El precio de ser indígena y crítico en Bolivia

Con acciones que recuerdan a otros tiempos, una organización indígena crítica del gobierno es intervenida violentamente con el fin de entregarla a sectores oficialistas.

Pablo Mamani Ramírez
Desinformemonos.org

Las oficinas del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ, organización indígena opositora al presidente Evo Morales) están intervenidas por la policía boliviana. Esta afirmación es literal, pues los uniformados están adentro de las oficinas de la organización de los ayllus (comunidades) que representa al mundo de los Andes.

Los interventores se justifican ante la opinión pública alegando que están afuera, supuestamente, para evitar un “enfrentamiento” entre indígenas. Aquí hay un sofisma colosal, porque en los hechos los policías tienen tomadas las oficinas y varios de ellos, como se observa, permanecen sentados en sus puertas interiores. ¿Qué hacen la Defensoría del Pueblo, el representante de Naciones Unidas para los pueblos indígenas y otros pretendidos defensores de los derechos humanos?

El gobierno trató de justificar que la policía está ahí con el fin de resguardar las oficinas, pero la realidad es otra. En los hechos el gobierno las tomó y toda afirmación contraria a ésta simplemente no es real. En este contexto, se observa en los pasillos interiores un desolador paisaje de ladrillos tirados en el suelo, palos o maderas quebradas, y una férrea vigilancia policial que, más que resguardar el inmueble, despliega una sistemática violencia psicológica y política. Estas dos violencias se muestran mediante el amedrentamiento a los que están adentro y a los que están afuera. Dentro se respira un ambiente de gran tensión y guerra no declarada, como en los peores tiempos de las dictaduras militares.

Hay varios datos para evidenciar este hecho: Para ir al baño, por ejemplo, uno tiene que ir acompañado por un policía a una distancia de cinco metros. Las mamas y tatas que se encuentran todavía dentro, para ir al baño, también deben ser acompañados por un policía, bajo la mirada fija de los otros que merodean en el interior del inmueble. Se trata de una cosa absolutamente curiosa cuando las autoridades originarias salientes y entrantes muestran una lucha sorprendentemente pacífica, y de acuerdo con los marcos del derecho social y político nacional e internacional que tienen los pueblos indígenas originarios, consagrados en la propia Constitución Política del Estado.

Incluso a los tatas y mamas que están adentro no se les dejan hacer libremente sus necesidades biológicas durante las noches; los molestan con golpes de botas en la puerta del baño, particularmente si se tardan un poco. A esto se suma un hecho por demás grave: la ducha del baño fue robada en la madrugada del día martes 17 de diciembre, presumiblemente por los policías interventores. Aquí ya no existe el derecho a bañarse y evitar enfermedades.

¿A esto se puede llamar resguardo policial de las oficinas de CONAMAQ? Lo que existe es, además de violencia policial, una fragrante violación del derecho a la vida, a la salud y a la alimentación. Hay gente incomunicada, hijos y madres, o esposo y esposa. Aquí la única explicación posible es que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tiene tomadas dichas oficinas con el fin de entregarlas a un pequeño grupo financiado por el gobierno de Evo Morales y Álvaro García, que el 9 de diciembre intentó tomar violentamente estas oficinas. Y la evidencia de ello es que hoy se tiene la puerta de la calle rota, ventanas rajadas y gente que no puede salir, es decir, la violación su derecho a la comunicación y locomoción.

Este cuadro se complementa con el asedio de agentes del servicio de inteligencia que pululan en las afueras de las oficinas, junto a una cámara de vigilancia instalada en uno de los postes de luz cercanos a CONAMAQ. Es decir, los ayllus preexistentes a la colonia y a la república, como establece el artículo 2 de la Constitución, sufren de modo abierto una acción persecutoria y criminal. El delito de los ayllus es haber demandado el respeto a sus derechos sociales y luchar por la autonomía política de la organización, frente a una política de cooptación y de corrupción de los dirigentes.

Los policías tienen la orden de no dejar que nadie entre ni nadie salga. “Es una orden desde arriba”, explican. Dado que un grupo de seres humanos está sufriendo, además de las inclemencias del tiempo, una sistemática violencia policial y estatal en pleno proceso democrático y de las libertades civiles y políticas, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? ¿Qué hacen el representante de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas en Bolivia y otros organismos de los derechos humanos?

Existe una innegable, abierta y descarada intervención del gobierno contra una organización social que es crítica frente a un régimen que produce cada día más violencia y una criminalización sistemática de la lucha social.

¿Por qué es importante resaltar ahora que aquí hay una intervención? Porque la palabra intervención es una acción fragrante que viola el derecho a organizarse libremente, en este caso de una familia y de una organización con fines lícitos como es CONAMAQ. Intervenir quiere decir irrumpir dentro de un espacio y tiempo propio y autónomo para imponer los designios de los poderosos con el fin de acallar las voces críticas. Después de ello se aplica una violencia sistemática agrandada a lo que ahora existe en contra de las autoridades de una organización y sus procedimientos propios. Además, intervenir quiere decir acallar, controlar, alterar el normal funcionamiento de una institución u organización.

En síntesis, intervenir quiere decir que hay una acción de un foráneo a un lugar para imponer sus intereses con la finalidad de sojuzgar a los miembros del grupo o movimiento intervenido. Es lo que hizo Estados Unidos en Irak o la Unión Europea en Libia. Una intervención es legal y socialmente aceptable cuando en ella existe algún indicio de actividad ilegal y abiertamente atentatorio a los intereses generales de la sociedad. En este caso no existe ningún dato que nos hable de alguna actividad ilegal.

Solamente existe la realidad de una organización social que se yergue como ente crítico a un proceso de lucha que no es anticolonial ni antirracista sino que, por el contrario, es un gran proceso de la reproducción de los hechos procoloniales y proracistas. Esto es una tragedia nacional por adelantado, porque aquí no existe ningún atisbo de Estado plurinacional (como se sostiene) o de un proceso de cambio que apunte justamente en contra del colonialismo y un profundo racismo hoy incólume. Lo que existe es un incremento radical del racismo estatal justamente en contra de los pueblos indígenas originarios que han sufrido un oprobio por siglos y siglos. Y esto además se parece a un hecho igual o peor al del tiempo del apartheid boliviano liberal de los años ochenta y 2000 del siglo pasado.

Así vivimos en Bolivia, igual o peor que en países como Colombia, Guatemala, Ecuador o México, donde existe una violencia extrema en contra del indígena y de toda la sociedad. La vida allí no tiene ningún valor, ni la opinión crítica como tampoco una lucha digna por justicia y las libertades humanas y políticas. Bolivia vive en las puertas de una dictadura.

* Sociólogo aymara.