Redacción [Versión preparada en base a material de Agencias de Noticias]
Al sobrevolar la Amazonia venezolana, el manto verde que la cubre deja entrever pequeños, pero cada vez más numerosos, claros de tierra parda. En tierra, a 40°C bajo la sombra, cuadrillas de mineros brasileños, colombianos y criollos explotan una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en busca de oro, diamantes y coltán que sacan clandestinamente del país con ayuda de la guerrilla colombiana de las FARC y de la sospechosa inacción de autoridades venezolanas.
Los fabulosos precios del oro -que triplicó su valor en la última década- han hecho florecer un millonario e ilegal negocio que sabotea los esfuerzos por frenar la deforestación en el pulmón del planeta. Organizaciones no gubernamentales de derechos indígenas, como Survival International, calculan que hasta 4.000 mineros ilegales -o garimpeiros- actúan en las entrañas del estado venezolano de Amazonas, enclavado entre Colombia y Brasil. Y según es sabido por mucha gente en la zona y ha sido denunciado hasta por el gobernador Liborio Guarulla, lo hacen protegidos por combatientes de las FARC que se esconden del lado venezolano de la frontera de 2.219 kilómetros de selva.
“La presencia de garimpeiros y guerrilleros en territorio venezolano es evidente”, dijo Guarulla, un indígena de la etnia baniva que gobierna Amazonas desde el 2001. El político de 59 años, opositor al presidente Nicolás Maduro, recibió en noviembre de 2013 a un grupo de corresponsales extranjeros en su despacho de Puerto Ayacucho, la capital de Amazonas a unos 540 kilómetros al sur de Caracas. Durante esa conversación, acusó al Gobierno de no cumplir su compromiso con el medio ambiente. “La explotación ilegal de oro”, dijo “se hace de alguna manera con el beneplácito de las Fuerzas Armadas venezolanas. Cuando los indígenas se quejan, inmediatamente son reprimidos”.
Autoridades del gobierno central no respondieron a estas denuncias, pero en el pasado han negado acusaciones similares. Maduro ha criticado a Guarulla por abandonar la coalición de partidos que apoyaba al Gobierno y se ha referido a él como “muy corrompido, muy borracho”, a pesar de que el gobernador jura ser abstemio. A diferencia de antaño, cuando los garimpeiros se abrían paso en la selva a machetazos, se ha denunciado que ahora emplean maquinaria pesada para desviar ríos, deforestar y remover toneladas de sedimento para hallar unas cuantas onzas de oro.
Además, contaminan ríos y tierras con el letal cianuro que usan para recuperar metales mediante el proceso de lixiviación. Representantes de naciones amazónicas reunidos en octubre de 2013 en Brasilia dijeron que, muchas veces, las transnacionales de la minería esperan a que los garimpeiros descubran una gran veta para tomar el control, apareciendo como los salvadores del daño ambiental con su tecnología de punta.
Una maldición para los pueblos indígenas
Ubicado en el extremo sur de Venezuela, Amazonas es un estado escasamente poblado con un 25 % de su superficie ocupado por el bosque tropical más extenso del mundo: la Amazonia. Además de producir un tercio del oxígeno que respiramos y ser el hogar de innumerables especies de plantas y animales, la Amazonia es un enorme depósito de oro, diamantes y coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de teléfonos móviles, computadoras portátiles y misiles teledirigidos.
El devastador avance de los garimpeiros tras esas riquezas no sólo está acabando con la selva, sino también con sus habitantes: los indígenas yanomami. Nómades dedicados a la caza, la pesca y la recolección, los yanomami ocupan 20 millones de hectáreas de selva prístina en un territorio en la frontera de Venezuela y Brasil. ¿Su maldición? Estar plagados de minerales.
En la década de 1980, una avalancha de 40.000 garimpeiros acabó con la quinta parte de los yanomami, diezmados por la gripe y la malaria. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado numerosos asesinatos a manos de los buscadores de oro. El año 2012, sin ir más lejos, una comunidad de 80 yanomami en la frontera con Brasil fue masacrada por proteger sus tierras, según relató uno de los sobrevivientes a radios y periódicos locales. El Gobierno venezolano negó que hubiera ocurrido tal masacre.
Reforzando la percepción de Amazonas como una vasta tierra de nadie, los casi 20.000 yanomami que deambulan por la selva venezolana se han convertido en mano de obra barata -o sencillamente gratuita- para los garimpeiros. “En varias comunidades hemos conseguido yanomami marcados con números en sus hombros”, dijo Luis Shatiwe, un líder yanomami de 30 años al mando de una organización que agrupa a varios pueblos indígenas de Amazonas. Los mineros ilegales apresan a los indígenas y los tatúan para reconocerlos cuando huyen, una práctica esclavista extendida en la Amazonia durante la fiebre del caucho de fines del S. XIX y comienzos del S. XX.
