La dinámica de la crisis política en Venezuela desde una visión de izquierda autónoma

Wladimir Pérez Parra 

Coordinador del Doctorado en Estudios Políticos de la Universidad de Los Andes

Venezuela o Cuba no pueden ser un espejo para la izquierda. En el primero, amén de la vocación caudillista de Hugo Chávez, no se han llevado a cabo políticas radicales que garanticen un cambio profundo y real en el modelo de relaciones productivas.  Rodríguez,  R, ¿Por qué soy de izquierda?: por una izquierda sin complejos, Almuruza, Madrid, 2010.

En Venezuela se viene esgrimiendo desde 1999 un discurso de inclusión y transformación social. Sacar del anonimato a los excluidos fue una tarea de los actores políticos que emergieron a partir de 1998, siendo sectores sociales que hasta entonces habían desaparecido del debate político y electoral. El gobierno de Hugo Chávez buscó transformar el modelo de Estado rentista que imperó desde 1958, y a partir de 1976 dio las primeras señales de agotamiento. Hasta ahora han pasado el equivalente a tres períodos de gobierno en el marco de la Constitución de 1961, sin embargo, el país se encuentra en una crisis política y económica sin precedente a pesar de contar con los precios del petróleo más alto que gobierno alguno haya tenido. Los deseos de cambios y de construcción hacia un sistema político más humano, incluyente y productivo han quedado en meras facundias. El modelo político-administrativo que nació de un proceso constituyente, dio origen a un neoconstitucionalismo  que en principio propugna la participación y el protagonismo de la ciudadanía desde lo formal y discursivo, pero son sólo rasgos de una perorata cargada de retórica, corrupción e ineficiencia. Las “disfunciones” en los procesos de autoridad, poder e influencia política, demuestran el débil desempeño institucional. Dicha disfuncionalidad ha generado un gran rechazo en una parte del país que se resiste a las imposiciones del gobierno. Por un lado, está el  país partidario de la aplicación de un modelo de intervención estatal y partidista,  y por el otro, está el que se resiste a dicha coacción, generando una simbiosis de apartheid político en  ambos sectores que se erigen como representantes del pueblo, manteniendo una lucha permanente concibiéndose como un país polarizado, donde ninguno de los sectores dan señales de acuerdos mínimos de gobernabilidad conduciendo al país al caos, entrando en una especie de espiral donde el gobierno no gobierna y la oposición no hace oposición. En tal sentido, se ha planteado una lucha entre blancos y negros, dejando a un lado las zonas grises las cuales no comparten las posiciones extremas de ambos polos. Es importante resaltar que no todo en el chavismo es de izquierda y democrático, ni todo en la oposición es de derecha y golpista.

La participación ciudadana es un tema candente en la actualidad, en tal sentido la sociedad civil tiene múltiples formas, estrategias y logros que mostrar en torno al protagonismo y la insurgencia ciudadana. Los cambios sociales, la equidad, los derechos humanos y el desarrollo y la calidad de la democracia, son temas asociados al debate político mundial. Las sociedades estatizadas son cosas del pasado, estamos frente a un Estado societario de relaciones sociedad-estado armónicas, donde la primera ha logrado ser escuchada y tomada en cuanta en una nueva forma de gobernar (gobernanza). Observamos procesos de democratización a nivel mundial donde la agenda social priva o al menos está en el debate, y en América Latina florecen gobiernos democráticos y progresistas como una realidad histórica. En el caso de Venezuela, estamos inmersos en una crisis de gobernabilidad que se traduce en una especie de anomia en  las organizaciones públicas. Este aspecto ha permitido abrir una discusión en torno al cometido del Estado, en la cual han sobrado posiciones ideológicas colmadas de mitos, slogans, artificios y otros recursos para justificar una  supuesta revolución que llego por la vía electoral y sin embargo no ha logrado cohesionar al país. Los resultados se traducen en una nación divida y con la tasa de inflación más alta de América Latina, pérdida del poder adquisitivo, sumándole a esto los altos índices de homicidios convirtiendo a Venezuela en uno de los países más inseguros del mundo. El gobierno que promueve la participación ciudadana desde la óptica de los consejos comunales, la cual es una brillante idea, pierde todo sentido al tratar de estatizar y partidizar dichos movimientos. Usan el concepto popular para justificar e imponer su criterio hegemónico, lo cual en sentido real del término deberían llamarse Ministerios del Poder Estatal en lugar de Ministerios del Poder Popular. Los principios de la izquierda autónoma y moderna se basan en abogar por una mayor intervención de los ciudadanos en la adopción de medidas políticas en detrimento de la intervención estatal. Toda justificación de intervención estatal desproporcionada no es de izquierda, es simplemente un totalitarismo de cohorte sovietizante, dejando en claro que frente a la crisis de gobernabilidad que existe en Venezuela, la solución no está ni en las estatizaciones ni en las privatizaciones, sino en la participación ciudadana por intermedio de una gobernanza democrática donde la sociedad civil sea la bisagra para el encuentro  gobierno-empresario-ciudadano y de manera tripartita den viabilidad al Buen Gobierno.

Para finalizar, frente a las posiciones que sostienen que la izquierda nada tiene que aportar en la erradicación de los males actuales, permítanme afirmar que es un error.  De cara al individualismo liberal que promulga la teoría de gobierno por el mercado o del estatismo de gobiernos expropiadores, hay que contraponer la tesis progresista que surge como alternativa para revestir a las instituciones de  asuntos públicos de manera igualitaria, debilitando el liderazgo individualista  y mesiánico para dar paso a liderazgos colectivos de forma horizontales más democráticos y participativos. En suma, la solución a la crisis  debe pasar por el tamiz de un diálogo verdadero e incluyan a todos los sectores y actores políticos reencontrándose en el marco que la propia Constitución establece, y con una fuerte presión social hacia la clase política y gubernamental exigiéndole voluntad política como fórmula democrática para echar andar de una buena vez la reinstitucionalización de la República.