Cooperación
La evolución de los conflictos sociales vinculados a la
actividad minera en el segundo semestre del año pasado, provocó aparentemente una
suerte de sensación de triunfalismo en las esferas gubernamentales. Para
algunos funcionarios de la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la relativa calma
en los últimos meses del año pasado, era el resultado casi inmediato y hasta
mágico de una supuesta nueva estrategia en el abordaje de los conflictos.
El informe de conflictos de la PCM confirmaba la tendencia de
descenso con un particular manejo de cifras. Para la oficina de la PCM , a finales del año pasado
existían 66 conflictos en todo el territorio nacional, de los cuales 31 estaban
vinculados a actividades mineras (formales e informales). La diferencia era notoria
con las cifras que maneja la
Defensoría del Pueblo, que en su último informe daba cuenta de
230 conflictos a nivel nacional.
Al margen de los números, lo cierto es que no se puede negar
que el 2012 ha sido uno de los años de mayor conflictividad social, y que para
los que pensaban que los conflictos vinculados a la minería seguirían a la baja
en el nuevo año, Kañaris en Lambayeque y el proyecto Pucamarca en Tacna, lo ha
devuelto a la realidad.
Parte del problema es que las explicaciones siguen siendo
las mismas. Para algunos altos funcionarios del gobierno y algunos medios de comunicación,
los conflictos se explican casi exclusivamente por la supuesta presencia de ex
integrantes de grupos terroristas, otros intereses políticos subalternos, la
presencia de dirigentes de otras zonas; en suma todo lo que configura el famoso y evidente
complot antiminero.
Rosa Huamán, dirigente de asuntos femeninos de la comunidad
de San Juan de Kañaris ha respondido de manera contundente a estas acusaciones:
"acá no estamos dirigidos por terroristas ni por dirigentes de otras
regiones. Todos somos integrantes de la comunidad y queremos defender nuestras
tierras, nuestras costumbres, nuestros bosques de neblina y el agua".
Cabe preguntarse si el anuncio de crear frentes policiales
es el nuevo enfoque para el abordaje de los conflictos en las zonas mineras.
¿Esa es la nueva relación con la minería de la que hablaba el presidente Humala?
Hace poco Marco Sifuentes anotaba en un artículo que
"la única forma de entender lo que está pasando es con información dura,
es decir que vaya más allá de lo que parece evidente". La frase se puede
aplicar para el caso minero: necesitamos información dura para observar tendencias,
procesos en curso, evolución y características de los conflictos e identificar
la agenda legítima que está detrás de las demandas y que debe ser atendida.
Como lo señala un reciente informe sobre la protesta social
en América Latina, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
las movilizaciones sociales en América Latina han sido y son portadoras de democracia.
En el Perú hay que mirar los conflictos desde esa perspectiva. Se necesitan
precisamente estrategias para abordar de otra manera los conflictos para que el
país avance y no retroceda en sus prácticas democráticas.
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