La Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga en su artículo 97. Sin embargo, en los últimos años Provea ha denunciado el empleo de diversos mecanismos por parte del Estado venezolano para restringir y criminalizar su ejercicio.
Por vías legales se mantiene la negación del derecho a huelga y cada vez es más riesgoso para los sindicalistas convocar a la paralización de actividades.
Hemos señalado que la creación de un entramado legal orientado a criminalizar las luchas y disminuir la capacidad de movilización de los trabajadores y los sindicatos, atenta contra conquistas históricas del movimiento obrero como la libertad sindical y el derecho a huelga, y está reñido con los principios consagrados en la Constitución Nacional y las normas contenidas en los Convenios, Pactos y Tratados Internacionales suscritos por el Estado venezolano.
Levanta tu voz en la fábrica, en la universidad, en la comunidad. Difunde, denuncia, defiende tu derecho legítimo a la huelga
En diciembre de 2002, en el marco de un período de intensa conflictividad política, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Los Títulos IV y V contemplan la clasificación de las llamadas Zonas de Seguridad y las Sanciones y Penas ante la violación de los preceptos señalados en dicho instrumento legal.
Los trabajadores venezolanos han sido las principales víctimas de la criminalización y la judicialización de sus luchas, que bajo el mandato de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, ha emprendido el Estado venezolano.
Rubén González permaneció 17 meses en la cárcel, y actualmente está sometido a juicio luego que la sentencia que lo condenó a 7 años de prisión, fue anulada debido a las acciones de rechazo del movimiento sindical a nivel nacional.
Entre los delitos que se le imputan, está la violación del artículo 48 de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, cuya pena aplicable está contenida en el artículo 56 de la misma: “Cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10) años”.
El mismo principio fue aplicado en 2012, contra 5 trabajadores de la construcción en el Estado Táchira, quienes fueron sometidos a la justicia militar, luego de realizar una protesta a las puertas del Fuerte Murachí, exigiendo el pago de sus pasivos laborales a la empresa Xacobeo, C.A.
La Organización No Gubernamental “Control Ciudadano” ha calculado que un 32% del territorio venezolano ha sido calificado como zona de seguridad.
En el año 2009 Provea calculó que por delitos tipificados en el Código Penal y por “violación de zona de seguridad” 2.400 luchadores sociales se encontraban en regímenes de presentación en tribunales tras haber sido privados de su libertad en el contexto de una manifestación.
La Ley de Seguridad de la Nación es casi una copia al calco de la “Ley de Seguridad Interior del Estado” chilena, aprobada en 1958 durante la presidencia del militar Carlos Ibáñez del Campo, y reeditada por el Gobierno de Sebastián Piñera para criminalizar las luchas del pueblo Mapuche.
Por su parte, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), aprobada en mayo de 2012, está orientada a la criminalización de la protesta y la proscripción de las formas de lucha que históricamente ha adoptado el movimiento obrero.
Provea denunció a esta Ley como potencial violadora de los derechos humanos debido a su ambigua definición de “acto terrorista” y “delincuencia organizada”.
La LODOFAT, es la versión venezolana de la USA Patriot Act o Ley Patriota Norteamericana y una aplicación del Manual Antiterrorista del Fondo Monetario Internacional. Establece penas para las personas naturales y jurídicas, que sean calificadas como terroristas o cooperantes con el terrorismo.
El caso más emblemático de aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido el de Yendrick Sánchez, un joven que interrumpió el acto de toma de posesión del presidente Maduro el pasado 15.04.13. Sin embargo el objetivo principal de la LODOFAT es la desarticulación y desmovilización de los sectores en lucha, entre ellos, los sindicatos y gremios.
Otros instrumentos jurídicos apuntan a la criminalización del derecho a huelga.
La Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del año 2009, crea en su artículo 50 la figura de los llamados “cuerpos de combatientes”, unidades militarizadas en las empresas públicas y privadas cuyo objetivo podría ser impedir la paralización de la producción, lo que a juicio de Provea impediría el derecho a huelga usando los “combatientes”como esquiroles o grupos de choque.
Esta militarización de las condiciones laborales parece ratificarse con el anuncio realizado el pasado 23.05.13 por el Presidente Nicolás Maduro para la creación de las llamadas “milicias obreras”.
Asimismo, en días pasados, el Gobierno Nacional ordenó la militarización de la empresa Ferrominera del Orinoco, en un intento por quebrar una huelga que protagonizaron los trabajadores de esa industria, en reclamo de mejoras salariales y exigiendo el reenganche de quienes habían sido despedidos injustificadamente en 2012.
En dicha oportunidad, Provea denunció que la militarización de un conflicto de carácter laboral, generaba un grave precedente que, sumado a la creación y fortalecimiento de las Milicias Obreras, evidencian una elevación de la represión y criminalización del derecho a huelga.
En otros casos como la aplicación de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios” y la “Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios”, se pretende restringir el ejercicio del derecho a huelga bajo el “objetivo de garantizar el acceso a los alimentos y combatir el desabastecimiento de productos básicos”.
En tal sentido, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha insistido en exhortar al Gobierno Nacional a reformar la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en su artículo 139.
Casos más recientes como las sentencias dictadas por el Juzgado Cuarto de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, ordenando a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV) y a la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), el levantamiento del paro profesoral y la reanudación de actividades académicas en el Instituto Pedagógico de Caracas y en la Universidad Central de Venezuela, constituyen graves violaciones al derecho a huelga y al convenio 87 de la OIT en materia de Libertad Sindical.
Ante las continuas amenazas al derecho a huelga, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, junto a organizaciones sindicales, gremiales, y defensoras de Derechos Humanos, ha iniciado una campaña en favor de esta constitucional y legítima conquista de las y los trabajadores venezolanos, y contra la criminalización de quienes luchan por mejores condiciones laborales.
Mediante el uso de la etiqueta #HuelgaNoEsDelito en twitter, reivindicaremos el pleno ejercicio del derecho a huelga.
Puedes apoyar esta lucha a través de cualquiera de tus redes sociales.
Levanta tu voz en la fábrica, en la universidad, en la comunidad. Difunde, denuncia, defiende tu derecho legítimo a la huelga.
Al respecto puede verse el siguiente video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZPe5TwIHA9g
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