Por: Sebastiana Barráez Pérez
EXTRAÑO. De aquel 12 de agosto 2011, hay más preguntas que
respuestas. Acaban de sentenciar a 5 policías y a 3 civiles. Nunca se supo cuál
es la avioneta incautada con mil 147 kilos de cocaína de alta pureza, en Puerto
Escondido, vía perimetral al Cabo San Román, estado Falcón. Se dijo que era una
King Air 300 siglas YV2531, pero esa nave está en Belice desde el 2010 por un
caso de drogas (Antes tuvo matrícula estadounidense N467JB). Un día después del
operativo, la avioneta fue sacada del aeropuerto Josefa Camejo de Punto Fijo
por un hombre que se identificó como el capitán Morales, presunto funcionario
del Cicpc. No se reveló quién es el dueño de la aeronave. Néstor Luis Reverol
Torres, vice ministro y titular de la ONA dijo que era una “operación de droga
controlada”. Pero el entonces ministro Tareck El Aissami habló de “una
operación de inteligencia muy compleja, que se venía realizando desde hacía
varias semanas”. Los hechos demuestran que no fue ninguna de las dos. La
gobernadora Stella Lugo de Montilla destituyó al entonces jefe de Polifalcón,
Jesús Marcano, que aún sigue en la policía. Ni uno solo de los jefes policiales
está detenido ni fue procesado. Y lo más extraño es que los abogados defensores
de los 5 policías sentenciados son pagados por la gobernadora de Falcón. A
pesar de la inteligencia y los 40 funcionarios de la comisión del Cicpc
Caracas, el piloto de la avioneta se fugó y ni siquiera se determinó quién es.
No hay un solo detenido por la salida de la aeronave con la droga desde el
aeropuerto La Carlota; sin plan de vuelo, sin lista de tripulantes. Solo 5
policías, 3 civiles y un militar están presos. Días después se conoció la
destitución del jefe del CICPC en Falcón, Valmore Velásquez, quien apenas tenía
5 meses en el cargo
MUJERES. Son las esposas de los policías Wender Javier
Ramírez Sivira, José Luis Pimentel Gamero, Alexánder Cauro Jiménez, Alberto
Sánchez y Juan Mendoza. Por respeto a mis lectores, no voy a argumentar aquello
de que son gente humilde, de los hijos que tienen y de las penurias que pasan,
aunque todo eso es verdad. Ellas están convencidas de la inocencia de sus
parejas, más allá de los sentimientos. La copia del libro de novedades detalla
que ese 12 de agosto el jefe de los servicios, Enri Mosqueda, ordena la salida
de la comisión. Los 5 policías salen para el Cabo San Román, a constatar si es
cierto un mensaje telefónico enviado a Mosqueda en el que alguien llamado Fidel
informa la caída de la avioneta. El documento del orden del día demuestra que
los 5 policías estaban de servicio. Y nadie responde por la patrulla 294 que
habría sido impactada con las balas de los cicpc. Esas 5 esposas no aceptan lo
que el tribunal decidió. La pobreza en la que viven les grita que jamás han
tenido nada que ver con el narcotráfico y no dejarán que sus hijos crezcan
creyendo que sus padres son unos delincuentes.
PRUEBA. En el Libro de Novedades de la policía de Mene
Mauroa se lee que el 5 de agosto 2011, 4 efectivos del Cicpc de los que
participaron en el caso (Jorge Sangronis, Oswaldo Díaz, Danilo Fuenmayor y
Pedro González) fueron detenidos por la GN y Polifalcón, con armas largas,
bidones de combustibles y camionetas. Esos cicpc fueron retenidos por la
policía y la Guardia Nacional. He ahí el documento. ¿Cómo es que el Cicpc dice
que se trasladaron a Falcón el 9 de agosto? Nunca se hizo la reconstrucción de
los hechos.
