Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición

Por Alberto Acosta

Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales. Los países ricos en recursos naturales, cuya economía se sustenta prioritariamente en su extracción y exportación, encuentran mayores dificultades para desarrollarse.

“- ¿Podrías decirme, qué camino he de tomar para salir de aquí? - preguntó Alicia.

- Depende mucho del sitio adónde quieras ir - contestó el Gato.

- Me da casi igual dónde - dijo Alicia.

- Entonces no importa qué camino sigas - dijo el Gato.”

Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas

En la trampa de la maldición de la abundancia

Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales. Los países ricos en recursos naturales, cuya economía se sustenta prioritariamente en su extracción y exportación, encuentran mayores dificultades para desarrollarse. Sobre todo parecen estar condenados al subdesarrollo aquellos que disponen de una sustancial dotación de uno o unos pocos productos primarios. Una situación que resulta aún más compleja para aquellas economías dependientes para su financiamiento de petróleo y minerales.

Estos países estarían atrapados en una lógica perversa conocida en la literatura especializada como “la paradoja de la abundancia” o “la maldición de los recursos naturales”. En este contexto, incluso hay quienes han asumido esta maldición (casi) como un fatalismo tropical: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1), en varios de sus reportes anuales y estudios técnicos ha defendido “un determinismo geográfico del desarrollo: los países más ricos en recursos naturales y más cercanos al Ecuador [a la línea ecuatorial] están condenados a ser más atrasados y pobres. (…) Asoma un fatalismo tropical, donde las naciones ecuatoriales parecen destinadas a la pobreza. (…) A juicio del BID, cuanto más rico sea un país en recursos naturales, más lento será su desarrollo y mayores sus desigualdades internas” (Gudynas, 2009c).

Frente a este determinismo geográfico y ecológico no quedaría otra opción que la resignación. Sin embargo, el BID ofrece una salida. Esa salida, como sintetiza el mismo Gudynas al analizar las propuestas del BID, “es el mercado y acentuar todavía más las reformas” neoliberales.

Desde esta visión, el abordaje de los problemas y conflictos derivados del extractivismo se resolvería con una adecuada “gobernanza” en el manejo de los recursos naturales. Para lograrlo están las políticas económicas de inspiración ortodoxa y conservadora, una creciente participación de la sociedad civil como observadora de los proyectos extractivistas, una mayor inversión social en áreas intervenidas por el extractivismo para disminuir las protestas sociales, al tiempo que se transparentan los ingresos que obtendrían las empresas extractivistas, los gobiernos seccionales y el gobierno central. Los destrozos ambientales son asumidos como costos inevitables para lograr el desarrollo. Al no dudarlo, éstas son aproximaciones poco analíticas, carentes de análisis históricos y desvinculadas de los problemas de fondo.

No hay duda de que la audacia, con grandes dosis de ignorancia y de una bien programada amnesia en las sociedades, va de la mano de la prepotencia.

Vale decirlo desde el inicio, esta doble maldición de los recursos naturales y la maldición ideológica sí pueden ser superadas, no son inevitables.

¿Qué entendemos por extractivismo?

El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años (2). Con la conquista y la colonización de América, África y Asia empezó a estructurarse la economía mundial: el sistema capitalista. Esta modalidad de acumulación extractivista estuvo determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan Naturaleza, las segundas la importan.

Para intentar una definición comprensible utilizaremos el término de extractivismo cuando nos referimos a aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación. El extractivismo no se limita a los minerales o al petróleo. Hay también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero (3).

En la actualidad la cuestión de los recursos naturales “renovables” debe ser enfocada a la luz de las recientes evoluciones y tendencias. Dado el enorme nivel de extracción, muchos recursos “renovables”, como por ejemplo el forestal o la fertilidad del suelo, pasan a ser no renovables, ya que el recurso se pierde porque la tasa de extracción es mucho más alta que la tasa ecológica de renovación del recurso. Entonces, a los ritmos actuales de extracción los problemas de los recursos naturales no renovables podrían afectar por igual a todos los recursos, renovables o no.

En la práctica, el extractivismo, ha sido un mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial. Este extractivismo, que ha asumido diversos ropajes a lo largo del tiempo, se ha forjado en la explotación de las materias primas indispensables para el desarrollo industrial y el bienestar del Norte global. Y se lo ha hecho sin importar la sustentabilidad de los proyectos extractivistas, así como tampoco el agotamiento de los recursos. Lo anterior, sumado a que la mayor parte de la producción de las empresas extractivistas no es para consumo en el mercado interno, sino que es básicamente para exportación. Pese a las dimensiones de esta actividad económica, ésta genera un beneficio nacional muy escaso. Igualmente gran parte de los bienes, los insumos y los servicios especializados para el funcionamiento de las empresas extractivistas, pocas veces provienen de empresas nacionales. Y en los países extractivistas tampoco parece que ha interesado mayormente el uso de los ingresos obtenidos.

El extractivismo ha sido una constante en la vida económica, social y política de muchos países del Sur global. Así, con diversos grados de intensidad, todos los países de América Latina están atravesados por estas prácticas. Esta dependencia de las metrópolis, a través de la extracción y exportación de materias primas, se mantiene prácticamente inalterada hasta la actualidad. Algunos países apenas han cambiado unos cuantos elementos relevantes del extractivismo tradicional, al lograr una mayor intervención del Estado en estas actividades. Por lo tanto, más allá de algunas diferenciaciones más o menos importantes, la modalidad de acumulación extractivista parece estar en la médula de la propuesta productiva tanto de los gobiernos neoliberales como de los gobiernos progresistas (4).

Algunas patologías del extractivismo

El punto de partida de esta cuestión radica (5), en gran medida, en la forma en que se extraen y se aprovechan dichos recursos, así como en la manera en que se distribuyen sus frutos. Por cierto que hay otros elementos que no podrán ser corregidos. A modo de ejemplo, hay ciertas actividades extractivistas como la minería metálica a gran escala, depredadora en esencia, que de ninguna manera podrá ser “sustentable”. Además, un proceso es sustentable cuando puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes (6). Sostener lo contrario, aunque se sostenga esta posición en una fe ciega en los avances tecnológicos, es practicar un discurso distorsionador (7).

La historia de la región nos cuenta que este proceso extractivista ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades “rentistas”. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta la corrupción, desestructura sociedades y comunidades locales, y deteriora gravemente el medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimonialistas desplegadas, que contribuyen a frenar la construcción de ciudadanía.

Lo cierto es que la gran disponibilidad de recursos naturales que caracteriza las economías primario-exportadoras, particularmente si se trata de minerales o petróleo, tiende a distorsionar la estructura económica y la asignación de los factores productivos; redistribuye regresivamente el ingreso y concentra la riqueza en pocas manos. Esta situación se agudiza por una serie de procesos endógenos de carácter “patológico” que acompañan a la abundancia de estos recursos naturales.

Empecemos con la “enfermedad holandesa” (8), un proceso que infecta al país exportador de materia prima, cuando su elevado precio o el descubrimiento de un nuevo yacimiento desatan un boom de exportación. La distorsión en la economía se materializa en la estructura relativa de los precios. Las inversiones fluyen hacia los sectores beneficiados por la bonanza, entre los que se cuentan los bienes no transables (no comerciables en el mercado internacional), por ejemplo, el sector de la construcción. En paralelo se produce un deterioro acelerado de la producción de aquellos bienes transables que no se benefician del boom exportador, en tanto pueden ser importados, incluso debido a la revalorización de la moneda nacional. Luego del auge, como consecuencia de la existencia de rigideces para revisar los precios y los salarios, los procesos de ajuste resultan muy complejos y dolorosos; otra manifestación de dicha enfermedad.

