Libertad sindical y derecho a la protesta: Rubén González

Por Inti Rodríguez

Aquel domingo, después de ver los anuncios y promesas hechas en su programa favorito, Juan José Rodríguez –nombre ficticio-, se preparó para ir, papeles en mano y en la mañana del lunes, a buscar un empleo en la gran empresa de “producción socialista” que recién se había inaugurado en su pueblo.

Miles de ilusiones pasaban por su mente. La cosa “prometía”.

Control obrero, salarios justos, freno a los explotadores, contrato colectivo, calidad de vida, empleo digno… todas aquellas palabras que escuchó, daban vueltas incesantemente en su cabeza.

El lunes, su esposa se levantó bien temprano a prepararle el desayuno y a darle el beso de buena suerte, con la firme esperanza que los días por venir serían mejores.

A Juan la alegría no le cabía en el pecho. Tenía tantos proyectos, tantas esperanzas y por fin la convicción de que las cosas estaban por cambiar, que tenía la oportunidad de construir su propio destino, que ya no sería un esclavo de la necesidad, que el “poco a poco” y el “cuanto hay pa´eso” eran cosa del pasado.

Salió de casa, y como pudo, sorteó las alcabalas dispuestas por la oficialidad del barrio. Los “azotes”, a pesar de ser casi unos niños, contaban con una reputación impecable. Más de 20 homicidios y atracos a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Con sus punto 40 siempre listas, mantenían una estrecha vigilancia ante cualquier movimiento en los callejones y veredas, de modo que resultaba difícil cualquier maniobra evasiva ante semejantes centinelas.

Pero Juan lo logró. Llegó a la empresa, entregó sus papeles y consiguió el empleo. El primer paso estaba dado, ahora la posibilidad de realizar sus proyectos tantas veces postergados y de darle un mejor futuro a su familia, parecía más cercana que nunca.

La realidad resultó ser distinta. Los salarios justos no pasaron de ser una promesa, el fulano contrato colectivo brillaba por su ausencia y el empleo digno parecía ser cosa de otro planeta. El sueño de Juan quedó sólo en eso, un sueño, una esperanza rota, una decepción ante la palabra no cumplida. Juan se sentía estafado.

Al igual que Juan, Rubén González apostó a sus sueños y a sus convicciones. Ante tanto engaño, tantas carencias y los constantes atropellos por parte de un patrón que violaba sus derechos y el de sus compañeros, hizo lo que haría cualquier dirigente sindical comprometido con su causa. Así, en el año 2009, entre el 11 y 26 de agosto, junto a 2000 trabajadores de Ferrominera Orinoco, y cientos más, miembros de cooperativas, inició una huelga en defensa de sus derechos y en reclamo ante el incumplimiento de la convención colectiva firmada el 5 de enero de 2009 y homologada el 1 de junio de ese mismo año.

Un mes después, en septiembre de 2009, fue detenido e imputado por la supuesta comisión de los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo, y violación de zona de seguridad. Permaneció bajo arresto domiciliario hasta el 21 de enero de 2010, fecha en la que se decretó su arresto en la cárcel de la sede policial del Municipio Caroní del Estado Bolívar.

Ya para entonces, Rubén había pasado 14 meses en prisión.

Posteriormente, el 28 de febrero de 2011 fue condenado a 7 años y 6 meses de cárcel, lo que generó la movilización y el repudio de organizaciones sindicales y de defensa de los derechos humanos en el país, lográndose la anulación de aquel juicio, pero no el sobreseimiento de la causa, por lo que Rubén González se ha visto obligado a presentarse periódicamente ante los Tribunales a la espera del inicio del nuevo juicio en su contra.

El caso Rubén González, es el más emblemático reflejo de la política del gobierno nacional y de los órganos del estado venezolano, de criminalizar la protesta y atentar contra la libertad sindical. El gobierno chavista, fiel aliado del capital transnacional y consecuente enemigo de la clase obrera, ha perseguido y despedido a centenares de dirigentes sindicales y trabajadores de todo el país, luego de que estos ejercieran acciones en legítimo reclamo de sus derechos laborales.

A nivel nacional, más de 1200 directivos de organizaciones sindicales se encuentran sometidos a regímenes de presentación ante los tribunales venezolanos, por el solo hecho de haber ejercido el libre derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional. Asimismo, de enero a junio de 2012, 48 sindicalistas han sido asesinados en manos del sicariato que opera bajo el amparo de las mafias sindicales y ante la mirada impune del estado.

Durante el año 2011, se realizaron 2.093 protestas por diferentes demandas laborales insatisfechas en distintos sectores y estados del país. El común denominador en cada una de ellas fue la poca o inexistente voluntad por parte de los patronos, fundamentalmente el estado venezolano, para atender los reclamos de los trabajadores. De igual forma, según cifras ofrecidas por el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), hasta la presente fecha más de 400 convenciones colectivas de empresas del estado y la administración pública, se encuentran vencidas y cerradas las posibilidades de negociación y discusión por parte del estado-patrono. Por si fuera poco, hace tan solo una semana, 5 trabajadores de la construcción del Estado Táchira que protestaban exigiendo el pago de sus pasivos laborales, fueron detenidos y puestos a la orden de la justicia militar, bajo la imputación de los delitos de asalto al centinela y violación de zona de seguridad.

El pasado 29 de julio, Rubén González fue ratificado por los trabajadores como Secretario General del Sindicato de Ferrominera Orinoco, pese a ello, debió asistir nuevamente a los tribunales penales de Caracas este 23.08.2012 al inicio del nuevo juicio en su contra.

Las acusaciones que pesan sobre él y la persecución de la que es víctima por parte del gobierno nacional, demuestran el grave peligro que corren quienes se comprometen a levantar las banderas del sindicalismo combativo y autónomo. El gobierno venezolano, ha desoído las recomendaciones dadas por la Organización Internacional del Trabajo, que en noviembre de 2010, a través de su Comité de Libertad Sindical, solicitó el cese de las acciones penales contra dirigentes sindicales, por representar “graves riesgos de abuso y serias amenazas a la libertad sindical” e insiste en criminalizar la protesta y poner frenos al sindicalismo libre.

El juicio a Rubén González, debe ser una asignación de primer orden para los sindicatos, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y para quienes creemos en la necesidad de fortalecer el sindicalismo verdaderamente combativo y autónomo. La libertad Sindical y el derecho a la protesta, sin riesgos de criminalización y persecución por parte de los órganos del estado, son complementos indispensables para la construcción de una democracia que satisfaga los intereses reales de los trabajadores y que esté al servicio de las grandes mayorías que han sido excluidas y explotadas a lo largo de toda nuestra historia.

Inti Rodríguez

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