Covicil: Guacaipuro 1569. Sabino 2013: Pena de muerte contra los caribes

Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara

Fue  la noche entre el 4 y 5 de noviembre de 1569, cuando cayó  asesinado en el Valle de Caracas, el Cacique Caribe Guacaipuro por los genocidas españoles al mando de Francisco Infante en representación de la corona española. Hoy, domingo 03 de marzo de 2013, 443 años después, cae asesinado el cacique Caribe Yukpa, Sabino Romero y herida su esposa Lucía Martínez de Romero. Los asesinos de Guacaipuro justificaron sus crímenes en aquella oportunidad con la famosa doctrina de la “Justa Guerra” sustentada en que la conquista -y crimen contra  los indios  era necesaria para “salvarles el alma” sometiéndolos a las leyes, lengua y religión del conquistador. El objetivo fue claro: despojar al indio de sus tierras y esclavizarlo. Este genocidio que unió en “santa cruzada” a  la espada y la cruz, marca el sangriento nacimiento del Estado venezolano del cual el actual gobierno es su continuidad histórica.

A lo largo de 500 años todos los aborígenes de estas tierras solo han conocido del Estado y sus gobiernos, coloniales o republicanos, civiles o militares, una sola política: expoliación de sus tierras y asesinato de los líderes que encabezan las luchas por sus derechos.

Es historia reciente cuando, el 11 de noviembre de 1999, al cumplirse 430 años del asesinato de Guacaipuro, el presidente Chávez en plena campaña por el “SI” en apoyo a la Constitución Bolivariana, visitó la población Barí de Saimadoyi, prometiendo solemnemente: "Se revisarán las concesiones carboníferas concedidas por los gobiernos anteriores y aquellas que amenacen el equilibrio ecológico serán rescindidas porque no podemos permitir que se destruya la Sierra de Perijá”

Cuatro días después de aquella promesa, se aprobó la CRBV de 1999 y en su preámbulo se invocó “el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes”.

En diciembre del 2005 ninguna de estas promesas se había materializado, los Yukpas encabezados por Sabino continuaban esperando el reconocimiento efectivo de sus derechos sobre sus tierras y el cese a la explotación del carbón. Pero el gobierno venezolano a través de uno de sus voceros, el general  Carlos Martínez, ex secretario privado del Presidente de la República, presidente de CORPOZULIA y directivo de PDVSA declaraba amenazante: “el carbón va… porque es una política de Estado… Quienes se oponen son las mafias verdes”. Y quiénes eran las mafias verdes aludidas por este general: eran precisamente Sabino Romero, Lusbi Portillo y la organización indigenista zuliana  Homo et Natura.

Aquel diciembre de 2005, la Asamblea Nacional presidida por el Sr. Nicolás Maduro, aprobó la Ley Orgánica de Pueblos Y Comunidades Indígenas, donde en sus primeros 9 artículos se reconoce legalmente a esas comunidades sus derechos ancestrales irrenunciables: su condición de pueblos originarios y por lo tanto LEGITIMOS E INDISCUTIBLES DUEÑOS DE ESTAS TIERRAS. 

No obstante, esta carta de “buenas intenciones” queda desenmascarada cuando en el artículo 10 puntualiza claramente que el Estado está por encima de todos los derechos: “El reconocimiento por parte del Estado de los derechos y garantías contenidas en esta Ley no significa bajo ninguna circunstancia que se autorice o fomente acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Estado venezolano…”

Es oportuno recordar que la propuesta “que supedita totalmente a las comunidades indígenas al servicio de las Fuerzas Armadas Nacionales”, estaba contenida en la famosa Hoja de Ruta que los Jesuitas de Venezuela presentaron, en noviembre del 2010, al entonces vicepresidente Elías Jaua, como carta compromiso ante el gobierno a raíz de la huelga de hambre del Padre Korta en una supuesta defensa de la libertad de Sabino Romero, que como sabemos todos continuó preso. Es un hecho cierto que esta intervención militar en la Sierra de Perijá solo ha tenido como fin salvaguardar los intereses de los terratenientes y mineros carboníferos de la zona, como lo denunciara Sabino hasta la saciedad, y a las compañías mineras rusas y chinas como lo vienen denunciando los Pemones en la Comunidad de Urimán en el municipio Gran Sabana.

No se les devolvió la tierra a los Yukpa, y de ahí la rebelde lucha de Sabino, pero sí se activó un Teatro de Operaciones.

Así, la acción del Estado contra los Yukpas -a través de sus militares y sicarios- fue abierta y sostenida: El padre de Sabino fue golpeado hasta la muerte. Sabino fue criminalizado, enjuiciado y encarcelado,  las comunidades indígenas de Perijá fueron intervenidas propiciando la división y confrontación entre ellas, mediante la compra de algunos de sus líderes, a Lusbi Portillo se le prohibió bajo amenaza visitar la sierra y actualmente, junto a PROVEA, es enjuiciado  por solidarizarse con estas luchas.

El 23 de junio de 2012 es perpetrada una nueva masacre contra los Yukpa, en el parcelamiento del Hato Las Flores, donde son asesinados tres jóvenes Yukpas en una operación conjunta perpetrada por sicarios y Guardias Nacionales. Entre las víctimas asesinadas estaba Alexander Fernández torturado salvajemente. Aun el gobierno celebraba el triunfo electoral del 7 de octubre, cuando el corazón de la patria devenido en fusil asesino disparó por la espalda contra Zenaida, hija de Sabino Romero. El 28 de diciembre del mismo año atentaron contra Franklin Fernández, hijo de la defensora de derechos humanos Yukpa Carmen Fernández.