La especialización en la exportación de bienes primarios ?en el largo plazo? también ha resultado negativa, como consecuencia del deterioro tendencial de los términos de intercambio. Este proceso actúa a favor de los bienes industriales que se importan y en contra de los bienes primarios que se exportan. Entre otros factores, porque estos últimos se caracterizan por su baja elasticidad de ingreso, ya que se van sustituyendo por sintéticos, porque no poseen poder monopólico (son commodities, es decir, en la fijación de sus precios funciona mayormente la lógica del mercado mundial), porque su aporte tecnológico y de desarrollo innovador es bajo, y porque el contenido de materias primas de los productos manufacturados es cada vez menor. Esta última aseveración no desconoce el incremento masivo de extracción y exportación de recursos primarios en términos absolutos, provocada, por ejemplo, por el vertiginoso crecimiento de demanda por países como la China y la India.

Adicionalmente, la elevada tasa de ganancia, por las sustanciales rentas ricardianas (9) que contiene, invita a la sobreproducción cuando los precios en el mercado mundial son altos. Inclusive en momentos de crisis se mantiene esta tentación de incrementar las tasas de extracción. El exceso de oferta, para tratar de compensar la caída de los precios, hace descender la cotización del producto en el mercado mundial, lo que termina por beneficiar a los países industrializados (10). Este proceso desemboca en lo que se conoce como “crecimiento empobrecedor” (Baghwati, 1958).

Todo lo anterior explica por qué estos países con economías extractivistas no han podido participar plenamente de las ganancias que proveen el crecimiento económico y el progreso técnico a escala mundial. Esto se agudiza aún más porque normalmente los países que extraen recursos primarios no los procesan. Hay situaciones inclusive aberrantes de países que exportan petróleo e importan derivados de petróleo porque no han desarrollado una adecuada capacidad de refinación. Para colmo, gran parte de esos costosos productos refinados importados los destinan a la generación de electricidad, teniendo disponibilidades importantes de otras fuentes de energía renovables, como la hídrica, la solar o la geotermia, como en el caso de Ecuador.

Otro rasgo característico de estas economías extractivistas es la heterogeneidad estructural de sus aparatos productivos; es decir, la coexistencia de sistemas productivos de alta productividad con otros atrasados y de subsistencia. A eso se suma la desarticulación de sus estructuras económicas, signada por la concentración de la exportación en unos pocos productos primarios, la ausencia en la industria de una adecuada y densa diversificación horizontal, la casi inexistente complementariedad sectorial y la prácticamente nula integración vertical.

Este tipo de economía extractivista, con una elevada demanda de capital y tecnología, muchas veces funciona con una lógica de enclave: es decir, sin una propuesta integradora de estas actividades primario-exportadoras con el resto de la economía y de la sociedad. Su aparato productivo, en consecuencia, queda sujeto a las vicisitudes del mercado mundial.

En estas condiciones se cristaliza un callejón sin salida. Es imposible aceptar que todos los países productores de bienes primarios similares, que son muchos, puedan crecer esperando que la demanda internacional sea suficiente y sostenida para garantizar ese crecimiento por mucho tiempo.

Lo preocupante es que los países primario-exportadores, que deberían haber acumulado parecidas experiencias a lo largo del tiempo, han sido normalmente incapaces de un manejo coordinado de cantidades y de precios. Como una salvedad de la anterior aseveración, con todas las limitaciones y contradicciones que se puedan identificar en su accionar, asoma la experiencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La volatilidad, que caracteriza a los precios de las materias primas en el mercado mundial, ha hecho que una economía primario-exportadora sufra problemas recurrentes de la balanza pagos y de las cuentas fiscales, lo que genera dependencia financiera externa y somete a las actividades económica y sociopolítica nacionales a erráticas fluctuaciones. Todo esto se agrava cuando se desata la caída de esos precios internacionales y la consecuente crisis de balanza de pagos se profundiza por la fuga masiva de los capitales “golondrinos” que aterrizaron en esas economías durante la repentina bonanza. En este contexto les acompañan prestos los también huidizos capitales locales, agudizando la restricción externa.

El auge de la exportación primaria también atrae a la siempre bien alerta banca internacional que desembolsa préstamos a manos llenas, como si se tratara de un proceso sostenible; financiamiento que, por lo demás, ha sido y es recibido con los brazos abiertos por los gobiernos y grandes empresarios, quienes también creen en esplendores permanentes. En estas circunstancias se acicatea aún más la sobreproducción de los recursos primarios y, a la postre, las distorsiones económicas sectoriales. Pero, sobre todo, como demuestra la experiencia histórica, se hipoteca el futuro de la economía cuando llega el inevitable momento de servir la pesada deuda externa contraída en montos sobredimensionados durante la generalmente breve euforia exportadora (11).

La abundancia de recursos externos, alimentada por los flujos que generan las exportaciones de petróleo, lleva a un auge consumista que puede durar mientras dure la bonanza, y es una cuestión psicológica nada menor en términos políticos. Este incremento del consumo material se confunde con una mejoría de la calidad de vida. En estas circunstancias, el gobierno puede ganar legitimidad desde la lógica del consumismo, que es no es ambiental y socialmente sustentable, para seguir ampliando la frontera extractivista.

Esto generalmente conduce a un desperdicio de recursos. Normalmente se pasa a la sustitución de productos nacionales por productos externos, atizada muchas veces por la sobrevaluación cambiaria. Incluso una mayor inversión y un creciente gasto del sector público, si no se toman las debidas providencias, conduce a incentivar las importaciones y no necesariamente la producción nacional. En síntesis, es difícil hacer un uso adecuado de los cuantiosos recursos disponibles.

La experiencia de las economías petroleras y mineras de la región nos ilustra, y el presente nos confirma, que estas actividades extractivistas, tal como se mencionó antes, no generan encadenamientos dinámicos tan necesarios para lograr un desarrollo coherente de la economía. No se aseguran los tan esenciales enlaces integradores y sinérgicos hacia delante, hacia atrás y de la demanda final (en el consumo y fiscales). Mucho menos se facilita y garantiza la transferencia tecnológica y la generación de externalidades a favor de otras ramas económicas del país.

De la anterior constatación se deriva una clásica característica adicional de estas economías primario-exportadoras, incluso desde la colonia, que es su carácter de enclave: el sector petrolero o el sector minero, así como muchas actividades agrarias, forestales o pesqueras de exportación, normalmente están aisladas del resto de la economía. En esta línea de reflexión también debe incluirse la energía nuclear (12) y la producción de biocombustibles (Houtart, 2011).

Las enormes rentas diferenciales o ricardianas que producen estas actividades, conducen a sobreganancias que distorsionan la asignación de recursos en el país. Derivadas de la actividad de exportación de bienes primarios, se consolida y profundiza la concentración y centralización del ingreso y de la riqueza en pocas manos, así como el poder político. La masiva concentración de dichas rentas se registra en pocos grupos económicos, muchos de los cuales no encuentran ni tampoco crean alicientes para sus inversiones en la economía doméstica. Prefieren fomentar el consumo de bienes importados, con frecuencia sacan sus ganancias fuera del país y muchos manejan sus negocios con empresas afincadas en lugares conocidos como paraísos fiscales.

Como consecuencia de lo expuesto, las empresas que controlan la explotación de los recursos naturales no renovables en forma de enclaves, por su ubicación y forma de explotación, se convierten en poderosos entes empresariales dentro de relativamente débiles Estados nacionales.

