Alfredo Infante
Allí estaba el autobús de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB) estacionado frente a las oficinas principales del
SAIME (Servicio Administrativo de identificación, Migración y Extranjería) en
el Silencio, frente a la Plaza Miranda, custodiado por cuatro funcionarios
equipados con armas potentes. Los oficiales eran jóvenes, casi adolescentes,
pero al parecer convencidos, por el ceño fruncido y el armamento que portaban, que estaban cual
“Rambo” en una misión de salvación de la Patria.
En el interior del autobús, había un grupo
de 17 inmigrantes afrocolombianos y 1
peruano que miraban a través del vidrio
a sus familias, resignados, sin saber qué hacer, a la espera de que una
decisión de quién sabe quién, cambiara
su destino. Eran las 10:30 de la mañana del día martes 25 de Junio.
Un grupo de mujeres, entre las que se contaban
embarazadas y con niños pequeños, esperaban angustiada la decisión. Me acerqué
indignado y pregunté sobre lo acontecido.
De inmediato Elvira, madre de uno de los
deportados me contó: “El sábado 22, a partir de las 2 de la tarde, hicieron una
redada en Petare, allí cerca de la salida del metro, por la redoma, mi hijo
venía del trabajo, él es constructor y trabaja en la Misión Vivienda.
¡Imagínese! ni así”.
Se acercaron varias queriendo dar su
testimonio. Marta, una joven como de 20 años, comentó con una mezcla extraña de
resignación e indignación: “yo tengo 3 meses de embarazo, cómo hago”. María,
otra madre joven, con dos niños aferrados a sus manos, relató:
“Yo iba con mi marido y mis niños a un
restaurancito que está en el centro de Petare. Es un lugar donde venden comida
costeña. Entonces nos pidieron los documentos y se llevaron a mi marido. No les
importó que iba con su mujer e hijos, y no soy la única, mire pa´llá – señaló
hacia una joven que estaba amamantando a su hijo de meses, mientras
preguntaba-¿qué va a ser de estos niños?”
Después de escuchar varios testimonios
pregunté “¿y cómo ha sido el trato?”. Una mujer delgada, madre de uno de los
jóvenes detenido se adelantó diciendo: “El sábado se lo llevaron al Tanque en
Petare. No se han bañado, no les han dado comida y por fin dejaron que les
diéramos nosotras de comer. Lo peor es que no nos informan nada”.
Otra añadió: “Hoy lo trajeron aquí al SAIME
para un chequeo y para esperar la orden de deportación”. Una señora desde lejos
informó: “Mi esposo es un hombre trabajador, tiene 5 años viviendo en
Venezuela. Nunca antes le había pasado esto. Ahora lo están tratando como si
fuera un criminal”. Marta con cara angustiada concluyó: “Dicen que los van a
deportar, pero no sabemos cuándo, ni por qué parte de la frontera”.
Todo apunta a un cierre de la política
migratoria. El 6 de noviembre de 2012 se publicó la circular 1856 que suspende
el visado fronterizo, la cual se viene aplicando en los puestos fronterizos y
está sirviendo para la extorsión de los extranjeros.
En el despliegue del Plan Patria Segura,
aunque no está en el papel escrito, se vienen haciendo redadas antinmigrante en
la ciudad de Caracas (como en los tiempos más duros de la IV República) que
concluyen con la deportación. Hay un resurgir de una matriz xenofóbica
propuesta desde el poder.
Lamentablemente, los respectivos consulados
están más preocupado en los negocios y en las buenas relaciones que en los DDHH
de sus coterráneos, lo cual pone a los inmigrantes irregulares en un estado de
completa vulnerabilidad. ¿Patria segura o xenofobia segura? Veamos el
desarrollo de los hechos para sacar conclusiones.
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