Coordinadora
de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM)
En el día de
hoy 01 de Marzo de 2013, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas
de Amazonas (COIAM), representados por la Organización Indígena Piaroa Unidos
del Sipapo (OIPUS), la Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU), la
Organización Yanomami (HORONAMI), la Organización Mujeres Indígenas de Amazonas
(OMIDA), la Asociación de Maestros Piaroa (Madoya Huarijja), la Organización Piaroa del Cataniapo “Reyö Aje”,
la Organización Indígena de Río Negro
(UCIABYRN), la Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM), la Organización Piaroa de
Manapiare, la Organización Ye´kuana del
Alto Orinoco (KUYUJANI Originario), y el Movimiento Político Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas
(PUAMA), invocando nuestros derechos
constitucionales (Art. 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Art. 7 de
la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades
Indígenas), reunidos en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, para revisar y analizar los
diferentes aspectos de la política minera del Gobierno venezolano y los planes
estatales que afectan nuestros derechos,
hemos realizado las siguientes consideraciones a modo de pronunciamiento:
1.- Nuevamente reconocemos los esfuerzos
realizados por algunas instituciones del
Gobierno Nacional y el Estado venezolano para el reconocimiento y la promoción de los derechos
específicos de los pueblos indígenas de
Venezuela. Particularmente reconocemos la posición a favor de los derechos indígenas
manifestada por el propio Presidente de
la República y de los derechos ambientales expresada en el segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019
que hace referencia a “desmontar y
luchar contra los esquemas internacionales que promuevan la mercantilización de la
naturaleza, de los servicios ambientales y de los ecosistemas” (5.2.2).
2.- Expresamos nuestra profunda preocupación
por los diferentes planes y proyectos de
supuesto desarrollo minero que se han anunciado desde el Gobierno Nacional y que han aparecido
publicados en diferentes medios de
comunicación públicos y privados, referidos fundamentalmente a la implementación del llamado ARCO MINERO
DEL ORINOCO (2011) y al Acuerdo con la Empresa Trasnacional China “Citic Group”
(2012).
3.-
Rechazamos la intención de implementar de manera inconsulta el denominado Arco
Minero del Orinoco, como principal política que tiene por finalidad promover la
exploración y explotación de los diferentes minerales existentes en la región Guayana,
afectando nuestros territorios e integridad sociocultural. Esta política
desarrollista y extractivista tiene
marcados matices capitalistas y es contraria a nuestra concepción sobre la vida y la madre
naturaleza como bien primordial para el
sustento colectivo.
4.-
Cuestionamos con particular intención el Acuerdo Bilateral entre el Gobierno
Venezolano y la empresa trasnacional china “CITIC Group” destinado a realizar
la exploración minera en diferentes lugares de la geografía nacional para el levantamiento de
una MAPA MINERO y la prospección de
diferentes minerales en el Estado Amazonas (Campamentos Chinos en Ocamo, territorio Yanomami, Cacurí
territorio Ye´kuana, Solano territorio Arawako, Santa Bárbara territorio
multiétnico y Puerto Ayacucho territorio
multiétnico) en amplios espacios indígenas que puede comprometer la vida
colectiva futura, por la implementación de proyectos
que afecten el territorio. Nos preocupa con particular cuidado el hecho de que
se pretendan imponer estos proyectos, aún cuando el Gobierno nacional no ha realizado
con efectividad la DEMARCACIÓN DE
NUESTROS HÁBITAT y TIERRAS ordenada por la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en su artículo 119.
5.-
Consideramos que la implementación de estos proyectos sin la debida CONSULTA
PREVIA e INFORMADA violenta lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución de la
República y las disposiciones de la Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas que hacen referencia al procedimiento para la consulta
previa, informada y de buena fe, así
como de tratados internacionales de protección de los derechos indígenas como
el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo suscrito y
ratificado por la República, así
como otras
normas.
6.-
Solicitamos al Gobierno Nacional la REVISIÓN urgente de estos proyectos y la no
implementación de los mismos en territorios y comunidades indígenas debido a
los posibles impactos destructivos ambientales y socioculturales. La vida y
sobrevivencia física y cultural de los pueblos indígenas de las futuras
generaciones depende de la protección
integral de su hábitat y tierras. Particularmente pedimos que los órganos
competentes del Estado respeten el Decreto Presidencial N° 269 que prohíbe toda actividad
minera en el Estado Amazonas, y los decretos que crean la Reserva de Biósfera
del Alto Orinoco y diferentes parques nacionales, como expresión de una política
pública responsable de protección ambiental de la Amazonía venezolana.
7.-
Proponemos al Gobierno Nacional y a los demás órganos del Estado venezolano que
desde una revisión profunda de su política indígena promueva la implementación
de proyectos sostenibles en territorios y comunidades indígenas del sur del
país, que respeten y garanticen sus formas de vida, y la integridad ambiental
amazónica en sintonía con la protección global del planeta.
Organización
Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS)
Organización
Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)
Organización
Yanomami (HORONAMI)
Organización
Mujeres Indígenas de Amazonas (OMIDA)
Asociación de
Maestros Piaroa (Madoya Huarijja)
Organización
Yekuana del Alto Orinoco (KUYUJANI Originario)
Organización
Piaroa del Cataniapo “Reyö Aje”
Organización
Indígena de Río Negro (UCIABYRN)
Organización
Piaroa de Manapiare,
Movimiento
Político Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas (PUAMA)
José Gregorio
Díaz Mirabal
Vice-Coordinador
CONIVE
Guillermo
Guevara
(Constituyente
Indígena 1999)
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