Grandes beneficiarias de estas actividades son las empresas transnacionales, a las que se les reconoce el “mérito” de haberse arriesgado a explorar y explotar los recursos en mención. Nada se dice de cómo estas actividades conducen a una mayor “desnacionalización” de la economía, en parte por el volumen de financiamiento necesario para llegar a la explotación de los recursos, en parte por la falta de empresariado nacional consolidado y, en no menor medida, por la poca voluntad gubernamental de formar alianzas estratégicas con sus propias empresas estatales o inclusive con empresarios privados nacionales. Por lo demás, desafortunadamente, algunas de esas corporaciones transnacionales han aprovechado su contribución al equilibrio de la balanza comercial, para influir sobre los balances de poder en el país, amenazando permanentemente a los gobiernos que se atreven a ir a contracorriente.

Comúnmente las compañías extranjeras han gozado y aún gozan en muchos casos de un marco referencial favorable y, en no pocas ocasiones, sus propios directivos o sus abogados ocupan puestos clave en los gobiernos. De esta manera, cuentan también con el respaldo de poderosos bufetes de abogados y en no pocas ocasiones, con el apoyo de la gran prensa, velando así directamente para que las políticas aplicadas o las reformas legales les sean ventajosas. Esta situación ?alentada por organismos como el BID y sus hermanos mayores, el Banco Mundial (13) y el Fondo Monetario Internacional? se ha registrado una y otra vez en los sectores petrolero y minero de América Latina.

Con estos esquemas altamente transnacionalizados se ha dado paso a un proceso sumamente complejo: la “desterritorialización” del Estado. El Estado se desentiende (relativamente) de los enclaves petroleros o mineros, dejando, por ejemplo, la atención de las demandas sociales en manos de las empresas. Esto conduce a un manejo desorganizado y no planificado de esas regiones que, inclusive, quedan en la práctica muchas veces al margen de las leyes nacionales. Todo eso consolida un ambiente de violencia generalizada, pobreza creciente y marginalidad que desemboca en respuestas miopes y torpes de un Estado policial, que no cumple sus obligaciones sociales y económicas.

La poca capacidad de absorción de la fuerza de trabajo y la desigualdad en la distribución del ingreso y los activos, conducen a un callejón aparentemente sin salida por los dos lados: los sectores marginales, que tienen una mayor productividad del capital que los modernos, no pueden acumular porque no tienen los recursos para invertir; y los sectores modernos, en los que la productividad de la mano de obra es más alta, no invierten porque no tienen mercados internos que les aseguren rentabilidades atractivas. Ello a su vez agrava la disponibilidad de recursos técnicos, de fuerza laboral calificada, de infraestructura y de divisas, lo que desincentiva la acción del inversionista, y así sucesivamente.

A lo anterior se suma el hecho, bastante obvio (y desgraciadamente necesario y no sólo por razones tecnológicas) de que, a diferencia de las demás ramas económicas, la actividad minera y petrolera genera poco ?aunque bien remunerado? trabajo directo e indirecto. Son actividades intensivas en capital y en importaciones. Contratan fuerza directiva y altamente calificada (muchas veces extranjera). Utilizan casi exclusivamente insumos y tecnología foráneos. La consecuencia de estas prácticas hace que el “valor interno de retorno” (equivalente al valor agregado que se mantiene en el país) de la actividad primario-exportadora resulte irrisorio.

En estas economías petroleras y mineras de enclave, la estructura y dinámica políticas se caracterizan por prácticas “rentistas”; la voracidad y el autoritarismo con el que se manejan las decisiones, disparan el gasto público más allá de toda proporción y acarrean distribución fiscal discrecional, como se analizará más adelante.

Debido a estas condiciones y a las características tecnológicas de las actividades petrolera y minera, no hay una masiva generación directa de empleo. Esto explicaría también la contradicción de países ricos en materias primas donde, en la práctica, la masa de la población está empobrecida.

Adicionalmente, las comunidades en cuyos territorios o vecindades se realizan estas actividades extractivistas, han sufrido y sufren los efectos de una serie de dificultades socioambientales derivadas de este tipo de explotaciones. La miseria de grandes masas de la población parecería ser, por tanto, consustancial a la presencia de ingentes cantidades de recursos naturales (con alta renta diferencial). Esta modalidad de acumulación no requiere del mercado interno e incluso no lo necesita, puesto que funciona con salarios decrecientes. No hay la suficiente presión social para obligar a reinvertir en mejoras de la productividad. El rentismo determina la actividad productiva y por cierto el resto de relaciones sociales. Como corolario de lo anterior, estas actividades extractivas, petrolera o minera, promueven relaciones sociales clientelares, que benefician los intereses de las propias empresas transnacionales, pero impiden el despliegue de adecuados planes de desarrollo nacionales y locales.

Este tipo de economías extractivistas deteriora grave e irreversiblemente el medio ambiente natural. El examen de la actividad minera o petrolera alrededor del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la Naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Los países cuyas exportaciones dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros son económicamente atrasados, en donde los problemas ambientales crecen al ritmo que se expanden las actividades extractivistas.

Fijemos un momento nuestra atención en la minería. La explotación minera industrial moderna implica la extracción masiva ?y en un tiempo muy corto?, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; recursos que se han formado en procesos de muy larga duración, a escalas tectónicas. En la actualidad, los sitios de alta concentración mineral se van agotando. Sin embargo, los elevados precios del mercado mundial permiten que la explotación minera sea rentable aún en los yacimientos en donde el mineral es escaso. Para hacer producir estos yacimientos, es necesario aplicar una minería industrial de gran escala, con uso masivo de químicos a veces sumamente tóxicos (cianuro, ácido sulfúrico, entre otros), un consumo cuantioso de agua y la acumulación de grandes cantidades de desechos.

Este gigantismo provoca la generación de impactos ambientales enormes. Los efectos nocivos no sólo afloran en la fase de exploración y explotación, cuando se abren gigantescos hoyos en la Madre Tierra o cuando se usan químicos tóxicos para procesar los minerales extraídos, sino también en la movilización del material extraído que afecta grandes extensiones de territorio.

Los desechos mineros, al ser acumulados durante muchos años, pueden derramarse y contaminar el medio ambiente, particularmente con metales pesados o drenaje ácido de roca. Este último fenómeno, que puede darse por decenas y decenas de años, ocurre cuando las aguas de lluvia, o aún el aire, entran en contacto con las rocas que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie y acumuladas en las escombreras, en el cráter o en los diques de desechos de la mina. Generalmente existe un alto riesgo de que se produzca una oxidación de minerales sulfurados por la lluvia o el aire húmedo, que terminan por provocar una acidificación inusual de las aguas que corren sobre estas rocas. En el Ecuador, muchos yacimientos mineros estarían particularmente expuestos a este problema porque tienen rocas sulfurosas, conocidas por generar drenaje ácido.

Este tipo de contaminación es particularmente devastadora para el agua. En numerosas ocasiones, el agua termina por ser inutilizable para el consumo humano y para la agricultura. La contaminación de las fuentes de agua provoca además un conjunto de impactos en términos de salud pública, como enfermedades degenerativas o de la piel, entre otras. Y todo esto sin considerar los graves impactos sociales que conlleva esta mega actividad extractivista.

Si bien las distintas actividades extractivas tienen una prolongada y conocida historia de depredación en el mundo, en la actualidad se registra ?en la medida que es notorio el agotamiento de los recursos naturales, especialmente en los países industrializados? una creciente presión en los países subdesarrollados para que estos entreguen sus yacimientos minerales o petroleros. Incluso la creciente defensa del ambiente en las sociedades consideradas como desarrolladas genera una presión sobre los países empobrecidos con el fin de que estos abran su territorio para satisfacer la demanda de minerales de la economía mundial.

