(Caracas 16 de abril 2013) La
Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, Foro por la Vida,
en el marco del derecho a la participación política reconocido por la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Tratados
Internacionales suscritos por el Estado, se pronuncia sobre los últimos
acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales del pasado 14 de
abril, donde el pueblo venezolano ejerció masivamente su Derecho al voto, lo cual reafirma su
vocación democrática.
Desde
hace varios años las organizaciones de derechos humanos hemos expresado preocupación
sobre el desequilibrio en las campañas electorales, a partir del uso de los
recursos del Estado a favor de una opción política. En esta oportunidad dado el
estrecho margen de diferencia entre los dos principales candidatos y el reporte
de más de 3.000 incidencias por parte de los actores políticos, presentan una
duda razonable sobre la consistencia de los resultados, que permiten justificar la activación de los mecanismos
previstos en la legislación nacional para una revisión detallada de los mismos,
sin que ello deba ser interpretado como una amenaza a la democracia y la
voluntad popular, sino como la forma legal y cívica de resolver la
controversia, especialmente considerando que ambos candidatos aceptaron de
manera voluntaria e inmediata la revisión la noche del 14 de abril.
Es
necesario recordar que en Venezuela existen precedentes jurídicos que
establecen que la proclamación de un candidato, no cierra los canales legales
para la activación de los mecanismos de revisión de los resultados de un proceso
electoral.
Saludamos
el ofrecimiento del Secretario General de la OEA, quien puso a disposición de Venezuela el
equipo de expertos electorales de la organización. La asistencia técnica es un
mecanismo válido y oportuno en el ámbito de las relaciones internacionales que
no puede desestimarse a priori bajo el debatible argumento de la injerencia
extranjera, tomando en cuenta que la Carta Democrática Interamericana considera
“que uno de los propósitos de la OEA es
promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del
principio de no intervención”.
Repudiamos
las agresiones contra personas que participaban en las auditorías ciudadanas,
cuya realización solo es posible “una vez existan
las condiciones mínimas de seguridad para la realización del acto con absoluta
normalidad”
(Artículo 440 del Reglamento LOPE). La auditoría
ciudadana constituye parte integral del proceso electoral y su obstaculización
solo contribuye a sembrar dudas sobre la integridad de los resultados.
Expresamos
nuestra preocupación por los ataques vandálicos sufridos por la Red de
Observación Electoral de la Asamblea de Educación contra su personal, equipos e
instalaciones en las que laboraban el 14 de abril, mientras realizaban una
actividad de verificación, debidamente avalada por el Consejo Nacional
Electoral.
Por
tanto:
1.-
Hacemos un llamado a sociedad civil a canalizar sus aportes para la
documentación y formalización de denuncias y seguir el proceso de verificación
de resultados de manera cívica.
2.-
Solicitamos al Consejo Nacional Electoral acoger solicitudes que se formalicen
y a darles curso de conformidad con lo previsto en la normativa electoral,
incluyendo la aceptación del ofrecimiento de asistencia técnica de la
Organización de Estados Americanos. Igualmente solicitamos al CNE se inicien
las averiguaciones respectivas ante las distintas irregularidades arriba
mencionadas, que empañan el proceso electoral y se apliquen a los responsables
las sanciones que dicta el marco legal venezolano.
3.-
Exhortamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en particular a los
responsables del Plan República, a preservar el material electoral, de acuerdo
a las responsabilidades que le imponen los artículos 167 y 169 de la Ley
Orgánica sobre Procesos Electorales.
4.-
Invitamos a los partidos políticos y autoridades nacionales a que se establezca
el diálogo en un marco de respeto mutuo, como único mecanismo democrático que
permita una salida pacífica a las actuales circunstancias que vive Venezuela.
5.- Recordamos
que la protesta pacífica es un derecho humano consagrado en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y
en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En tal sentido, exhortamos
al Estado venezolano a garantizar el libre ejercicio de este derecho y proteger
a todas las personas que lo ejerzan.
6.- Solicitamos
al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo prevenir e investigar de manera oportuna e
independiente cualquier tipo de violación a los derechos humanos, y a los
cuerpos de seguridad del Estado abstenerse de la utilización abusiva y desproporcionada de
la fuerza tal como lo contempla la legislación nacional. Ello comprende la no intervención
de cuerpos militares, el uso de armas de fuego, el empleo de la violencia, y el
uso de gases lacrimógenos o de sustancias tóxicas prohibidas para el control
del orden público en la Carta Magna.
Las
organizaciones que conforman la coalición del Foro por la Vida, hacemos un
llamado al Estado venezolano al respeto de los derechos humanos consagrados en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar y
contribuir a un clima de paz, dialogo, entendimiento y reconocimiento entre los
sectores del país.
Acción Ciudadana
Contra el Sida (Accsi)
Acción Solidaria
(Acsol)
Caritas de
Venezuela. Comisión de Justicia y Paz
Caritas Los
Teques. Justicia y Paz
Centra para la
Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Centro de
Derechos Humanos de la UCAB
Centro de
Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM)
Comité de
familiares víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Programa
Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Vicaria de los
Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
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