CICPC. Es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas. El cuento del Cicpc es que el 8-8-2011 a las 10 AM, al
funcionario Ilich Estevez lo llamó un tal Alberto Contreras, diciéndole de la
que en la vía del Cabo San Román es, desde hace meses, usada como pista de
narcoaeronaves, con apoyo d epolicías con cuyas patrullas cierran la vía, que
los narcos usan armas potentes. Ordenan trasladar una comisión hacia el lugar
el 9-8-2011. La preside el comisario Venancio Amaya (quien nunca se presentó a
declarar ante el tribunal), sub-comisario Héctor Toro, los inspectores Luis
Gil, José León, Manuel González, Alirio Castellanos, José Cadiz, Oswaldo Díaz,
Orlando Mudalel, Nelson Carrero, Rafael Gutiérrez, Pedro González;
sub-Inspectores Miguel Aponte, Juan Colmenares, Ingrid García, Pedro Guarapo,
José Rodríguez; detectives Danilo Fuenmayor, José Arnedo, Irvin De La Rosa,
Marianela Fariñas, José Sánchez, Anderson Coronado; los agentes Rafael Godoy,
Wendy Padilla, Joxim Mundarain, comisión de la División Contra Legitimación de
Capitales al mando del inspector Jefe Gregorio Castro. Tienen conocimiento que
el 12-8-2011, entre 7 y 8 PM aterrizaría la aeronave con droga. El comisario
Amaya pide apoyo al Jefe de la Brigada de Acciones Especiales de Caracas (BAE),
comisario Julio Rivero. El 11-8-2011 llegó el grupo de funcionarios al mando de
los inspectores José Hernández, Owerman Hermoso; detectives Jesús Álvarez, José
Lucas; agentes Ernesto Álvarez, Kerwin Armas, Marcelino Aguilar, designados
para que el 12 de agosto se internaran en la zona boscosa, adyacente al lugar.
Llamaron al general de la Fuerza Aérea Eslainis Longa, a fin de resguardar el
espacio aéreo donde se llevaría a cabo la operación.
OPERACIÓN. Un grupo del Cicpc y BAE estaba oculto en la
maleza cerca de la pista de aterrizaje. “Ellos dicen que oyeron a varios
hombres cerca de la avioneta que hablaban con acento colombiano, pero lo
extraño es que no oyeron llegar la avioneta ni los vehículo”, dice la esposa de
uno de los policías presos. El Cicpc dice que “observaron cuando llegó un
vehículo blanco, tipo pick up marca Chevrolet de color blanco, con bidones
presumiblemente de combustible. De la parte trasera de un camión gris, Marca Ford,
un grupo de sujetos bajaban gran cantidad de sacos blancos, que introducían en
el interior del avión, mientras una patrulla de PoliFalcón, con su coctelera
encendida, un Spark blanco, una Avalancha negra y una Pick Up, marca Ford, de
color azul oscura, recorrían el lugar, resguardando la zona”. Hablan de un
intercambio de disparos donde resultó muerto Luis Alberto Fuentes Pernía, quien
tenía un carnet como cabo segundo activo de la GN y Edilberto Rosales
Escalante. Seguidamente llegó el helicóptero de la Fuerza Aérea maniobrado por
el GD Eslainis Longa, en compañía de su tripulación y los funcionarios
Comisario Julio Rivero, Cristoferson Ulloa, Detective Geilor Ramírez, Ricardo
Rojas, Agente José Natera, Eduardo Maza, y José Horace, para prestar apoyo al procedimiento.
ORDEN. Al sitio de los hechos en el Cabo San Román llegó el
supervisor jefe, Sergio Madrid, con cuatro auxiliares en las patrullas 250 y
299. Fueron apuntados por la comisión del Cicpc y BAE, quienes los obligaron a
entregar sus armas. Madrid se identificó como oficial de Polifalcón. De
inmediato Venancio Amaya de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), le dijo que
“se encontraban en un procedimiento de droga y que tenían cinco funcionarios
policiales detenidos, ya que se había suscitado un intercambio de disparos
entre ambas fuerzas”. El director del Cicpc Punto Fijo, Valmore Velásquez, le
dijo a Madrid que por orden de la ciudadana gobernadora Stella Lugo de
Montilla, se retirara del sitio con la comisión policial, señala el expediente.
CIVILES. Están presos: Betty Goitía, Eduardo Colina y Juan
Carlos Estrela. A Betty y Eduardo los habrían agarrado por mirones, pero el
tribunal no creyó que en su inocencia. Estrela Ferrere, residenciado en
Judibana, es el dueño del Spark. Lo detienen con una pistola, prieto Beretta,
calibre 9mm. A los días determina el Cicpc que Lois Giovanny Camargo Niño,
funcionario activo de la Guardia Nacional, sería el encargado de ubicar,
contratar, coordinar y pagar la logística necesaria para llevar a cabo el
tráfico de la sustancia a nivel internacional. Allanan su vivienda y además de
varios teléfonos encuentran cajas de otros teléfonos recién comprados.