Es preciso recordar que normalmente las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices destacan exclusivamente los “enormes” montos de reservas mineras y petroleras existentes, transformados en valores monetarios. Con estas cifras, en general altamente exageradas, se quiere sensibilizar a la opinión pública a favor de la minería. Sin embargo, esta mirada resulta incompleta. Habría que sumar los llamados costos ocultos, ambientales y sociales, incorporando por ejemplo, el valor económico de la contaminación.

Éstas son pérdidas económicas que normalmente no aparecen en los proyectos y que son transferidas a la sociedad; recuérdese la devastación social y ambiental en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana, que luego dio lugar a un juicio en contra de la compañía Chevron-Texaco. También deberían entrar en la lista de costos los denominados “subsidios perversos” que se expresan a través de la entrega de energía a precios menores, agua sin costo o con costo reducido, e inclusive infraestructura de transporte (Gudynas, 2011c). ¿Se han presentado estas evaluaciones? No. Probablemente porque el asumir estos costos disminuiría notablemente la rentabilidad de las empresas y se pondría en evidencia los magros beneficios para el Estado.

Estas actividades extractivistas generan, a su vez, graves tensiones sociales en las regiones en donde se realiza la extracción de dichos recursos naturales, en la medida en que son muy pocas las personas de la región las que normalmente pueden integrarse a las plantillas laborales de las empresas mineras y petroleras. Los impactos económicos y sociales provocan la división de comunidades, peleas entre ellas y dentro de las familias, violencia intrafamiliar, la violación de derechos comunitarios y humanos, un incremento de la delincuencia y violencia, el tráfico de tierras, etc.

En las economías primario-exportadoras de la región, a lo largo de décadas de una modalidad de acumulación extractivista, se han generado niveles elevados de subempleo y desempleo, de pobreza y de una distribución del ingreso y de los activos que se vuelve aún más desigual. Con ello se van cerrando las puertas para ampliar el mercado interno porque no se generan empleos e ingresos suficientes (no hay, ni habrá “chorreo”). Sin embargo, se mantienen las presiones para orientar la economía cada vez más hacia el exterior porque “no hay a quién vender domésticamente”, como afirman cansinamente los defensores de este modelo.

Esta “monomentalidad exportadora” inhibe la creatividad y los incentivos de los empresarios nacionales. También en el seno del gobierno, e incluso entre amplios segmentos de la sociedad, se reproduce la “mentalidad pro-exportadora” casi patológica, basada en el famoso eslogan “exportar o morir”, lo que lleva a despreciar las enormes capacidades y potencialidades disponibles al interior del país.

Neoextractivismo, una versión contemporánea del extractivismo

Desde sus orígenes, las repúblicas primario-exportadoras de América Latina no han logrado establecer un esquema de desarrollo que les permita superar las trampas de la pobreza y del autoritarismo. Esta es la gran paradoja: hay países que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos financieros, pero que no han logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres. Y son pobres porque son ricos en recursos naturales, en tanto han apostado prioritariamente por la extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial, marginando otras formas de creación de valor, sustentadas más en el esfuerzo humano que en la explotación inmisericorde de la Naturaleza.

En los últimos años, conscientes de algunas de las patologías enunciadas anteriormente, varios países de la región con gobiernos progresistas han impulsado algunos cambios importantes en lo que se refiere a ciertos elementos de la modalidad extractivista. Sin embargo, más allá de los discursos y planes oficiales, no hay señales claras de que pretendan superar realmente dicha modalidad de acumulación. A través de este esfuerzo esperan poder atender muchas de las largamente postergadas demandas sociales y, por cierto, consolidarse en el poder recurriendo a prácticas clientelares e inclusive autoritarias.

En la gestión de los gobiernos progresistas en América del Sur “persiste la importancia de los sectores extractivistas como un pilar relevante de los estilos de desarrollo”, destaca Eduardo Gudynas (2009b y 2010c). Siguiendo con sus reflexiones, si bien el progresismo sudamericano “genera un extractivismo de nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes como por la combinación de viejos y nuevos atributos”, no hay cambios sustantivos en la actual estructura de acumulación. Con esto el neoextractivismo sostiene “una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización” del capitalismo transnacional. No sólo que se mantiene, sino avanza “la fragmentación territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados globales”. Se sostienen, y “en algunos casos se han agravado, los impactos sociales y ambientales de los sectores extractivos”. Siguiendo con Gudynas, “más allá de la propiedad de los recursos, se reproducen reglas y funcionamiento de los procesos productivos volcados a la competitividad, eficiencia, maximización de la renta y externalización de impactos”. Entre los puntos destacables está “una mayor presencia y un papel más activo del Estado, con acciones tanto directas como indirectas”. Desde esta postura nacionalista se procura principalmente un mayor acceso y control por parte del Estado sobre los recursos naturales y los beneficios que su extracción produce. Desde esta postura se critica el control de los recursos naturales por parte de las transnacionales y no la extracción en sí. Incluso se acepta algunas afectaciones ambientales e inclusive sociales graves a cambio de conseguir beneficios para toda la colectividad nacional.

Para lograrlo, “el Estado capta (o intenta captar) una mayor proporción del excedente generado por los sectores extractivos”. Además, “parte de esos recursos financian importantes y masivos programas sociales, con lo que se aseguran nuevas fuentes de legitimación social”. Y de esta manera el extractivismo asoma como indispensable para combatir la pobreza y promover el desarrollo.

No hay duda, “el neoextractivismo es parte de una versión contemporánea del desarrollismo propia de América del Sur, donde se mantiene el mito del progreso y del desarrollo bajo una nueva hibridación cultural y política”, concluye Gudynas (2009b y 2010c).

Siendo importante un mayor control por parte del Estado de estas actividades extractivistas, no es suficiente. El real control de las exportaciones nacionales está en manos de los países centrales, aún cuando no siempre se registren importantes inversiones extranjeras en las actividades extractivistas. Perversamente muchas empresas estatales de las economías primario-exportadoras (con la anuencia de los respectivos gobiernos, por cierto) parecerían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos y actúan casa dentro con lógicas parecidas a las de las transnacionales: la depredación ambiental y el irrespeto social no están ausentes de sus prácticas. En síntesis, la lógica subordinada de su producción, motivada por la demanda externa, caracteriza la evolución de estas economías primario-exportadoras. El neoextractivismo, a la postre, mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo de raigambre colonial.

Gracias al petróleo o a la minería, es decir, a los cuantiosos ingresos que producen las exportaciones de estos recursos, muchas veces los gobernantes progresistas se asumen como los portadores de la voluntad colectiva y tratan de acelerar el salto hacia la ansiada modernidad. Como afirma Fernando Coronil (2002) en este tipo de economías aflora un “Estado mágico”, con capacidad de desplegar la “cultura del milagro” (14). Esto es lo que justamente se registra en Venezuela, Ecuador o Bolivia en los últimos años.

En estos países, el Estado ha cobrado fuerza nuevamente. Del Estado mínimo del neoliberalismo, se intenta ?con justificada razón? reconstruir y ampliar la presencia y acción del Estado. Pero, por lo pronto, en estos países no hay manifestaciones serias de querer introducir cambios estructurales profundos. La producción y las exportaciones mantienen inalterados sus estructuras y rasgos fundamentales. En estas condiciones los segmentos empresariales poderosos, que han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”, no han dejado de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose de este renovado extractivismo.

Al menos hasta ahora, en estos países con gobiernos progresistas que han instrumentado esquemas neoextractivistas, los segmentos tradicionalmente marginados de la población han experimentado una relativa mejoría gracias a la mejor distribución de los crecientes ingresos petroleros y mineros. Sin embargo, no se ha dado paso a una radical redistribución de los ingresos y los activos. Esta situación es explicable por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza, sin adentrarse en complejos procesos sociales y políticos de redistribución.

