Antimilitarismo en América Latina, una mirada libertaria

Pelao Carvallo

El día lunes 28 de octubre, pasadas las 18 horas, la plaza frente al edificio del Congreso Nacional en Asunción de Paraguay fue el lugar de un ataque policial contra miles de manifestantes que en ese momento escuchaban el cierre de una votación en diputados. Mientras en la sala de diputados se sellaba la aprobación de la ley conocida como APP (por Alianza Público-Privada), la policía hacía un despliegue innecesario de brutalidad, fuerza y energía. Aparentemente innecesario. Porque más bien es el afinamiento de un método para descomprimir presiones sociales  y certificar los golpes que el parlamento paraguayo da. El método consiste en desplegar una fuerza policial múltiple: infantería, caballería y fuerzas especiales de choque acompañadas de francotiradores en los altos de los edificios cercanos a la plaza. Estas fuerzas se concentran en el costado de la plaza que da al parlamento, actuando como barrera. ¿Barrera de qué? De nada: las personas que se manifestaban esa tarde en un 98% no tenía ninguna intención de superar ninguna barrera, policial o virtual, para irrumpir en el congreso. Y el 2% restante no iba a contar con ningún apoyo si intentaba hacerlo. La policía lanzó una andanada de bombas de gases lacrimógenos a corta, media y larga distancia por todo el fondo de la plaza, empezando por el frente. De este modo indujeron rápidamente la huida de la gente que se manifestaba. Una desbandada que fue seguida por los policías de infantería y los de a caballo. Pocas detenciones, bastantes personas heridas, y un rápido despeje de la plaza.

Este fue el mismo método que se usó para consumar el golpe de estado parlamentario del 22 de junio de 2012, iniciado mediante una masacre de 11 campesinos y 6 policías en la zona de Curuguaty, al este del país, en un terreno que campesinos de la zona querían recuperar tras haber sido usurpada por una empresa agrícola cuyos dueños forman parte de las familias que deben su poder a la dictadura del general Stroessner. Una masacre, un golpe parlamentario y el despliegue violentísimo de la policía para cerrar todo el asunto. Con la aprobación de la APP, el gobierno “normalizador” de Horacio Cartes asumía los poderes que el gobierno golpista de Federico “Florero” Franco nunca pudo obtener: controlar en sus manos las operaciones privatizadoras de todos los entes estatales factibles de privatizar. Florero Franco derrocó, mediante votos parlamentarios, al presidente Fernando Lugo, de quien era su vicepresidente, con el apoyo de EEUU, Monsanto y la bendición del Opus Dei. Fernando Lugo había permitido que se pusieran algunas pocas trabas al ingreso de nuevas semillas transgénicas en el país. Esas trabas se eliminaron de inmediato tras la defenestración de Lugo.

Todo lo que muestra esta actualidad paraguaya forma parte del contexto que deben afrontar los y las antimilitaristas latinoamericanas: La tierra, los transgénicos, las forestales, la minería, la soja, las plantaciones para biocombustibles, en fin todo el extractivismo, ciudades cada vez más sometidas al neoliberalismo urbanístico de carreteras privatizadas y de amplios cinturones de poblaciones marginales por desplazamiento desde  el campo descampenizado, así como la función cada vez más militar de la policía, el neoliberalismo rampante, la corrupción parlamentaria, el narco, la disputa geoestratégica entre Brasil y Estados Unidos y entre Estados Unidos y China, todo eso forma parte del caldo de cultivo para dar curso a conflictos que se solucionan con manu militari, aunque esta mano sea más bien policial.

Los y las antimilitaristas latinoamericanas son un puñado de activistas autónomas, independientes, autorganizadas o que forman parte o trabajan para oenegés, universidades o integran las pocas organizaciones antimilitaristas existentes. Es gente  que en su vida el antimilitarismo forma parte integral  y que activan, actúan y luchan contra las formas, actuales y clásicas, de presencia e impronta del militarismo en las sociedades latinoamericanas y del Caribe.

Un puñado, porque la definición de antimilitarista es bastante complicada de asumir. Incluso es más sencillo asumirse noviolento, pacifista, objetor de conciencia que antimilitarista. Cuestionar la totalidad de la institución militar, no sólo las fuerzas armadas yanquis, o a las del propio país en contraposición a formaciones militares que se presentan como revolucionarias y alternativas, es algo que muy pocas activistas llegan a hacer. Así, una manifestación contra una base militar yanqui o un entrenamiento militar a cargo de yanquis o israelíes, puede concitar un amplio consenso social y político, pero criticar un ejército que se diga revolucionario o bolivariano, por ejemplo, concitará mucho menos consenso.

