Rocío Silva Santisteban
La polarización en Venezuela ha llegado a separar a padres
de hijos. No lo digo en abstracto: mi prima-hermana y mi tío se encontraban en
los lados opuestos de la orilla.
El emigró en 1968 como todos esos peruanos de la primera
oleada migratoria internacional y ella se crío en Caracas durante el apogeo del
petróleo y la partidocracia entre “adecos” y “copeis”, en medio de la
frivolidad de una sociedad que gozaba de una bonanza centralizada. El golpe les
llegó a ambos cuando mi tía caraqueña murió y la crisis de los barriles de
petróleo provocó el desborde popular que años más tarde catapultó a Hugo Chávez
Frías. Mi tío Jorge murió el año pasado, siendo chavista hasta los huesos; mi
prima le dejó de hablar hace años y estoy casi segura que el 12 de febrero
salió a las calles a protestar.
No es un cuento: es la realidad de un país enfrentado por
dos maneras de entender la política y por el desgaste de una “autocracia
competitiva con partido hegemónico” según definición del politólogo Víctor
Mijares. Tengo amigos muy queridos en ambos lados de esta balanza injusta y
tuerta y todos me han comentado sus visiones de este desbarajuste que ha
ocasionado tres personas fallecidas.
La polarización de un país a este extremo no tiene un solo
culpable y es la peor circunstancia para sacar adelante una economía con 56,2%
de inflación anual (2013). Como sostienen los analistas más serios tanto el
gobierno como la oposición están totalmente fragmentados. Entre Corina Machado
y Leopoldo López (ese extremista de Harvard) y Henrique Capriles hay muchísimas
diferencias; tantas como entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Por eso
Mijares sostiene que si se da un golpe de Estado vendría desde la alta cúpula
del poder actual. Hay que tener en consideración que, unos como otros, han
permitido que los “colectivos” chavistas se armen y que los “grupos opositores”
salgan a las calles con sus Luger automáticas a marchar. ¿Quién va a ser el
responsable si se desata una guerra civil entre hermanos? En todo caso, al
Estado le compete la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de
todos y cada uno de los venezolanos.
Desde las organizaciones de derechos humanos serias, que
vienen trabajando por este tema desde hace treinta años y que no están
financiadas ni por USAID ni por agencias del gobierno de Obama, hemos recibido
denuncias de detenciones arbitrarias e incluso del secuestro de Inti Rodríguez,
compañero de Provea, quien fue detenido durante horas, despojado de todas sus
herramientas de trabajo incluso celulares y golpeado por una de los grupos del
SEBIN. Por otro lado, los canales de televisión sostienen que Juancho Montoya,
uno de los fallecidos y coordinador del Secretariado Revolucionario de
Venezuela, cayó por el disparo de un arma de calibre bajo y que “era
terrorista”. ¿Cómo es posible que los opositores justifiquen esta muerte?,
¿acaso la muerte de este joven líder chavista no es tan injusta como de
aquellos dos jóvenes de la oposición? La salida de esta situación de violencia
y polarización requiere de un diálogo y compromisos al pie del abismo sabiendo
de que, sobre unos y otros, se cierne la sombra negra de la guerra civil.
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