Caso Curuguaty: Nunca más tanta muerte injusta en el Paraguay

Pronunciamiento de la CODEHUPY

Ante los hechos de violencia y muerte ocurridos el viernes 15 de junio en Yvypytâ, Curuguaty, departamento de Canindeyú, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD):

MANIFIESTA su más profundo pesar por la trágica muerte de al menos 17 personas, entre campesinos y policías, en el marco de un enfrentamiento armado, y su solidaridad con las familias y seres queridos afectados por estas pérdidas.

EXIGE:

1. Que los organismos pertinentes arbitren todos los medios para la búsqueda y salvataje de todas las personas que pudieran estar heridas o necesitadas de atención en el lugar donde se desarrollaron los hechos, así como para el rescate de cuerpos sin vida que aún puedan quedar en el lugar. Estas tareas deben ser acompañadas de observadores independientes y defensoras/es de derechos humanos.

2. Que se asegure un tratamiento acorde con las garantías constitucionales y los derechos humanos a las personas pertenecientes al asentamiento que aún se encuentren en la zona, para que puedan salir del lugar y obtener ayuda si la necesitan.

 

3. A las autoridades públicas, en especial al Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, que proporcionen inmediatamente información completa acerca de la cantidad de víctimas fatales, de personas heridas, de personas detenidas y procesadas en el marco de este conflicto. La información oportuna y transparente es fundamental para impedir más violaciones de derechos humanos y la continuidad o repetición de los hechos.

4. A la Policía y a la Fiscalía que se abstengan de realizar detenciones arbitrarias de personas, pues con esto sólo logran encubrir a quienes son responsables de los hechos, enturbian la investigación e impiden construir un marco de confianza básica que permita conocer la verdad, sancionar a los culpables, reparar a las víctimas e impedir la repetición de sucesos similares.

5. El esclarecimiento de los hechos, a fin de conocer la verdad acerca del conflicto en Curuguaty, sus causas, sus antecedentes, el desarrollo del enfrentamiento ocurrido el 15 de junio y toda la información acerca de las víctimas del suceso y de qué manera ocurrió cada caso, tomando como fuentes tanto la información que puedan dar los efectivos policiales, como el testimonio de campesinos y campesinas que han estado en el lugar y otras personas que han sido conocedoras del caso.

6. Que el Estado se haga cargo de la devolución de los cuerpos de los campesinos a sus familiares, de los gastos hospitalarios y de entierro tanto de policías como de campesinos/as.

7. Acciones concretas para la recuperación de tierras malhabidas en el marco de una política de reforma agraria integral.

RECHAZA:

1. La designación de Rubén Candia Amarilla como ministro del Interior, pues fue responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos durante el tiempo en que actuó como Fiscal General del Estado. Su nombramiento permite anticipar un tiempo de mayor persecución y criminalización de las luchas sociales.

2. El nombramiento del comisario Arnaldo Sanabria como comandante de la Policía Nacional, por su responsabilidad directa en los hechos ocurridos este viernes 15 de junio en Curuguaty.

3. El anuncio de que se dejará sin efecto el Protocolo para la actuación de la Policía y la Fiscalía en casos de invasiones1, pues con esto se echa por tierra un largo e importante trabajo tanto del Estado como de la sociedad civil para que la Policía Nacional adecue su actuación a mandatos internacionales de derechos humanos relativos al uso proporcional de la fuerza y de respeto a la integridad y la vida de las personas.

4. La violenta actuación de quienes iniciaron la balacera en el asentamiento, desencadenando así una tragedia sin precedentes, que habría sido posible evitar.

5. La actuación poco clara y profesional de quienes ordenaron el operativo policial sin tomar los recaudos necesarios para impedir el desenlace fatal que hoy lamentamos.

6. El recurso a la violencia armada como método para resolver los conflictos sociales en el Paraguay, y exhorta a la resolución de conflictos en un marco de convivencia pacífica y de respeto a la vida y los derechos humanos de todas las personas.

7. La insistencia de sectores de poder y de la prensa en criminalizar la lucha social, desconociendo la relevancia de que las organizaciones campesinas, de sintierras y de otros sectores afectados por la exclusión, se organicen y exijan cambios orientados a una mayor justicia social y a la profundización de la democracia.

8. La inacción del gobierno paraguayo para encaminar una política integral de reforma agraria, abonando así el terreno de injusticias donde finalmente se produjo una tragedia como la de Curuguaty.

9. El oportunismo de quienes hoy pretenden sacar réditos políticos para sus campañas electorales, o incluso para dar curso a un juicio político que han perseguido desde inicios de este periodo de gobierno, y que hasta ahora no han podido concretar.

INSTA a toda la sociedad a colocar este suceso en contexto y perspectiva, recordando que:

1. La lucha por la tierra en el Paraguay parte de una larga historia de entrega de soberanía, corrupción, exclusión, expulsión y represiones al campesinado pobre, que constituyen el caldo de cultivo de los hechos que hoy conmocionan a nuestro país. A esto se agrega un modelo productivo que expropia al campesinado de sus tierras y modos tradicionales de producción, sometiendo a numerosas personas a sufrir las consecuencias del uso de agrotóxicos, a la migración forzosa por razones económicas y a otras numerosas penurias.

2. Hay información acerca de que el campo donde se ha desatado la tragedia, titulado a nombre del político Blas N. Riquelme, constituye un caso importante, consignado en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia2, de tierras adquiridas o asignadas fraudulentamente a personas vinculadas al poder político durante la dictadura stronista y durante los años de apertura política. La Codehupy lamenta que una vez más sean las personas de sectores más humildes de la sociedad quienes se enfrentan entre sí e incluso mueren bajo el supuesto de la defensa de la propiedad privada, cuando en realidad se trata de la defensa de los privilegios y de la impunidad de sectores poderosos y corruptos.

3. A lo largo del periodo post dictatorial el campesinado pobre ha sido víctima permanente de represiones, asesinatos y desapariciones, que nunca han sido debidamente investigados, ni sus responsables han sido juzgados y sancionados, ni las víctimas han sido adecuadamente reparadas. Sólo entre 1989 y 2005, el Informe Chokokue3 registra y documenta 77 casos de asesinatos y desapariciones impunes de campesinos en el marco de la lucha por la tierra en el Paraguay. La injusticia prolongada a que se ha sometido a gran parte de la población paraguaya por tanto tiempo sólo puede generar más violencia. Se requiere revisar el sistema de justicia y todo el accionar estatal para transformar este estado de cosas.

La tragedia de Yvypytâ, Curuguaty, exige profundos cambios y un compromiso irrestricto de las autoridades, de las organizaciones sociales y de toda la ciudadanía con la justicia y la garantía de los derechos humanos.

Asunción, 18 de junio de 2012

1 El Protocolo para la actuación de la Policía y la Fiscalía en casos de ocupaciones fue firmado y puesto en marcha a partir del mes de marzo de 2012 por el exministro del Interior, Carlos Filizzola, y el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón.

2 Informe Final de la Comisión Verdad y Justicia. Tomo IV "Tierras Mal Habidas", 2008.

3 El Informe Chokokue fue publicado por la Codehupy en junio de 2007. Documenta y denuncia 77 casos de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzosas de dirigentes e integrantes de organizaciones campesinas, en el contexto de la represión y criminalización de sus manifestaciones de lucha por el derecho a la tierra.