Sabino: Crónica de una muerte anunciada

Rafael Uzcátegui

Desde el año 2003, fecha en que el presidente Chávez anunció desde El Menito la triplicación de la explotación carbonífera en la Sierra del Perijá, el cacique de la comunidad de Shaktapa, Sabino Romero, convocó a las comunidades del Rio Yaza a resistirse al proyecto que los desplazaría de su territorio. Sabino y los yukpas fueron los protagonistas de la única pero significativa marcha contra la explotación del carbón que se realizó en el año 2005 en Caracas. Este movimiento, de manera similar como ha ocurrido en Bolivia y Ecuador, tenía todas las potencialidades para convertirse en un gran vector de tensión para el proyecto bolivariano. Por eso había que neutralizarlo a toda costa.

A pesar que Sabino Romero simpatizaba con el presidente Chávez, mantuvo altos niveles de autonomía convocando a las comunidades para movilizarse por sus derechos, siendo refractario a la electoralización que buenos dividendos había arrojado para el resto del movimiento popular que acompañaba al zurdo de Sabaneta. Ante el estancamiento del proceso de demarcación de territorios indígenas, contrariando lo expresado en la Constitución, Sabino apeló a la acción directa para presionar por una respuesta efectiva de las autoridades. Su comunidad ocupó varias fincas ganaderas asentadas sobre territorios originarios, entre ellas una ubicada en Chaktapa, en el año 2009. Como tomar militarmente la finca daría muy mala prensa internacional, de “izquierdas”, se desarrolló una estrategia para dividir a los ocupantes, con un saldo trágico de tres indígenas muertos en un episodio oscuro. Por ello Sabino Romero pasó 18 meses de cárcel.

La lucha de Sabino Romero era contra el modelo de desarrollo extractivista energético. La demarcación estaba paralizada no por la “presión de la oligarquía ganadera” –como afirma cierta propaganda oficial-, sino porque en tierras indígenas de todo el país hay recursos ya negociados a futuro. Por eso Sabino estaba enfrentado a todos sus beneficiarios: Los medios privados regionales que lo acusaban de “robaganado”, los ministros que sugerían que era un bandolero, la burocracia del PSUV que privilegiaba liderazgos indígenas dóciles para eclipsarlo. Sabino Romero venía denunciando que había un plan para asesinarlo. Y es uno que se cumple, paradójicamente, cuando el estado es gobernado por el chavismo. Flaco favor a su causa realizó un sector del bolivarianismo, aislando al cacique de la solidaridad de organizaciones sociales independientes.

Sabino Romero se une a la lista de luchadores asesinados durante “el proceso”, junto a Joe Castillo, Mijaíl Martínez, Luis Hernández, Richard Gallardo y Carlos Requena. Como en todos estos casos, la norma será la impunidad. @fanzinero