Adolfo Pérez Esquivel
La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo, basado en el dictamen que elaboró la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para levantarle un embargo por US$ 19.000 millones a la Chevrón Corporation, otorgándole impunidad a una de las petroleras más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo, basado en el dictamen que elaboró la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para levantarle un embargo por US$ 19.000 millones a la Chevrón Corporation, otorgándole impunidad a una de las petroleras más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.
Luego de 20 años de luchas, el hermano pueblo de Ecuador le
ganó un juicio a la Corporación Chevrón por desvastar intencionalmente 500 mil
hectáreas de selva del Amazonas durante 30 años, provocando muerte, destrucción y
desplazamiento de miles de indígenas y colonos que habitan en esa región.
Más allá de los daños irreparables, este juicio permitió que
la justicia civil argentina embargase a la filial local de Chevrón con la
ratificación unánime de la Cámara de Apelaciones. Surgía de esta manera, la
primera oportunidad para que la Corporación Chevrón se viese obligada a
respetar la condena que desconoce y se niega a cumplir.
Pero no sólo se impidió esto sino que, gracias al fallo de
la Corte Suprema, también se permitió al Gobierno celebrar, a través de YPF, un
contrato con Chevrón muy desfavorable para los argentinos, por un monto de U$S
1.500 millones para explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Tanto es así, que
miembros del directorio de YPF han
renunciado para no ser cómplices de esta estafa.
Me pregunto si Ricardo Lorenzetti, quien preside un Consejo
Internacional de Jueces para proteger el ambiente en el marco del “Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente” sabía, cuando firmó, que Texaco-Chevrón
arrojó alrededor de 16 mil millones de galones de agua tóxica a los esteros y
ríos de la Amazonia, que vertió intencionalmente 650 mil barriles de crudo y
que construyó 880 fosas sin recubrimiento que fueron depósitos de crudo y sus
desechos.
Me pregunto si saben Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda,
Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni y Helena Highton de Nolasco que con su firma le
han abierto la posibilidad a Chevrón para que destruya nuestro país al igual
que lo hizo en Ecuador.
Me pregunto que entiende Gils Carbó por democratizar el
acceso a la justicia, si mientras se penalizan las protestas sociales de los
Pueblos Originarios se absuelve a corporaciones que violan nuestros derechos
como humanos.
¿Se han preguntado qué va a pasar cuando pueblos
damnificados en Argentina se vean obligados a demandar a una transnacional para
lograr justicia y dignidad?
Nuestra Corte Suprema ha sentado jurisprudencia en contra
del propio pueblo argentino y de los hermanos pueblos latinoamericanos, que han
resistido permanentemente y han actuado para preservar su identidad, su honor,
sus recursos y su vida.
Por esto la Confederación de las Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (CONAIE), junto a los argentinos y argentinas que queremos
soberanía y dignidad para nuestro pueblo frente a las multinacionales,
rechazamos este fallo y solicitamos su urgente revisión.
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente del Servicio Paz y Justicia
Para ver el sitio de la campaña Chevrón Tóxico:
http://chevrontoxico.com/
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