La crítica al militarismo es mayormente parcial y de signo antiimperialista. El antimilitarismo tiene además cierta conexión con un internacionalismo que se lleva mal con los patriotismos que imperan en ese “antimilitarismo del militarismo yanqui o europeo” o con el machismo que ronda en la izquierda admiradora de héroes muy machos patriotas o guerrilleros.

Por ello las campañas, acciones e iniciativas que asumen los y las antimilitaristas latinoamericanas tienen al menos dos grandes marcos para su realización: aquellas de amplio consenso y que permiten presentar una cierta mirada antimilitarista sobre el tema, sin que esa mirada sea la principal en la presentación pública de la campaña, acción o iniciativa. Actividades contra bases militares yanquis, contra intervenciones militares estadounidenses o con apoyo norteamericano o contra iniciativas extractivistas que redundarán en beneficios para la industria militar yanqui o estatal, si el gobierno nacional no es de izquierda, por ejemplo. En este ámbito entran las campañas por el reconocimiento, mantenimiento o efectivización del derecho de objeción de conciencia, contra el reclutamiento forzoso, la penalización de la objeción de conciencia, la cultura y la educación para la paz.

El otro marco es mucho más estrecho en cuánto a realizaciones y son aquel tipo de acciones o campañas que son de contenido y factura netamente antimilitarista, aunque su presentación pública no sea claramente antimilitarista tales como ciertas campañas de objeción de conciencia, denuncias de intervenciones militares locales o represiones militares/policiales contra comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes, acciones contra actividades de exaltación del militarismo como paradas militares, homenajes, rituales republicanos patrioteros. Acá podríamos incluir también las diversas iniciativas de encuentro y profundización antimilitaristas nacionales o regionales, tales como encuentros, seminarios, talleres y entrenamientos en objeción de conciencia, noviolencia, acción directa noviolenta y cultura y educación para la paz. Las dificultades geográficas, de movilización, de logística y de autopercepción ideológica y estrategia política hacen de este marco el de menor expresión de los dos.

Las definiciones grupales y personales y la estrategia política hacen el meollo de la situación actual del antimilitarismo latinoamericano y del caribe. Un antimilitarismo de acción directa, de claras convicciones y prácticas noviolentas, de autocrítica sostenida y sin contemporizaciones con ningún militarismo, pero con flexibilidad para generar alianzas para ampliar la capacidad de acción y difusión, es algo que aún no termina de cuajar. La práctica y teoría noviolenta aún no tiene un desarrollo regional que esté por fuera de los dos grandes dominadores que tiene hasta hoy: sectores progresistas de la iglesia católica y, últimamente, sectores de partidos políticos de origen cristiano o de otra espiritualidad. Las organizaciones e individualidades antimilitaristas latinoamericanas y del Caribe han carecido hasta hoy de sistematizaciones de sus experiencias autónomas, independientes y autoconvocadas y han debido estar conviviendo con oenegés de origen cristiano o político partidista para la discusión teórica y la sistematización o simple registro de las prácticas. También los encuentros entre antimilitaristas han estado mediados por la capacidad logística y económica de fundaciones y oenegés que tienen su propia agenda política, teórica y organizativa.  Generar una identificación antimilitarista clara, una estrategia ajustada a una práctica y experiencia compartida deberá entonces partir de crear capacidad de autogestión o apoyo mutuo con experiencias organizativas que compartan criterios políticos respecto a la acción directa noviolenta, la noviolencia, el antimilitarismo y la autorganización.

Hoy, la falta de esta identidad y estrategia establece un límite para la acción y el crecimiento de una propuesta antimilitarista para el análisis y la acción para la modificación social. Habrá que romper con el miedo o respeto exagerado a las defensas de la “autodefensa”, de la “respuesta adecuada”, de las justificaciones del uso y propaganda de la violencia, a los héroes guerrilleros o patriotas, al dominio héteropatriarcal soterrado que esconde la opción militarista de la izquierda latinoamericana, exceptuando las excepciones (muy excepcionales que hay). Habrá que romper con ese temor a denominarse noviolento partiendo por definir desde un contexto latinoamericano y caribeño el cómo entender noviolencia y violencia. Hacer la crítica a la violencia y a quienes adscriben teórica y prácticamente a la violencia a fardo cerrado, sin reflexión alguna.