Como en épocas pretéritas, el grueso del beneficio de esta orientación económica va a las economías ricas, importadoras de Naturaleza, que sacan un provecho mayor procesándola y comercializándola en forma de productos terminados. Mientras tanto, los países exportadores de bienes primarios, que reciben una mínima participación de la renta minera o petrolera, son los que cargan con el peso de los pasivos ambientales y sociales.

En la medida en que se carece de una adecuada institucionalidad para enfrentar los costos ambiental, social y político que implican los enfrentamientos alrededor de estas actividades extractivistas, incluso el costo económico relacionado a controlar esos posibles disturbios utilizando la fuerza pública, no es nada despreciable. A más de lo dicho, hay que considerar el efecto de esta inestabilidad social casi programada sobre otras actividades productivas en las zonas de influencia extractivista, por ejemplo, cuando las actividades mineras terminan por expulsar a los campesinos de la zona afectada.

Los efectos de estos conflictos y de esta violencia también afectan a los gobiernos seccionales. Estos pueden ser atraídos por los cantos de sirena de las empresas dedicadas al extractivismo masivo y de los gobiernos cómplices de ellas, que les ofrecerán algunos aportes financieros. No obstante, a la postre, las sociedades tendrán que asumir los costos de esta compleja y conflictiva relación entre comunidades, las empresas y el Estado. Los planes de desarrollo locales estarían en riesgo, pues el extractivismo minero o petrolero tendría supremacía sobre cualquier otra actividad. Todo esto termina por hacer pedazos aquellos planes elaborados participativamente y con conocimiento de causa por las poblaciones locales. Y los pasivos ambientales serán la herencia más dolorosa e incluso costosa de las actividades extractivistas, puesto que normalmente estos pasivos no son asumidos por las empresas explotadoras.

Está claro que si se contabilizan los costos económicos de los impactos sociales, ambientales y productivos de la extracción del petróleo o de los minerales, desaparecen muchos de los beneficios económicos de estas actividades (15). Pero estas cuentas completas, como ya se anotó antes, no son realizadas por los diversos gobiernos progresistas, que confían ciegamente en los beneficios de estas actividades primario-exportadoras.

En síntesis, gran parte de las mayores y más graves patologías del extractivismo tradicional se mantienen en el neoextractivismo.

Autoritarismo y disputa por la renta de la Naturaleza

Esta maldición de la abundancia en recursos naturales viene atada, con mucha frecuencia, con la maldición del autoritarismo. La masiva explotación de los recursos naturales no renovables en estos países ha permitido el surgimiento de Estados paternalistas, cuya capacidad de incidencia está atada a la capacidad política de gestionar una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera. Son Estados que al monopolio de la riqueza natural han añadido el monopolio de la violencia política (Coronil, 2002).

Aunque parezca paradójico, este tipo de Estado, que muchas veces delega parte sustantiva de las tareas sociales a las empresas petroleras o mineras (esto comienza a cambiar en los países con gobiernos progresistas), abandona ?desde la perspectiva del desarrollo? amplias regiones. Y en estas condiciones de desterritorialización, cuando las empresas asumen las tareas que competen al Estado, éste se consolida como un Estado policial que reprime a las víctimas del sistema al tiempo que declina el cumplimiento de sus obligaciones sociales y económicas. La propia institucionalidad jurídica termina envuelta en los intereses y presiones de las empresas extractivistas privadas o estatales.

En estas economías de enclave se ha configurado una estructura y una dinámica políticas, no sólo autoritarias, sino voraces. Esta voracidad, particularmente en los años de bonanza, se plasma en un aumento muchas veces más que proporcional del gasto público y sobre todo en una discrecional distribución de los recursos fiscales. Este tipo de ejercicio político se explica también por el afán de los gobiernos de mantenerse en el poder y/o por su intención de acelerar una serie de reformas estructurales que desde su particular perspectiva asoman como indispensables para transformar las sociedades.

Inclusive el incremento del gasto y las inversiones públicas es también el producto del creciente conflicto distributivo que se desata entre los más disímiles grupos de poder. Esta realidad, percibida con más claridad en las etapas de bonanza, la describe con claridad Jürgen Schuldt (2005), cuando dice que se “se trata, por tanto, de un juego dinámico de horizonte infinito derivado endógenamente del auge. Y el gasto público ?que es discrecional? aumenta más que la recaudación atribuible al auge económico (política fiscal pro-cíclica)”.

Este “efecto voracidad” provoca la desesperada búsqueda y la apropiación incluso abusiva de parte importante de los excedentes generados en el sector primario-exportador. Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para manejar estos recursos naturales, sin instituciones democráticas sólidas (que sólo pueden ser construidas con una amplia y sostenida participación ciudadana (16)) aparecen en escena los diversos grupos de poder no-cooperativos, desesperados por obtener una tajada de la renta minera o petrolera.

Así, en esta disputa por la renta de los recursos naturales intervienen, sobre todo, las empresas transnacionales involucradas directa o indirectamente en dichas actividades y sus aliados criollos: la banca internacional, amplios sectores empresariales y financieros, inclusive las fuerzas armadas, algunos gobiernos seccionales cooptados por las lucrativas rentas, así como algunos segmentos sociales con capacidad de incidir políticamente. Igualmente, grupos sindicales conocidos como la “aristocracia obrera” (17), vinculada a este tipo de actividades extractivistas, obtienen importantes beneficios. Y, como es fácil comprender, esta pugna distributiva, que puede ser más o menos conflictiva, provoca nuevas tensiones políticas.

Todo esto contribuye a debilitar la gobernabilidad democrática, en tanto termina por establecer o facilitar la permanencia de gobiernos autoritarios y de empresas voraces y clientelares, proclives también a prácticas autoritarias. En efecto, en estos países no asoman los mejores ejemplos de democracia, sino todo lo contrario. Adicionalmente, el manejo muchas veces dispendioso de los ingresos obtenidos y la ausencia de políticas previsibles termina por debilitar la institucionalidad existente o impide su construcción.

América Latina tiene una amplia experiencia acumulada en este campo. Son varios los países de la región cuyos gobiernos tienen claros rasgos de autoritarismo derivados de esta modalidad de acumulación primario-exportadora, particularmente cuando está sustentada en pocos recursos naturales de origen mineral.

Esta compleja realidad existe también en otras partes del mundo, particularmente en los países exportadores de petróleo o minerales (18). Noruega sería la excepción que confirma la regla. La diferencia en este caso de los anteriormente descritos radica en que la extracción de petróleo en este país escandinavo empezó y se expandió cuando ya existían sólidas instituciones económicas y políticas democráticas e institucionalizadas, con una sociedad sin inequidades comparables a la de otros países petroleros o mineros del mundo empobrecido. Es decir, este país integró el petróleo en su sociedad y economía cuando ya era un país desarrollado.

No se puede concluir la reflexión sin dejar sentado un punto que aparece en estos países atrapados por la maldición de la abundancia: la violencia, que parece configurar un elemento consustancial de un modelo depredador de la democracia. Esta violencia incluso aflora desde el lado del Estado, a través inclusive de los gobiernos considerados como progresistas que criminalizan la protesta popular en contra de las actividades extractivistas, con el único fin de garantizarlas.

La violencia, desatada por las propias empresas extractivistas, respaldada muchas veces por los gobiernos, ha provocado diversos grados de represión. El listado de estas acciones represivas e incluso genocidas es demasiado largo y conocido en América Latina (19). Tampoco han faltado guerras civiles (20), hasta guerras abiertas entre países o agresión imperial por parte de algunas potencias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre todo hidrocarburíferos (21).

