Correpi
Esta incompleta y muy breve serie de
situaciones represivas recientes ilustra lo que es una constante a lo largo y
ancho del país: la represión, con balas de goma, de plomo o a través del
aparato judicial, de todos los trabajadores que se organizan para pelear por la
vivienda, la tierra, el medio ambiente y sus derechos laborales. Estos pocos
ejemplos demuestran que tanto el gobierno nacional como los gobiernos
provinciales y los municipales, recurren, cada uno con su estilo pero de similar
modo, a su aparato represivo y a su aparato judicial cuando necesitan frenar el
crecimiento de las luchas populares.
En la provincia de Catamarca, vecinos y
ambientalistas que se manifestaban contra la megaminería fueron reprimidos en
Belén, Aldalgalá y Tinogasta con el concurso del cuerpo de infantería de la
policía provincial y patotas de las empresas. Hubo heridos por disparos de
armas con postas de goma y gases lacrimógenos y varios detenidos.
- En La Plata, provincia de Buenos Aires, el juez de garantías Melazo
ordenó la detención de cuatro delegados de la Dirección General de Cultura y
Educación en una causa originada en las luchas gremiales del año pasado. Los
trabajadores fueron acusados por el delito de “coacción agravada”, típica
figura penal empleada para criminalizar la protesta, y arrestados por policías
de civil que los emboscaron en su lugar de trabajo y a la salida de una reunión
a la que habían sido citados por el director provincial de Negociaciones
Colectivas con motivo de la ayuda oficial para damnificados por la inundación
del 2 de abril. Ante la presión de la movilización, los delegados fueron
excarcelados, sin desvincularlos de la causa, que continúa su curso.
- En Empalme Granero, Rosario, provincia de Santa Fe, la policía
provincial reprimió a familias Qom que se habían instalado en un predio
abandonado. Se utilizaron armas cargadas con balas de plomo, y hubo al menos
dos heridos de consideración.
- En la provincia de Formosa, una patota de unas 30 personas se presentó
en la comunidad La Primavera y apaleó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz, y a
su amigo Carlos Sosa. Unos días antes, un juez de Clorinda procesó a Félix Díaz
por el delito de usurpación de los territorios ancestrales de su comunidad.
- En las afueras de la ciudad de Córdoba,
centenares de familias sin techo que ocuparon tierras abandonadas para construir
viviendas y desarrollar proyectos productivos en Piedras Blancas y Cuesta
Blanca fueron reprimidos por la policía provincial, con decenas de detenidos,
entre ellos uno de los abogados y militantes del Encuentro de Organizaciones
que vienen ejerciendo la defensa de los represaliados. Unos días después, por
orden del ministro de Desarrollo Social, un funcionario formuló una denuncia
penal contra el Encuentro de Organizaciones, y, en particular, sus tres
militantes abogados, acusándolos de ser los “cabecillas” de una asociación
ilícita destinada a instigar tomas de tierras mediante engaños y fraudes a las
familias.
- En Famatina, La Rioja, la policía
provincial reprimió a manifestantes antimegaminería para impedir un escrache al
gobernador. Hubo 15 heridos hospitalizados y cinco detenidos.
- En la provincia de Chaco, una movilización multisectorial en apoyo de
los docentes fue reprimida. Luego, trece docentes y militantes sociales fueron
acusados por los delitos de incitación a la violencia y daños a la propiedad
pública, entre ellos el compañero Amilcar Soto de la FOB Chaco. Días después,
en el marco de la lucha docente, se ordenó la detención de cuatro referentes
sociales que participaron de una protesta en la localidad de J. J. Castelli.
- En la ciudad de Buenos Aires, mientras avanzan con lentitud impuesta por
jueces y fiscales nacionales las causas contra la policía metropolitana por la
represión en la Sala Alberdi, con tres heridos de bala de plomo, dos de ellos
periodistas de la RNMA, y por la represión en el Hospital Borda, donde además
de trabajadores, profesionales del hospital y pacientes también fueron heridos
y detenidos periodistas, el jefe de gobierno dictó un decreto de necesidad y
urgencia “para defender la libertad de prensa”, que provee herramientas a las
patronales de los medios para limitar el derecho de huelga de los trabajadores.
- En el barrio porteño de Pompeya, los trabajadores de Lanci Impresores
SRL, que tomaron la empresa en defensa de su fuente laboral, fueron desalojados
con gases lacrimógenos por la policía metropolitana, siguiendo órdenes de una
jueza contravencional.
- En Pacheco, en el conurbano bonaerense, la gendarmería nacional impidió
por la fuerza una protesta de los trabajadores de la empresa multinacional
autopartista LEAR que protestaban en Panamericana y Ruta 197 por despidos y
reclamaban mejoras en las condiciones laborales.
- También en la ciudad de Buenos Aires, la
Agencia Walsh descubrió que, por más de 12 años, tuvieron a un policía federal
de la sección Reunión de Datos, división Análisis infiltrado como periodista.
El oficial de inteligencia fue “preparado” para cumplir esa función por una
década y media. Estudió periodismo, fue movilero de FM La Tribu y, en 2002,
aprovechó su relación de vecindad y conocimiento de la infancia con uno de los
fundadores de la Agencia Walsh para recalar allí, donde se convirtió en uno de
sus miembros más activos, presente en todas las manifestaciones y
movilizaciones, familiarizado con los referentes de todas las organizaciones
populares y responsable de llevar la agenda de actividades de la agencia.
Mientras tanto, y a pesar de las pruebas reunidas en la causa federal por el
funcionamiento del Proyecto X de gendarmería, siguen en trámite y acercándose
al juicio oral varias causas contra delegados del Frigorífico Rioplatense que
se fundan en la labor de los gendarmes infiltrados y los informes de su base de
datos.
Como responsables políticos de los hechos
represivos listados, que ocurrieron en las últimas semanas, se agolpan
Fernández de Kirchner, De La Sota, Scioli, Macri, Bonfatti, Corpacci, Beder
Herrera, Capitanich, Insfran, etc.
Peronistas kirchneristas, peronistas no
kirchneristas, macristas, “socialistas amplios y progresistas”, etc., más allá
de sus matices, diferencias, contradicciones y enfrentamientos por el poder,
todos actúan de la misma manera cuando deben enfrentar a los trabajadores y el
pueblo. Con la represión directa a través de sus uniformados y sus patotas; con
la persecución de la mano de sus jueces y fiscales; con la coerción del
consenso impuesto desde los medios de (des)información, al servicio, como
ellos, de los explotadores.
Así, reafirmamos que la represión es una
política de estado, que, gobierne quien gobierne, se dirige a ejercer el
control social y disciplinar a las mayorías populares para que perdure la
sociedad dividida en clases.
Y reafirmamos la vigencia de nuestra
consigna histórica:
Contra la represión, organización y lucha.
Organización independiente, y lucha consecuente.
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