Encontraron periódicos y un trozo de papel con varios alias y números
telefónicos. Lo más comprometedor fue una hoja de papel con las coordenadas
correspondientes al lugar donde aterrizó la avioneta. La esposa y el cuñado del
militar confirmaron que usaba un número movistar; de ese teléfono hubo llamadas
antes y durante el procedimiento de la avioneta con Estrela Ferrere y Fuentes.
Los policías dicen que cuando van hacia el Cabo San Román se les pega el Spark
haciendo cambio de luces. Estrela le dijo que lo habían atracado en la playa.
Alexánder Cuaro decide dividir la comisión y envía a Wender Ramírez y Alberto
Sánchez con Estrela en el Spark. Por cierto, Cuaro no estaba armado ni siquiera
con su arma de reglamento, que dijo habérsele quedado en su vehículo particular
en la sede policial.
MUERTOS. En el caso de la narcoavioneta hubo dos muertos. El
ex guardia nacional Luis Alberto Fuentes Pernía, oriundo de San Cristóbal; se
dijo que él fue el copiloto. Y Edilberto Rosales Escalante, conductor del
camión Ford. Sus familiares dicen que se dedicaba a transportar plátanos, pero
no hay una explicación clara de qué hacía en el Cabo. El forense habría dicho
en el Tribunal que los dos hombres muertos recibieron disparos certeros, pero
lo negó ante los medios de comunicación.
INCAUTADO. Y aunque el Cicpc y el BAE tenían 6 vehículos y
40 hombres armados, no lograron capturar al piloto de la avioneta, ni a los
choferes de los vehículos, ni a quienes bajaban la droga del camión ni a
quienes la metían en la aeronave. Tampoco aparecieron las armas de guerra; solo
un fusil R15 y 6 pistolas de distinto calibre. Además de la cocaína y la
avioneta, 7 bidones, equipos de balizaje nocturno, de transmisión y teléfonos
móviles. Camión F350, camioneta Cheyenne 70VPAE, una moto Vensun, vehículo
spark placa AC280EA.
POLICÍAS. El comisionado Alfredo Piña, jefe de la Zona
Policial Nro. 7 dijo que recibió un mensaje de texto de alguien llamado Fidel
avisándole del sobrevuelo de la avioneta. Por cierto que la fiscalía no se
molestó en averiguar ese teléfono. Otro msj: “Ya aterrizó la avioneta, la
Guardia anda por allí, mande comisión usted también”. Es por ello que ordena al
jefe de Operaciones, Alexánder Cuauro conformar la comisión. El supervisor jefe
de la policía Sergio Madrid pasadas las 8pm recibió llamada del supervisor
agregado Enry Mosquera informando que el oficial Pimentel solicitó ayuda vía
radio porque estaban siendo víctimas de disparos con armas largas. Las
oficiales Yasmaris Díaz y Marbelys Abreu, ambas del 171, confirmaron la
solicitud de apoyo vía radio por parte de Pimentel. El supervisor agregado
Adelso García, auxiliar jefe de los servicios del Centro de Coordinación
Policial Nro 7; el oficial agregado Yoangel López, encargado del parque de
armas del comando emplazado en Pueblo Nuevo y José Antonio González,
coordinador del 171. Todos confirman que hubo la llamada de los policiías pidiendo
refuerzos. Dos de los policías (Cuaro y Mendoza) dicen que los cicpc los
llevaron detenidos hasta una casa a orilla de la playa, donde habían mujeres en
bikinis, bebidas y armadas.
ABOGADOS. Los primeros abogados buscados por las familias de
los policías eran: Salvador Guarecuco, Euro Colina, Samuel Medina, Lolimar
Gutiérrez. Ellos estuvieron hasta la audiencia preliminar. Los familiares
estaban en una de las vigilias frente a la policía cuando llegaron los abogados
Pablo Castellanos, Eric Petit y Miguel González de parte de la gobernadora.
Ellos han llevado algunos casos emblemáticos del Psuv en Falcón. Las esposas no
los aceptaron, pero cuando los policías fueron enviados a la Ciudad
Penitenciaria hasta allá llegaron los abogados de la gobernadora y los
convencieron de aceptar su defensa. Las mujeres se resignaron porque tampoco
tenían dinero para seguir pagando abogados.
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