Sobre la militarización en Colombia

Jorge Vélez

Red Juvenil de Medellín

El conflicto en Colombia, en sus expresiones más recientes se remonta al año 1948, cuando es asesinado el candidato a la presidencia Jorge Eliecer Gaitán y se trunca la posibilidad de que las ideas de carácter socialista obtuvieran lugar de decisión y poder en el estado colombiano.

Durante los años siguientes fueron asesinados aproximadamente 300 mil colombianos y colombianas, mayoritariamente del sector rural en enfrentamientos entre liberales y conservadores. En 1958 se concreta el pacto bipartidista del frente nacional entre el partido conservador y el partido liberal.Ya para 1964 el entonces gobierno de Guillermo León Valencia autoriza la Operación Marquetalia en el sur de Colombia, contra los liberales y comunistas organizados en el Tolima. Ante la persecución y la política anticomunista del estado colombiano surgen en ese mismo año las FARC-EP; posteriormente, bajo la influencia de la Revolución Cubana el ELN en Santander, bajo influencias maoístas el EPL en Antioquia e iniciando 1970 el M-19 ante el fraude electoral del mismo año.

Al tiempo que las organizaciones guerrilleras se fortalecían a inicios de los años 80 en varias zonas de Colombia, la tendencia armada de la derecha en defensa de la propiedad privada, los valores conservadores, religiosos, oligarcas y anticomunistas propiciaron grupos de autodefensas, financiadas por familias acaudaladas, castas políticas y narcotraficantes en Córdoba, Antioquia y Chocó.

Este conflicto social y armado permanece intacto en nuestro país y es un factor que profundiza y radicaliza la militarización. No sólo por los niveles de conflictividad entre los actores armados —ejército, paramilitares, guerrillas y delincuencia común— sino por el sesgo mediático y parcial que realizan los medios de comunicación del conflicto; además, por la persecución y estigmatización de las organizaciones sociales, por el alto reclutamiento de los actores armados —legales e ilegales— que recrudece la participación de jóvenes varones en la guerra. Sumando a estos, problemas de vieja data como la corrupción política, la concentración de la tierra y el poder, el desplazamiento forzado, los asesinatos selectivos, las violaciones y la apropiación del cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Y así mismo, la polarización del conflicto que no permite vías humanitarias que posibiliten un acuerdo entre el estado y las guerrillas.

Colombia es un país empobrecido, militarizado y fuertemente ideologizado por la derecha—de origen católico y conservador— bajo las lógicas del modelo neoliberal. Según cifras del mismo estado en el año 2011 el porcentaje de empobrecimiento en las ciudades fue del 34,1% y en la zona rural de 46,1%; de los cuales, 4,7 millones se encuentran en la indigencia. Asimismo, el control ejercido desde el establecimiento y la política de instrumentalización e institucionalización que capta y despolitiza a sectores organizados de origen popular, incentivando la mera exigibilidad de derechos y desconociendo las causas estructurales y culturales del conflicto social. Por otra parte, la injerencia de instituciones de carácter policial y militar en la vida social de las comunidades, reflejado en los altos índices de reclutamiento forzado por parte del ejército contra jóvenes de sectores de bajos recursos; en la expansión de la red de cooperantes (creada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez) y el crecimiento en las principales ciudades del país de la Policía Cívica Juvenil (integrada por niñas y niños de entre siete y dieciocho años de edad). Y por otra parte, el fuerte arraigue que tienen las organizaciones paramilitares (ante el control territorial que ejercen), para nuestro contexto, fuertemente en la ciudad de Medellín.

Fenómenos como la tenencia de la tierra, el aumento de la desigualdad y la pobreza, la intervención política y militar de ejércitos extranjeros en territorios del sur (donde se libran las guerras cuerpo a cuerpo); la explotación de la macro minería y extracción de recursos naturales, los tratados de libre comercio, el narcotráfico y el debate sobre la legalización de las drogas; la incorporación —principalmente— a los ejércitos de Estados Unidos y España de ciudadanos Latinoamericanos y Afrodescendientes, la incorporación de mujeres a instituciones militares y de policía; seguridad alimentaria y agro combustibles y las reformas generales a pensiones, salud y educación;son expresión de la explotación colonial que imponen lógicas económicas, políticas y militares del capitalismo a países que carecen de cierta estabilidad en las lógicas del actual sistema económico. Colombia no escapa a estas exigencias.

El desarrollo de estas problemáticas no corresponde a una dinámica de guerra propia de un país como Colombia. Fenómenos similares pueden ser registrados en Medio Oriente, África y para no ir muy lejos, ahora en México (con los estragos que están generando los carteles y el narcotráfico). Es necesario dar un lugar a cada uno de estos fenómenos, ya que la tendencia y las relaciones políticas que de forma global se implantan particularmente en el sur, repercuten política, económica y militarmente en el engranaje de los valores culturalmente hegemónicos —como la competencia, la virilidad, la eliminación, el sexismo, la misoginia, el racismo, la heteronormatividad, entre muchos otros—, reproducidos por el militarismo, el capitalismo y el patriarcado.

La desmilitarización de las sociedades debe partir de una transformación de los valores y subjetividad es que encarnan el colonialismo y patriarcado, que favorecen la continuidad de la guerra y reproducen una cultura de resignación ante las violencias de orden económico, racial y sexual.