Una decena de indígenas entrevistados en un reciente viaje a Amazonas dijeron que los mineros actúan con total impunidad. “¿Para qué uno denuncia? Si a los dos días encuentras a los garimpeiros caminando alegremente por la calle. Aquí no hay autoridad que nos pueda defender”, se quejó María Pérez, una indígena Hoti que nació en la Sierra Maigualida, cerca de Brasil, pero se mudó a Puerto Ayacucho buscando seguridad.
Alarmados por los abusos de los garimpeiros, líderes indígenas del estado Amazonas dicen estar también preocupados con la aparición en sus tierras de campamentos de la estatal china Citic Group, a la que el Gobierno de Maduro le encargó trazar el mapa minero de Venezuela. Citic está a punto de comenzar el desarrollo de Las Cristinas, una de las minas de oro más grandes del mundo en el sureste venezolano, contigua a la Amazonia. Pero un portavoz de la empresa china en Caracas negó que estén interesados en explotar oro también en territorio yanomami.
Cada vez más guerrilleros
A mediados del 2010 el Gobierno del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe presentó ante la OEA supuestas pruebas sobre la presencia de miembros de las FARC y el ELN -otro grupo guerrillero- en territorio venezolano. El otrora presidente de Venezuela, Hugo Chávez, negó las acusaciones y, furibundo, rompió relaciones diplomáticas con su vecino. El tema pasó pronto al olvido.
Pero en entrevistas realizadas en la frontera, soldados de la Guardia Nacional venezolana y residentes dijeron que una ofensiva contra la guerrilla en Colombia empujó a las FARC hacia Venezuela. En San Fernando de Atabapo, una pequeña, calurosa y polvorienta ciudad a 218 kilómetros río arriba desde Puerto Ayacucho, se refieren a los guerrilleros colombianos como los “muchachos”.
“Los muchachos vienen al pueblo, se abastecen de gasolina, aceite y demás provisiones y se pierden otra vez en la selva”, relató Hassan Fadel, un comerciante libio de 89 años, dueño de un abasto frente al puesto de la Guardia Nacional encargado de la seguridad de los 10.000 habitantes de la localidad. Fadel, que ha pasado la mitad de su vida en Atabapo, contó que antes los guerrilleros llegaban en uniforme de combate y exigían provisiones. Pero de un tiempo a esta parte empezaron a aparecer vestidos de civil y cargados de dinero para comprar alimentos, bidones de gasolina y motores fuera de borda.
Lejos de Caracas y accesible únicamente por el río Orinoco o por avioneta, San Fernando de Atabapo fue la capital de Amazonas hasta 1928. Y desde entonces parece que quedó suspendida en el tiempo. En entrevistas durante una reciente visita, residentes de Atabapo dijeron que al caer la noche avionetas supuestamente cargadas con droga y armamento surcan los cielos estrellados en una danza conocida por muchos, pero denunciada por pocos.
Frente al abasto de Fadel se yergue un pequeño puesto de la Guardia Nacional venezolana atiborrado de motores fuera de borda nuevos, aún en sus cajas, y bidones llenos de gasolina. Aprovechando la ausencia de sus superiores, un soldado contó que algunos oficiales hacen de la vista gorda al dejar pasar armas, drogas y minerales que son sacados de Venezuela tras una larga travesía por el Orinoco. “Muchos de los jefes encubren estas acciones porque están en conchupancia (contubernio) con la guerrilla”, dijo el militar, que pidió no ser identificado. Oficiales de la Guardia Nacional declinaron comentar sobre el tema, pero dijeron que constantemente realizan operativos para impedir la presencia de guerrilleros y mineros en la zona.
A unos metros de allí, decenas de botes, conocidos como “voladoras”, descansan desordenados en un puerto donde espera, paciente, un ex garimpeiro devenido en piloto de lancha. “Ellos (los guerrilleros de las FARC) no sólo cuidan los campamentos donde están los garimpeiros, también los escoltan río abajo”, dijo el hombre, agregando que de vez en cuando regresa a los campamentos mineros para trasladar mercancía. Pero a medio camino entre Atabapo y Puerto Ayacucho, en el municipio Autana, no todo el mundo está tan seguro. “Vemos hombres vestidos con trajes militares yendo río arriba pero no podemos saber de dónde son”, dijo Ramón Garrido, un político independiente. “No tenemos las pruebas”.
