domingo, 1 de diciembre de 2013

Militares empresarios: participación castrense en la economía venezolana


Humberto Decarli

[Tomado de El Libertario, # 71, noviembre-diciembre 2013]

Un Decreto del presidente Maduro de reciente data creó un banco, una emisora televisiva, una empresa agrícola y una de transporte para la fuerza armada. Pareciera una orientación rutinaria dentro del ámbito militarista que signa a esta experiencia gubernamental pero realmente no lo es porque se trata de darle institucionalidad a una iniciativa para acometer futuras actividades económicas donde los uniformados sean los ejes.

Algunas experiencias económicas y financieras de los militares

En Egipto durante el esplendor nasserista se dio a los administradores de la violencia del Estado la potestad de incursionar en las empresas públicas para administrarlas y efectuar inversiones. En el contexto de un gran militarismo no era extraña su participación en las actividades económicas y financieras de la nación. Así se completaba una dominación global de la conducción del país.

Igualmente a la caída de la Unión Soviética los miembros de la nomenclatura se apropiaron de las empresas durante el proceso de privatización y muchos de ellas tenían un objeto mercantil bélico porque obviamente la industria armamentística era la fundamental en una burocracia agresiva con aspiraciones de dominio mundial aunque su rígida conformación le impediría efectuar las aperturas necesarias en el devenir económico.

En la Cuba de los hermanos Castro, a partir del llamado período especial al derrumbarse el comercio con los soviéticos por la perestroika, el Ministerio de la Defensa y el del Interior recibieron autorización para hacer acto de presencia en los movimientos económicos del Estado debido a la ausencia del financiamiento de Moscú. Ahora cuando la mayor de las Antillas se moviliza hacia un capitalismo privado porque el público está agotado, los miembros de los dos ministerios mencionados seguramente se adueñarán de esas corporaciones oficiales que pasarán al espacio de la oferta y la demanda.

El fracaso de la revolución bolivariana

En Venezuela el fracaso de la gestión pública es patético. El modelo clientelar en simbiosis con un capitalismo de Estado con éste como empresario, se ha derrumbado. Un esquema rentista donde alrededor del 96% de las exportaciones corresponden a hidrocarburos y las coordenadas siempre apuntaban al incremento del precio del barril para hacer sustentable las erogaciones declinó, porque el descomunal gasto fiscal, nacional e internacional no pudo ser mantenido a pesar del alto precio de los hidrocarburos. Aparte, se perdió la capacidad de endeudamiento por la disminución ostensible de las reservas operativas, base para garantizar los préstamos.

Aunado a la anterior coyuntura la desaparición del caudillo ha mermado la atracción de amplios sectores populares que creían a fe ciega las directrices desde las altas esferas del poder. Esta situación se ha paliado mediante una dirección severa del Estado expresada por la criminalización de la protesta, la toma de decisiones más autoritarias, la concentración del poder desde del caudillo fallecido al denominado comité político-militar de la revolución y la rapaz asesoría de los cubanos. Tal panorama impone seguramente algunos movimientos para poder superar la violenta crisis generada por la carencia de liquidez oficial así como la ausencia de una industria nacional apta para paliar las importaciones.

Perspectivas del desempeño gubernamental

De acuerdo al cartabón rentista sólo una elevación considerable del precio del crudo podría dar oxígeno a la actual gestión. Pero esa fluctuación es poco probable, sobre todo porque la explotación de las rocas lutitas (“fracking”) va a generar mayor producción del oro negro y de ese modo se equilibraría el mercado. Estados Unidos pretende por esa vía liderar la explotación mundial de petróleo para el año 2017 y aspira tener autosuficiencia energética en el 2030. Apreciando la poca factibilidad de subida del valor del excremento del diablo y reducida palmariamente la capacidad industrial del país se requiere monitorear la conducción de Venezuela para evitar conflictos sociales que den al traste con el esquema de gobernabilidad y mantener el estatuto de dominación.

Asimismo, en el plano económico el país debe dejar de ser una maquila petrolera para dar apertura a espacios de inversión transnacional, fuera de las áreas financieras, energéticas y de telecomunicaciones, y así poder subsistir. En el segmento político es bastante difícil, si no imposible, el acontecer de asonadas fácticas en el hemisferio occidental dadas las condiciones vigentes de los lineamientos de los centros mundiales de poder.

Así las cosas hay una espita para resolver el problema venezolano, desde el interés del poder, y pasa por un acuerdo donde el estamento militar tenga privilegios en todos los aspectos como nunca los había tenido en nuestra historia. Tal iniciativa podría ser gerenciada por el Fondo Monetario Internacional, a quien se han acercado calladamente las autoridades venezolanas.

Propuestas de solución desde el poder

En este mismo orden de ideas, estimamos que los factores de poder se avendrán para mantener la gobernanza, vale decir, la sumisión de nuestra gente hacia quienes han detentado la toma de decisiones. Y ese proceso pasa por mantener el nivel de control y disciplina de los militares y además, se les va a conceder más fuerza al otorgárseles el manejo de empresas dedicadas a actividades económicas y financieras. El decreto presidencial en referencia no hace otra cosa que, amén de ampliar la cobertura del tutelaje castrense sobre la sociedad venezolana, entregarles nuevos privilegios para concomitantemente mantener su función en el centro del poder en Venezuela. Es la senda ya experimentada por las administraciones totalitarias y se busca repetir en el país. Se preparan para seguir con la estructura de aplicación disciplinaria al pueblo venezolano y de esa forma continuar la saga arbitraria en nuestra historia.

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