Estos enfrentamientos, que se procesan en un ambiente de constantes inestabilidades, conllevan costos económicos por diversos motivos. Piénsese, por ejemplo, en los efectos distorsionadores que provoca la ausencia de instituciones sólidas: la subvaluación de las exportaciones o la sobrevaluación de las importaciones por parte de las empresas mineras o petroleras para reducir el pago de impuestos o aranceles; las eventuales e incluso sorpresivas reducciones de la producción por parte de las empresas transnacionales para forzar mayores beneficios; la creciente presencia y accionar de intermediarios de todo tipo que dificultan las actividades productivas y encarecen las transacciones. Este tipo de problemas, que no agotan una lista de deformaciones y distorsiones que podría ser interminable, a la postre incluso podrían provocar la reducción de las inversiones sectoriales, al menos de las empresas más serias.

Por otro lado, depender tanto de la generosidad de la Naturaleza margina los esfuerzos de innovación productiva e incluso de mercadeo, consolida prácticas oligopólicas, patrimonialistas y rentistas. Y estas prácticas, atadas a la creciente injerencia de las empresas extractivistas en los gobiernos, como se conoce hasta la saciedad, fortalecen a pequeños pero poderosos grupos oligárquicos.

Además, la mayor erogación pública en actividades clientelares reduce las presiones latentes por una mayor democratización. Se da una suerte de “pacificación fiscal” (Schuldt, 2005), dirigida a intentar reducir la protesta social. Los altos ingresos del gobierno le permiten prevenir la configuración de grupos y fracciones de poder contestatarias o independientes, que estarían en condiciones de demandar derechos políticos y otros (derechos humanos, justicia, cogobierno, etc.), desplazándolos del poder. El gobierno puede asignar cuantiosas sumas de dinero para reforzar sus controles internos; incluyendo la represión de los opositores.

Una situación de abundancia relativa de recursos financieros puede permitir un manejo económico expansivo, que se complementa con endeudamiento externo. La búsqueda permanente de más recursos para financiar la economía, viene de la mano de los créditos externos (22). En este punto, entonces, asoma nuevamente el efecto voracidad, manifestado por el deseo de participar en el festín de los cuantiosos ingresos por parte de la banca, sobre todo internacional, sea privada o multilateral, corresponsable de los procesos de endeudamiento externo (23). Últimamente China concede cada vez más créditos a varios países subdesarrollados, particularmente de África y América Latina, con el fin de asegurarse yacimientos minerales y petroleros, o amplias extensiones de tierra para la producción agrícola, además de la construcción de importantes obras de infraestructura.

Como consecuencia de los elevados ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales y las abiertas posibilidades de financiamiento externo, los gobiernos tienden a relajar sus estructuras y prácticas tributarias. En muchas ocasiones despliegan una mínima presión tributaria y hasta dejan de cobrar impuestos, en particular el impuesto a la renta. (Por lo demás, la maldición ideológica neoliberal también desalienta el incremento de la presión tributaria) (24).

En este punto cabe destacar el esfuerzo de algunos gobiernos progresistas, como el ecuatoriano o el boliviano, para mejorar la recaudación tributaria, incluso introduciendo esquemas más progresivos y equitativos.

De todas maneras, como reconoce Jürgen Schuldt (2005), el manejo poco exigente de las finanzas públicas “malacostumbra” a la ciudadanía. Y lo que es peor, “con ello se logra que la población no le demande al gobierno transparencia, justicia, representatividad y eficiencia en el gasto”. La permanencia de cuantiosos e inequitativos subsidios, por ejemplo en los derivados del petróleo, se explicaría por esta mala costumbre, que es incluso asumida equivocadamente como una “conquista popular”.

La demanda por representación democrática en el Estado, nos recuerda el mismo Schuldt, surgió generalmente como consecuencia de los aumentos de impuestos, por ejemplo, en Gran Bretaña hace más de cuatro siglos y en Francia a principios del siglo XIX. La lógica del rentismo y del clientelismo difiere de la lógica ciudadana, en la medida que inclusive frena e impide la construcción de ciudadanía.

Los gobiernos de estas economías primario-exportadoras no sólo cuentan con importantes recursos ?sobre todo en las fases de auge? para asumir la necesaria obra pública, sino que están en capacidad de desplegar medidas y acciones dirigidas a cooptar a la población, con el fin de asegurar una base de gobernabilidad que les posibilite introducir las reformas y cambios que ellos consideran pertinentes. El clientelismo ahoga la consolidación de ciudadanía. Es más, cuando estas prácticas clientelares alientan el individualismo, con políticas sociales individualmente focalizadas ?como las desarrolladas en esquemas neoliberales y que han continuado en los gobiernos progresistas? pueden llegar a desactivar las propuestas y las acciones colectivas, lo que termina por afectar a las organizaciones sociales y lo que es más grave, al sentido de comunidad (25).

Estas acciones desembocan, con frecuencia, en ejercicios gubernamentales autoritarios y mesiánicos que, en el mejor de los casos, pueden ocultarse detrás de lo que Guillermo O’Donnel calificaba como “democracias delegativas”, o lo que hoy se conoce como democracias plebiscitarias.

Por otro lado, este tipo de gobiernos hiperpresidencialistas (neoliberales o progresistas), que atienden en forma clientelar las demandas sociales, constituyen el caldo de cultivo para nuevas formas de conflictividad sociopolíticas. Esto se debe a que no se aborda estructuralmente las causas de la pobreza y la marginalidad. Se redistribuyen partes de los excedentes petroleros o mineros, pero no se dan procesos profundos de redistribución del ingreso y los activos. Igualmente, los significativos impactos ambientales y sociales, propios de estas actividades extractivistas a gran escala, que se distribuyen inequitativamente, aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez exige nuevas respuestas autoritarias.

Sin pretender que con esto se resuelva la insustentabilidad intrínseca de la explotación de los recursos naturales no renovables, siguiendo la recomendación de Anthony Bebbington, una idea de sustentabilidad ?al menos para la transición? debería ser construida democráticamente. Los límites al desarrollo deben estar vinculados a la propia sociedad civil y su participación, no deben estar circunscritos a modelos donde los actores más poderosos ?las transnacionales y los Estados, muchas veces en ese orden? son los que deciden. De este modo se pondría a discusión el uso de los recursos naturales y ésta sería una salida para la atmosfera antidemocrática que acompaña al mismo extractivismo.

En síntesis, la dependencia de recursos naturales no renovables, en muchas ocasiones, consolida gobiernos caudillistas, incluso autoritarios, debido a los siguientes factores:

• Débiles instituciones del Estado para hacer respetar las normas y capaces de fiscalizar las acciones gubernamentales.

• Ausencia de reglas y de transparencia que alienta la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y de los bienes comunes.

• Conflicto distributivo por las rentas entre grupos de poder, lo que a la larga, al consolidar el rentismo y patrimonialismo, disminuye la inversión y las tasas de crecimiento económico.

• Políticas cortoplacistas y poco planificadas de los gobiernos.

• Ilusión de la riqueza fácil y abundante derivada de la explotación y exportación masiva de recursos naturales, incorporada como un ADN en amplios segmentos de la sociedad y los gobiernos.

Del desarrollismo senil al postextractivismo

A alguien ?por mala fe o por ignorancia? se le podría ocurrir una peregrina idea: si la economía primario-exportadora genera y perenniza el subdesarrollo, la solución consistiría en dejar de explotar los recursos naturales. Obviamente, esa es una falacia. La maldición de los recursos naturales no es una fatalidad del destino, sino una elección. El reto radica en encontrar una estrategia que permita construir el buen vivir aprovechando los recursos naturales no renovables, transformándolos en “una bendición” (Stiglitz, 2006).

