Por Alfonso Gumucio Dagron
(Revista Replicante)
(Revista Replicante)
No solamente se ha resquebrajado el esquema de gobierno por
desacuerdos ideológicos o porque al presidente no le gusta que nadie le haga
sombra, sino también por causa de la corrupción, no muy diferente pero más
ostentosa que la de los gobiernos “neoliberales” por el nivel de los personajes
implicados.
Lejos de la parafernalia saturada de plástico, luz y sonido
(y publicidad) que caracteriza a los juguetes de hoy, cuando éramos niños
nuestros juegos y juguetes eran tan sencillos como el barrilete (papalote), el
trompo, el yo-yo o la choca (balero), la taba, los soldaditos de plomo, las
canicas de vidrio para jugar “chutis”, el mecano de metal y el osito que dormía
en una caja de zapatos. La televisión era todavía un objeto nuevo y caro y no
despertaba en nosotros la adicción adormecedora que hoy la caracteriza.
Y si no había juguetes, había juegos, como el que aludía al
tren que une a La Paz ,
la sede de gobierno de Bolivia, con la ciudad de Arica (hoy chilena, antes
peruana). Tomados de los hombros avanzábamos en fila con pasos cortos entonando
a la cadencia del tren la canción “Arica-La Paz, La Paz , La Paz … un paso p’atrás, p’atrás,
p’atrás, p’atrás”. Hoy ese juego me sirve para hablar de la democracia en
Bolivia, que suele comportarse como el trencito que avanza un paso y retrocede
dos.
Como casi siempre en política, no todo es lo que parece, y
las más de las veces parece más de lo que es, en lo bueno y en lo malo.
Un poco de historia ayuda a situarse en contexto. Antes que
Cuba, Bolivia fue el segundo país de América Latina que tuvo una revolución que
cambió completamente las estructuras de poder en la nación. La primera tuvo
lugar en México y culminó en 1917 luego de siete años de cruentas luchas. La
boliviana triunfó en abril de 1952 y se caracterizó por cuatro medidas
radicales que sólo fue posible tomar porque el partido que llegó al poder, el
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), tenía el apoyo indiscutible de la
población indígena del país, que entonces representaba más de 80% del total.
Las cuatro medidas transformaron el país. Una de ellas, la
nacionalización de las minas, atacó el núcleo mismo de la economía nacional,
que por entonces estaba en manos de los tres “barones del estaño”, cuyo poder
se reflejaba sin disimulo en casi todos los gobiernos de la primera mitad del
siglo XX, con honrosas excepciones. La segunda medida, la reforma agraria,
atacó el corazón de la injusticia social con base en una premisa sencilla: la
tierra es de quien la trabaja. La abolición del pongueaje y la desaparición de
los terratenientes permitieron que el grueso de la población boliviana pudiera
alimentarse a sí misma. Esta medida fue complementada por el voto universal,
que hizo que esa numerosa masa indígena accediera a un estatus de ciudadanía.
Antes solamente votaban los que sabían leer y escribir y unos pocos miles
decidían los destinos del país a través de gobiernos impuestos por las empresas
mineras. La cuarta medida también atacó un centro de poder: los militares. Se
cerró el Colegio Militar, se abolió el ejército y se crearon las milicias
populares.
Sesenta años más tarde es fácil encontrarle fallas a
aquellas medidas. El mismo ejercicio se puede hacer con cualquier otro proceso
revolucionario en el mundo. En Bolivia la reforma agraria no resolvió el
problema de la marginación de los indígenas, pues la distribución de tierras
llevó al minifundio y la propiedad hizo conservador al campesino. Las minas
nacionalizadas enfrentaron falta de inversión al extremo de que décadas más
tarde el costo de producción del estaño era mayor que su precio en el mercado
internacional y el Estado se veía obligado a cubrir la diferencia para proteger
el empleo y los salarios, de por sí magros, de los trabajadores mineros. Y el
ejército volvió a las suyas, no tardó mucho en reorganizarse con ayuda de
Estados Unidos y protagonizar a lo largo de las décadas de 1960 y 1970 golpes
militares y episodios de represión política.
Estas constataciones, que no es difícil hacer desde la
cómoda posición neutral del analista político, no le quitan mérito a un proceso
que transformó al país radicalmente. Hay un antes y un después de la revolución
de abril de 1952. Más aún, nada de lo que está viviendo Bolivia en estos
tiempos se podría explicar sin ese antecedente. Evo Morales no sería presidente,
los indígenas no serían la fuerza política que son y no se hubiera producido la
integración geográfica y social del país.
¿Un nuevo comienzo?