Cada vez menos árboles
La depredación minera y la agresión a comunidades indígenas no son las únicas consecuencias de la presencia de garimpeiros y guerrilleros en la Amazonia venezolana. La deforestación en Venezuela aumentó en los últimos años a un ritmo de 1.100 kilómetros cuadrados anuales, un agujero del tamaño de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, según cifras oficiales. Y aunque no es comparable con los 5.843 kilómetros cuadrados deforestados en Brasil apenas en el último año, es una de las tasas más altas de los países de la cuenca amazónica.
Autoridades locales y organizaciones ambientalistas culpan de la tala ilegal a los garimpeiros, pero según la Interpol la extracción de madera se ha transformado en un negocio que puede llegar a mover cientos de millones de dólares al año. A mediados de julio la policía internacional comandó un operativo realizado por fuerzas de los países amazónicos y decomisó 292.000 metros cúbicos de madera. Dos tercios del botín, valorado en 40 millones de dólares en el mercado internacional, provenían de Venezuela. Pero la oficina de la Interpol en Caracas declinó revelar más datos, argumentando que "podía comprometer su trabajo".
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente cree que el crimen organizado es responsable por un 90 por ciento de la deforestación en las selvas tropicales. “Las operaciones ilegales son cada vez más sofisticadas”, dijo la agencia de la ONU en un reciente informe. “Las unidades del crimen organizado a menudo falsifican firmas, ‘hackean’ las bases de datos comerciales de los Gobiernos e incluso sobornan a los funcionarios para obtener permisos”.
Intentando contrarrestar los malos augurios para la Amazonia, el Gobierno venezolano anuncia un programa que prevé plantar unos 20 millones de árboles en zonas deforestadas hasta el 2015, lo que aparentemente compensaría, poco a poco, la destrucción que han dejado los garimpeiros. Pero muchos en la zona tienen dudas, debido a los poderosos intereses que se benefician de la actual situación. Por ejemplo, se dice en alusión a las actuales negociaciones de paz entre el Gobierno de Bogotá y la guerrilla: “¿Será posible que si Colombia llega a un acuerdo de paz con las FARC, ellos se retiren de Venezuela? ¿O van a seguir en el negocio? Porque [para las FARC] es muy bueno”.
Al sobrevolar la Amazonia venezolana, el manto verde que la cubre deja entrever pequeños, pero cada vez más numerosos, claros de tierra parda. En tierra, a 40°C bajo la sombra, cuadrillas de mineros brasileños, colombianos y criollos explotan una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en busca de oro, diamantes y coltán que sacan clandestinamente del país con ayuda de la guerrilla colombiana de las FARC y de la sospechosa inacción de autoridades venezolanas.
Los fabulosos precios del oro -que triplicó su valor en la última década- han hecho florecer un millonario e ilegal negocio que sabotea los esfuerzos por frenar la deforestación en el pulmón del planeta. Organizaciones no gubernamentales de derechos indígenas, como Survival International, calculan que hasta 4.000 mineros ilegales -o garimpeiros- actúan en las entrañas del estado venezolano de Amazonas, enclavado entre Colombia y Brasil. Y según es sabido por mucha gente en la zona y ha sido denunciado hasta por el gobernador Liborio Guarulla, lo hacen protegidos por combatientes de las FARC que se esconden del lado venezolano de la frontera de 2.219 kilómetros de selva.
“La presencia de garimpeiros y guerrilleros en territorio venezolano es evidente”, dijo Guarulla, un indígena de la etnia baniva que gobierna Amazonas desde el 2001. El político de 59 años, opositor al presidente Nicolás Maduro, recibió en noviembre de 2013 a un grupo de corresponsales extranjeros en su despacho de Puerto Ayacucho, la capital de Amazonas a unos 540 kilómetros al sur de Caracas. Durante esa conversación, acusó al Gobierno de no cumplir su compromiso con el medio ambiente. “La explotación ilegal de oro”, dijo “se hace de alguna manera con el beneplácito de las Fuerzas Armadas venezolanas. Cuando los indígenas se quejan, inmediatamente son reprimidos”.
Autoridades del gobierno central no respondieron a estas denuncias, pero en el pasado han negado acusaciones similares. Maduro ha criticado a Guarulla por abandonar la coalición de partidos que apoyaba al Gobierno y se ha referido a él como “muy corrompido, muy borracho”, a pesar de que el gobernador jura ser abstemio. A diferencia de antaño, cuando los garimpeiros se abrían paso en la selva a machetazos, se ha denunciado que ahora emplean maquinaria pesada para desviar ríos, deforestar y remover toneladas de sedimento para hallar unas cuantas onzas de oro.