Entonces, la tarea pasa por elegir otro camino, que nos aleje de la maldición de los recursos naturales y de la maldición de las visiones ortodoxas que nos mantienen subordinados al poder transnacional. Por eso, una de las tareas más complejas es la construcción y ejecución de una estrategia que conduzca hacia una economía postextractivista.

Esta nueva economía no surgirá de la noche a la mañana. Incluso es complejo imaginarse la posibilidad de cerrar abruptamente los campos petroleros o mineros en explotación. Pero esa transición no será nunca una realidad si se siguen ampliando las actividades extractivistas y si no hay alternativas específicas para irlas reduciendo a través de una evolución adecuadamente planificada. Por cierto que esa transición no es fácil en un mundo capitalista impensable sin las actividades extractivas como el petróleo, minería, o forestal. Construir estas transiciones es la gran tarea del momento, en tanto convoca todas las capacidades del pensamiento crítico, así como de inventiva y de creatividad de las sociedades y las organizaciones sociales. Los esfuerzos para dar paso al postextractivismo en el Sur global deberían venir de la mano del decrecimiento económico (26), o por lo menos, del crecimiento estacionario en el Norte global; tema que ocupa una creciente preocupación en muchos países industrializados.

El camino de salida de una economía extractivista, que tendrá que arrastrar por un tiempo algunas actividades de este tipo, debe considerar un punto clave: el decrecimiento planificado del extractivismo. La opción potencia actividades sustentables, que podrían darse en el ámbito de las manufactureras, la agricultura, el turismo, sobre todo el conocimiento… En definitiva, no se debe deteriorar más la Naturaleza. El éxito de este tipo de estrategias para procesar una transición social, económica, cultural, ecológica, dependerá de su coherencia y, sobre todo, del grado de respaldo social que tenga.

De lo que se trata es dejar atrás las economías extractivistas dependientes y no sustentables, que son primario-exportadoras, sobreorientadas al mercado externo, des-industrializadas, con masivas exclusiones y pobreza, concentradoras del ingreso y la riqueza, depredadoras y contaminadoras. Lo que se quiere es construir economías sustentables, es decir, diversificadas en productos y mercados, industrializadas y terciarizadas con capacidad de generación de empleo de calidad, equitativas, respetuosas de las culturas y de la Naturaleza. En este punto conviene propiciar un reencuentro con las cosmovisiones indígenas en las que los seres humanos no sólo conviven con la Naturaleza de forma armoniosa, sino que forman parte de ella.

Para lograr poner en marcha esta transición, que necesariamente será plural, es imperiosa una nueva y vigorosa institucionalidad estatal y una nueva forma de organizar la economía, así como una concepción estratégica para participar en el mercado mundial. Se requieren, por lo tanto, esquemas y organizaciones reguladoras, así como mecanismos debidamente establecidos que permitan procesar estas transiciones (27).

En la mira está, entonces, la consecución de un nuevo perfil de especialización productiva para tener países con sostenimiento interno, en base a un consenso amplio de los diversos intereses. Para lograrlo hay que robustecer el mercado interno y el aparato productivo doméstico, así como generar estrategias de transición productiva que permitan que la actividad extractiva pierda importancia económica. El reencuentro con la Naturaleza está también entre los puntos prioritarios de la agenda, lo que significa superar los esquemas y prácticas centradas en la explotación y apropiación de la Naturaleza. Tengamos presente que la humanidad entera está obligada a preservar la integridad de los procesos naturales que garantizan los flujos de energía y de materiales en la biosfera. Esto implica sostener la biodiversidad del planeta. Para lograr esta transformación civilizatoria, la desmercantilización de la Naturaleza se perfila como indispensable. Los objetivos económicos deben estar subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respeto a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas y las comunidades.

Esto obliga a mantener, sin destruir, aquellos territorios que poseen gran cantidad de valores ambientales y sociales, donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de biodiversidad: la Iniciativa Yasuní-ITT en Ecuador, es un ejemplo global (28). También conduce a establecer el concepto de sustentabilidad fuerte (el capital económico no puede reemplazar íntegramente al “capital natural”), como un nuevo paradigma de la forma de organizar la sociedad. Y también implica cambiar la contabilidad macroeconómica convencional por nuevos indicadores e índices de sustentabilidad.

De igual manera, se precisa una amplia y verdadera participación social para enfrentar el reto del extractivismo a gran escala. Esto conlleva, imperativamente, a procesar una profunda y radical redistribución de los ingresos mineros y petroleros, tanto como de otros ingresos y activos existentes en una economía. Las inequidades (29) deben ser abatidas, puesto que éstas son la base de los autoritarismos de todo tipo en todos los ámbitos de la vida humana.

El tema de fondo radica en empezar por no seguir extendiendo y profundizando un modelo económico extractivista, es decir primario-exportador. El tratar de desarrollarse priorizando esa modalidad de acumulación primario-exportadora, que sobrevalora la renta de la Naturaleza y no el esfuerzo del ser humano, que destroza sistemáticamente el medio ambiente y afecta gravemente las estructuras sociales y comunitarias, que prefiere el mercado externo y descuida el mercado interno, que fomenta la concentración de la riqueza y margina las equidades, no ha sido la senda para el desarrollo de ningún país. Entonces, tampoco lo será para la construcción de una opción posdesarrollista, como lo es el buen vivir o sumak kawsay (30).

El buen vivir, al menos conceptualmente, se perfila como una versión que supera los desarrollos “alternativos” e intenta ser una “alternativa al desarrollo”; en síntesis, una opción radicalmente distinta a todas las ideas de desarrollo. Y que incluso disuelve el concepto del progreso en su versión productivista. Por lo tanto, el buen vivir sintetiza una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano, en diversidad y armonía con la Naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada país y en el mundo. La parte intrínseca de esta propuesta, con proyección incluso global, está en dar un gran paso revolucionario que nos infunda a transitar de visiones antropocéntricas a visiones socio-biocéntricas, con las consiguientes consecuencias políticas, económicas y sociales.

Definitivamente, por la vía del “desarrollismo senil” (Martínez Alier, 2008), es decir manteniendo y peor aún profundizando el extractivismo, no se encontrará la salida a este complejo dilema de sociedades ricas en recursos naturales, pero a la vez empobrecidas. www.ecoportal.net

Alberto Acosta - Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador. Ex Ministro de Energía y Minas. Ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex asambleísta constituyente. Nota: En este texto el autor recoge y sintetiza varios de sus trabajos anteriores.

Referencias:

1. Son varios los tratadistas que construyeron, desde varias ópticas, este “fatalismo tropical”. Entre otros podemos mencionar a Michael Gavin, Michel L. Ross, Jeffrey Sachs, Ricardo Hausmann, Roberto Rigobon e Ivar Kolstad.

2. A pesar de tener tanta historia como modalidad de acumulación, la palabra “extractivismo” no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

3. Es un error asumir que el extractivismo existe solo cuando se extraen recursos minerales o hidrocarburíferos. Hay muchas experiencias de prácticas igualmente extractivistas en la explotación de madera o en la agricultura de monocultivo. Sobre el caso del café en Colombia, por ejemplo, se puede consultar en Oeindrila Dube y Juan Fernando Vargas (2006).

4. Raúl Zibechi ve en el extractivismo de estos gobiernos progresistas una segunda fase del neoliberalismo (2011).

5. Ver el valioso aporte de Schuldt (2005). También se puede consultar en Schuldt y Acosta (2006), así como en Acosta (2009).

6. Desarrollo sustentable es aquel proceso que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Para la construcción del buen vivir hay que ir incluso mucho más allá del desarrollo sustentable, hay que asumir a la Naturaleza como sujeto de derechos.

