Rafael Uzcátegui
Recientemente, en una alocución televisada a todo el país, el presidente
Nicolás Maduro se refirió a la huelga de trabajadores en la Siderúrgica del
Orinoco anunciando la aplicación de “medidas drásticas” en caso de continuación
de la paralización de actividades: “Yo le dije en estos días a los dos
dirigentes sindicales que han tenido parado Sidor, de manera injusta e ilegal,
sobre sus hombros recae que 300 mil familias de Venezuela tengan o no tengan su
vivienda este año, si eso llegara a suceder yo no tendría otra opción que
mostrarle a ustedes la foto y el nombre de los responsables de este crimen
contra el pueblo de Venezuela y de tomar medidas fácticas de acuerdo a la ley”.
El primer mandatario incursiona en fronteras peligrosas al sugerir la
criminalización del ejercicio de un derecho establecido en la Constitución. En
segundo lugar, su declaración intenta antagonizar el disfrute de dos derechos,
el derecho a la huelga y el derecho a la vivienda, en su intento de crear
animadversión contra los reclamos de los trabajadores.
Es curioso, por decir lo menos, que quien se ha calificado a sí mismo
como “Presidente Obrero” haya asumido todos y cada uno de los argumentos
patronales para descalificar una paralización de actividades por parte de la
masa laboral en demanda de mejoras de sus condiciones de trabajo. Para la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sólo son validas las restricciones
al derecho a la huelga en aquellos servicios cuya interrupción podría poner en
peligro la vida, la seguridad o la salud de personas o de parte de la
población. El Comité de Libertad Sindical de la OIT ha indicado que son
servicios esenciales en sentido estricto donde el derecho de huelga puede ser
objeto de restricciones importantes, o incluso de prohibición, los siguientes:
Sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de
abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico
aéreo. Expresamente establece en la definición de servicios no esenciales al
sector de la construcción.
No solamente no tienen asideros en la legislación laboral las
declaraciones del “Presidente Obrero”, sino que sus cálculos están fuera del
sentido común. ¿Es posible terminar 300.000 viviendas en tres meses? ¿Depende
de los insumos producidos por Sidor en este trimestre el cumplimiento de las
metas de la Misión Vivienda en un año?
Quizás los años del ejercicio burocrático de funciones hayan hecho
olvidar al “Presidente Obrero” cómo es la dinámica de la lucha de los
trabajadores. Su respuesta no sólo ha sido patronal, sino que ha enervado el
espíritu de lucha de la masa laboral. Razones para el descontento sobran: Los
sidoristas han denunciado como “estafa” el más cálculo de sus utilidades
anuales desde hace un quinquenio, el vencimiento de su contratación colectiva
desde hace tres años, deterioro progresivo de sus condiciones y medio ambiente
de trabajo, incumplimiento de las expectativas generadas tras la estatización
de la empresa, así como la existencia de un gran número de trabajadores
tercerizados a pesar de estas prohibidos en la nueva Ley Orgánica del Trabajo. A esto hay que sumar los diferentes casos de
corrupción denunciados, uno de ellos referente al “tráfico” de las cabillas
fabricadas en la siderúrgica.
La respuesta intolerante del Presidente Obrero,
amenazando con despidos y militarización, quizás haya que enmarcarla dentro de
la falta de sintonía de la dirigencia política del país con las demandas actuales
de la ciudadanía. La paralización en Sidor comenzó como una “huelga salvaje”
pues el lunes 16 de septiembre en ausencia de la dirigencia sindical, una gran
asamblea de las bases autónomas de trabajadores decide el paro. Ante la actitud
complaciente del sindicato frente a la violación de los derechos laborales los
asalariados decidieron rebasarlo. Una lección para una dirigencia
que había privilegiado sus intereses políticos partidistas por encima de las
necesidades de quienes los eligieron para que defendieran sus derechos. A
diferencia de Ferrominera donde la directiva sindical liderizada por Rubén
González ha contado con un amplio respaldo, en Sidor esa dirigencia fue
rechazada y finalmente forzada a que algunos de sus integrantes se plegaran a
la huelga.
Lo anterior
lleva a preguntarse si la polarización política, que ha servido como muro de
contención a las demandas sociales, comienza a debilitarse. Si esto es así el
“mal ejemplo de Sidor”, la movilización autónoma y beligerante de quienes
exigen una mejora de su calidad de vida, debería ser repetirse en diferentes
puntos del país.
Desde hace cinco años vivimos una creciente protesta
social encabezada por los trabajadores.
Sus protestas son dispersas porque, entre
otros aspectos, no existe una dirigencia sindical capaz de vincularlas y darle
un contenido global. La dirigencia sindical ha priorizado defender o atacar al
gobierno a costa de minimizar la agenda social. Quizás Sidor anuncia una época
de reversión de la electoralización de la movilización popular, donde la gente
en la calle comience a reconocerse en los padecimientos comunes.
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