Además, contaminan ríos y tierras con el letal cianuro que usan para recuperar metales mediante el proceso de lixiviación. Representantes de naciones amazónicas reunidos en octubre de 2013 en Brasilia dijeron que, muchas veces, las transnacionales de la minería esperan a que los garimpeiros descubran una gran veta para tomar el control, apareciendo como los salvadores del daño ambiental con su tecnología de punta.
Una maldición para los pueblos indígenas
Ubicado en el extremo sur de Venezuela, Amazonas es un estado escasamente poblado con un 25 % de su superficie ocupado por el bosque tropical más extenso del mundo: la Amazonia. Además de producir un tercio del oxígeno que respiramos y ser el hogar de innumerables especies de plantas y animales, la Amazonia es un enorme depósito de oro, diamantes y coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de teléfonos móviles, computadoras portátiles y misiles teledirigidos.
El devastador avance de los garimpeiros tras esas riquezas no sólo está acabando con la selva, sino también con sus habitantes: los indígenas yanomami. Nómades dedicados a la caza, la pesca y la recolección, los yanomami ocupan 20 millones de hectáreas de selva prístina en un territorio en la frontera de Venezuela y Brasil. ¿Su maldición? Estar plagados de minerales.
En la década de 1980, una avalancha de 40.000 garimpeiros acabó con la quinta parte de los yanomami, diezmados por la gripe y la malaria. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado numerosos asesinatos a manos de los buscadores de oro. El año 2012, sin ir más lejos, una comunidad de 80 yanomami en la frontera con Brasil fue masacrada por proteger sus tierras, según relató uno de los sobrevivientes a radios y periódicos locales. El Gobierno venezolano negó que hubiera ocurrido tal masacre.
Reforzando la percepción de Amazonas como una vasta tierra de nadie, los casi 20.000 yanomami que deambulan por la selva venezolana se han convertido en mano de obra barata -o sencillamente gratuita- para los garimpeiros. “En varias comunidades hemos conseguido yanomami marcados con números en sus hombros”, dijo Luis Shatiwe, un líder yanomami de 30 años al mando de una organización que agrupa a varios pueblos indígenas de Amazonas. Los mineros ilegales apresan a los indígenas y los tatúan para reconocerlos cuando huyen, una práctica esclavista extendida en la Amazonia durante la fiebre del caucho de fines del S. XIX y comienzos del S. XX.
Una decena de indígenas entrevistados en un reciente viaje a Amazonas dijeron que los mineros actúan con total impunidad. “¿Para qué uno denuncia? Si a los dos días encuentras a los garimpeiros caminando alegremente por la calle. Aquí no hay autoridad que nos pueda defender”, se quejó María Pérez, una indígena Hoti que nació en la Sierra Maigualida, cerca de Brasil, pero se mudó a Puerto Ayacucho buscando seguridad.
Alarmados por los abusos de los garimpeiros, líderes indígenas del estado Amazonas dicen estar también preocupados con la aparición en sus tierras de campamentos de la estatal china Citic Group, a la que el Gobierno de Maduro le encargó trazar el mapa minero de Venezuela. Citic está a punto de comenzar el desarrollo de Las Cristinas, una de las minas de oro más grandes del mundo en el sureste venezolano, contigua a la Amazonia. Pero un portavoz de la empresa china en Caracas negó que estén interesados en explotar oro también en territorio yanomami.
Cada vez más guerrilleros
A mediados del 2010 el Gobierno del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe presentó ante la OEA supuestas pruebas sobre la presencia de miembros de las FARC y el ELN -otro grupo guerrillero- en territorio venezolano. El otrora presidente de Venezuela, Hugo Chávez, negó las acusaciones y, furibundo, rompió relaciones diplomáticas con su vecino. El tema pasó pronto al olvido.
Pero en entrevistas realizadas en la frontera, soldados de la Guardia Nacional venezolana y residentes dijeron que una ofensiva contra la guerrilla en Colombia empujó a las FARC hacia Venezuela. En San Fernando de Atabapo, una pequeña, calurosa y polvorienta ciudad a 218 kilómetros río arriba desde Puerto Ayacucho, se refieren a los guerrilleros colombianos como los “muchachos”.