Resulta por ello un contrasentido pretender que la historia
de Bolivia comienza con Evo Morales, como afirma el gobernante boliviano, quien
divide la historia en dos grandes bloques, antes y después de su gobierno. Es
decir, los “quinientos años de coloniaje”, que en su aritmética se extienden
hasta que asumió el poder, y los quinientos años que gobernará su modelo
político, como anunció a fines de mayo.1
No cabe duda de que la mayoría de la población boliviana
apostó por Evo Morales. Fue una apuesta muy clara por el hombre, por el
símbolo, y fue también una manifestación de rechazo a los partidos políticos tradicionales.
La emergencia política de la figura de Evo en el curso de pocos años se debió
en buena parte al discurso de reivindicación cultural de la hoja de coca,
penalizada como droga a nivel internacional, y a la transfiguración del
dirigente de los cocaleros en símbolo de los indígenas, algo que le permitió
ganar popularidad dentro y fuera de Bolivia.
La llegada al poder de Evo Morales se vio favorecida por un
contexto nacional e internacional muy favorable, tanto en lo social y político
como en lo económico. Ningún gobierno anterior había tenido una coyuntura tan
propicia como la que recibió a Morales: excelentes precios en el mercado
internacional de todo lo que Bolivia produce, simpatía de los gobiernos del
mundo por el dirigente de origen indígena, apoyo masivo dentro del país,
contexto político progresista en América Latina, etcétera.
Esas condiciones le hubieran permitido hacer grandes cambios
como los que anunció a los cuatro vientos. Sin embargo, no ha sucedido así.
Esta afirmación puede levantar sospechas en algunos lectores que no están cerca
de la situación boliviana. ¿Cómo que no ha habido cambios? ¿Y la
nacionalización del gas? ¿Y la revolución agraria? ¿Y la erradicación del
analfabetismo? ¿Y la salud gratis para todos? ¿Y la defensa de la madre tierra?
¿Y el fin del neoliberalismo?
Hay respuesta para cada una de esas preguntas. La respuesta
corta es ésta: existe una enorme distancia entre el discurso de Evo Morales y
las obras del gobierno. Esa distancia, cada vez mayor, le ha causado muchos
inconvenientes en meses recientes, pues está perdiendo la base social que lo
respaldaba.
La respuesta larga, o medianamente larga, a cada una de las
preguntas, es todavía más inquietante…
La respuesta corta es ésta: existe una enorme distancia
entre el discurso de Evo Morales y las obras del gobierno. Esa distancia, cada
vez mayor, le ha causado muchos inconvenientes en meses recientes, pues está
perdiendo la base social que lo respaldaba.
No hubo nacionalización del gas, no se nacionalizó ni un
lápiz, a pesar de los titulares que dieron la vuelta al mundo.
Nacionalizaciones de hidrocarburos hubo dos en Bolivia: en 1937 durante el
gobierno de David Toro, y en 1969 con el gobierno de Alfredo Ovando, dos
militares progresistas. Con Evo Morales no fue así. Las mismas empresas
transnacionales que operaban en el país siguen allí. Lo que se logró fue nuevos
contratos y un ajuste en los impuestos, de manera que esas empresas pagan ahora
más en beneficio del Estado, pero la negociación fue larga y mientras tanto la
producción de gas bajó al extremo de no poder cumplir los compromisos
adquiridos con Argentina.
De la “revolución agraria” ya nadie habla. Se estrenó con
una medida sana, como es el reconocimiento de que las mujeres también podían
recibir títulos de propiedad si eran cabeza de familia, y con la donación de
centenares de tractores que pocos meses después aparecieron en venta en el
mercado, como suele pasar con las cosas que se reciben gratis.
Bolivia anunció la “erradicación del analfabetismo”, pero
ninguna organización internacional seria y responsable se ha atrevido a
certificar tal proeza. Y la realidad, en cualquier observación directa en el
área rural, demuestra que si bien se ha avanzado en la alfabetización de
adultos en castellano, con el apoyo del programa cubano “Yo sí puedo”, queda
mucho por hacer para implantar en el país una educación de calidad y bajar la
tasa real de analfabetismo.
En cuanto a la gratuidad del sistema de salud, el decreto
presidencial no fue en absoluto suficiente, puesto que ni aumentó el
presupuesto destinado a la salud ni se mejoraron los equipamientos de los
hospitales públicos. La precariedad del sistema de salud del Estado hace que
los propios médicos de esos establecimientos deriven los pacientes a los
servicios de salud privados.
