Pronunciamiento de Plataforma 2012
Ante la inminente firma del acuerdo entre
YPF y la empresa transnacional Chevron, para explotar el petróleo y gas no
convencional en la cuenca del Neuquén, principalmente en la formación de Vaca
Muerta, desde Plataforma 2012 queremos alertar que este hecho constituye nada
menos que una vuelta de tuerca en el proceso de falsa estatización de YPF, que
concluye en la entrega de nuestros bienes naturales a Chevron, para que éste
lucre con la destrucción de nuestros territorios y del ambiente. Una vez más
los argentinos nos vemos confrontados a una estafa, cuyos responsables son el
gobierno nacional y sus socios provinciales.
Hace poco más de un año, el oficialismo
anunciaba con bombos y platillos la expropiación del 51% de las acciones de
YPF, que estaba en manos de Repsol. Se habló de modo grandilocuente de
“renacionalización” del petróleo, se impulsó un discurso triunfalista que
evitaba cualquier referencia autocrítica a la responsabilidad directa que el
propio oficialismo tuvo en el proceso de vaciamiento de YPF. Manipulando las
legítimas aspiraciones de una gran parte de la sociedad argentina, se impulsó
una ley que fue aprobada por el congreso nacional en una votación a libro
cerrado, soslayando de ese modo la posibilidad de abrir un debate democrático
de fondo sobre la crisis energética estructural que atraviesa nuestro país.
En mayo de 2012, a través de un documento
titulado “Por una verdadera estatización de los recursos energético. La crisis
de YPF o el fracaso de una política energética”,(1) desde Plataforma 2012
nos pronunciamos críticamente sobre el
tema, argumentando, entre otras cuestiones, que la anunciada “reconquista” de
YPF adolecía de sustanciales errores para cumplir con las metas que dice
proponerse, puesto que no contemplaba los aspectos estructurales de la cuestión
energética y carecía de una mirada estratégica de mediano y largo plazo.
Sosteníamos que la ley no proponía cambio alguno del marco regulatorio ni
política de nacionalización de los hidrocarburos; que no asistíamos a una
verdadera estatización de la empresa; que no existía una propuesta de largo plazo
que apuntara a la diversificación de la matriz energética; alertábamos de que
el país se aprestaba a ingresar peligrosamente en la explotación del gas y
petróleo no convencional, a través de la fractura hidráulica o fracking, una
metodología muy controvertida que ha sido prohibida en varios países, sin
siquiera abrir debate o informar sobre sus gravosas consecuencias ambientales.
Los hechos que se han sucedido en los
últimos meses muestran, lamentablemente, la actualidad de ese documento. Lejos
de avanzar en la conformación de una sociedad de Estado que garantizara el
control de los bienes naturales, YPF buscó de manera desesperada y por todos
los medios asociarse con grandes
empresas transnacionales, que son las
que hoy dominan el mercado energético, sobre todo en la explotación de
hidrocarburos no convencionales. Desde el comienzo, el socio anunciado fue la
multinacional petrolera Chevron, de origen norteamericano, en estos momentos el
cuarto productor de petróleo en nuestro país.
La entrega llave en mano de los yacimientos
de la cuenca del Neuquén a Chevron encontró una serie de escollos legales,
sobre todo, debido a la sentencia judicial que pesaba sobre esta empresa,
expedida por la justicia ecuatoriana, que condenó a Chevron (que operó entre
1964 y 1990 en Ecuador, cuando era Texaco) a pagar 19.000 millones de dólares,
por graves delitos ambientales, cometidos en la Amazonía ecuatoriana, en
territorios ancestrales de pueblos originarios. Un primer embargo sobre los
bienes de Chevron en nuestro país, emitido por un juzgado, respaldado por los
acuerdos bilaterales entre Argentina y Ecuador, demoraría el acuerdo inminente.
Sin embargo, hace menos de un mes, a pedido de la Procuradora Nacional A.Gils
Carbó, y posteriormente, a través de un rápido fallo a favor de Chevron,
emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se levantó el embargo
que pesaba sobre la empresa, allanando de este modo concreción de dicha
entrega.
Muchos se preguntaban cuáles serían las
condiciones del acuerdo que firmarían Chevron e YPF. Poco se sabía acerca del
contenido del acuerdo, más allá de las efusivas declaraciones del gobernador de
Neuquén, Jorge Sapag y sus funcionarios, quienes hablan de un “segundo
descubrimiento del petróleo”. Algunos analistas adelantaron que, tal como había sucedido en otros países
–por ejemplo, en Ucrania- las condiciones serían leoninas, difíciles de digerir
para un gobierno que se dice nacional y popular. Veinticuatro horas antes de la
firma del acuerdo trascendió que el gobierno creó, por decreto, un régimen de
promoción de inversión de hidrocarburos, a la medida de Chevron, que prevé
beneficios para las empresas que presenten proyectos de explotación de un monto
no inferior a 1.000 millones de dólares.
A la
manera de la legislación minera de los años `90, este decreto otorga la
exención a pagar los derechos de exportación a partir del quinto año de
ejecución del proyecto; establece la libre disponibilidad (100 %) de las
divisas provenientes de la dicha exportación; no propone una reglamentación de
la extracción que prevea los impactos ambientales que ocurrieron en otros
lugares del mundo con el fracking, entre otros puntos controvertidos.
Agreguemos que la ley 17.319 de Hidrocarburos no autoriza a otorgar exenciones
al pago del derecho de exportación. Resaltamos esto porque las modificaciones
impositivas ahora fueron hechas por Decreto y deben hacerse por ley.
En nuestro país las poblaciones ya
comenzaron a organizarse y manifestar fuertes resistencias al avance de la
explotación de los hidrocarburos no convencionales, tal como lo muestran
diferentes ordenanzas municipales que prohíben el fracking: Cinco Saltos, en
Río Negro, picó en punta, superando incluso el veto de la intendenta; en Entre
Ríos, ya son 10 los municipios que
prohibieron esta técnica y en Mendoza, cuatro departamentos -dos de los cuáles
enfrentan hoy un veto-. Por otro lado, una medida cautelar en Chubut,
presentada por representantes de pueblos originarios, logró frenar la
exploración de un pozo de fracking (aquel que había sido inaugurado por la
presidenta). Y más aún, recientemente, la Confederación Mapuche del Neuquén dio
a conocer un comunicado en el que rechazan el pacto entre Chevron e YPF, y
afirma que no dejarán ingresar a la empresa, prófuga de la justicia ecuatoriana,
a sus territorios ancestrales.(2)
Desde Plataforma 2012 rechazamos este nuevo
giro en la política energética, que entrega YPF a Chevron, para que éste lucre
con los bienes naturales de los argentinos y destruya los territorios y el
ambiente, y nos solidarizamos con los pueblos originarios, las organizaciones
sociales, asambleas y vecinos que hoy luchan contra el avance de la frontera
hidrocarburífera, mediante el fracking, defendiendo la vida y el territorio.
(1) http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/documentos/47-por-una-verdadera-estatizacion-de-los-recursos-energeticos
(2)
http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=4678&Itemid=3
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