Las autoridades venezolanas deben realizar una investigación
independiente, objetiva e imparcial para esclarecer lo ocurrido en el Centro
Penitenciario Región Centro-Occidental ubicado en Uribana, estado de Lara el 25
de enero del 2013.
Según el Ministerio del Poder Popular para el Servicio
Penitenciario, sus autoridades y la Guardia Nacional Boliviariana llevaron a cabo, el
viernes pasado, una requisa en la cárcel de Uribana en un intento de desarmar a
la población carcelaria. La operación resultó en por lo menos 58 muertos y 90
heridos, muchos de ellos con heridas de bala.
Es inaceptable que una requisa, que debería ser un operativo
de rutina, lleve a tanta violencia. Esto
claramente demuestra - una vez más - la crisis del sistema penitenciario en
Venezuela, que ha llegado a niveles sumamente alarmantes.
Amnistía Internacional ha alertado en varias ocasiones a las
autoridades venezolanas sobre la urgencia de atender la grave situación en la
que se encuentran las cárceles. Lamentablemente, hasta que no se tomen medidas
de fondo que atiendan a todos los problemas asociados al sistema penitenciario,
estos sucesos seguirán repitiéndose.
En julio de 2011, el gobierno instituyó el Ministerio de
Servicios Penitenciarios para buscar una solución al problema del sistema
carcelario, que va desde el hacinamiento crónico y la falta de acceso a
atención médica adecuada, hasta las demoras extremas en la administración de
justicia y la inexistencia de un sistema independiente de inspección de centros
penitenciarios.
A pesar de la creación de este órgano, hubo por lo menos 450
muertos y 860 heridos en las cárceles venezolanas en 2012. Los recientes hechos
ocurridos en la cárcel de Uribana - donde 2135 presos vivían en un espacio
diseñado para 850 internos, según fuentes locales - ejemplifica el nivel de la
crisis en el sistema penitenciario del país.
El vicepresidente Nicolás Maduro anunció que la Fiscal General
abriría una investigación sobre los hechos. Las autoridades venezolanas deben
investigar los hechos ocurridos, identificar a los responsables y establecer si
las fuerzas de seguridad han utilizado la fuerza de manera
desproporcionada.
Amnistía Internacional vuelve a instar a las autoridades
venezolanas a tomar acciones urgentes para enfrentar esta situación que sigue
deteriorándose. Es imprescindible que
se pongan en práctica medidas para resolver con celeridad procesos judiciales
de reclusos y garantizar que todos los centros de reclusión del país cumplan
con estándares básicos en términos de infraestructura, personal y recursos
necesarios para lograr el funcionamiento adecuado de un sistema penitenciario.
También es necesario que se tomen acciones concretas para
prevenir y sancionar la violencia entre reclusos y las violaciones de derechos
humanos por las autoridades penitenciarias. Dicho plan debe incluir medidas
para poner fin a la posesión de armas de fuego y explosivos por parte de los
reclusos. Se debe además asegurar que se investigue y sancione a los
responsables del ingreso de estas armas a las cárceles.
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