El fin del neoliberalismo no pasa de ser un leit motif de la
propaganda gubernamental. La principal medida “neoliberal” de 1985, el Decreto
Supremo DS 21060, goza de buena salud y no existe la menor intención de
alterarlo, porque ha cumplido —se reconoce a izquierda y a derecha— su función
de sacar al país de la severa crisis económica en la que estaba inmerso a
principios de los años 1980. Tampoco se ha tocado la Ley 1008 de control del
narcotráfico, contra la que tantas veces Evo Morales se manifestó cuando estaba
en la oposición.
Todo lo anterior podía disgustar a la base social del
gobierno, pero no afectó mucho la popularidad de Evo Morales, que ha mostrado
una capacidad de resistencia notable.
Sin embargo, el parteaguas definitivo se dio durante 2011,
cuando las organizaciones indígenas de las tierras bajas descubrieron que el
gobierno había firmado contrato con empresas brasileñas para construir una
carretera que pasaría en medio del Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro-Secure (TIPNIS), una reserva ecológica. Esto en violación de la propia
Constitución Política del Estado y de todo el discurso de la “madre tierra”
enarbolado por el gobierno de Evo Morales durante años.
De este modo, el logro real más importante del proceso de
cambio impulsado por el gobierno de Evo Morales está siendo desvirtuado: la
emergencia de la cultura indígena y la conquista de su ciudadanía a través de
la participación en el poder.
La democracia sin partidos
¿Y la democracia? Bien, gracias. A simple vista nadie puede
decir que no se viva en Bolivia un periodo de democracia, a pesar del
centralismo autoritario del presidente.
Los medios de información son libres de publicar o emitir
las opiniones que quieran, aunque el presidente se queja con frecuencia de que
los medios masivos lo agreden, lo cual no es tan cierto, si se compara al
tratamiento que le otorgan los medios privados de Venezuela al presidente
Chávez o de Ecuador al presidente Correa. Evo Morales no admite crítica de
ninguna clase, por eso se queja de supuestas agresiones.
En teoría hay plena libertad en Bolivia para organizarse y
no existe ningún límite a la participación política de los ciudadanos. Sin
embargo, el gobierno de Evo Morales actúa a través de todos los mecanismos a su
alcance para despejar el paisaje político de cualquier figura que pudiera
hacerle sombra. Esto ha sucedido hacia adentro de su propia organización, el
Movimiento al Socialismo (MAS)2 y hacia el resto de las fuerzas políticas de
oposición. No es banal el dato de que la principal oposición política que
enfrenta Morales es de izquierda, y no de derecha, como afirma el gobierno para
descalificar a sus críticos.
Figuras de importancia que acompañaron a Evo Morales a lo
largo de los primeros años de su mandato se fueron distanciando a medida que
pasaba el tiempo. Andrés Soliz Rada, ministro de Hidrocarburos del primer
gobierno de Evo Morales, fue uno de los primeros en salir por desacuerdos con
la fallida “nacionalización” del gas. El exdirigente minero Filemón Escobar, a
quien se le atribuye el crecimiento de la figura sindical de Evo entre los
productores de coca, también se apartó del esquema. Ha sucedido lo propio con
Alejandro Almaraz, quien fuera viceministro de Tierras; Alex Contreras,
exportavoz presidencial; Gustavo Guzmán, exembajador de Bolivia en Estados
Unidos; José Pinelo, exembajador ante la
OEA ; Pablo Solón, exembajador de Bolivia ante Naciones
Unidas; la conocida luchadora de los derechos humanos Loyola Guzmán, y Raúl
Prada, ambos delegados del MAS en la Asamblea Constituyente …
Y una larga lista de personalidades políticas de reconocida trayectoria
anterior a su participación en el gobierno de Morales.
También se separó del gobierno de Evo Morales el Movimiento
Sin Miedo (MSM) liderado por el exalcalde de La Paz , Juan del Granado, figura muy respetada en la
izquierda por su consecuente trayectoria de lucha por la democracia, probable candidato
de la oposición en las próximas elecciones generales.
Si uno analiza la composición de los movimientos sociales
encuentra el mismo patrón de distanciamiento de Evo Morales. Dirigentes
conocidos por sus luchas en las décadas de 1990 y 2000, como Óscar Olivera o
Marcial Fabricano, entre otros, manifiestan hoy su oposición cerrada al
gobierno de Morales.
En el entorno palaciego la mayor parte de los asesores
nacionales y extranjeros que nunca figuraron públicamente pero que tenían un
papel importante en el diseño de las estrategias del gobierno han ido
desapareciendo en silencio.
