Argentina: El aparato represivo estatal sigue intacto

CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional)

 (Agencia Rodolfo Walsh, 09.05.13) La CORREPI [Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional], una organización social de larga trayectoria militante, comprometida y necesaria en las luchas populares, desde su denuncia permanente sobre la creciente represión institucional o policial, no fue ajena al grave episodio de espionaje que sufrió esta agencia y el conjunto de las organizaciones del campo popular. Aquí su testimonio acerca del accionar ilegal del Estado.

Aunque no todos recordaran su nombre, no hubo militante que no reconociera al oficial de la policía federal Américo Alejandro Balbuena cuando la Agencia de noticias alternativas Rodolfo Walsh denunció al infiltrado y comenzó a circular su foto.

Hoy sabemos que su cotidiana presencia en cuanta marcha, acto, conflicto, corte o movilización popular hubiera no respondía a su compromiso con la información alternativa, sino que era liso y llano "cumplimiento del deber". Desde 2002, y sin solución de continuidad, el oficial de inteligencia de la PFA [Policía Federal Argentina] trabajó infiltrado como movilero de la Agencia Walsh, además de conducir programas de radio, como "Nada es casual", que se emitía durante 2008 en AM770 (Radio Cooperativa). Por ejemplo, el 15 de julio de 2011, el oficial Balbuena cubrió la conferencia de prensa en la que una gran cantidad de organizaciones anunciamos la promoción de la denuncia penal contra el burócrata Gerardo Martínez, de la UOCRA [Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina], por su tarea como espía de la dictadura desde el Batallón 601. Allí, el colega federal del denunciado entrevistó a Enrique "Cachito" Fukman de la AEDD [Asociación de Ex-Detenidos Desaparecido]; a Oscar Castro del SITRAIC [Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines] y a María del Carmen Verdú de CORREPI.

Según informó un comunicado del ministerio de Seguridad del mismo día en que los compañeros de la Agencia Walsh hicieron pública la identidad del infiltrado oficial de inteligencia de la PFA, " Nilda Garré requirió un informe urgente al jefe de la Policía Federal sobre las tareas que desempeñaba Américo Alejandro Balbuena y sobre otros efectivos del área de reunión de información; resolvió iniciar una investigación sumaria y pasar a disponibilidad preventiva a personal de inteligencia de la Policía Federal Argentina para contribuir a esclarecer si las tareas que realizaba están comprendidas o no dentro de las funciones asignadas a la fuerza por la ley de Inteligencia".

Desde CORREPI afirmamos que no tiene la menor importancia establecer si las "tareas" son de las legalmente asignadas a la PFA por la ley de Inteligencia. La legalidad es lo que los mismos que nos espían dicen que es. Lo que el episodio prueba, de nuevo, es que, por dentro o por fuera de la legalidad normativa, el gobierno espía a las organizaciones del pueblo trabajador. Por más de 11 años, un oficial de inteligencia de la PFA cobró su sueldo mensualmente, sin cumplir para la fuerza otra función que la que tuvo ordenada: infiltrarse en una agencia de periodismo alternativo de reconocido prestigio militante, a cuyos compañeros todas las organizaciones abrimos nuestras puertas porque están junto a nosotros en todas las luchas. Ni Garré ni nadie en el gobierno necesita pedir informes a sus subordinados para saber qué hizo el oficial Balbuena durante más de una década: ellos le pagaban para que lo hiciera. ¿O creían que estaba dirigiendo el tránsito?

El Proyecto X (también de más de una década de existencia, aunque modernizado y perfeccionado en los últimos años), y el oficial Balbuena simplemente muestran la única cara del "gobierno de los DDHH". Como dijimos entonces, "para el que quiera ver las cosas como realmente son, ahí están los hechos, indiscutibles, y confesos".