Estos son sólo algunos de los hechos que muestran la continuidad de la política de exterminio contra los líderes indígenas y sus familias, impuesta a sangre y fuego a lo largo de más de 500 años por el conquistador europeo, y hoy implementada por este gobierno que no da tregua en su propósito de someter y asesinar al indio y expropiarle sus tierras en beneficio de la minoría propietaria. No olvidemos que, antes de aplicarle la pena de muerte, Sabino estaba sujeto a régimen de presentación por los tribunales de la mal llamada justicia.

Esta noche, después de que la nefasta noticia se regara como pólvora en las redes sociales, la primera reacción del gobierno la conocimos de boca del cínico Ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, cuando anunció “Comisiones del Ejército, GNB y CICPC se trasladan desde Machiques a zona del Tokuko, en la Sierra de Perijá, para verificar denuncias (...) sobre hechos de violencia donde habría perdido la vida el compatriota Sabino Romero”. No cabe duda de que iban a cerciorarse de que Sabino estuviese “bien muerto”.

El criminal que apuntó contra la humanidad de Sabino Romero puede ser un sicario o un paramilitar al servicio de los terratenientes, un miembro del ejército, de la Guardia Nacional o de la policía al servicio del Estado, pudo haber sido cualquier tarifado. Lo que sí es claro y evidente es que el único autor intelectual y responsable de este crimen es el gobierno venezolano. Que a nadie le quede duda de ello.

Sabemos que el asesinato de Sabino fue una  muerte anunciada y que el gobierno creó todas las condiciones para su ejecución a favor de los intereses de los terratenientes y compañías mineras que operan en la Sierra de Perija. “Me acusan de malandro, de guerrillero, cuatrero, sólo porque lucho por mis territorios (...) me atacan desde el Ministerio de Pueblos Indígenas porque soy el único Yukpa que quedó luchando fuertemente por su territorio y yo no me dejo llevar de nadie”, dijo Sabino.

Con el asesinato de Sabino se reedita la tragedia de la familia Barrios del estado Aragua y de otras víctimas y testigos que han sido asesinados porque el Estado venezolano ha violado las medidas cautelares de protección para poder cobrarles la factura. El crimen de Sabino es una prueba irrefutable del verdadero carácter de este gobierno que pretende encubrirse usurpando la memoria de los caídos en décadas pasadas, hombres y mujeres que entregaron sus vidas luchando precisamente contra este mismo Estado que hoy representan los militares en el poder. De qué valen los teatrales actos de homenaje cuando la muerte, el crimen y la impunidad ahogan en luto y sangre las esperanzas de incontables hogares venezolanos. Para qué sirven las campañas mil millonarias para una supuesta defensa de los DDHH, cuando el derecho más elemental e irrenunciable, como lo es el derecho a la vida, nadie lo garantiza.

Resulta grotesco ver que mientras esta demoledora realidad aplasta al pueblo humilde, el señor Temir Porras, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma que “el ingreso de Venezuela al Consejo de Derecho Humanos de la ONU es un homenaje a Chávez“. Preguntamos: cómo van a explicarle al mundo y en especial a los pueblos indígenas de América, el cobarde asesinato de un cacique Caribe, luchador por los derechos de los pueblos originarios. 

Que nadie se llame a engaño ante los graznidos de los oportunistas y falsificadores de oficio, mucho menos hay que hacerse ilusiones con las cacareadas promesas de justicia social, igualdad y libertad. Cuando la lucha por las reivindicaciones de tierras, trabajo, salario, vivienda, servicios,  se reclaman autónomas y se salen del control de los representantes del poder, se encontrarán con el arsenal de violencia del Estado en cualquiera de sus formas: sicario, paramilitar, Guardia Nacional, ejército, policía, tribunales y hasta milicias o colectivos armados defendiendo el orden impuesto por el Estado.

Cuenta la historia que ante la inminencia de su muerte Guacaipuro gritó: “¡Matadme, aquí me tenéis, matadme para que con mi muerte os libréis del temor que siempre os ha causado Guaicaipuro!”. Hoy Sabino le grita a este gobierno, a los terratenientes, a las compañías carboníferas, al ejército, a la Guardia Nacional Bolivariana ¡Matadme, con mi muerte se libran de Sabino pero mi sangre de indio derramada sobre estas tierras los condenará implacablemente hasta el fin de los tiempos”

“Los terratenientes o los capitalistas ya están acabando con los Yukpas”

“Tenemos que luchar profundamente porque nos quieren exterminar”

“YO SOY INDÍGENA NO LE TENGO MIEDO A LA MUERTE”

(Sabino Romero Izarra)

TRANSFORMAR EL DUELO EN PROTESTA SOCIAL.

MOVILIZACIÓN Y SOLIDARIDAD ACTIVA.

SOLO CON LA UNION COMBATIVA DE LAS VICTIMAS PODEMOS LOGRAR NUESTRAS REIVINDICACIONES.

COVICIL

BARQUISIMETO, 04.03.2013.