Pero esa es solamente una parte, la de los aliados. Lo que
sucede en el resto del espectro político es digno de análisis. A simple vista
los partidos políticos tradicionales han desaparecido. En la medida en que la
composición de la
Asamblea Plurinacional , que remplazó al sistema bicameral
republicano, está casi en su integridad ocupada por militantes del MAS, los
demás partidos políticos tienen pocas opciones de expresarse. La derecha no
levanta cabeza, no cuenta, y en el centro izquierda las cabezas visibles han
sido sometidas al tratamiento de rigor que aplica el gobierno a todos sus
opositores: juicios penales.
En las elecciones para el Poder Judicial cerca de 60% de los
votantes optó por anular sus votos o votar en blanco como consigna contra la
abierta manipulación que hizo el gobierno de esas elecciones. Los nuevos
magistrados fueron elegidos individualmente con porcentajes inferiores a 4% o
5%, y son naturalmente afines al presidente Morales. De ese modo, los juicios
en contra de los expresidentes y exvicepresidentes, como Jorge Quiroga, Carlos
Mesa o Víctor Hugo Cárdenas, así como contra políticos progresistas como Samuel
Doria Medina o Juan del Granado, y varios gobernadores de la oposición, van
viento en popa. El caso del exgobernador de Pando, Leopoldo Fernández, es emblemático:
cuatro años en la cárcel sin ser juzgado. Y todos estos juicios tienen un
objetivo certero: la constitución inhabilita en las elecciones a cualquier
ciudadano que tenga un juicio pendiente. Los juicios políticos no avanzan,
porque lo que se quiere es que no terminen.
¿Quiénes quedan junto a Evo? Un porcentaje alto de
simpatizantes en la ciudad de El Alto y en zonas del altiplano y de Cochabamba,
aunque ya no el 63% que tuvo en algún momento. A su lado permanecen algunos
dirigentes obsecuentes, que saben que ya es muy tarde para desmarcarse, y otros
algo más respetables que ingenua o voluntariosamente creen que el proceso puede
tomar un nuevo rumbo y “rectificar”.
No solamente se ha resquebrajado el esquema de gobierno por
desacuerdos ideológicos o porque al presidente no le gusta que nadie le haga
sombra, sino también por causa de la corrupción, no muy diferente pero más
ostentosa que la de los gobiernos “neoliberales” por el nivel de los personajes
implicados. Uno de los casos más notorios es el del profesor rural Santos
Ramírez, brazo derecho y amigo “de cama y rancho” de Evo Morales, quien fuera
elevado al cargo de presidente de la principal empresa del Estado, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), hasta que se descubrió, a raíz de un asesinato,
que era el “señor 10%”, pues obviando los mecanismos de control financiero
firmaba millonarios contratos con empresas de servicios de dudosa existencia,
para recibir comisiones, o “coimas”, como se las llama en América del Sur.
Otro caso, simbólico de estos tiempos de recuperación de las
tradiciones ancestrales, fue el del amauta (líder espiritual aymara) Valentín
Mejillones, quien entronizó a Evo Morales como presidente en enero de 2006 y a
quien la Fuerza
Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) apresó en
2010 en su casa con 240 kilos de cocaína y un par de huéspedes colombianos.
El narcotráfico ha crecido en Bolivia paralelamente a la
extensión de las plantaciones de coca que duplican las doce mil hectáreas
autorizadas por el Estado para el consumo tradicional. Varios funcionarios del
gobierno del MAS han sido atrapados con las manos en la masa, pero el caso más
sonado es el de René Sanabria, general de la Policía Nacional ,
nada menos que exjefe de la entidad gubernamental de lucha contra el
narcotráfico, a quien agentes encubiertos de la DEA atraparon fuera de Bolivia por sus nexos con
el narcotráfico. Hoy está preso en Estados Unidos con una condena de catorce
años.
El descabezamiento de aliados y de opositores por igual
cierra paulatinamente el abanico de la política boliviana. Las perspectivas
para las elecciones de 2014 no son halagadoras para quienes desearían un cambio
de timonero en la conducción del proceso de cambio. Entiéndase bien, ni
siquiera la derecha se opone a la necesidad de cambios sociales en el país,
pero cada vez más crece el sentimiento en la población de que el líder
autoritario que controla Bolivia se ha encerrado en un discurso que ni es
democrático ni corresponde a la realidad que vive el país.
Y por eso nuestra democracia está en uno de esos ciclos
históricos donde un paso adelante puede significar dos pasos p’atrás.
Notas
1 En Cambio, el diario oficialista, 24 de mayo 2012.
2 Paradójicamente la sigla fue comprada a un extinto partido
de corte fascista para poder participar en las elecciones presidenciales.
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