiones mineras inconsultas en estos territorios; que se suspenda el pago
de la deuda externa, que sea nacionalizada la industria petrolera, sin empresas
mixtas ni transnacionales; no a la intervención del CNE en los asuntos
sindicales; que se derogue el registro sindical de la Lottt, y que salgan las
manos de la burocracia corrupta de las empresas básicas y las empresas
nacionalizadas, para que sean los trabajadores los que con la gestión
democrática de estas empresas recuperen su producción y las pongan en pie
nuevamente. Rechazamos el aumento de la gasolina que el gobierno viene
preparando.
Al avanzar en la articulación de las luchas será posible ir
vislumbrando acciones nacionales de cada vez mayor envergadura, incluyendo la
posibilidad de realizar un gran encuentro de trabajadores, campesinos, pueblos
indígenas, estudiantes y organizaciones populares que pueda convocar una huelga
general y expresar la voz de millones de personas que exigen respeto a sus
derechos. El primero de mayo de este año se presenta como una oportunidad para
realizar una movilización autónoma, sin compromisos con el gobierno ni con la
MUD, y que visibilice nuevamente el clamor de la clase trabajadora, los
campesinos, los habitantes de las comunidades populares y los pueblos indígenas
en lucha.
¡No al paquetazo de Maduro y Fedecámaras!
¡Aumento general de sueldos y salarios! ¡Escala móvil de
salarios!
¡Anulación de los juicios a todos los procesados por
protestar!
¡No a los despidos en el sector público y privado!
¡Que la crisis no la pague el pueblo, que la paguen los
boliburgueses, las transnacionales y Fedecámaras!
Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Gladys Montenegro, secretaria general de SutraHUC
Osmary Escalona, secretaria general de SitraIVSS-Lara
El Libertario
Wainjirawa
Despolarizando
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