7. Un sugerente aporte para desmontar los mitos de la megaminería transnacional es el elaborado en Argentina por el Colectivo Voces de Alerta (2011).

8. El término “mal holandés” o “enfermedad holandesa” surge en la década de los 1970, como su nombre indica, en los Países Bajos donde el descubrimiento de yacimientos de gas incrementaron fuertemente las divisas en el país. Esto generó la apreciación de la moneda holandesa, el florín, perjudicando la competitividad de las exportaciones de productos manufacturados.

9. Recordemos que las rentas ricardianas son aquellas que se derivan de la explotación de la Naturaleza, más que del esfuerzo empresarial, a diferencia de las utilidades que derivan del esfuerzo y creatividad (“productividad”) de la mano de obra.

10. Al inicio de la primera gran crisis global del siglo XXI, cuando cayeron los precios del petróleo y los minerales, en muchos países se reforzaron las tendencias para aumentar el volumen producido y para ofrecer compensaciones a las empresas por los menores ingresos obtenidos.

11. La lista de textos sobre estos procesos de endeudamiento y crisis es larga, bastaría con revisar en Ugarteche (1986), Vilate (1986), Calcagno (1988), Marichal (1988) o Acosta (1994).

12. La energía nuclear no supone una liberación del modelo extractivista. Por un lado, es indispensable conseguir la materia prima, el uranio, y por otro lado, esta energía es usada para sostener e incrementar las mismas actividades extractivas, como sucede normalmente con el desarrollo de grandes represas hidroeléctricas y por cierto, de las plantas que emplean energía fósil.

13. El Banco Mundial aupó el ingreso de la minería a gran escala durante la época neoliberal y todavía sostiene que la extracción masiva de recursos naturales es positiva. Ver Sinnott, Nash y de la Torre (2010).

14. Este autor aborda la realidad venezolana desde el gobierno del general Juan Vicente Gómez hasta antes del gobierno del coronel Hugo Chávez Frías.

15. Sobre los pasivos de la industria petrolera véase, por ejemplo, el aporte de Fander Falconí (2004).

16. No se trata exclusivamente de la ciudadanía individual/liberal. Pues, desde la lógica de derechos colectivos se abre la puerta a ciudadanías colectivas, a ciudadanías comunitarias. Por igual, los derechos de la Naturaleza necesitan y a la vez originan otro tipo de ciudadanía, que se construye en lo individual, en lo social colectivo, pero también en lo ambiental. Ese tipo de ciudadanía es plural, ya que depende de las historias y de los ambientes, acoge criterios de justicia ecológica que superan la visión tradicional de justicia. Eduardo Gudynas (2009) denomina a estas ciudadanías como “meta-ciudadanías ecológicas”.

17. En los términos que lo planteó Eric J. Hobsbawm (1981).

18. A modo de ejemplo, basta con analizar la realidad de aquellos países ubicados en el Golfo Pérsico o Arábigo, que pueden ser considerados como muy ricos en términos de acumulación de ingentes depósitos financieros y con elevados niveles de ingreso per cápita. Sin embargo, de ninguna manera pueden incorporarse en la lista de países desarrollados: los niveles de inequidades registrados son aberrantes, la ausencia de libertades es notoria, la intolerancia política y religiosa está a la orden del día. Muchos de sus gobiernos no solo que no son democráticos, sino que se caracterizan por profundas prácticas autoritarias; Arabia Saudita, una monarquía con rasgos medievales, sería un ejemplo paradigmático de una lista bastante larga.

19. En las zonas mineras del Perú, país al que se pretende poner como ejemplo de apertura minera, las violaciones a los derechos humanos se han multiplicado en forma exponencial. En este país los conflictos mineros y petroleros, sobre todo los primeros, superan más del 80% de todos los conflictos sociales registrados (De Echave, 2008, 2009). Lo que aconteció en Bagua, en junio del 2009, es apenas uno de los episodios más difundidos de una larga cadena de represión y violación sistemática de los derechos humanos. En Colombia, un país azotado por una cruenta y larga guerra civil, cerca del 70% de los desplazamientos forzados ocurridos entre 1995 y 2002, se produjeron en áreas mineras. En Ecuador, los más graves casos de violaciones de los derechos humanos ocurridos en los últimos años están relacionados con empresas mineras transnacionales y por supuesto, con las actividades petroleras.

20. Nigeria confirma esta aseveración: allí se registró una larga y dolorosa guerra civil por el control del crudo y posteriormente, una aguda represión en contra de los Ogoni. Luego del colapso de la Unión Soviética la violencia no cesa en los países del Cáucaso, ricos en hidrocarburos: Turkmenistán, Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia, Osetia, Daguestán o Chechenia.

21. Para ilustrar este último caso bastaría con mencionar la agresión militar norteamericana a Irak y Afganistán, en ambos países buscando el control de las reservas petroleras y gasíferas. La intervención de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) en Libia en el año 2011, podría ubicarse también en este campo de agresiones imperiales efectuadas para controlar el petróleo y uno de los mayores yacimientos de agua en el mundo.

22. Así, por ejemplo, Ecuador, como nuevo rico petrolero, pudo conseguir créditos más fácilmente que cuando era apenas un pobretón bananero. En pleno auge económico de los años setenta en el siglo XX, su deuda pública, particularmente externa, creció más que proporcionalmente en relación al boom petrolero propiamente dicho (es cierto que también creció por condiciones externas derivadas de las demandas de acumulación del capital).

23. Ver Osmel Manzano y Roberto Rigobon (2001), a más de la lista de autores citada anteriormente, quienes abordan el tema de la deuda externa.

24. En Ecuador, uno de los gobernantes militares de la época del boom petrolero en la década de los 1970, el general Guillermo Rodríguez Lara, se vanagloria como uno de los logros de su gestión el no cobro de impuestos.

25. Los diversos proyectos Socio País del gobierno de la “revolución ciudadana” en Ecuador estarían provocando, consciente o inconscientemente, estos efectos. Adicionalmente cabría mencionar que este gobierno trata abiertamente de debilitar y dividir a los grandes movimientos sociales, sobre todo al indígena, que son férreos opositores a la expansión de las actividades extractivistas.

26. Incluso en el Sur global hay pensadores que plantean estas cuestiones para deconstruir la economía, véase Leff (2008).

27. En los últimos años se ha empezado a discutir cada vez más sobre cómo impulsar estas transiciones. Son varios los autores que han aportado diversas ideas y sugerencias en este campo, entre otros: Eduardo Gudynas, Joan Martínez Alier, Enrique Leff y Roberto Guimarães. A modo de ejemplo concreto, véase el aporte múltiple editado por Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas en Perú (2011). Algunos aportes sugerentes para construir estas transiciones se podrían obtener del informe sobre el tema elaborado por OXFAM (2009). El autor de estas líneas también ha planteado algunas reflexiones para la construcción de una economía pospetrolera (Acosta 2000 o 2009). Cabe anotar que en el año 2000 se publicaron, por parte de varios autores, varias propuestas para construir un “Ecuador pospetrolero”.

28. Ver en Martínez y Acosta (2010). Esta iniciativa se enmarca en una propuesta de moratoria en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana que fue formulada en el año 2000, en el libro de varios autores, El Ecuador Post Petrolero.

29. Inequidades del tipo económica, social, intergeneracional, de género, étnica, cultural, regional, especialmente.

30. De una bibliografía cada vez más amplia sobre el tema podemos sugerir: Acosta y Martínez (2009), Acosta (2010). Otro texto que permite englobar este debate en un contexto más amplio es el de Tortosa (2011).