Por: Laclase.info
Caracas, 10 de junio.- Luego del asesinato del cacique
yukpa, Sabino Romero, por parte de sicarios, el 3 de marzo del presente año, la
movilización y la denuncia protagonizada por este pueblo indígena y varias
organizaciones sociales obligó al gobierno, en la persona del canciller Elías
Jaua, a reunirse con familiares de Romero y comprometerse a pagar las
bienhechurías de las haciendas que fueron recuperadas bajo el liderazgo de
Sabino, para saldar de esta manera el conflicto entre ganaderos e indígenas. En
dicho conflicto, el aparato represivo y administrativo del Estado venezolano ha
jugado un papel activo al servicio de los ganaderos.
El 25 de marzo, Elías Jaua declaró que en un lapso de 60
días el problema de las tierras en disputa se resolvería. La promesa no fue
honrada por el gobierno.
Si bien la Asamblea Nacional aprobó recientemente la
asignación de recursos para el pago de algunas bienhechurías en la Sierra de
Perijá, no se conoce cuáles serán las fincas incluidas en el proceso.
Tampoco ha cumplido el gobierno su ofrecimiento de
investigar el crimen contra Sabino Romero y castigar a los autores materiales e
intelectuales de este atroz asesinato. El asesinato de Romero, al igual que
otros ocho asesinatos perpetrados en meses recientes en contra de indígenas
yukpa, permanece cubierto por el manto de la impunidad.
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