(Caracas, 22.04.13)-. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) -organización dedicada a la investigación, promoción y exigibilidad de derechos humanos - rechaza los hechos de violencia ocurridos en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 14 de abril. Lamenta las pérdidas humanas y materiales registradas en todo el territorio nacional.
A una semana de las elecciones
presidenciales se reporta un saldo de al menos 13 personas fallecidas, hombres
y mujeres de distintas tendencias políticas. Asimismo, 270 detenidos y 115 protestas por
motivaciones políticas en todo el país, incluyendo 4 grandes cacerolazos.
El asesinato y represión de manifestantes
por parte de civiles armados y cuerpos de seguridad del Estado, actos
vandálicos contra instituciones públicas o sedes de partidos políticos son
resultado de la polarización social y política de Venezuela, también de los
altos índices de violencia y debilidad institucional.
Ante estos sucesos, el Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social exhorta a las autoridades gubernamentales a garantizar el derecho a la
vida y a la manifestación pacífica, así como la actuación adecuada de los
cuerpos de seguridad. El OVCS exige el pleno cumplimiento y respeto del
artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el
cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar,
pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.
Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de
manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos
policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Por esta razón, en el marco del Estado de
Derecho, el OVCS exige a los poderes públicos a ejecutar las siguientes
medidas:
1. Realizar
las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer
responsabilidades correspondientes por la muerte de 13 manifestantes. De igual
manera, sugiere adelantar las diligencias necesarias para determinar las
responsabilidades de los funcionarios que hayan incurrido en el uso
desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones pacíficas.
2. Realizar
las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer
responsabilidades correspondientes por los actos vandálicos ocasionados a sedes
de instituciones públicas y partidos políticos.
3. Garantizar
que los organismos de seguridad acaten el artículo 68 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela que prohíbe el uso de armas de fuego y
sustancias tóxicas en el contexto de manifestaciones pacíficas.
4. Cumplir
con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y
acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.
5. Respetar
y garantizar las disposiciones de las Normas sobre la actuación de los cuerpos
de policía en sus diversos ámbitos políticos territoriales para garantizar el
orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y
manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial 39657, del 15.04.11. Este
instrumento jurídico establece que “la actuación de los cuerpos de policía para
garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en las
reuniones públicas y manifestaciones, se orientan entre otros, por los
siguientes principios: respeto y garantía del derecho a la vida; promoción de
medios alternativos de resolución de conflictos; uso progresivo y diferenciado
de la fuerza; carácter civil de las acciones realizadas por los funcionarios
policiales. Asimismo, “Investigar a funcionarios y funcionarias que incurran en
la violación de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones (Art. 7
nº 11), incluyendo al Director del organismo (Art. 8 nº 7 y 8)”.
6. Promover
el dialogo y reconciliación nacional en los diferentes ámbitos del país.
Coordinación General
Observatorio Venezolano de conflictividad
Social (OVCS)
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