Militarización seguridad ciudadana

Humberto Decarli

El anuncio del gobierno de militarizar al país para combatir al delito representa un nuevo desatino de tan infausta gestión. No les ha bastado con el fracaso materializado en la implementación del Dibise (Dispositivo Bicentenario de Seguridad) hace poco tiempo donde se incorporó a la fuerza armada a la lucha en contra de la inseguridad. Los militares están formado para la guerra con la connotación terrible implicada en esa clase de actividades. No tienen un espíritu de respeto a los derechos humanos ni de la técnica contra el terrible flagelo significado por el crimen. Redundará su función en torpeza por la ausencia de criterio acertado en esta materia. Sin embargo, detrás de la presencia del ejército, la guardia nacional y la milicia, subyace la intimidación contra la disidencia y los posibles conflictos sociales derivados del desabastecimiento y la inflación. Allí sí van a actuar sin contemplaciones con la panoplia de armas adquirida a Rusia. Es una conducta reaccionaria destinada a satisfacer criterios simplistas y conservadores traducidos en la mano dura contra los delincuentes.

Hay infinidad de propuestas civiles para llevar a cabo panaceas en este delicado aspecto. El desarme, las políticas preventivas, las recomendaciones de Conarepol, la de Cofavic, la del Comité de Víctimas del Estado Lara, la impunidad policial y muchas otras iniciativas que escapan a mi memoria porque no soy especialista en este ámbito, simbolizan sendas responsables, equilibradas y veladoras de los derechos humanos. Pero estamos en presencia de una administración desconcertada e ineficaz, sobre todo por la ausencia del caudillo juzgador de todo.