Esto es tristemente concreto en el anarquismo latinoamericano: se asume una defensa cerrada del uso de la violencia desde el más ingenuo acriticismo. El anarquismo latinoamericano, sumamente crítico y autocrítico de todas las condicionantes que nos tocan en el sistema/mundo que vivimos, parece poner un muro a su capacidad crítica cuándo del uso y la defensa teórica de la violencia se trata. Respecto a la violencia, hasta el momento, los sectores anarquistas latinoamericanos  en su mayoría, hacen pasar desapercibida su crítica  o no analizan ni su contexto, ni su origen, ni los alcances y efectos de adscribir a ella aún en lo teórico, ni de lo que reforzamos o las alianzas teóricas que se generan al adscribir a la violencia en lo teórico o en el uso habitual. En los ámbitos de influencia marxista este escenario es peor aún.

Y podría pensarse que el anarquismo latinoamericano actual no ha podido desprenderse, en lo que a la caracterización de la violencia cabe, de la impronta cultural del marxismo violentero de los 60, 70 y 80 ni de todas las improntas subyacentes en la aceptación acrítica de la violencia como una posibilidad de acción y pensamiento libertario.

La noviolencia, en tanto teoría y acción directa puede ser el punto de partida de esa autopercepción deseada (la descripción autoconstruída de como unx quiere ser explicadx) y estrategia política que hoy hace falta para crear un antimilitarismo latinoamericano de presencia y participación real en los movimientos sociales que transforman la realidad.

Hoy le toca a este antimilitarismo que vivimos, resolver algunos temas que hacen complicada la definición de su estrategia  y construcción política. La misma pertenencia al amplio mundo de la izquierda latinoamericana es conflictiva, en tanto las señas de la izquierda latinoamericana, con todo y flexibles como son, tienen una impronta autoritaria, verticalista, patriarcal y militarista que hace muy difícil concordar con la matriz libertaria, horizontalista, feminista  y noviolenta del antimilitarismo latinoamericano existente y deseable. En ese diferencial de matrices vale la pena insistir para ir creando, por dentro y por fuera de la cultura de izquierda, un espacio para un antimilitarismo de acción directa socialmente revolucionario noviolento. Lo mismo, en cuanto a complicaciones a resolver, cabe decir de la relación con el mundo de las oenegés en tanto la capacidad autogestionaria del antimilitarismo se ve contradicha por la rutina profesional o financiera que la práctica de las oenegés entrega. La militancia como profesión, el sueldo como vínculo participante, los resultados y metas de la institución por sobre los deseos y propuestas de las comunidades o colectivos en lucha, constituyen contradicciones con una adscripción estratégica a la autogestión y acción directa noviolenta, sobre todo puesto que buena parte de quienes activan el antimilitarismo latinoamericano tiene como experiencia de base alguna surgida de campañas llevadas a cabo por oenegés o movimientos sociales oenegizados. También es necesario superar ese temor intelectual e identitario a definirse antimilitarista, noviolento y de acción directa y realizar una práctica relativamente coherente y críticamente incoherente con la cual encontrarse con otros movimientos en lucha por cambiar las cosas.

Una experiencia interesante respecto al encuentro de movimientos en lucha es la experiencia de los movimientos estudiantiles chilenos y el servicio militar obligatorio (SMO). El antimilitarismo en Chile realizó por muchos años campañas de insumisión al servicio militar y por el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia. Este reconocimiento no se dio nunca, pero si el llamado a la insumisión produjo algún efecto comunicacional y social: si bien quienes se declaraban insumisos públicamente no fueron muchos cada año, sí muchos jóvenes en edad militar descubrieron que no hacer el servicio militar era relativamente fácil y sencillo,  disminuyendo la participación de jóvenes en el proceso de selección al servicio militar. Este y otros motivos llevaron a las fuerzas armadas a realizar un plan para disminuir la necesidad  de nuevo contingente cada año e implementar  a los “soldados profesionales” a partir de los reclutas del  SMO. Esto funcionó relativamente sin problemas para las fuerzas armadas hasta los años 2006-2007, durante los cuales el movimiento estudiantil secundario chileno realizó la así llamada “revolución pingüina” que incluyo la okupación de cientos de liceos (establecimientos educacionales) por mucho tiempo, quitándole a las fuerzas armadas un “público cautivo” puesto que no pudieron realizar como tenían acostumbrado las campañas de reclutamiento.

Un movimiento antimilitarista latinoamericano y del caribe, con cierto grado de continuidad en la acción, podría empalmar sus propuestas y luchas con otras que se den, como el caso que relatamos de Chile, para potenciar mutuamente las demandas coincidentes para transformar la sociedad.

Pelao Carvallo

Octubre 30 de 2013

Asunción del Paraguay