Prensa Provea
Durante los últimos años Venezuela ha experimentado un
prolongado ascenso de la conflictividad y la protesta social, debido a la falta
de respuestas del Ejecutivo ante las demandas de la población.
Cifras reflejadas en el Informe Anual de Provea, dan cuenta
de un total de 3986 manifestaciones registradas entre enero y diciembre de
2012, lo que representó un importante aumento con respecto al promedio
registrado en los seis años anteriores, equivalente a 2579 protestas.
En 2013 se ha mantenido la tendencia creciente del número de
protestas realizadas por diversos sectores de la sociedad. Junto al incremento
de la protesta social, también se han elevado los mecanismos e instrumentos
legales para criminalizar y restringir su ejercicio.
Si bien en el mes de abril advertíamos que el gobierno del
Presidente Nicolás Maduro había iniciado su mandato aplicando la Ley
Antiterrorista –una receta del Fondo Monetario Internacional para desarticular
las luchas-, es necesario apuntar que desde 2002 se han aprobado normas
orientadas a impedir y proscribir formas de luchas históricas del movimiento
social venezolano.
Desde 2002 luego de la aprobación de la Ley Orgánica de
Seguridad de la Nación, y hasta el presente, se ha contabilizado un aproximado
de 3000 luchadores sociales -entre ellos dirigentes vecinales, estudiantes y
trabajadores- que han sido sometidos a procesos penales por delitos
contemplados en este y otros instrumentos. Ello, luego de haber ejercido
manifestaciones exigiendo el respeto a sus derechos.
A este proceso de criminalización y judicialización de las
protestas, se suma ahora el empleo de militares para intimidar a quienes
protagonizan los conflictos.
Esa intimidación encuentra expresión en la apertura de
procesos penales a civiles en la jurisdicción militar, un hecho violatorio de
la Constitución Nacional, como ocurrió con 5 sindicalistas del Estado Táchira
quienes fueron sometidos a la justicia militar en 2012, luego de realizar una
protesta a las puertas del Fuerte Murachí, exigiendo el pago de sus pasivos
laborales a la empresa Xacobeo, C.A.
En 2009 se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, y se creó en su artículo 50 la figura de los
llamados “cuerpos de combatientes”, unidades militarizadas en las empresas
públicas y privadas cuyo objetivo podría ser impedir la paralización de la
producción -lo que atentaría contra el derecho constitucional a la huelga-,
empleando a estos cuerpos como esquiroles o grupos de choque.
A esto se suma la prohibición de realizar manifestaciones en
diferentes empresas bajo administración del Estado, tras ser calificadas como
“Zonas de seguridad”.
Según Control Ciudadano el 30% del territorio nacional posee
ahora esa tipificación, lo cual impide el derecho a la manifestación pacífica
como se encuentra contemplado en la Carta Magna.
El llamado a la conformación de milicias obreras realizado
el 23.05.13 por el Presidente Nicolás Maduro, se inscribe dentro de esta
política de enfrentar represivamente los conflictos, dejando de lado el
diálogo, y empleando la fuerza militar.
En junio pasado, 200 efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana ingresaron en la empresa Ferrominera del Orinoco, en un intento por
disolver una huelga que protagonizaron los trabajadores de esa industria, en
reclamo de mejoras salariales y exigiendo el reenganche de un grupo de
trabajadores que habían sido despedidos en 2012.
La misma situación se vivió en CVG Minerven, cuando 45
efectivos militares ingresaron el 27.07.13 a la empresa, luego que los
trabajadores realizaran una huelga que se prolongó por más de 45 días, en
demanda de reivindicaciones salariales y en reclamo por el deterioro de la
industria.
También se ha continuado y profundizado la política de
militarización de la sociedad venezolana, con el nombramiento de efectivos
militares en puestos de dirección de empresas e instituciones del Estado. Esto,
ha sido denunciado por los trabajadores como una contradicción con el discurso
de control obrero y gobierno obrerista, planteado por el Presidente Maduro.
El 26.07.13 trabajadores de Industrias Diana, C.A,
rechazaron la militarización de la empresa y la imposición de un nuevo gerente,
según dijeron “desconociendo el esquema de control obrero” establecido en la
empresa.
Igualmente, un importante grupo de las empresas que
conforman la Corporación Venezolana de Guayana están bajo el control de
militares.
En mayo de 2013 fue designado el General Carlos Osorio como
Presidente de la CVG. Osorio, respondió al conflicto que desarrollaron los
trabajadores de Sidor en días recientes, con la amenaza de despido y encarcelamiento
para quienes participaran en la huelga que se llevó a cabo en la acería.
Recurrir al empleo de militares para intimidar y frenar
conflictos sociales constituye un atentado a los derechos de las y los
venezolanos. La militarización ha generado graves precedentes que en algunos
casos se han convertido en juicios militares y prisión por algunos años para
quienes protestan.
¿Qué Estado que se asuma obrerista permite acusar de
desestabilizadores a unos trabajadores por el hecho de ejercer su derecho
constitucional a la huelga? ¿Qué Estado que se asuma obrerista somete a la
justicia militar a quienes protesten?.
Exhortamos al gobierno nacional a garantizar la plena
vigencia de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, a cesar el
empleo de mecanismos para restringir y criminalizar el ejercicio de la
manifestación pacífica y a abrir los canales de diálogo necesarios para
satisfacer las demandas de las y los venezolanos, como debe ser dentro de una
democracia participativa y protagónica. (Prensa Provea, 01.10.13)
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