“Los muchachos vienen al pueblo, se abastecen de gasolina, aceite y demás provisiones y se pierden otra vez en la selva”, relató Hassan Fadel, un comerciante libio de 89 años, dueño de un abasto frente al puesto de la Guardia Nacional encargado de la seguridad de los 10.000 habitantes de la localidad. Fadel, que ha pasado la mitad de su vida en Atabapo, contó que antes los guerrilleros llegaban en uniforme de combate y exigían provisiones. Pero de un tiempo a esta parte empezaron a aparecer vestidos de civil y cargados de dinero para comprar alimentos, bidones de gasolina y motores fuera de borda.
Lejos de Caracas y accesible únicamente por el río Orinoco o por avioneta, San Fernando de Atabapo fue la capital de Amazonas hasta 1928. Y desde entonces parece que quedó suspendida en el tiempo. En entrevistas durante una reciente visita, residentes de Atabapo dijeron que al caer la noche avionetas supuestamente cargadas con droga y armamento surcan los cielos estrellados en una danza conocida por muchos, pero denunciada por pocos.
Frente al abasto de Fadel se yergue un pequeño puesto de la Guardia Nacional venezolana atiborrado de motores fuera de borda nuevos, aún en sus cajas, y bidones llenos de gasolina. Aprovechando la ausencia de sus superiores, un soldado contó que algunos oficiales hacen de la vista gorda al dejar pasar armas, drogas y minerales que son sacados de Venezuela tras una larga travesía por el Orinoco. “Muchos de los jefes encubren estas acciones porque están en conchupancia (contubernio) con la guerrilla”, dijo el militar, que pidió no ser identificado. Oficiales de la Guardia Nacional declinaron comentar sobre el tema, pero dijeron que constantemente realizan operativos para impedir la presencia de guerrilleros y mineros en la zona.
A unos metros de allí, decenas de botes, conocidos como “voladoras”, descansan desordenados en un puerto donde espera, paciente, un ex garimpeiro devenido en piloto de lancha. “Ellos (los guerrilleros de las FARC) no sólo cuidan los campamentos donde están los garimpeiros, también los escoltan río abajo”, dijo el hombre, agregando que de vez en cuando regresa a los campamentos mineros para trasladar mercancía. Pero a medio camino entre Atabapo y Puerto Ayacucho, en el municipio Autana, no todo el mundo está tan seguro. “Vemos hombres vestidos con trajes militares yendo río arriba pero no podemos saber de dónde son”, dijo Ramón Garrido, un político independiente. “No tenemos las pruebas”.
Cada vez menos árboles
La depredación minera y la agresión a comunidades indígenas no son las únicas consecuencias de la presencia de garimpeiros y guerrilleros en la Amazonia venezolana. La deforestación en Venezuela aumentó en los últimos años a un ritmo de 1.100 kilómetros cuadrados anuales, un agujero del tamaño de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, según cifras oficiales. Y aunque no es comparable con los 5.843 kilómetros cuadrados deforestados en Brasil apenas en el último año, es una de las tasas más altas de los países de la cuenca amazónica.
Autoridades locales y organizaciones ambientalistas culpan de la tala ilegal a los garimpeiros, pero según la Interpol la extracción de madera se ha transformado en un negocio que puede llegar a mover cientos de millones de dólares al año. A mediados de julio la policía internacional comandó un operativo realizado por fuerzas de los países amazónicos y decomisó 292.000 metros cúbicos de madera. Dos tercios del botín, valorado en 40 millones de dólares en el mercado internacional, provenían de Venezuela. Pero la oficina de la Interpol en Caracas declinó revelar más datos, argumentando que "podía comprometer su trabajo".
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente cree que el crimen organizado es responsable por un 90 por ciento de la deforestación en las selvas tropicales. “Las operaciones ilegales son cada vez más sofisticadas”, dijo la agencia de la ONU en un reciente informe. “Las unidades del crimen organizado a menudo falsifican firmas, ‘hackean’ las bases de datos comerciales de los Gobiernos e incluso sobornan a los funcionarios para obtener permisos”.
Intentando contrarrestar los malos augurios para la Amazonia, el Gobierno venezolano anuncia un programa que prevé plantar unos 20 millones de árboles en zonas deforestadas hasta el 2015, lo que aparentemente compensaría, poco a poco, la destrucción que han dejado los garimpeiros. Pero muchos en la zona tienen dudas, debido a los poderosos intereses que se benefician de la actual situación. Por ejemplo, se dice en alusión a las actuales negociaciones de paz entre el Gobierno de Bogotá y la guerrilla: “¿Será posible que si Colombia llega a un acuerdo de paz con las FARC, ellos se retiren de Venezuela? ¿O van a seguir en el negocio? Porque [para las FARC] es muy bueno”.
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