Periódico El
Libertario
El gobierno de
Nicolás Maduro ha continuado el proceso de militarización social promovido por
su antecesor, lo que ha incluido la aplicación de la Ley Antiterrorista contra
manifestantes, el llamado a la conformación de milicias obreras para enfrentar
las legítimas huelgas de trabajadores, la calificación de “tropa” a los
seguidores del bolivarianismo y la militarización de los operativos de
seguridad ciudadana, con lo que un mayor despliegue de los funcionarios de la
Fuerza Armada en el espacio público tiene como objetivo disuadir la
conflictividad social en ascenso en lucha por sus derechos. Esto sucede
mientras el gobierno dialoga con los empresarios para enfrentar el
desabastecimiento de alimentos, flexibilizando las regulaciones laborales y
asegurando la entrega de divisas al sector privado.
Los hechos
recientes reiteran, una vez más, que ningún cuerpo represivo es
“revolucionario” y que los militares están preparados, física y
psicológicamente para la guerra y no para la paz. Varias personas han sido asesinadas
por los militares cuando estos realizaban labores de patrullaje ciudadano, como
fue el caso de Luimener Pacheco y su hija de 12 años, en Coro, y de Ewin
Rivera, en La Bombilla en Petare. En sitios como Cabruta y Orope los desmanes de
los uniformados han generado la respuesta popular de rechazo, tras constatar
las torturas contra Alexis Tarazona y Renny Suárez que les provocaron la muerte.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que 301 casos de violaciones
al derecho a la vida ocurrieron entre 1997 y 2011, cuyos victimarios pertenecen
a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Ante la situación
la única reivindicación revolucionaria es luchar por la desmilitarización del
territorio, lo cual incluye la derogación de las llamadas “zonas de seguridad”
que prohíben la manifestación y huelgas de trabajadores en instituciones y
empresas del Estado. Asimismo, la disolución de los cuerpos represivos del
Estado, pues su existencia es garantía de torturas y represión para la
población civil, la impunidad de su participación en los diferentes delitos en
el país y el mantenimiento de las prebendas para la vieja y nueva casta de
privilegiados en el país, asegurando la disciplina necesaria para que Venezuela
sea una maquila de recursos energéticos para el mercado globalizado.
Llamamos a todas
las organizaciones populares a ganar y mantenerse en la calle en la exigencia
de todos nuestros derechos y peticiones,
rechazando la maniobra de las dos cúpulas partidistas (PSUV y la MUD),
que intentan una vez más electoralizar la agenda de movilización de los de
debajo.
A desechar las
falsas ilusiones: ¡Sólo la acción autónoma y beligerante de los movimientos
sociales es garantía de un verdadero cambio!
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