Rafael Uzcátegui
Para quien tenga
memoria puede recordar como entre la década de los 80´s y los 90´s, tras agotar
el camino formal institucional, las comunidades de este país exigían respuesta
de sus problemas a las autoridades cerrando una vía, generalmente con objetos
contundentes e incendiando cauchos. El cierre de vías, por tanto, ha sido un
mecanismo histórico de protesta del movimiento popular venezolano, lo que confirma
la base de datos “Bravo Pueblo” que la historiadora Margarita López Maya
construyó entre 1985 y 1999 para registrar las motivaciones de la protesta
entre nosotros. Los datos reflejan que el cierre de calles era la tercera
estrategia más usada por las comunidades en Venezuela, con 224 situaciones
registradas en ese período. En esos años quienes participábamos en los
movimientos sociales rechazábamos, sin mediastintas, la represión policial
contra quienes cerraban una calle, camino o avenida como forma de exigir sus
derechos, refutando los argumentos de los gobierno de turno que calificaban el
hecho como “alteración del orden público” o simplemente como “violencia contra
el gobierno”. Fueron decenas los vecinos, sindicalistas y estudiantes que
fueron detenidos en el pasado por participar en un cierre de vía. Como también
fueron múltiples las acciones de quienes exigíamos su liberación y
denunciábamos, en ese momento, la violación a los derechos humanos.
Quienes somos
coherentes hoy tampoco podemos calificar como “violento” un cierre de calles.
El gobierno del presidente Maduro y el sistema nacional de medios públicos, tal
y como se hizo en el pasado, ha criminalizado como “guarimba violenta” tanto
los cierres de calle como el conjunto de manifestaciones que se han realizado
en las últimas semanas en el país. Como ayer, estas afirmaciones desde el poder
no tienen sustento en la realidad. Para quienes hemos observado con interés
analítico las movilizaciones que se realizan desde el 04 de febrero, cuando estudiantes
universitarios en San Cristóbal fueron detenidos por denunciar la inseguridad,
hemos constatado un fenómeno de movilización que por su extensión, duración y
diversidad es novedoso en la cultura de protesta venezolana. Desde esa fecha
por lo menos 800.000 personas diferentes se han movilizado en 16 estados
diferentes del país, haciendo marchas, vigilias, concentraciones,
intervenciones urbanas, cierres de calles y hasta rezos colectivos. De estas,
no llegan al 5% quienes se han involucrado en las llamadas “guarimbas” (cierre
de calle con objetos contundentes). Un cierre de calle, llámese como se llame,
asume características violentas sólo cuando hay uso de armas de fuego,
vandalismo contra bienes públicos o cierre del acceso a comunidades en contra de
su voluntad.
Usted puede tener la
opinión política que quiera, pero si asume que los cierres actuales de calle
son “violentos”, y por eso deben ser reprimidos indiscriminadamente por
policías, militares o paramilitares, también estará justificando buena parte de
la represión anterior a 1999.
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